POLITICA
La Armada Argentina conmemoró el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos en el Río de la Plata
La Armada Argentina conmemoró este jueves el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos, una batalla que ocurrió el 11 de junio de 1826 contra el Imperio del Brasil. El acto incluyó un acto conmemorativo y una recreación histórica de lo que ocurrió aquel día en el Río de la Plata.
La actividad comenzó en la Escuela de Ciencias del Mar, donde un grupo de historiadores del Departamento de Estudios Históricos Navales y del Instituto Browniano ofrecieron una conferencia en la que explicaron cómo fue el contexto del enfrentamiento. En aquel momento, la defensa de la naciente nación fue liderada por el almirante Guillermo Brown, quien logró contener el avance de una flota imperial pese a la marcada inferioridad de la escuadra nacional.
También participaron recreacionistas históricos que evocaron distintos episodios de la contienda y acercaron al público escenas vividas por los protagonistas de la gesta.
El Combate Naval de Los Pozos fue el resultado de una decisión de la conducción naval brasileña de atacar directamente el fondeadero porteño para destruir, en un solo enfrentamiento, a la pequeña escuadra de Brown. La fuerza imperial que avanzó sobre Los Pozos se componía de 31 buques de todo tipo, 266 cañones y unos 2.300 hombres, al mando del capitán de navío James Norton. Frente a ese despliegue, Brown aguardó en el fondeadero con una escuadra notoriamente más reducida, aprovechando el conocimiento preciso de los fondos irregulares del Río de la Plata, prácticamente inaccesibles para naves de gran calado.
Luego de una introducción histórica, los asistentes se trasladaron al Apostadero Naval Buenos Aires, desde donde embarcaron para navegar hacia una zona próxima al lugar donde se desarrolló la acción naval. El despliegue incluyó a los buques multipropósitos ARA “Ciudad de Zárate” y ARA “Ciudad de Rosario”; las lanchas patrulleras ARA “Río Santiago” y ARA “Punta Mogotes”; las lanchas de instrucción de cadetes ARA “Ciudad de Ensenada” y ARA “Ciudad de Berisso”; y el patrullero ARA “King”.
Entre las autoridades navales presentes se encontraban el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante IM Fernando Daniel Terribile; el Secretario General de la Armada, contraalmirante Jorge Javier Raimondo; el Director de la Escuela Naval Militar, contraalmirante Mariano Hernán García Bonini; y el Comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi. Asistieron también representantes ministeriales, legisladores nacionales, alumnos de establecimientos educativos, familiares del almirante Brown e invitados especiales que resultaron ganadores del sorteo organizado desde el Instagram oficial de la Armada Argentina.
Una vez alcanzada la zona histórica, dio comienzo la ceremonia central a bordo del patrullero ARA “King”. El acto se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con palabras alusivas pronunciadas por el presidente del Instituto Browniano, almirante VGM (RE) Daniel Alberto Enrique Martin.
Al referirse a la acción naval, Martin señaló que se trató de “una disputa peleada con coraje criollo y valor irlandés”. Luego precisó el alcance estratégico de la jornada: “La jornada del 11 de junio confirmó la imposibilidad de que los grandes buques imperiales pudieran operar abiertamente sobre la escuadra argentina” y actuaran de forma ofensiva sobre Buenos Aires.
Al destacar el vínculo de Brown con la causa nacional, Martin citó al propio prócer: “Mi vida es vuestra y rendirla por el honor de mi país es mi primer deber”. Agregó que, en cada acto que se recuerda y conmemora, Brown “nos sigue dando muestra de su valentía y audacia, de su inclaudicable decisión de dar la vida y morir por el pabellón de su patria adoptiva”.
Tras las palabras alusivas, personal de la Armada y descendientes del almirante Brown izaron una bandera conmemorativa. A continuación, el almirante Romay, junto a María Cristina Brown de Racedo, chozna del prócer naval, descubrieron una placa recordatoria por el bicentenario.
El homenaje incluyó la ejecución de tiros de salva y el sobrevuelo de aeronaves T-34C Turbo Mentor de la Escuela de Aviación Naval y Beechcraft B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima. Como cierre, la Banda de Música del Estado Mayor General de la Armada interpretó la Marcha de San Patricio —en reconocimiento a las raíces irlandesas del almirante Brown— y la Marcha de la Armada.
Al concluir la ceremonia, el almirante Romay agradeció a los presentes: “Para nosotros, como miembros de la Armada, es un orgullo y un privilegio conmemorar esta parte tan importante de la historia naval”, y añadió que el valor del acto se multiplica al compartirlo con la ciudadanía, porque “esta es la Armada de todos los argentinos”.
Romay también subrayó la vigencia del legado naval en el presente: “Sabemos que hoy el desafío que enfrenta nuestro país en el siglo XXI está en nuestros espacios marítimos”, y afirmó que la institución se prepara y perfecciona para defender esos vastos espacios. Recordó que, en los orígenes de la nación, el estuario del Río de la Plata fue el escenario estratégico donde se forjó la historia naval que hoy se conmemora.
discurso,oficial,hablar en público,marina,ceremonia,evento,podio,micrófono,uniforme,autoridad
POLITICA
Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país
Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en varias jurisdicciones del país que derivarían en un fraude millonario contra la obra social de los jubilados. Infobae tuvo acceso a los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.
Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia.
El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.
Allanamientos y fraude
Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).
La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.
El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.
La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.
Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.
Los casos detectados por las auditorías
En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.
Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:
- Caso 1 M.G.A. UGL Rosario
La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.
Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.
- Caso 2, M.A.C. UGL III Córdoba
Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.
- Caso 3, J.R.C.
La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.
- Caso 4 M.A.D.C.
Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.
- Caso 5 G.M.M.
Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.
- Caso 6 A.R.S.
Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.
- Caso 7 L.B.S.
A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.
La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.
Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.
En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.
En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.
En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante una consulta de Infobae, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
POLITICA
El juez Irurzun da pelea y presenta una medida cautelar para no jubilarse en la Cámara Federal
El juez de la Cámara Federal Martín Iruzun, que cumple 75 años el 18 de julio, no está dispuesto a jubilarse. El Gobierno se negó a enviar su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo porque quiere reformular el tribunal, pero Irurzun está dispuesto a dar pelea y resiste.
Por eso es que presentó una medida cautelar autónoma ante el fuero Contencioso administrativo para que se suspenda la cláusula constitucional que lo obliga a renovar su nombramiento.
Irurzun, que integra la Sala II de la Cámara Federal, argumentó que la cláusula constitucional que lo obligaría a cesar en el cargo a los 75 años es “nula de nulidad absoluta” porque la Convención Constituyente de 1994 se excedió en sus atribuciones al incorporarla.
La presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo del juez Walter Lara Correa, con el patrocinio del abogado Alberto Spota.
El gobierno de Javier Milei no envió hasta el momento el pliego de Irurzun al Senado para que el cuerpo preste el acuerdo que la Constitución exige para renovar el mandato de los jueces que superan esa edad. Sin ese trámite, el magistrado deberá cesar en funciones dentro de poco más de cinco semanas.
El Gobierno quiere refundar la Justicia Federal y aprovechar la jubilación de Irurzun para reconvertir la Cámara Federal, que es un tribunal estratégico para los casos de corrupción, pues tiene la llave para que las causas contra funcionarios –Manuel Adorni, Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei con el caso $LIBRA– prosperen y sigan su camino al juicio, o se congelen.
Con la salida de Iriruzun se piensa llamar a un nuevo concurso que cubra su cargo. El Gobierno ya avanzó esta semana con la cobertura de otros dos cargos en el tribunal, pues el Consejo de la Magistratura aprobó la terna para cubrir las vacantes de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este último podría seguir en su cargo para el que concursó.
El núcleo del planteo de Irurzun es técnico. Sostiene que la cláusula del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo de la Constitución Nacional (que establece que los jueces que cumplan 75 años necesitan un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para continuar en sus cargos, por períodos de cinco años) es un acto nulo porque la Convención Constituyente de 1994 nunca estuvo habilitada para incorporarla.
La ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional y fijó los temas que la Convención podía modificar, autorizó a los convencionales a revisar el mecanismo de designación y remoción de magistrados pero no habilitó establecer un límite de edad para el ejercicio del cargo.
En esa lógica, la cláusula de los 75 años sería un acto nulo desde su origen y, por lo tanto, no podría surtir efecto. La Corte ya se pronunció sobre esta misma cuestión en el precedente relacionado con el juez Leopoldo Schiffrin, de 2017, donde por mayoría convalidó la cláusula constitucional impugnada, revirtiendo así la posición que había adoptado años antes en el caso del juez Carlos Fayt.
Pero Irurzun encontró un resquicio, pues la mayoría en la Corte que formó el precedente “Schiffrin” ya no existe. Con el cese en funciones del juez Juan Carlos Maqueda, que se jubiló a principios al cumplir 75 años, la composición de la Corte cambió y si se planteara hoy un caso análogo no habría mayoría para sostener esa doctrina.
“El estándar de Schiffrin ha desaparecido, lo que impide tenerlo como doctrina vigente de la CSJN”, sostiene el escrito. Irurzun también adelantó que se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a cualquier ministro de la Corte que hubiera participado como Convencional Constituyente en la reforma de 1994 y aprobado la cláusula impugnada, porque no podría pronunciarse con imparcialidad sobre la validez de un acto que él mismo realizó. Alude en rigor al juez Horacio Rosatti.
La urgencia del pedido cautelar está dada por que el 18 de julio Irurzun cumple 75 años. Si para esa fecha no hay una medida judicial que suspenda los efectos de la cláusula constitucional, el magistrado cesará automáticamente en sus funciones. Y ese cese, una vez producido, sería irreversible: no hay mecanismo legal para restituir a un juez a su cargo una vez que fue separado de él por haber alcanzado el límite de edad.
“De no neutralizarse los efectos del precepto en crisis, habrá el dicente de cesar en el cargo y en funciones no bien cumpla los setenta y cinco años de edad, lo que acaecerá el próximo 18 de julio; extremo que supondrá un cuadro de situación irreversible y fatal”, advierte el escrito.
Por esa razón, Irurzun pidió que la cautelar se dicte de inmediato, sin correr traslado a la parte contraria -el Estado- y también impugnó por inconstitucionales varias disposiciones de la ley 26.854 que regulan el régimen de medidas cautelares contra el Estado, en particular las que prevén la bilateralización previa del pedido y el efecto suspensivo del recurso de apelación. En su criterio, esas normas harían imposible la tutela efectiva porque los plazos que insumen son incompatibles con la urgencia del caso.
El debate sobre el límite de edad para los jueces federales tiene antecedentes. El juez Fayt lo planteó en 1999 y obtuvo un fallo favorable que declaró nula la cláusula de los 75 años tal como había sido introducida en 1994. Años después, en 2017, el caso Schiffrin revirtió esa jurisprudencia. Ahora Irurzun intenta abrir un tercer capítulo.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
AFA: ratifican que la Cámara en lo Penal Económico investigará a los presuntos testaferros de la mansión de Pilar
La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, presuntos testaferros de Pablo Toviggino, en la causa que investiga si la lujosa casaquinta de Pilar fue comprada con fondos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Con esta decisión, el máximo tribunal penal federal del país rechazó la pretensión de suspender el trámite del cambio de juzgado hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia y dejó habilitada a la Cámara en lo Penal Económico de la Capital Federal para resolver si la investigación por presunto lavado de activos continúa en Campana o regresa a la ciudad de Buenos Aires.
Los camaristas Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky consideraron que no existe arbitrariedad ni “defectos graves” en la resolución que ellos mismos dictaron el 15 de mayo pasado.
En esa oportunidad, a pedido de la fiscalía, Casación anuló el pase de la causa al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay y ordenó que el conflicto de competencia se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA.
La causa, que ya transitó por tres jueces distintos desde su inicio, investiga si el predio de Villa Rosa, que incluye helipuerto, caballerizas y una flota de autos de colección valuados en más de tres millones de dólares, pertenece en realidad a dirigentes de la AFA y fue adquirido mediante maniobras de lavado de activos.
El fiscal general Gabriel Pérez Barberá ya dictaminó a favor del regreso de la investigación al fuero penal económico porteño.
Leé también: Fuertes cuestionamientos a Adorni: la oposición pide interpelarlo y el PRO publicó un duro comunicado
La defensa de Pantano y Conte había solicitado a los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Cámara en lo Penal Económico, que se abstuvieran de resolver hasta que la Corte Suprema se expida sobre la validez del fallo de Casación del 15 de mayo.
Con el rechazo del recurso extraordinario, esa vía quedó cerrada en esta instancia. Los imputados aún podrían intentar una queja directa ante la Corte.
Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia
- La causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia, se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.
- El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA.
- Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.
- La investigación busca determinar si la compra se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros ligados al dirigente de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. En el expediente también se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma bajo la cual figura la quinta.
- Otro de los elementos analizados por la Justicia es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.
AFA, Pablo Toviggino, casación penal
Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país
El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”
SpaceX logró la mayor salida a la bolsa de la historia: cómo invertir desde Argentina
Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México
El juez Irurzun da pelea y presenta una medida cautelar para no jubilarse en la Cámara Federal
Murió a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey de Tailandia, tras una larga enfermedad
Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno
Reforma laboral: qué cambia para los trabajadores con la revisión de más de 100 convenios colectivos vencidos
La advertencia del economista más escuchado por Milei: «Si Argentina tiene éxito, va a ser cara»
Manuel Adorni y su esposa decidieron acogerse al régimen de “inocencia fiscal” aunque aseguran que no declararán dólares
ECONOMIA2 días agoLa advertencia del economista más escuchado por Milei: «Si Argentina tiene éxito, va a ser cara»
- POLITICA2 días ago
Manuel Adorni y su esposa decidieron acogerse al régimen de “inocencia fiscal” aunque aseguran que no declararán dólares
- POLITICA23 horas ago
“Me parece una vergüenza”: la dura crítica de Victoria Villarruel a la declaración jurada de Manuel Adorni
