El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera estatal tiene como objetivo comenzar a pagar dividendos a partir de 2028, tanto para accionistas privados como para el Estado nacional, que conserva el 51% de participación accionaria en la compañía.

Exportaciones y dividendos: el plan de Horacio Marín

«A partir de 2028, el objetivo es que el Estado cobre dividendos», sostuvo el ejecutivo durante una entrevista en Infobae en Vivo, donde además ratificó el ambicioso plan de inversiones para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.

Marín explicó que el pedido para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) forma parte del programa integral de expansión de la compañía en el yacimiento no convencional. Según detalló, YPF proyecta incrementar fuertemente su producción en los próximos años.

«Este año vamos a estar en más de 250.000 barriles propios. El año que viene va a ser muy alta la producción y vamos a seguir creciendo hasta llegar a 600.000 o 700.000 barriles», afirmó.

De acuerdo con las estimaciones de la empresa, ese crecimiento permitiría generar alrededor de u$s7.000 millones anuales en divisas.

RIGI: el megaproyecto de u$s25.000 millones

La petrolera solicitó formalmente ingresar al RIGI con el proyecto denominado LLL Oil, considerado uno de los desarrollos más importantes para la exportación de petróleo argentino.

La iniciativa contempla inversiones por u$s25.000 millones durante los próximos 15 años y prevé la perforación de 1.152 pozos en Vaca Muerta. Según la documentación presentada, el objetivo es alcanzar una producción sostenida de 240.000 barriles diarios hacia 2032.

Además, el plan prevé producir cerca de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural destinados al mercado interno.

Desde la compañía estiman que el proyecto permitirá generar exportaciones cercanas a los u$s6.000 millones anuales y crear unos 6.000 empleos directos durante la etapa de construcción y operación.

«En estas áreas pasamos de 2.000 a 55.000 barriles en apenas 18 meses. Con todo el desarrollo que vamos a hacer, la idea es llevarlo a 240.000 y generar exportaciones por u$s100.000 millones», destacó Marín.

LNG y nuevos puestos de trabajo

El titular de YPF también se refirió al proyecto LNG, que impulsa junto a la italiana ENI y la firma árabe XRG.

Según explicó, la iniciativa podría generar exportaciones por u$s20.000 millones hacia 2045 y demandará inversiones millonarias tanto en infraestructura como en desarrollo de pozos petroleros.

Marín adelantó que el próximo mes presentarán el pedido para incorporar este proyecto al RIGI y aseguró que tendrá un fuerte impacto en la generación de empleo.

«Todo este desarrollo va a generar muchos puestos de trabajo. Hay muchas obras y mucho trabajo de metalmecánica, no es solamente en Neuquén», remarcó.

«Sin RIGI, esto no podría hacerse»

Durante la entrevista, el ejecutivo defendió el esquema de incentivos impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que brinda previsibilidad a los inversores extranjeros.

«Sin RIGI, todas estas cosas no hubieran podido hacerse porque da seguridad jurídica y cambiaria. Por eso vienen los inversores extranjeros y también porque hay un gobierno que es business friendly», afirmó.

En ese contexto, reveló que uno de los pedidos que recibió del presidente Javier Milei fue aumentar el valor de la empresa para todos sus accionistas.

«Lo que el presidente Milei me pidió es que genere valor para los accionistas, que somos todos», sostuvo.

Fuerte suba de la acción de YPF

Las declaraciones de Marín se dieron luego de que trascendiera que el reconocido inversor estadounidense Stanley Druckenmiller adquirió más de tres millones de acciones de YPF por cerca de u$s150 millones.

Tras conocerse esa operación, los papeles de la petrolera avanzaron 8,8% en Wall Street y alcanzaron los USD 47,49, uno de los niveles más altos de los últimos años.

«Esa inversión es mucho más importante de lo que todo el mundo cree. Esa persona es muy influyente en la bolsa de Nueva York y apostó por YPF», celebró Marín.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. Para el Banco Central, no es un objetivo que las personas jurídicas puedan comprar dólares libremente, tal como las personas físicas lo hacen desde abril de 2025.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, dijo Bausili en una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria de la entidad, acompañado del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Bausili destacó que el interés de la entidad en reducir o eliminar las trabas cambiarias para las empresas, como la restricción cruzada de 90 días para operar en el mercado oficial o en el financiero, no está en el radar porque podría traer riesgos para otros objetivos económicos.

Ante la pregunta de Infobae acerca de si el esquema actual podría mantenerse como en la actualidad, Bausili respondió que ese andamiaje regulatorio “podría quedar así”, tal como funciona en la actualidad.

“Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares. Nuestra prioridad es el funcionamiento de la economía”, señaló.

Bausili destacó que desde que arrancó este gobierno todos los meses se observa un aumento continuo de las cantidades exportadas, sosteniendo niveles récord. Y que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA espera un stock de exportación de USD 96.000 millones para este año. A la vez, destacó que las importaciones se mueven con fluidez. Esas señales, explicó, indican que no hay restricciones que dificulten el desarrollo de las empresas para comprar y vender en dólares.

También dijo estar conforme con los USD 1.600 millones que las empresas giraron a sus casas matrices este año en concepto de dividendos, otra señal de normalización, “por primera vez en 6 años”.

En la Argentina, a diferencia de otras épocas, el mercado paralelo es completamente legal. Lo único que se debe hacer es elegir, por un período de 90 días, en qué mercado quieren operar», dijo Bausili. Con esa explicación, negó que en la Argentina las empresa no puedan “tener su capital de trabajo en dólares”.

Bausili incluso dijo que el sistema argentino es “más flexible” que en economías donde las empresas ni siquiera pueden tener cuentas en dólares, como Brasil, Colombia o México. Si quieren tener un capital en dólares, las empresas de esos países deben abrir cuentas en el exterior.

El presidente del Banco Central se refirió también a la renovación del swap de monedas que la entidad mantiene con el Banco Popular de China y que vencerá a comienzos de agosto.

“Estamos hablando para extenderlo como siempre, en los mismos términos”, dijo Bausili. Esa continuidad abarca también el tramo del swap que fue “activado”, es decir, aquella porción del acuerdo que la Argentina utilizó para cancelar pagos.

Bausili explicó que el acuerdo seguirá adelante, que mantiene las conversaciones con sus contrapartes chinas y que de hecho viajará a Beijing en junio para asistirá a un evento y en esa ocasión seguirán las tratativas.

También respondió a las constantes menciones de los analistas del mercado a que el carry trade, la estrategia de vender dólares para generar una renta en pesos y luego volver a dolarizar, está llegando a su fin y que eso podría empujar la demanda de dólares.

Bausili enfatizó que la tenencia de inversores no residentes de títulos públicos en pesos para hacer ese arbitraje es muy marginal. “Nadie quedó atrapado en las condiciones financieras anteriores. No es tan fácil salir y por eso no es tan atractivo entrar para los no residentes. Estamos cómodos con la restricción que existe para que no llegue el capital golondrina buscando rentabilidad de corto plazo y se vaya”, dijo.

El presidente del Central estimó que el stock de inversiones en bonos públicos de corto plazo con ese objetivo es cercano a los USD 2.000 millones sobre un en un mercado de capitales de USD 60.000 millones.

La competencia global entre Estados Unidos y China ya no se juega únicamente en Asia o en el terreno comercial. América Latina pasó a ocupar un lugar cada vez más relevante en la disputa geopolítica entre ambas potencias y Argentina aparece como uno de los países bajo observación estratégica por parte de Washington.

Un reciente informe de la corporación RAND, elaborado para el Departamento de Defensa estadounidense, expone con claridad esa preocupación: la creciente presencia china en Argentina comenzó a ser interpretada como un desafío de seguridad regional que excede el plano económico y comercial.

El documento, titulado Multiplicadores de fuerza en las Américas, sostiene que Beijing logró consolidar desde comienzos de la década pasada una expansión sostenida sobre sectores considerados críticos para su estrategia global. Infraestructura, telecomunicaciones, minería y tecnología espacial forman parte de ese esquema de inserción que hoy genera alertas en Washington.

Para Estados Unidos, el problema no radica únicamente en el aumento de inversiones chinas, sino en el tipo de dependencia estructural que pueden generar sobre economías emergentes como la argentina. El análisis plantea que el vínculo económico termina funcionando también como una herramienta de influencia política y estratégica.

Donald Trump, en alerta: estaciones espaciales en Argentina

Uno de los puntos más sensibles mencionados en el informe son las estaciones terrestres de comunicación satelital instaladas en territorio argentino. Aunque oficialmente poseen fines civiles y científicos, en Washington consideran que esas plataformas tienen capacidad de «uso dual», es decir, aplicaciones tanto civiles como militares.

El caso que históricamente más inquietud generó en Estados Unidos es la estación espacial china ubicada en Neuquén, operada por organismos vinculados al programa aeroespacial de Beijing. Según el análisis, este tipo de infraestructura permite ampliar las capacidades de inteligencia, monitoreo y recolección de datos del Ejército Popular de Liberación chino.

La preocupación estadounidense se profundiza porque estas instalaciones forman parte de una red global tecnológica controlada por empresas estatales chinas, lo que —según RAND— podría erosionar la ventaja estratégica occidental en materia de información y vigilancia.

Además, el informe advierte que la combinación entre infraestructura física, telecomunicaciones y tecnología espacial otorga a China una presencia multidimensional que trasciende los negocios tradicionales y se proyecta sobre áreas vinculadas a la soberanía y la seguridad nacional.

La nueva estrategia: cooperación en seguridad

Frente a este escenario, Estados Unidos busca responder con una estrategia distinta a la confrontación directa. El documento plantea que uno de los mecanismos más eficaces para limitar la influencia china es profundizar la cooperación en seguridad con los países de la región.

La idea central es fortalecer las capacidades institucionales y militares locales para reducir vulnerabilidades frente a la presión económica y tecnológica de Beijing. En ese marco, la asistencia estadounidense incluiría entrenamientos conjuntos, asesoramiento técnico, programas de transparencia institucional y modernización de sistemas de defensa.

Washington considera que este tipo de cooperación puede convertirse en un «multiplicador de resiliencia», permitiendo que los países mantengan mayor autonomía frente a actores externos.

El informe incluso menciona la necesidad de combatir lo que define como «corrupción estratégica», es decir, mecanismos mediante los cuales empresas vinculadas al Estado chino podrían obtener ventajas en proyectos de infraestructura a través de procesos de contratación poco transparentes.

Por eso, RAND propone impulsar sistemas de auditoría más robustos, mejorar los estándares de adquisición pública y sumar asesores especializados para fortalecer controles institucionales.

Javier Milei, entre Estados Unidos y China

La discusión adquiere especial relevancia en el contexto actual del gobierno de Javier Milei. Aunque el Presidente había mantenido durante la campaña un discurso fuertemente crítico hacia China, la necesidad de financiamiento e inversiones obligó a moderar la relación bilateral.

China continúa siendo un socio comercial clave para Argentina, especialmente en sectores como energía, minería y swaps financieros. Sin embargo, Estados Unidos observa con atención cada avance chino en áreas consideradas estratégicas.

En paralelo, la administración de Milei profundizó el alineamiento político con Washington y reforzó los vínculos militares y diplomáticos con la Casa Blanca, algo que se refleja en ejercicios conjuntos, cooperación técnica y respaldo estadounidense en organismos internacionales.

La tensión de fondo es clara: Argentina necesita inversiones y financiamiento externo, pero al mismo tiempo se encuentra en el centro de una competencia global donde las grandes potencias ya no diferencian economía, tecnología y seguridad.

Para Estados Unidos, América Latina dejó de ser únicamente un espacio comercial y volvió a convertirse en un tablero estratégico. Y en ese nuevo mapa geopolítico, la relación entre Argentina y China aparece cada vez más bajo la lupa.