POLITICA
Extorsión y fraude en planes sociales: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una megacausa judicial
El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de “coacción y extorsión” contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y “defraudación a la administración pública”, por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este le suministraba, para otros fines.
Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, MTR Histórico, y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras.
Ya se realizaron 24 allanamientos, en los que se secuestraron:
- 104.000 unidades de alimentos sin distribuir.
- Dos toneladas y media de alimentos en mal estado.
- $500.000 en efectivo.
- Un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9mm.
- 47 equipos informáticos y celulares.
- 100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos.
Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya.
Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes.
Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los “indignó”.
En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta por la cual van a ser indagados los sospechosos en cuanto se procese la totalidad de la información y se terminen los peritajes. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia estremecen:
- Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.
- Los obligan a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaban para asistirlos.
- La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.
- Los amenazaban con bajarlos del plan.
- Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas “nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”.
- Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.
- “Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal”.
- La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los “referentes” que abusaban de su poder.
- Después de identificarlos llegaron a decir que “por esto me pueden llegar a matar”.
- Los referentes retenían la mercadería “que bajaba nación, la municipalidad y provincia”. Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.
- Hay víctimas que mencionan que “los referentes”, para inscribirlos en los programas sociales o como una “formalidad para entrar a la orga”, les pedían las claves de Mi Argentina, ANSES, y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.
La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre “las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas”. Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas.
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
Una mujer aseguró: “Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Una segunda relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.
Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles.
No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.
POLITICA
Una sugestiva ausencia de Messi y el cambio de sede repentino: los detalles de la demanda contra la AFA en Miami
El 27 de agosto del año pasado, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia firmó un contrato con la empresa VID Music Group para organizar los dos amistosos de la Selección argentina en la ventana de octubre. Los organizadores invirtieron US$7 millones pero exigieron la presencia de Lionel Messi en los dos partidos. “AFA garantiza que Lionel Messi participará al menos 30 minutos en cada uno de los dos partidos, salvo en los casos de lesión, enfermedad o causa de fuerza mayor debidamente acreditada”, decía el contrato. Tapia aceptó las condiciones y ahora enfrenta una demanda millonaria en los tribunales de Miami, a menos de dos meses del Mundial.
En la ventana de octubre, la Selección argentina enfrentó a Venezuela (1 a 0) y a Puerto Rico (6 a 0). Messi vio el primer partido desde la tribuna y al día siguiente dijo presente en el encuentro entre el Inter Miami y Atlanta, por la MLS. Ese partido era importante para su equipo porque le daba la ventaja de jugar en su estadio en la primera ronda de los playoffs.
La ausencia de Messi en el primer amistoso desencadenó un reclamo de los organizadores. Según consta en la presentación judicial, a la que tuvo acceso , la AFA se comprometió a pagar US$1 millón por ese incumplimiento en un plazo de 30 días. Nunca lo hizo. La empresa VID Musica Group asegura que también perdió US$1.200.000 por el cambio de sede del segundo partido.
La demanda civil se presentó en el Tribunal del 11 Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida. Los organizadores apuntaron a la AFA, pero también a Messi, y a un agente FIFA identificado como Julian Capelan, a quien acusan de haber cobrado US$250.000.
En el contrato para los dos amistosos de octubre, que aparece en la demanda como anexo “A”, la empresa especificó que el capitán de la Selección tenía que jugar los dos partidos. La cláusula 1.2 determinaba que “la participación de Lionel Messi constituye una condición esencial de este contrato y una de las razones principales por la que las partes lo celebran”. Solo estaba justificada su ausencia con un certificado médico, una suspensión de la FIFA o la Conmebol, o alguna circunstancia de fuerza mayor como una emergencia familiar o hasta una catástrofe natural. Nada de eso ocurrió.
La misma cláusula, que ahora es clave para pedir un resarcimiento, detallaba que la penalidad por incumplir esa condición era “el equivalente al 25% de la prima correspondiente”. La empresa, por su parte, se comprometía a pagar US$ 7 millones: el 50% dentro de los diez días de celebrado el contrato y el saldo 72 horas antes del primer partido.
El contrato fue enviado por VID Music Group -una empresa que se especializa en espectáculos musicales- a la AFA el 26 de agosto. Llevaba la firma de su presidente, Javier Fernández. Apenas un día después, fue aceptado por Tapia. “En mi carácter de presidente de la AFA, aceptamos en todos sus términos vuestra única oferta de fecha 23 de agosto de 2025 por la cual la oferente, en su carácter de organizadores de eventos musicales y deportivos, propone organizar dos partidos internacionales de carácter amistoso entre la Selección Nacional A de Argentina y Venezuela y otro rival a determinar”, dice una nota que lleva el membrete de la AFA y la firma de Tapia.
La presentación judicial plantea que la ausencia de Messi en el partido contra Venezuela, que la Selección ganó con un gol de Gio Lo Celso, generó un fracaso comercial. “La ausencia de Messi en el amistoso contra Venezuela afectó directamente la asistencia, que se redujo a tan solo unas 15.000 personas», dice la demanda de 25 páginas.
Además de la venta tickets, la ausencia de Messi afectó la recaudación que provenía de los acuerdos con los sponsors y los derechos de transmisión. “La ausencia de Messi en el amistoso inicial del 10 de octubre de 2025 contra Venezuela afectó seriamente los partidos posteriores, ya que el público en general perdió la confianza en su asistencia”, aseguran los abogados de la empresa organizadora.
El segundo partido también generó una controversia porque inicialmente se iba a jugar en la ciudad de Chicago. Al final se disputó en el estadio de Fort Lauderdale, muy cerca de Miami. “El demandante se vio obligado a contratar proveedores específicos para organizar los vuelos, el transporte terrestre, el alojamiento en hoteles, el lugar de entrenamiento de los jugadores y otros servicios. Al momento de programar el partido, la ciudad de Chicago sufría disturbios civiles y graves problemas de seguridad pública que afectaron significativamente la posibilidad de celebrar el partido de forma segura y perjudicaron la venta de entradas”, se puede leer en el punto 62 de la demanda.
Según la empresa VID Music Group, que está convocando a una conferencia de prensa el próximo martes en Miami para explicar los detalles de la controversia, el cambio de sede le generó otra pérdida de US$1.200.000 porque solo se vendieron 21.500 tickets.
“Estamos muy entusiasmados. Es un premundial. Vamos a hacer los últimos cuatro juegos de AFA (antes del Mundial). Son los últimos cuatro juegos de Messi con AFA, está confirmado para el juego (de Venezuela)”, contaba en ese momento Cristian Valdez, vicepresidente de VID Music, en una entrevista con el programa “Con Sabor argentino” por la AM 1040.
El contrato para los dos amistosos de octubre no fue el único. La presentación judicial ante la Justicia de Miami contiene como anexo ‘B» otro contrato, también firmado por Tapia el 27 de agosto, para los dos amistosos de junio, en la previa del Mundial. “Al momento de firmar el Contrato AFA de junio de 2026, Tapia le había dicho específicamente al demandante que Argentina jugaría contra selecciones sudamericanas, incluyendo México, Honduras, Chile, Perú o Brasil“, recuerda la demanda. Al final, los rivales serán Honduras e Islandia.
El primer partido será el sábado 6 de junio, en el Kyle Field de College Station (Texas), y el segundo, el martes 9, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn (Alabama). Ambos encuentros se jugarán con la lista definitiva ya resuelta.
La inversión para organizar esos dos encuentros estaba pautada en US$10.000.000.
Ese contrato hoy esta caído. Desde la AFA le confirmaron a que los próximos amistosos están a cargo de otra empresa “que ya organizó los partidos de la Selección”.
¿Por qué una empresa de espectáculos musicales terminó conectada con la AFA?. La presentación judicial menciona el rol como intermediario de Tomás Regalado, designado el año pasado por Tapia como embajador de la AFA en Miami y en Estados Unidos. En ese momento, la entidad destacó a través de un comunicado que Regalado “cuenta con una destacada trayectoria en liderazgo en los ámbitos de los medios de comunicación y las relaciones públicas e internacionales”.
Además de la AFA y de Messi, la demanda apunta al agente FIFA Julian Capelan, quien, según los organizadores, cobró US$250 mil pese a que tenía su licencia vencida. “A pesar de que la licencia de agente de partidos de la FIFA de Kapelan estaba vencida en ese momento, se presentó ante el demandante como un intermediario autorizado en relación con la organización de los partidos de exhibición internacionales de la Selección Argentina”, cuenta la demanda.
Capelan había firmado un contrato con VID Music que establecía un pago adicional de otros USS100.000 si se vendían más del 85% de las entradas. Ante el fracaso comercial, terminó cobrando un fee de US$250.000. Todo en efectivo.
los rivales serán Honduras e Islandia.,Nicolás Pizzi,AFA,Lionel Messi,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,¿Es justa la cantidad? AFA suspendió por cuatro fechas a Marcos Rojo a raíz de la expulsión ante River y el insulto al árbitro,,»Representación negligente». Demandaron a Messi y a la AFA por no haber jugado un amistoso en Estados Unidos,,“Falta de respeto al juego”. Desde este fin de semana ya no se podrá pisar la pelota con ambos pies: el motivo y las sanciones
POLITICA
Advierten sobre conflictos territoriales mapuches sin resolver en la Patagonia y el surgimiento de nuevas disputas
La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.
La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.
El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.
“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos” advirtió Trebino.
En ese sentido, en Villa la Angostura, la construcción de una ruta nacional se vio afectada por la instalación de una conflictiva comunidad mapuche, que incluso –años atrás– se adjudicó la vandalización de las máquinas viales que utilizaban para su ejecución. Vecinos de la localidad turística aseguran que “la comunidad Paicil Antriao se instaló en la traza de la ruta, cuando se enteró por dónde iba a pasar el recorrido. A partir de ahí dice que estuvo toda la vida y reclama resarcimientos económicos, lotes y otros beneficios inmobiliarios y económicos”.
En la misma provincia existen nuevos conflictos territoriales con mapuches, a partir de la expansión de Vaca Muerta. En ese caso, el director ejecutivo planteó que “hay oportunismo, extorsión, especulación inmobiliaria y económica. Lo que no hay es preexistencia ancestral”.
Los cruces entre empresas que brindan servicios petroleros son constantes y regularmente comunidades evitan el paso de camiones, afectando así la producción hidrocarburífera.
La situación es similar entre Río Negro, Chubut y Neuquén, aunque es en esta última provincia donde los conflictos reciben el peor tratamiento. El gobierno provincial desafía a la Justicia e incluso, poco antes de concretar un allanamiento, convoca a quienes deberían ser expulsados de territorios usurpados para garantizar su permanencia en predios ajenos.
Trebino aseguró que desde la asunción del gobierno de Javier Milei “hubo un cambio actitudinal positivo, aunque los conflictos no cesaron, sino que recrudecieron y surgieron nuevas situaciones”.
En Río Negro no se registraron nuevos casos, en territorio provincial, mientras que dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi aún existen secuelas de la usurpación masiva de Villa Mascardi.
Los predios públicos y privados usurpados en el paraje, que está a 35 kilómetros de Bariloche, fueron desalojados en octubre de 2022 aunque aún Parques Nacionales no puede recuperar el control de las tierras.
Incluso, denunció Trebino, aún se erige la estructura de madera que instaló la comunidad Lafkwn Winkul Mapu durante la usurpación de tierras fiscales, la cual se conserva por decisión de la Justicia Federal.
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POLITICA
“Que alguien le dé un tiro en la frente”: comienza el juicio contra una mujer de Entre Ríos que amenazó a Macri
“¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, escribió Stefanía Belén Troncoso. Su comentario era uno de los tantos que había en la noticia que anticipaba la visita presidencial del entonces mandatario Mauricio Macri en el muro del medio local Elonce.com. Este viernes 17 se realizará el juicio en su contra. Enfrentará una pena de entre 2 y 6 años.
Macri arribó por 13ª vez a Entre Ríos el 17 de julio de 2019. Ese día participó de la inauguración de maquinarias en un frigorífico cercano a la capital de la provincia Paraná. El contexto era poco favorable. Había caída de reservas internacionales, el riesgo país trepaba a 900 puntos, la inflación interanual acumulaba una suba del 54,4 % y el peso se había devaluado un 10 % desde marzo.
En ese contexto llegaría a las primarias de agosto acompañado de Miguel Ángel Pichetto como vice en la fórmula. Enfrente estarían quienes luego ganarían los comicios, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras el entonces mandatario recorría las instalaciones de la nueva línea de faenado, dos personas llamaron al 0800 del Ministerio de Seguridad y advirtieron del posteo de Troncoso.
El caso se derivó a la Policía Federal. La fuerza conducida por Néstor Roncaglia (hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos) radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. El magistrado, por una cuestión de competencia territorial, derivó las actuaciones a su par de Paraná, Leandro Ríos.
Troncoso es una mujer joven. Su padre era miembro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). El comentario que formuló quedó encuadrado en los lineamientos que había fijado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tolerancia cero.
A raíz del episodio de un muchacho que posteó en Twitter una foto con balas y el nombre del presidente, la actual senadora había manifestado: “La política del Gobierno es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia”.
“Avanzamos con los departamentos de cibercrimen y con las denuncias a la línea 0800 del ministerio. Cuando esto ocurre, inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados”, sentenció en la oportunidad.
Cómo continuó el caso
Cuando el expediente llegó a Paraná, pasó al fiscal Carlos García Escalada. El funcionario calificó de “grave” el incidente y solicitó la indagatoria de la mujer. Esta primera declaración se realizó el 3 de agosto de 2020 y la acusada prefirió guardar silencio. El juez Ríos resolvió procesarla el 14 de diciembre de ese año.
La defensa apeló la determinación, pero la Cámara de Apelaciones de Paraná ratificó lo decidido por el magistrado el 29 de abril de 2021. Durante la instrucción se produjeron una serie de pruebas que incrementaron el grosor del expediente.
Las fojas se fueron sumando con informes de empresas de telecomunicaciones, declaraciones testimoniales, informes de antecedentes penales e incluso un socio ambiental de Troncoso.
La acusada, en medio de la investigación, pidió declarar. En esa exposición confirmó que la cuenta desde la que se produjo la amenaza era de ella. Pero alegó que se la habían hackeado. Su defensa no presentó ningún elemento material para fundar el planteo.
Fue la Fiscalía la que pidió un peritaje de la cuenta. No se encontraron indicios que permitan sostener el argumento defensivo.
Troncoso está siendo representada por la Defensa Pública. Sus letrados pidieron el lunes el sobreseimiento por vulneración del plazo razonable. El fiscal José Ignacio Candioti se opuso y el juez que intervendrá en el juicio, Sebastián Gallino, rechazó el planteo. Horas antes de que se produzca la audiencia, la Defensa interpuso un pedido de probation. Será analizado a las 11 hs del viernes. Si hay acuerdo, se dispondrán medidas alternativas. De lo contrario, comenzará el juicio.
Los antecedentes marcan que la Justicia Federal no condenó a quienes realizaron amenazas a través de redes sociales contra Macri. En abril de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi absolvió a un grupo de tuiteros. El magistrado consideró que los posteos fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”.
Además, evaluó que formaron parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional”. En esa línea, sopesó que se hicieron “sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.
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