POLITICA
Emiliano Yacobitti advirtió que podrían volver a marchar si el Gobierno no cumple con el financiamiento universitario

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, volvió a defender la Ley de financiamiento universitario y cuestionó al Gobierno por no aplicarla a pesar de los fallos judiciales. Además, adelantó que volverán a convocar una marcha federal si no realizan los desembolsos que planteó la Justicia.
En diálogo con Romina Manguel en A Confesión de Parte por Radio Splendid, Yacobitti declaró: “Nosotros vamos a iniciar todas las acciones legales que están a nuestro alcance si el gobierno no cumple la ley. Contra todos los funcionarios que sean responsables. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que, si el gobierno efectivamente no cumple el fallo de la ley y no paga la ley de financiamiento universitario, volvamos a salir a todas las plazas, a todas las calles de la Argentina”.
La posibilidad de una nueva marcha federal, similar a la realizada el año pasado, quedó instalada como respuesta inmediata ante la inacción oficial. Yacobitti señaló que el límite para la protesta será a mediados de mayo y remarcó que las acciones “se realizarán con las universidades funcionando”. Explicó: “Cada día que Milei ve una universidad cerrada por paro, no se preocupa. Por eso, las medidas serán con las aulas abiertas”.
Durante la entrevista, Yacobitti criticó la política educativa del Gobierno de Milei y la vinculó con posturas autoritarias de otros países. Afirmó: “Lo que tenés es un objetivo de destruir un lugar que genera personas con capacidad crítica”. Argumentó que el modelo actual no contempla la importancia de la formación en pensamiento crítico ni tolera la diversidad de ideas y añadió que la Universidad de Buenos Aires es diferente porque enseña a pensar y permite la convivencia de profesores con diversas posiciones ideológicas.
Yacobitti defendió el desempeño de la universidad pública argentina en los rankings internacionales y resaltó la eficiencia en el uso de recursos: “Gastás mucho menos por alumno que en universidades comparables como la UNAM de México y la Universidad de San Pablo; es cinco o diez veces menos”.
Señaló que la alta casa de estudios representa “la única herramienta que tiene la sociedad de transformación social” y, en los índices mundiales, deja bien posicionado al país. Sostuvo además que la universidad no solo enseña profesiones, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la pluralidad.
La disputa por el financiamiento universitario ocurre en el contexto de una fuerte caída del poder adquisitivo docente. Yacobitti detalló que un profesor que da clases en el Carlos Pellegrini o el Nacional de Buenos Aires perdió el 60% de su valor adquisitivo desde la asunción de Milei, en parte debido a la eliminación del FONID. Además, enfatizó que por la misma tarea, un docente puede cobrar un 32% más en la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires que en el ámbito nacional.
El deterioro salarial ya tuvo impacto en el cuerpo docente e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, según precisó Yacobitti: “En los últimos dos años y algunos meses se fueron 100 personas, entre profesores e investigadores”.

En las próximas horas, se esperan avances en la definición de la ley de financiamiento universitario. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo, encabezado por Milei, argumenta que no dispone de los fondos necesarios para cumplir con la normativa. Según fuentes oficiales, el costo estimado asciende a 2,5 billones de pesos, una cifra que consideran imposible de afrontar en el corto plazo. La situación se agravó luego de que el Congreso sancionara la ley y rechazara un veto presidencial. Tras perder en primera y segunda instancia, el Gobierno ahora presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la Casa Rosada ya prevén que podría “volver el déficit” si se ven obligados a pagar y buscan fórmulas para escalonar el desembolso. Desde una fuente oficial reconocieron: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”.
En ese marco, Yacobitti advirtió que el desfinanciamiento no solo afecta a estudiantes y docentes, sino al conjunto de la sociedad. Mencionó que la falta de recursos pone en riesgo la formación de médicos, la capacidad de respuesta ante nuevas pandemias y la atención veterinaria, entre otros servicios vitales. Ejemplificó: “Si vos tenés un problema y tenés un accidente, no tenés un médico que te salve la vida. Si tenés otra pandemia como el COVID, no hay investigadores que detecten rápido vacunas o métodos de detección temprana”.

Subrayó el impacto de la universidad pública en todo el país y la demanda creciente de programas de acceso y extensión como UBA XXI (ciclo introductorio universitario a distancia de la UBA dirigido a estudiantes secundarios de todo el país) y UBA en Acción (programa de actividades de voluntariado y promoción social en diversos territorios). Señaló: “Todo lo que armás, la gente lo utiliza porque el trabajo se está reconvirtiendo”, en referencia a la oferta de talleres y carreras de oficios.
Además, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo. Propuso que el Ejecutivo debe sentarse a negociar alternativas para cumplir con la ley: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa de diálogo donde el Gobierno traiga una alternativa”.
Pidió acelerar una solución porque “cada día sin diálogo es un día perdido para encontrar una solución” y precisó que aún queda tiempo para evitar una nueva marcha federal, aunque el plazo es ajustado.
POLITICA
Alerta en el conurbano: intervinieron la fábrica que provee luminarias LED e investigan un faltante millonario

La llegada de la tecnología LED (diodo emisor de luz) al alumbrado público modificó un mercado que durante décadas dependió de lámparas de sodio, mercurio o halogenuros metálicos. El cambio no se explica por una sola ventaja, sino por la combinación de varios factores que, juntos, redujeron costos y mejoraron la calidad del servicio. Una lámpara LED puede funcionar entre 50.000 y 100.000 horas, frente a las 2.000 horas de una luminaria incandescente tradicional, lo que equivale a más de 20 años de uso continuo. Esto reduce de forma drástica la frecuencia de reemplazo y, con ella, los costos de mantenimiento, que según estimaciones oficiales bajan entre 25% y 30%. Por esa razón, cuando un vecino del conurbano bonaerense ve encenderse la luminaria de su calle, es probable que ese equipo haya salido de una planta de San Martín. Allí, Fadalex S.R.L. produce de manera exclusiva los productos que comercializa Strand S.A., una de las proveedoras de alumbrado público con más presencia en la provincia de Buenos Aires. Esa cadena de suministro está hoy en el centro de siete causas judiciales que investigan una presunta administración fraudulenta y un faltante contable que supera los 15.400 millones de pesos.
Los intendentes y administradores de corredores viales están en alerta, ya que la disputa judicial pone en jaque el suministro del equipamiento LED que reemplazó a las viejas lámparas “de mercurio” gracias a la reconversión masiva del alumbrado público impulsada a lo largo del país bajo la premisa de la sustentabilidad y el ahorro fiscal.
La empresa es tan importante que los propios intendentes han subido a sus redes sociales posteos con frases como: “Esta mañana recorrimos Fadalex, en Villa Libertad, una fábrica de luminarias y equipos de alumbrado público. Con más de 40 años de antigüedad, es una PyME que emplea a 50 personas y aporta gran valor productivo al sector”.
Los cuestionamientos judiciales, que llevaron a una intervención por parte del magistrado interviniente (después levantada) y al allanamiento de sus oficinas, no llegaron desde un competidor ni de un organismo de control: partieron de la propia familia propietaria. Tras la muerte del fundador, Hugo Manuel Caivano, en mayo de 2024, la rama minoritaria de los herederos quedó fuera de la conducción de ambas sociedades. Según su presentación judicial, ese desplazamiento se concretó con actas de asamblea adulteradas.

Uno de los motivos que derivó en las acciones de la Justicia es el Acta N.° 54, que registra la presencia física de Caivano en una reunión de directorio mientras, de acuerdo con los registros médicos aportados a la causa, el empresario permanecía internado en terapia intensiva.
Los accionistas minoritarios señalan como responsables a Juan Abdul Luis Pizzani, sobrino del fundador, y a Mariana Elizabeth Caivano. Según los escritos presentados ante los tribunales, ambos controlaban las cuentas de Fadalex y de Strand, condujeron las asambleas cuestionadas y firmaron cheques que luego fueron rechazados. Son acusaciones que la Justicia todavía debe probar.
El dato central del expediente surge de las auditorías forenses de la causa penal y del informe de un interventor judicial que analizó las cuentas de Fadalex. Entre 2024 y enero de 2026, la fábrica entregó a Strand suministros certificados por $17.859.986, pero solo habría percibido ingresos por $2.449.857.497. Es decir, una diferencia que superaría los diez millones de dólares.
Mientras ese desfase se acumulaba, Strand seguía cobrando con normalidad a municipios y concesionarias viales. Fadalex, en cambio, quedó sin capital de trabajo pese a contar con un respaldo patrimonial considerable: un predio industrial en Villa Libertad, San Martín, tasado junto a propiedades linderas en más de 1,5 millones de dólares, y una flota vehicular valuada en 27,7 millones de pesos, siempre según los datos de la causa.
Los denunciantes sostienen que parte de ese dinero se canalizó a través de una “caja paralela”, un registro físico conocido como “el cuaderno” y ajeno a la contabilidad oficial de la empresa. Según sus presentaciones, se detectaron depósitos de 10 millones de pesos en una cuenta personal de Pizzani con cheques de la sociedad, pasajes a Hong Kong pagados con fondos de la empresa y giros bancarios a nombre de dos socios ya fallecidos. También se firmaron ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) acuerdos por 193 millones de pesos que la querella considera simulados, además de pagos por 45 millones de pesos a familiares sin relación laboral formal. La contadora de la empresa admitió ante los peritos judiciales que no conserva copias de los talonarios de cheques emitidos.

Siete expedientes en dos jurisdicciones
El conflicto suma siete causas, promovidas por la accionista María Luz Caivano y otros socios minoritarios. Dos tramitan en el fuero penal y cinco en el comercial.
La causa penal principal corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 2, bajo la carátula “Pizzani, Juan Abdul Luis y otros s/ defraudación por administración fraudulenta, falsificación de documento y hurto” (Causa CCC 52.385/2025), que apunta a los directores de ambas sociedades. Por orden de ese juzgado, el 26 de noviembre de 2025 se allanó la planta de San Martín y se secuestraron libros contables, documentación comercial y registros informáticos. Una segunda causa penal tramita en la provincia de Buenos Aires: se trata de una investigación penal preparatoria del Departamento Judicial de San Martín (IPP N.° 15-43764-25), con intervención del Juzgado de Garantías N.° 2.
En el fuero comercial, la Justicia ya dispuso la intervención de Fadalex (Expediente N.° 23.442/2025) tras advertir irregularidades graves en su administración. Otros cuatro expedientes tramitan en paralelo por las supuestas responsabilidades de los directores de Strand, la nulidad de asamblea de esa firma, y los expedientes 21.720/2025 y 806/2026, por nulidad de asamblea de Fadalex.
Con la apertura a prueba, el expediente entra en su etapa decisiva. Una docena de municipios y concesionarias viales deberá entregar a la Justicia sus expedientes de contratación con Strand: el pedido de compra, las empresas invitadas, la adjudicación, el precio y el procedimiento seguido. Un perito contador cruzará esos pagos con la facturación y las cuentas bancarias de la empresa, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará cuánto le facturó Strand a cada municipio y si hay diferencias.
La querella sostiene que, si parte del dinero facturado a los municipios no llegó a reflejarse en las cuentas de Fadalex, la pregunta pendiente es hacia dónde se dirigieron esos fondos. Un cruce entre los pagos municipales y la facturación de la empresa podría determinar si existieron comisiones o pagos irregulares vinculados a las adjudicaciones, lo que eventualmente ampliaría la causa penal hacia delitos contra la administración pública.

Strand tiene más de cincuenta años de trayectoria en el sector y presencia declarada en más de veinte provincias. En 2018, la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética de la Nación había señalado que la empresa concentraba el 22% de las luminarias LED adjudicadas en el marco del Plan Alumbrado Eficiente, la mayor proporción entre todas las adjudicatarias.
La compañía también registra antecedentes de observaciones administrativas en licitaciones de distintos municipios bonaerenses por incumplimientos formales en certificados de cumplimiento fiscal, algunos de ellos subsanados en los plazos exigidos. En 2026, Strand impugnó una licitación de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz por 2.800 millones de pesos, al denunciar que las empresas adjudicatarias incumplían requisitos técnicos y no estaban inscriptas como proveedoras del Estado; la impugnación fue rechazada por el directorio del organismo provincial.
Para varios de los intendentes con los que dialogó Infobae, la batalla judicial que se libra con extrema dureza en dos frentes, el comercial y el penal, se materializa en la demora de la provisión de los equipos LED que iluminan avenidas, calles y plazas.
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POLITICA
La Corte Suprema ordenó al Estado hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.
“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.
El pedido
En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Reclamó la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.
Solicitó también la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal.
El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información para resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Argumentó que con esos datos se podía elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización.
También sostuvo que la divulgación frustraría una investigación sobre estadísticas.
En primera instancia se rechazó el amparo. La Cámara Federal de Salta revocó esa sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes. El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada.
Qué dijo la Corte Suprema
Para el voto mayoritario, la Corte sostuvo que “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.
Los operativos “Aprender” y “Enseñar”, profundizó la Corte, “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”.
“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”, sostuvo la sentencia. Agregó que la desagregación por establecimiento “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” y permite verificar el modo en que el Estado ejecuta mandatos constitucionales en materia educativa.
POLITICA
Allanaron dos bancos por la causa que investiga al financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia

La investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero en Sur Finanzas sumó este viernes nuevos allanamientos bancarios en la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza.
Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, y ejecutadas por efectivos conducidos por el comisario Enrique Fernando Giménez.
Los procedimientos abarcaron la sede central del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, junto con inmuebles en Santa Fe 880, Maipú 1210 e Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo. En estas direcciones funcionan dependencias de dicha entidad y del Banco Industrial (BIND), cuyo principal accionista es Andrés Meta.
Ariel Vallejo y Claudio “Chiqui” Tapia
El expediente analiza el entramado financiero encabezado por Ariel Vallejo, empresario vinculado al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Según las actuaciones iniciadas tras operativos previos del 2 de noviembre, la firma utilizaba al BIND como respaldo para depositar fondos captados mediante su plataforma de pagos.
Respecto del Banco Hipotecario, la pesquisa indaga un presunto blanqueo de capitales originados en el juego clandestino e intermediación financiera irregular. En particular, los investigadores examinan operaciones sospechosas registradas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 a través de billeteras virtuales y una cuenta corriente empresarial.
Asimismo, el legajo judicial evalúa préstamos millonarios y transacciones realizadas por las sociedades del financista con clubes afiliados a la AFA.
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