ECONOMIA
Emergencia permanente: por qué el sistema energético argentino necesita nuevas reglas
La Honorable Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que reordena cuatro pilares del sistema energético: el régimen de subsidios al gas en zonas frías, la deuda histórica del mercado eléctrico mayorista, los incentivos al sector hidrocarburífero y la franquicia impositiva a las energías renovables.
La iniciativa plantea que las tarifas reflejen costos reales y que el Régimen de Zona Fría vuelva a un diseño más acotado: mantenimiento automático en las áreas históricas de frío extremo y focalización por vulnerabilidad socioeconómica en el resto. A la vez, propone regularizar la deuda con Cammesa, derogar incentivos hidrocarburíferos ya redundantes y prorrogar beneficios fiscales a renovables hasta 2045.
Es una máxima de la economía que, cuando un subsidio se universaliza, deja de cumplir su rol social y se transforma en un privilegio fiscal insostenible. La ampliación del Régimen de Zona Fría en 2021 es un caso de manual: terminó subsidiando la calefacción de hogares de altos ingresos en zonas templadas y ensanchó un déficit fiscal que pagan todos los argentinos. El proyecto de ordenamiento integral del sistema energético pone sobre la mesa una discusión incómoda, pero necesaria.
Al proponer que las tarifas reflejen los costos reales y readecuar la Zona Fría bajo un doble filtro: geografía rigurosa para el sur y vulnerabilidad socioeconómica para el resto, la ley busca que el Estado gaste menos y mejor. La nueva norma propone mantener el subsidio en las zonas frías históricas (como la Patagonia, Malargüe y la Puna) y aplicar un criterio estricto de vulnerabilidad socioeconómica en el resto del país.
Al proponer que las tarifas reflejen los costos reales y readecuar la Zona Fría bajo un doble filtro: geografía rigurosa para el sur y vulnerabilidad socioeconómica para el resto, la ley busca que el Estado gaste menos y mejor
Acompañado de un saneamiento de las deudas de las distribuidoras con Cammesa y de señales claras para la inversión y las energías renovables, el texto normativo apunta a lo que el sector energético no tiene hace años: reglas claras, previsibilidad hasta 2045 y criterios estables de asignación de subsidios.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el esquema de subsidios y regulación energética, articulado en cuatro ejes: la readecuación del régimen de subsidios al consumo de gas en zonas frías, la regularización de la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista, la prórroga de la franquicia impositiva a las energías renovables y la derogación de dos regímenes de incentivo al sector hidrocarburífero.
Los cuatro ejes comparten una misma lógica: reemplazar instrumentos diseñados para la emergencia por reglas para condiciones de normalidad.
Actualmente, aproximadamente 4,3 millones de usuarios de gas del país reciben un subsidio a su consumo. De ese total, cerca de 900.000 hogares pertenecen a la zona históricamente reconocida como de frío extremo: la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Acceden al beneficio de manera automática, sin importar su nivel de ingresos.
Los más de 3 millones restantes fueron incorporados en 2021 mediante la Ley 27.637, que extendió la cobertura a regiones con condiciones climáticas menos graves; en esas zonas, el subsidio llega hoy a los hogares que acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo, a través del registro del Subsidio Energético Focalizado (SEF), entre otros criterios.
El régimen tiene su origen en la época en que Gas del Estado prestaba el servicio de distribución. Entonces, el Estado fijaba tarifas diferenciales para las regiones más frías del país y las financiaba directamente con fondos del Tesoro. Cuando el servicio se privatizó en los noventa y el Estado dejó de ser el prestador, ese mecanismo quedó desactualizado.
En 2002, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, con la pesificación y el congelamiento de tarifas, el artículo 75 de la Ley 25.565 creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, conocido como Fondo Patagónico. Reemplazó el financiamiento directo del Tesoro por un recargo sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país, independientemente de dónde vivan o cuánto ganen. El subsidio mantenía una justificación climática y geográfica concreta.
El subsidio llega hoy a los hogares que acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo
En 2021, la Ley 27.637, sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández, extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes a las de la zona núcleo original. Lo que hasta entonces era un régimen acotado a la Patagonia, Malargüe y la Puna pasó a cubrir de forma automática subzonas bioambientales definidas por la norma IRAM 11603 y adoptadas por Enargas como criterio de zonificación: subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI. El mapa incluyó partes del sur de la provincia de Buenos Aires, zonas del centro del país y otras regiones que, aunque más frías que el norte -excluido-, no enfrentan las condiciones extremas que justificaron el régimen original.
Además de establecer el descuento para la zona núcleo en 50%, la ley definió para las zonas incorporadas un descuento genérico de 30% para todos los usuarios de manera automática, y de 50% para quienes calificaran como vulnerables según los criterios de ingresos de esa misma ley. El universo de hogares beneficiarios pasó de más de 800.000 a más de 4 millones, incluidos hogares de altos ingresos sin filtro socioeconómico, con acceso automático por zona geográfica y sin necesidad de inscribirse en ningún registro.
El Decreto 943/2025 creó en enero de 2026 el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unificó los subsidios energéticos a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo bajo un único criterio: acceden los hogares cuyos ingresos netos conjuntos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según Indec, más aquellos que tengan al menos un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con Certificado Único de Discapacidad (CUD). El SEF reemplazó la segmentación anterior en tres niveles (N1, N2, N3) por un esquema binario más simple y verificable.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia por un recargo sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país. Ese recargo se fijó inicialmente en $0,004 por cada metro cúbico (m³) de gas consumido por redes en todo el país. Poco después, con la Ley 25.725 de 2003, se lo modificó a un porcentaje de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada m³ de 9.300 kilocalorías, aplicado a la totalidad de los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes o ductos en el territorio nacional.
Ese porcentaje aumentó con el tiempo. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, en diciembre de 2017 el recargo era del 2,58%; en septiembre de 2018, del 2,96%; en junio de 2019, del 4,46%; en agosto de 2021 llegó al 5,44%. Con las revisiones tarifarias de 2025 trepó al 7,5%, su tope legal vigente. Aun así, el fondo cerró en déficit: lo recaudado no alcanzó para pagar todo el subsidio y el Tesoro debió aportar recursos adicionales.
En abril de 2026, el DNU 266/2026 facultó al Poder Ejecutivo a llevarlo hasta 11,25%, un 50% por encima del tope vigente, facultad que el proyecto en debate busca incorporar en una ley.
Con esos fondos, el Estado compensa a las distribuidoras por la diferencia entre el precio subsidiado que cobran a los usuarios y el precio real del gas. El beneficio se calcula sobre la tarifa completa: precio del gas, transporte y distribución, y cubre tanto el gas natural por redes como el gas propano indiluido y, en la zona núcleo, los cilindros y garrafas de GLP. Durante algunos años, con las tarifas congeladas en valores desactualizados, ese porcentaje alcanzó para sostener el sistema.
Con tarifas aún intervenidas, el costo fiscal de la ampliación de 2021 parecía manejable. Dejó de serlo cuando las tarifas empezaron a reflejar costos reales: subsidiar el 50% de una tarifa congelada al 30% del costo real es una cosa; subsidiar el 50% de una tarifa que se acerca a su valor real, otra muy distinta.
El universo de hogares beneficiarios pasó de más de 800.000 a más de 4 millones, incluidos hogares de altos ingresos sin filtro socioeconómico
El gobierno de Javier Milei llevó adelante las Revisiones Tarifarias Quinquenales durante 2025, que ubicaron las tarifas más cerca de los costos reales.
El resultado fue predecible. El fondo recauda mediante el recargo que pagan todos los usuarios, lo transfiere a las distribuidoras para compensarlas por vender el gas a precio subsidiado, y las distribuidoras, con esos fondos, les pagan a los productores.
Cuando el fondo entró en déficit y el Tesoro no cubrió la brecha en tiempo y forma, las distribuidoras dejaron de recibir la compensación y, sin ella, no pudieron pagarles a los productores. Así se rompió la cadena de pagos, y el subsidio al usuario final generó deuda aguas arriba en toda la industria.
El problema del sistema eléctrico argentino tiene una raíz similar. Durante años de emergencia económica, las tarifas de luz se mantuvieron fuertemente intervenidas y atrasadas respecto de la inflación y los precios internacionales. Esa brecha generó una acumulación de desequilibrios que comprometió la cadena de pagos del sector.
Durante años de emergencia económica, las tarifas de luz se mantuvieron fuertemente intervenidas y atrasadas respecto de la inflación y los precios internacionales
La consecuencia directa fue el deterioro progresivo de las finanzas. Las empresas distribuidoras, que llevan la electricidad al usuario final, priorizaron el sostenimiento mínimo del servicio por sobre el pago íntegro de la energía adquirida a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). Así, acumularon una deuda histórica que se profundizó año tras año.
Los ajustes tarifarios recientes acercaron los cuadros de precios a los costos reales de distribución. Sin embargo, esa corrección no resolvió el problema acumulado: el pasivo con Cammesa sigue vigente y, si los ingresos actuales se destinan a cancelarlo, no queda margen para inversiones urgentes en infraestructura eléctrica. El dinero alcanza para operar, pero no para sanear y modernizar el sistema al mismo tiempo.
El Gobierno tomó medidas para ordenar la cadena de pagos: primero, una resolución de emergencia en mayo de 2024 para las deudas más antiguas, y luego el DNU 186/2025, que estableció un plan de regularización más amplio, con hasta 72 cuotas.
A ese estrangulamiento financiero se suma un frente judicial potencial. Las distribuidoras cuentan con argumentos para reclamar al Estado Nacional por daños derivados del incumplimiento de sus contratos de concesión durante el período de congelamiento, lo que abre un horizonte de litigios millonarios. El resultado es un mercado eléctrico mayorista bloqueado: tarifas actualizadas que no pueden volcarse íntegramente a mejorar el servicio, condicionadas por una deuda sistémica sin resolver y por una perspectiva de alta conflictividad judicial.
El sector hidrocarburífero acumuló dos regímenes de incentivos que respondieron a contextos distintos del actual. El primero, el Decreto 929/13, sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y complementado por la Ley 27.007, permitía a las empresas que invirtieran al menos USD 250 millones en un proyecto exportar el 20% de su producción con retenciones del 0% y libre disponibilidad de las divisas generadas. El objetivo era atraer inversiones a Vaca Muerta cuando la producción de petróleo y gas caía y la formación recién empezaba a desarrollarse.
El segundo, el Decreto 277/22 del gobierno de Alberto Fernández, creó el Radpip y el Radpign, regímenes de acceso preferencial al mercado de cambios para la producción incremental de petróleo y gas, respectivamente, diseñados para estimular la producción en un contexto de cepo cambiario.
Vaca Muerta se encuentra en expansión productiva, el cepo cambiario fue levantado y la Ley 27.742, sancionada en 2024, incorporó el RIGI como marco de incentivos para grandes inversiones
Hoy el contexto cambió. Vaca Muerta se encuentra en expansión productiva, el cepo cambiario fue levantado y la Ley 27.742, sancionada en 2024, incorporó el RIGI como marco de incentivos para grandes inversiones. Junto con sus decretos reglamentarios de 2025, ese esquema estableció un marco más amplio y previsible para el desarrollo energético. En ese escenario, los beneficios especiales previstos en aquellos decretos pasaron a representar un costo fiscal sin justificación en nuevos proyectos.
Frente a ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que aborda simultáneamente el desorden del Régimen de Zona Fría, el bloqueo financiero del Mercado Eléctrico Mayorista y los regímenes de incentivos hidrocarburíferos que cumplieron su ciclo, además de la adecuación del esquema de promoción de energías renovables a un nuevo contexto macroeconómico y regulatorio. Todos comparten la misma lógica: reemplazar instrumentos diseñados para contextos de emergencia o fuerte intervención estatal por reglas orientadas a funcionar con mayor normalidad y previsibilidad de largo plazo.
En materia de Zona Fría, el proyecto reforma el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga parte de la Ley 27.637, que extendió beneficios en 2021. La reforma mantiene el subsidio histórico para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe y la Puna, pero lo reorganiza en dos tramos. El primero cubre a todos los usuarios residenciales de esas regiones, con una bonificación sobre el precio del gas que se paga directamente a los productores. El segundo, bajo el Sistema de Subsidios Focalizados, alcanza a los usuarios que cumplan los criterios de vulnerabilidad que establece el SEF: ingresos bajos, vivienda informal, veteranos de Malvinas o discapacidad certificada.
En ambos casos, el subsidio se calcula sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, y no sobre la tarifa integral que incluye transporte y distribución. Ese cambio reduce el costo fiscal del beneficio sin eliminar la asistencia a quienes la necesitan. El subsidio apunta al consumo adicional que imponen las condiciones climáticas de las zonas de frío extremo: mayor consumo de gas, no cargos fijos de la factura, iguales para todos los usuarios.
Finalmente, el fondo sigue financiándose con el tope del cargo del 7,5% sobre el gas consumido a nivel nacional, que el Poder Ejecutivo puede ajustar hasta un 50% según las condiciones del mercado.
En cuanto a la situación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el proyecto propone salir del bloqueo mediante un mecanismo de compensación: el Estado calculará la diferencia entre lo que cada distribuidora recaudó durante los años de emergencia tarifaria y lo que le habría correspondido si se hubiera aplicado su contrato de concesión sin interrupciones. Esa cifra se acreditará contra la deuda que esas distribuidoras mantienen con Cammesa por la compra de energía. La condición es que las empresas renuncien a la totalidad de los reclamos judiciales o administrativos vinculados a las emergencias tarifarias.
El resultado buscado es triple: regularizar la cadena de pagos del MEM, eliminar la incertidumbre judicial sobre el sector y liberar recursos actuales de las distribuidoras para inversiones en infraestructura. El proyecto modifica, además, el artículo 40 de la Ley 24.065 para que el costo de adquisición de la energía en el mercado mayorista se traslade automáticamente a las tarifas, y cierre el mecanismo que permitió que las distribuidoras acumularan deuda con Cammesa en lugar de trasladar costos reales.
El proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 los beneficios fiscales previstos en el artículo 17 de la Ley 27.191 para las energías renovables
Respecto de los hidrocarburos, el proyecto deroga el Decreto 277/22 y los artículos de la Ley 27.007 que incorporaban los beneficios del Decreto 929/13. Ambos regímenes fueron herramientas válidas en su momento, pero la Ley 27.742 de 2024 y sus decretos reglamentarios crearon un marco general de inversión energética que volvió redundantes esos incentivos específicos, mientras su costo fiscal dejó de tener justificación en un mercado en expansión.
Por último, el proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 los beneficios fiscales previstos en el artículo 17 de la Ley 27.191 para las energías renovables. El sector ya aporta cerca del 20% de la generación eléctrica nacional y sus inversiones son de largo plazo: la estabilidad tributaria es una condición de financiamiento. La prórroga también flexibiliza la cesión a privados de los contratos de abastecimiento celebrados por el sector público bajo esa ley, en línea con la política de promover contratos entre privados como mecanismo de previsibilidad y financiamiento.
Durante décadas, el sistema energético argentino funcionó bajo el régimen de la excepcionalidad. Lo que nacía como una medida de emergencia para paliar una crisis terminaba convertido en regla permanente, con desequilibrios financieros, congelamientos y distorsiones regulatorias. El proyecto de ley, que obtuvo media sanción en Diputados, busca iniciar una transición hacia un esquema de normalidad regulatoria y previsibilidad de largo plazo.
El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
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ECONOMIA
Infierno tributario: los 150 impuestos, tasas y contribuciones vigentes en la Argentina: quién los cobra, cuáles recaudan más y dónde son más numerosos
Argentina tiene un sistema tributario que, sumados los tres niveles de gobierno, alcanza los 150 tipos diferentes de tributos, según el relevamiento anual que realiza el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en su Vademécum tributario.
El número no implica que cada ciudadano o empresa pague los 150. Como aclara el propio informe, “una persona humana o jurídica no tributa la totalidad de los tributos identificados, sino la parte que le corresponde en función del desarrollo de sus actividades, de su posesión de bienes, de su ubicación geográfica y del intervalo temporal que se considere”. Pero la existencia de ese universo de obligaciones —y la posibilidad real de quedar alcanzado por buena parte de ellas— define un escenario de presión fiscal que atraviesa la vida cotidiana de los argentinos.
Argentina es un país federal, y eso se refleja en su estructura impositiva. El Iaraf señala que “las potestades tributarias están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal”, y que “cada uno de estos establece, dentro de su marco legal, distintos tipos de tributos que determinan el financiamiento de sus funciones”.
De los 150 tributos identificados para 2026, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Este último dato es el que más llama la atención: más de la mitad de los tipos de tributos existentes en el país son de origen municipal. Tasas por habilitación de comercios, contribuciones ambientales, derechos de publicidad y propaganda, tasas por alumbrado, por residuos, por inspección de higiene, por uso de espacios públicos y decenas de otras figuras conforman un catálogo municipal que duplica en extensión al del gobierno nacional.
Esa cantidad de tributos a nivel local tiene consecuencias concretas sobre la carga administrativa de ciudadanos y empresas, especialmente de las pequeñas, que deben cumplir con obligaciones ante tres jurisdicciones distintas y, dentro de cada una, con múltiples conceptos.
A pesar de la amplitud del mapa tributario, la recaudación efectiva está lejos de estar distribuida entre los 150 tributos. El Vademécum 2026 del Iaraf revela una concentración llamativa: apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación consolidada proyectada para este año.
Esos seis son el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene municipal (conocida como TISH). Los 144 tributos restantes se reparten apenas el 15% de lo que recauda el Estado en su conjunto.
Al desagregar la participación de cada uno, el IVA encabeza con el 25% del total recaudado. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social con el 19,1%, el impuesto a las ganancias con el 18,1%, Ingresos Brutos con el 14,7%, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes con el 5,9% y la TISH municipal con el 2,6%.
La recaudación consolidada proyectada para 2026 alcanza el 26,6% del PBI. Si al grupo de los seis tributos principales se suman el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y exportación y otros tributos municipales, el porcentaje sube al 94%. Es decir: diez tributos concentran casi toda la recaudación del Estado argentino, mientras los 140 restantes aportan apenas el 6%.
La distribución de lo recaudado sigue una lógica diferente a la del número de tributos. Según el Iaraf, de cada $100 recaudados en 2026, el Tesoro Nacional recibiría $23,1; la Anses $28,3; las provincias y CABA $35,3; y los municipios $13,3. Pero en términos de cantidad de figuras tributarias, los municipios superan ampliamente a los otros niveles.
Esa asimetría —muchos tributos municipales, menor participación en la recaudación total— refleja en parte la naturaleza de las tasas locales, que en muchos casos financian servicios específicos y cuyo monto individual es menor al de los grandes impuestos nacionales o provinciales. Aun así, la acumulación de esas obligaciones tiene peso sobre el contribuyente, tanto en lo económico como en lo administrativo.
Vale también notar que respecto al año anterior el número total de tributos bajó de 155 a 150. La reducción se explica por la eliminación de cinco impuestos internos nacionales —sobre vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, telefonía celular y embarcaciones de recreo— como consecuencia de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). Los tributos provinciales y municipales no registraron cambios en su cantidad.
Una novedad de la edición 2026 del Vademécum es la posibilidad de identificar cuántos tributos rigen en cada una de 33 ciudades del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar qué tan diferente puede ser la carga según el lugar de residencia de un ciudadano o empresa.
Lo cierto es que en cualquier caso la carga administrativa y en la mayor parte de los casos también la económica sobre los contribuyentes es feroz. El municipio del país en que más tributos existen es Tigre, donde hay en total 81 tributos aplicables: los 40 de origen nacional, 9 de origen provincial (en este caso, de la Provincia de Buenos Aires) y nada menos que 32 tasas o gravámenes municipales. Segunda en el ranking está Corrientes, con 80 tributos: los 40 impuestos nacionales, 9 provinciales y 31 tasas municipales de distinto tipo. Tercera en el ranking general es la bonaerense Junín, con 79 tributos (40, 9 y 30 en los órdenes nacional, provincial y municipal, respectivamente), cuarta San Salvador de Jujuy, también con 79 (40, 12 y 27) y quinto el municipio de Ezeiza, con 78 (40, 9 y 29).
En el extremo opuesto, el municipio con menor número de tributos es Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, pero no por virtud propia, sino exención ajena. Es que allí el número de impuestos nacionales aplicables se reduce de 40 a 26, a los que se suman 9 impuestos provinciales y 18 tasas y contribuciones o cargos municipales. Entre los municipios cuyos residentes viven menos abrumados por el número de tributos también se cuentan General Alvear en Mendoza (62 en total, con 40 nacionales, 9 provinciales y 13 municipales), Catamarca (62 en total), Rosario (63 en total) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, único distrito en que los tributos son solo de dos jurisdicciones: los 40 impuestos de origen nacional y 25 tasas municipales.
A nivel estrictamente municipal, las 32 tasas y cargos del municipio de Tigre son seguidos de cerca por infiernos tributarios municipales como Corrientes, que aplica 31, la ya mencionada Junín, que acuñó 30, Bariloche y San Salvador de Jujuy, que empatan en 27, las capitales provinciales de Misiones y Salta, que aplican 26 tasas y contribuciones cada una, y Santiago del Estero, donde una empresa o ciudadano puede afrontar hasta 25 tributos de orden exclusivamente municipal.
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ECONOMIA
La batalla contra el contrabando reaviva la disputa entre empresas y plataformas como Mercado Libre: qué hace el Gobierno
A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.
La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).
Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.
En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.
En sectores como el de celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según remarcó Afarte
Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.
También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.
Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.
Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.
Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.
Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.
El comercio electrónico es un facilitador del acceso a más oferta, más competencia y mejores experiencias para los consumidores (CACE)
Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.
Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.
La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.
También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.
Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.
Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.
Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.
En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.
El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.
Cuando una empresa presenta una denuncia por una publicación sospechosa, el organismo recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis. Ello puede terminar en la suspensión de la publicación (Gobierno)
Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.
Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.
El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.
Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.
“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.
Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.
La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.
El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
Más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales (Afarte)
El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.
“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.
En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.
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ECONOMIA
Clima de Negocios: el unicornio que inspiró al Gobierno y todo sobre el plan para una Argentina con empresas sin humanos e IA libre
Argentina como potencia y pionera global en inteligencia artificial y empresas sin humanos. ¿Es posible? Quién sabe… Lo cierto es que el Gobierno instaló la discusión sobre las “sociedades automatizadas”, algo así como entidades jurídicas integradas y manejadas por agentes de IA, y mandó al Congreso un proyecto de ley que las impulsa. En paralelo, una columna en el Financial Times del presidente Javier Milei generó mucha polémica y tuvo respuesta inmediata de Yuval Harari, sin dudas uno de los más reputados y agudos de los intelectuales de estos tiempos.
Si Milei buscaba posicionamiento global con esta cuestión, lo logró. En su texto, titulado “Argentina invita a la IA a liberarse” –al que también contribuyó su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger– describe un momentum para el tema y lo compara con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, a comienzos del 1600. Ese hecho, dice, inauguró la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, potenció a Ámsterdam como centro del mundo y el comercio, sobre todo con Asia, y “desató todo el potencial del capitalismo” y la “prosperidad moderna”.
El mundo de IA libre que propone Milei para Argentina incluye cero regulación, entidades operadas por agentes o robots con personalidad jurídica plena, responsabilidad limitada en las que los humanos pueden estar, pero no necesariamente, y un entorno fiscal competitivo, con una baja tasa de impuesto corporativo y libertad para elegir la ley de gobierno corporativo aplicable. Libertad total.
Harari respondió rápido y destacó la audacia de Milei –“su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio”, dijo también en el FT–, pero advirtió que sería un error otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA.
Hizo foco en que la prosperidad de Ámsterdam tuvo su contracara en el puerto de Jayakarta, en la actual Indonesia, cuando la novedosa compañía capturó esa ciudad en 1619, la incendió y construyó otra en su lugar Batavia, que pasó a ser la sede de imperio comercial administrado por esa moderna estructura jurídica. “Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, señaló Harari, siempre filoso.
Milei contestó por X con buena onda y no muchas más precisiones: “¡Estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores!”, aseguró y prometió seguir el debate. Sturzenegger debe estar a cargo de esa misión.
La polémica quedó instalada. Otra vez, Milei se anotó un poroto global mientras arranca el debate local sobre su propuesta y muchos se preguntan si es posible o quedará en algún cajón del Congreso. Pero hay una historia detrás de la arquitectura que propone el Presidente.
Emiliano Kargieman piensa en empresas autónomas desde 2010 más o menos, antes de que se hablara de IA de la forma en que se habla hoy e, incluso, antes de fundar Satellogic, la empresa de microsatélites de observación de la Tierra que el mes pasado se convirtió en el último unicornio argentino, con un valor de unos USD 1.400 millones, en medio de una space economy que “vuela” de la mano del desembarco en Wall Street de SpaceX, el gigante espacial de Elon Musk.
No solo eso, además Kargieman está detrás del anuncio de OpenAI, que el año pasado prometió invertir hasta USD 25.000 millones para hacer un mega datacenter IA en la Patagonia (y del que no parece haber demasiado avance aún).
En medio de un verdadero rush empresarial, este ex hacker se tomó tiempo para teorizar sobre cómo funcionaría un mundo con empresas automatizadas 100%. Tanto que el año pasado le acercó sus ideas a Sturzenegger, que se inspiró en ellas para el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, según reconocen en el Gobierno.
Ese paper, que finalmente publicó online en abril, se titula “Autonomous legal entities: a polycentric framework for machine agency” (Entidades jurídicas autónomas: un marco policéntrico para la agencia de las máquinas).
“El país podría tomar ventaja siendo pionero, teniendo primero que otras naciones esquemas de ese tipo. Que las IA hagan lo que se les cante es un problema, pero algo completamente regulado también complica la innovación. El proyecto del Gobierno es un buen punto de partida para empezar a hablar del tema. Hacerlo antes que otros podría ser muy ventajoso”, le dijo el empresario a Infobae.
La analogía histórica que usa Kargieman es la misma que terminó usando Milei en el Financial Times, y no es casualidad: la sociedad de responsabilidad limitada del siglo XIX. Kargieman lo dijo con precisión antes de que Milei tomara el concepto: “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”. El presidente argentino usó exactamente esa frase en su columna. Como sea, y de forma muy amable, Kargieman deja claro que si bien son parecidos y hubo inspiración, una cosa es su idea y otra es lo que propone el Gobierno.
El extenso documento de Kargieman describe de entrada que ya hay más de 135.000 agentes de IA autónomos operando globalmente —ejecutando trades, gestionando grillas eléctricas, procesando seguros— y ningún país del G7 tiene un marco regulatorio específico para esto. Así, concluye que la ley actual sólo ofrece dos salidas, ambas malas: o el implementador es siempre responsable (lo que frena el despliegue), o el desarrollador es siempre responsable (lo que frena la innovación). Por caso, describe, California agravó el dilema con una ley que entró en vigor en enero de 2026 y prohíbe explícitamente usar como defensa el argumento de que “la IA lo hizo sola”, pero sin crear ningún esquema jurídico que absorba esa responsabilidad de manera razonable.
En ese contexto, propone las Autonomous Legal Entities (ALEs), básicamente empresas cuyas decisiones operativas están delegadas a sistemas de IA, con puntos de supervisión humana en capas definidas. Puede tener activos, firmar contratos y ser demandadas. Pero no se trata de una “personería jurídica para la IA”, es un contenedor legal alrededor de operaciones de máquinas, igual que una SA es un contenedor legal para operaciones humanas.
Cada ALE operaría bajo un charter (especie de estatuto, licencia regulatoria y especificación técnica) que fija qué puede hacer la IA, en qué jurisdicciones, con qué límites financieros y computacionales, y bajo qué condiciones se activa el kill-switch, o botón de apagado que corta el funcionamiento.
“Los riesgos y los temores son un poco alarmistas. Argentina tiene que posicionarse estratégicamente en esa conversación” (Siri)
Kargieman toma el Governing the Commons de Elinor Ostrom (1990) —que demostró empíricamente que hay una tercera vía entre privatizar y estatizar— y lo mapea sobre los ALEs. Los ocho principios de diseño de Ostrom (fronteras claras, reglas congruentes con condiciones locales, resolución de conflictos, sanciones graduadas, etc.) se convierten en el esqueleto arquitectónico del sistema. Kargieman usa la idea de “katechon”, de Carl Schmitt: un concepto bíblico y de filosofía política que hace referencia a una fuerza, figura o institución que frena la llegada del Anticristo y el fin del mundo, una fuerza que contiene el caos. La usa para plantear la paradoja central de la gobernanza de IA: cualquier ente lo suficientemente poderoso para regular la IA globalmente se convierte él mismo en una amenaza totalitaria. La solución que propone es un “katechon distribuido”: no un soberano global, sino una arquitectura institucional descentralizada donde múltiples jurisdicciones compitan y se controlen entre ellas. Propone a Argentina como primera jurisdicción en implementar las ALEs, argumentando que el RIGI, la SAS digital, el marco de la CNV y el empuje reformista de Milei crean una ventana única para “primerear” y ser pioneros (first mover). La analogía es Delaware en derecho corporativo o Estonia en identidad digital.
El paper recurre también a un personaje muy vigente en Argentina en estos días: Peter Thiel, el mega magnate tech libertario que se instaló en el país y adhiere a las ideas de Milei. El trabajo toma conferencias de Thiel en las que habla del “Anticristo”, donde el inversor de Silicon Valley retoma el concepto del katechon. La paradoja que Kargieman extrae inspirándose en Thiel es que se necesita un soberano para evitar el caos, pero ese soberano puede degenerar en el mismo totalitarismo que debía prevenir.
Kargieman no adopta la conclusión de Thiel sino que la usa como diagnóstico correcto de un problema real para luego proponer su propia solución: el ALE como “katechon distribuido”. Es decir, toma la paradoja de Thiel en serio, pero argumenta que el marco de Ostrom sobre gobernanza de bienes comunes ofrece una salida que Thiel no consideró: restricción sin soberano, mediante arquitecturas institucionales policéntricas (consejos de administradores, seguros obligatorios, sanciones graduadas, interruptores -kill-switches- distribuidos, competencia jurisdiccional) en lugar de un único poder centralizado.
En síntesis: Thiel funciona como el “problema” que el paper busca resolver, no como una fuente de propuestas positivas. Es un uso retórico-estructural: Kargieman le da crédito por identificar correctamente la trampa, y después construye su arquitectura ALE como la respuesta que Thiel no pudo encontrar porque pensaba en términos de soberanía concentrada en lugar de gobernanza distribuida tipo Ostrom.
“Yo mostré mis ideas y se tomaron algunas de ellas para el proyecto, pero no todas. Mi esquema propone más control sobre las entidades autónomas, pero lo que se mandó al Congreso es un buen punto de partida”, repitió Kargieman.
El proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Sociedades –que también incluye a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas, o DAOs– es mucho menos restrictivo para las “empresas sin humanos”. Una suerte de “‘Viva la libertad, carajo’, para la inteligencia artificial”. VLLC IA.
La letra de la propuesta oficial propone sociedades que desarrollen su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada. “La declaración de automatización deberá constar expresamente en el estatuto. La denominación deberá incluir la expresión ‘Automatizada’. Responsabilidad. La sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial”, expresa el proyecto de ley.
Cerca de Sturzenegger aseguraron: “El objetivo es, a través de la Reforma de la Ley de Sociedades, otorgar un marco jurídico para la llegada de estas inversiones a Argentina, que permita además establecer un esquema impositivo diferenciado. Introduce el concepto de responsabilidad limitada para este tipo de compañías, que por su naturaleza resulta indispensable para su funcionamiento. Al igual que cualquier otra empresa, en el fuero civil responderán con su propio patrimonio si causan daños”. Reconocen también que la idea la acercó Kargieman y está basada en la experiencia de Irlanda: la empresa dueña del software de Apple está radicada en Irlanda, lo que le permite al gobierno de ese país cobrar regalías por cada iPhone que se vende en el mundo.
“La idea de hacer sociedades automatizadas es muy vanguardista, no hay precedentes en el mundo, pero sin lugar a dudas alguna jurisdicción tiene que picar en punta frente al gran cambio económico que se viene en materia de inteligencia artificial, donde las IAs van a absorber cada vez más partes del trabajo. Poder darles la capacidad de usar un banco y pagar impuestos, indudablemente puede implicar un gran beneficio para nuestra economía”, aseguró el emprendedor Santiago Siri.
“Los riesgos y los temores son un poco alarmistas. Argentina tiene que posicionarse estratégicamente en esa conversación. Tal vez en esta línea de poder ser una jurisdicción amigable a esta nueva forma del capitalismo, haga que Argentina pueda florecer en innovación”, agregó.
Enrique Fraga, consultor en IA Generativa para empresas, cree que incorporar una regulación muy restrictiva (como la que se logró en Europa) puede desincentivar la inversión y el desarrollo; y que una nula regulación sería vista como una oportunidad de desarrollo pero también como un peligro si no tiene en cuenta mínimas responsabilidades para con la humanidad.
“Para Milei es una llave para encausar al país y para Harari puede derivar en un sometimiento de la civilización humana” (Fraga)
“Milei y Harari parten de la misma premisa, el potencial de la IA de funcionar de forma autónoma, pero llegan a conclusiones distintas. Para Milei es una llave para encausar al país hacia el desarrollo mientras que para Harari puede derivar en un sometimiento de la civilización humana ante entidades automatizadas”, aseguró Fraga, quien puso foco también en que la idea de un agente plenamente automatizado es hoy una promesa que roza la ficción: incluso los sistemas más avanzados dependen de decisiones humanas previas, como el diseño del modelo, la definición de objetivos, los prompts e instrucciones iniciales, los datos, las herramientas a las que acceden y los límites de lo que pueden o no pueden hacer.
“En principio, el proyecto del Gobierno para cambiar las Ley de Sociedades simplifica y abarata la creación de nuevos negocios”, resumió el tributarista Sebastián Domínguez. “Pone al estatuto como instrumento primario y a la ley después. Incorpora firma digital en lugar de escribanos para su conformación, el domicilio electrónico y no hay más objetos únicos para la inscripción de las sociedades. Y crea las sociedades automatizadas, algo muy disruptivo. Hay que ver cómo termina formalizando todo porque hay cuestiones éticas también en el medio”, dijo.
El tema es mucho menos teórico de lo que se piensa, afirma Fredy Vivas, CEO de RockingData y autor de “Generación IA“, quien puso como ejemplo el caso de Andon Labs, una empresa que ya probó en Estados Unidos desde radios online autónomas hasta kioscos con vending machines completamente automatizados. “En pocos meses escalaron esos modelos agénticos, que ya generan dinero. Al principio no anduvieron bien, algo que puede pasar con una persona que se pone al frente de un negocio. Después sí funcionaron. Hubo errores, pero se resolvieron y los agentes terminaron encontrando proveedores solos y solucionando temas de la gestión del negocio. Claro que hay que mirar cuestiones como los valores que representarán esas empresas autónomas y es verdad que asoman muchos riesgos”, destacó.
Ahora vendrá el debate legislativo local y seguramente habrá cambios en el proyecto. No pocos integrantes del ecosistema IA local aseguran que Thiel está al tanto de la propuesta oficial, en medio de reuniones que no paran en su mansión de Barrio Parque, tanto con integrantes de la administración Milei como con opositores.
La cuestión quedó expuesta y hubo debate global. La idea puede cambiar la forma en que se organiza la economía global, o al menos, la forma en que el país decide hacerlo.
La diferencia, según el historiador más leído del momento, está en los detalles del diseño de ese andamiaje legal, del tono local que adquiera esa IA que Milei sueña como 100% libre.
Después, si prospera, habrá que ver qué sale del experimento que habrá tenido al país como pionero. ¿Se hablará dentro de 5 siglos de lo que pasó en Argentina con la inteligencia artificial y el comienzo de las empresas sin humanos? ¿Será Ámsterdam y Batavia?
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