POLITICA
Esteban Bullrich se mostró duro con Adorni: “Es un corrupto”
El exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich se hizo eco este jueves de las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su incremento patrimonial y consideró que el funcionario es un “corrupto”.
“Es un corrupto. Fin”, manifestó Bullrich desde sus redes sociales.
Si bien en un principio acompañó al Gobierno, con el tiempo el exlegislador fue manifestándose crítico de las políticas y los modos del presidente Javier Milei.
Con el estilo que eligió para su posteo, Bullrich replicó el tono socarrón con el que Adorni suele cerrar sus publicaciones en X, donde pone “fin” cada vez que culmina sus frases.
Adorni habló el miércoles último por primera vez luego de anunciar que había presentado la declaración jurada sobre su patrimonio económico. El jefe de Gabinete, que está envuelto en un escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, cambió su testimonio inicial y admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, tuvo ahorros no declarados.
“Ahorramos en negro como todos los argentinos“, afirmó. En diálogo con LN+, en el programa ‘Mesa Chica’, con José Del Rio, el funcionario mileísta rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que había ganado con criptomonedas.
“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años“, respondió.
Además sostuvo que no consignar esos números “fue un error” y que pagará “todos los impuestos” que deba pagar por la omisión.
El comunicado del PRO
En tanto, el PRO, el partido al que pertenece Esteban Bullrich, publicó este jueves un duro comunicado contra Adorni y sostuvo que “hay que estar a la altura” y “actuar con la transparencia que la sociedad exige”.
Para el espacio que condice el expresidente Mauricio Macri, constituye una “falta grave” decir a los argentinos y al Congreso Nacional que “no se ocultó nada y después admitir que sí se hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, dijo sobre Adorni.
habló el miércoles último por primera vez luego de anunciar que había presentado la declaración jurada sobre su patrimonio económico,publicó este jueves un duro comunicado contra Adorni,Esteban Bullrich,Manuel Adorni,Conforme a,,Qué dice la declaración de bienes de Adorni. Lo que el jefe de Gabinete reconoció antes, modificó ahora y las justificaciones,,“No puede decir que no ocultó y luego admitir que sí”. El duro comunicado del PRO contra Adorni,,»Debe ponerse a disposición». Villarruel reclamó la presencia de Adorni en el Senado,Esteban Bullrich,,»Recuperó el control total de su cuenta”. Binance asegura que pudo resolver el pedido de Esteban Bullrich,,Tras la denuncia de Esteban Bullrich. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor le dio a Binance 72 horas para responder,,»Una vergüenza». Esteban Bullrich denunció problemas de accesibilidad en una plataforma cripto por la ELA
POLITICA
Ratifican que la Cámara en lo Penal Económico debe definir quién investigará a los presuntos testaferros de la AFA
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico debe resolver quién investigará a los dueños de la quinta de Pilar que se atribuye a la AFA: si los jueces porteños o el juez federal de Campana, Adrián González Charbay.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, que aparecen como dueños de la quinta de Pilar que se adjudica a la AFA.
Como la Cámara de Casación había decidido que sea la Cámara en lo Penal Económico la que decida qué juez es competente, los imputados plantearon contra ese fallo un recurso extraordinario para llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia.
Ahora la Casación rechazó ese recurso extraordinario. A los imputados Pantano y su madre Costa les queda un recurso de queja para llevar su reclamo a la Corte.
Aquí se trata de resolver el conflicto de competencia entre el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 y el Juzgado Federal de Campana para continuar con la investigación por lavado de dinero sobre la quinta de Pilar.
La denuncia fue de Elisa Carrió, del legislador Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. La presentaron el 1 de diciembre del año pasado por el delito de lavado de activos, relacionado con la quinta ubicada en la dirección Misiones 4097, en Villa Rosa, localidad de Pilar.
Hace seis meses que se discute qué juez debe investigar a los dueños de esa quinta donde se hallaron medio centenar de vehículos de alta gama, caballos árabes y otros bienes que se vinculan con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El juez federal Daniel Rafecas avanzó hasta que se declaró incompetente y siguió su colega Marcelo Aguinsky en el fuero penal económico, hasta que la AFA logró llevar el caso al juzgado de Campana y ahora pareciera que regresa la causa al juzgado penal económico.
Quien quede a cargo de la pesquisa sobre el caso de la quinta probablemente investigue todas las causas de la AFA. En este expediente ya se apartaron dos jueces de la Cámara de Casación. Se trata de Carlos Mahiques, luego de que se denunció que festejó en esa quinta cercana a la AFA su cumpleaños, y de Daniel Petrone, que tuvo una relación social con uno de los imputados.
Inicialmente, y luego de un planteo de inhibitoria, se trabó una contienda de competencia entre la justicia en lo Penal Económico y el juez federal de Campana, que fue elevada por este último a la Cámara Federal de San Martín.
El juez federal Alberto Lugones ordenó que la causa sea investigada por el juez federal de Campana González Charby, por ser el magistrado con competencia territorial en el predio donde se ubicaba la mansión de Pilar.
Posteriormente, la causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal por el recurso del fiscal Carlos Cearras que mantuvo su colega Mario Villar de la Casación.
La Sala anuló el envío de la causa a San Martín y decidió que sea la Cámara Nacional en lo Penal Económico la que decida dónde queda el expediente.
Contra esa decisión, la defensa de los imputados interpuso el recurso extraordinario, que ahora fue declarado inadmisible por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los jueces sostuvieron que no resultaba una sentencia definitiva ni equiparable y, por ende, no era admisible desde lo formal.
De esta manera quedó definido que será la Cámara en lo Penal Económico el órgano judicial que debe expedirse sobre el juez competente para continuar con las investigaciones.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país
Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en varias jurisdicciones del país que derivarían en un fraude millonario contra la obra social de los jubilados. Infobae tuvo acceso a los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.
Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia.
El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.
Allanamientos y fraude
Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).
La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.
El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.
La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.
Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.
Los casos detectados por las auditorías
En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.
Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:
- Caso 1 M.G.A. UGL Rosario
La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.
Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.
- Caso 2, M.A.C. UGL III Córdoba
Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.
- Caso 3, J.R.C.
La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.
- Caso 4 M.A.D.C.
Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.
- Caso 5 G.M.M.
Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.
- Caso 6 A.R.S.
Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.
- Caso 7 L.B.S.
A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.
La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.
Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.
En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.
En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.
En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante una consulta de Infobae, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
POLITICA
El juez Irurzun da pelea y presenta una medida cautelar para no jubilarse en la Cámara Federal
El juez de la Cámara Federal Martín Iruzun, que cumple 75 años el 18 de julio, no está dispuesto a jubilarse. El Gobierno se negó a enviar su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo porque quiere reformular el tribunal, pero Irurzun está dispuesto a dar pelea y resiste.
Por eso es que presentó una medida cautelar autónoma ante el fuero Contencioso administrativo para que se suspenda la cláusula constitucional que lo obliga a renovar su nombramiento.
Irurzun, que integra la Sala II de la Cámara Federal, argumentó que la cláusula constitucional que lo obligaría a cesar en el cargo a los 75 años es “nula de nulidad absoluta” porque la Convención Constituyente de 1994 se excedió en sus atribuciones al incorporarla.
La presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo del juez Walter Lara Correa, con el patrocinio del abogado Alberto Spota.
El gobierno de Javier Milei no envió hasta el momento el pliego de Irurzun al Senado para que el cuerpo preste el acuerdo que la Constitución exige para renovar el mandato de los jueces que superan esa edad. Sin ese trámite, el magistrado deberá cesar en funciones dentro de poco más de cinco semanas.
El Gobierno quiere refundar la Justicia Federal y aprovechar la jubilación de Irurzun para reconvertir la Cámara Federal, que es un tribunal estratégico para los casos de corrupción, pues tiene la llave para que las causas contra funcionarios –Manuel Adorni, Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei con el caso $LIBRA– prosperen y sigan su camino al juicio, o se congelen.
Con la salida de Iriruzun se piensa llamar a un nuevo concurso que cubra su cargo. El Gobierno ya avanzó esta semana con la cobertura de otros dos cargos en el tribunal, pues el Consejo de la Magistratura aprobó la terna para cubrir las vacantes de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este último podría seguir en su cargo para el que concursó.
El núcleo del planteo de Irurzun es técnico. Sostiene que la cláusula del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo de la Constitución Nacional (que establece que los jueces que cumplan 75 años necesitan un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para continuar en sus cargos, por períodos de cinco años) es un acto nulo porque la Convención Constituyente de 1994 nunca estuvo habilitada para incorporarla.
La ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional y fijó los temas que la Convención podía modificar, autorizó a los convencionales a revisar el mecanismo de designación y remoción de magistrados pero no habilitó establecer un límite de edad para el ejercicio del cargo.
En esa lógica, la cláusula de los 75 años sería un acto nulo desde su origen y, por lo tanto, no podría surtir efecto. La Corte ya se pronunció sobre esta misma cuestión en el precedente relacionado con el juez Leopoldo Schiffrin, de 2017, donde por mayoría convalidó la cláusula constitucional impugnada, revirtiendo así la posición que había adoptado años antes en el caso del juez Carlos Fayt.
Pero Irurzun encontró un resquicio, pues la mayoría en la Corte que formó el precedente “Schiffrin” ya no existe. Con el cese en funciones del juez Juan Carlos Maqueda, que se jubiló a principios al cumplir 75 años, la composición de la Corte cambió y si se planteara hoy un caso análogo no habría mayoría para sostener esa doctrina.
“El estándar de Schiffrin ha desaparecido, lo que impide tenerlo como doctrina vigente de la CSJN”, sostiene el escrito. Irurzun también adelantó que se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a cualquier ministro de la Corte que hubiera participado como Convencional Constituyente en la reforma de 1994 y aprobado la cláusula impugnada, porque no podría pronunciarse con imparcialidad sobre la validez de un acto que él mismo realizó. Alude en rigor al juez Horacio Rosatti.
La urgencia del pedido cautelar está dada por que el 18 de julio Irurzun cumple 75 años. Si para esa fecha no hay una medida judicial que suspenda los efectos de la cláusula constitucional, el magistrado cesará automáticamente en sus funciones. Y ese cese, una vez producido, sería irreversible: no hay mecanismo legal para restituir a un juez a su cargo una vez que fue separado de él por haber alcanzado el límite de edad.
“De no neutralizarse los efectos del precepto en crisis, habrá el dicente de cesar en el cargo y en funciones no bien cumpla los setenta y cinco años de edad, lo que acaecerá el próximo 18 de julio; extremo que supondrá un cuadro de situación irreversible y fatal”, advierte el escrito.
Por esa razón, Irurzun pidió que la cautelar se dicte de inmediato, sin correr traslado a la parte contraria -el Estado- y también impugnó por inconstitucionales varias disposiciones de la ley 26.854 que regulan el régimen de medidas cautelares contra el Estado, en particular las que prevén la bilateralización previa del pedido y el efecto suspensivo del recurso de apelación. En su criterio, esas normas harían imposible la tutela efectiva porque los plazos que insumen son incompatibles con la urgencia del caso.
El debate sobre el límite de edad para los jueces federales tiene antecedentes. El juez Fayt lo planteó en 1999 y obtuvo un fallo favorable que declaró nula la cláusula de los 75 años tal como había sido introducida en 1994. Años después, en 2017, el caso Schiffrin revirtió esa jurisprudencia. Ahora Irurzun intenta abrir un tercer capítulo.
Hernán Cappiello,Conforme a
Ratifican que la Cámara en lo Penal Económico debe definir quién investigará a los presuntos testaferros de la AFA
Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país
El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”
SpaceX logró la mayor salida a la bolsa de la historia: cómo invertir desde Argentina
Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México
El juez Irurzun da pelea y presenta una medida cautelar para no jubilarse en la Cámara Federal
Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno
Reforma laboral: qué cambia para los trabajadores con la revisión de más de 100 convenios colectivos vencidos
La advertencia del economista más escuchado por Milei: «Si Argentina tiene éxito, va a ser cara»
Manuel Adorni y su esposa decidieron acogerse al régimen de “inocencia fiscal” aunque aseguran que no declararán dólares
ECONOMIA2 días agoLa advertencia del economista más escuchado por Milei: «Si Argentina tiene éxito, va a ser cara»
- POLITICA23 horas ago
“Me parece una vergüenza”: la dura crítica de Victoria Villarruel a la declaración jurada de Manuel Adorni
- POLITICA2 días ago
Manuel Adorni y su esposa decidieron acogerse al régimen de “inocencia fiscal” aunque aseguran que no declararán dólares
