POLITICA
Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos
Después de la ampliación declaratoria de Ariel García Furfaro, el propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, que se prolongó casi trece horas distribuidas en tres días, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se encuentra en condiciones de ampliar los procesamientos que ya pesan sobre los 13 imputados, ya no por el fallecimiento de 20 pacientes de clínicas y hospitales que recibieron tratamiento con fentanilo HLB Pharma contaminado con dos tipos de bacterias, sino por 114 muertes y 49 víctimas que fueron dadas de alta y quedaron con secuelas, en dos de ellas graves. Se trata de una causa clave por la envergadura de los hechos y la necesidad de conocer la responsabilidad de cada uno de los presuntos responsables de la mayor tragedia sanitaria del país.
En sus dichos defensivos, el imputado, asesorado por el abogado penalista Gastón Marano, volvió a negar su participación en los hechos. Insistió en un sabotaje, es decir que alguien introdujo las bacterias en la línea de envasado de exprofeso. Dijo que alguien podría haber retirado uno de los tres filtros de la línea de llenado de las ampollas del anestésico, que debería ser estéril.
Ariel García Furfaro volvió a solicitar la pericia sobre el moderno aparato valuado, según precisó, en tres millones de dólares. Para él, esa prueba es “clave”. También volvió a introducir el nombre de un colaborador con quien tenía desavenencias como el autor intelectual de la contaminación. Y, sin dar mayores precisiones, afirmó que se orquestó una campaña mediática en su contra, con la difusión de noticias falsas desde un servidor, una computadora, cuya IP estaba ubicada en Rusia.
Es potestad del magistrado avanzar o no con las sospechas —que no son nuevas— introducidas por el principal sospechoso de la mayor tragedia sanitaria del país, ubicada a la altura del siniestro de Once y del boliche Cromañón.
¿Cómo sigue la causa?
Con el acto defensivo de Ariel García que finalizó el miércoles 29, y después de evaluar los dichos de cada uno de los imputados —la mayoría se negó a responder preguntas y se remitió a la primera indagatoria—, el magistrado estaría en condiciones de elevar el expediente a juicio oral.
Antes deberá esperar la resolución de la instancia superior, ya que es muy probable que las defensas apelen el auto tomado por el juez de primera instancia, que ya procesó y embargó a:
Ariel Fernando García. Accionista mayoritario de HLB Pharma y propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo. El juzgado lo considera la figura central de la tragedia sanitaria. Se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de la operación de ambos laboratorios, el conocimiento pleno de las deficiencias productivas, la orden de producción de los lotes contaminados y la destrucción de prueba digital. También se le imputa la omisión del recupero farmacéutico. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 1.000.000.000.000 (un billón de pesos). Está detenido.
Diego Hernán García (hermano de Ariel). Responsable de Laboratorios Ramallo. Fue quien impartió directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. Se acreditó su presencia cotidiana en el laboratorio y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 500.000.000.000. Está detenido.
Nilda Furfaro. Madre de los García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma. Prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Embargada por $ 500.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán. Director General de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Persona de máxima confianza de los García, con capacidad de decisión sobre la operación de ambas plantas. Ordenó el borrado de servidores el día posterior a que la droguería alertara sobre el problema del fentanilo contaminado. Impartía directivas al personal técnico y participó de reuniones clave tras el estallido del escándalo. Procesado como coautor. Embargado por $ 500.000.000.000. Está detenido.
José Antonio Maiorano. Director Técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024. Fue quien firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. Declaró haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Embargado por $ 100.000.000.000. Está detenido.
Carolina Ansaldi. Directora Técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023. Firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados. Fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en las inspecciones previas. Optó por no declarar en indagatoria. Procesada como coautora. Embargada por $ 100.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria. Procesados sin prisión preventiva (en libertad con restricciones).
María Victoria García. Gerente de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo. Firmó los registros de fabricación de ambos lotes contaminados. Conocía la manipulación de la documentación y la producción “en el aire”. Procesada como coautora. Embargada por $50.000.000.000.
Wilson Daniel Pons. Jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo. Verificó y firmó los batch records de los lotes contaminados 31202 y 31244. Su celular contenía abundante evidencia de las irregularidades que conocía. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Adriana Iúdica. Subjefa de Control de Calidad, a cargo del control microbiológico. Reconoció que un ensayo de esterilidad del lote 31202 había dado positivo de contaminación, pero no lo reportó. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de ambos lotes como “sin observaciones”. Procesada como coautora. Embargada en $100.000.000.000.
Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Gerente de Producción y Mantenimiento. Firmó las órdenes de producción de los lotes contaminados. Recibía directivas de Diego García sobre qué producir. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar. Jefa de Garantía de Calidad. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de los lotes contaminados. Sus funciones incluían controlar el cumplimiento de las BPF y revisar los batch records. Procesada como coautora. Embargada en $ 10.000.000.000.
Rocío del Cielo Garay. Supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad. Firmó protocolos de análisis de agua para inyectables con discrepancias. Participó en conversaciones que evidencian su conocimiento de las irregularidades y de la falsificación de registros. Procesada como coautora. Embargada en $10.000.000.000.
Eduardo Darchuk. Jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen (SPPV). Recibió y ejecutó la orden de producción del fentanilo. Firmó los batch records de los lotes contaminados. Procesado como coautor. Embargado en $50.000.000.000.
Principales cuestionamientos sobre los procesados
El juzgado identificó una serie de conductas que agravan la responsabilidad de los imputados:
- Sistemático incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), pese a haber recibido 118 reportes de farmacovigilancia entre 2018 y 2024 y cinco inspecciones de la ANMAT con deficiencias críticas.
- Fabricación de medicamentos sin documentación válida: los batch records fueron confeccionados ex post facto y no reflejaban la realidad del proceso productivo.
- Omisión del recupero farmacéutico (recall): los responsables no retiraron el medicamento del mercado pese a conocer la contaminación desde el 5 de mayo de 2025, y delegaron esa tarea en el juzgado.
- Destrucción de prueba: borrado de servidores del laboratorio por orden de Tchukrán el 6 de mayo de 2025; cambio de dispositivos celulares por parte de Ariel García.
- Producción bajo clausura administrativa: el fentanilo se fabricó en diciembre de 2024 mientras la ANMAT inspeccionaba el laboratorio y había detectado deficiencias críticas.
- Ensayos de esterilidad inválidos: se analizaban hasta ocho lotes distintos en un solo ensayo, en contradicción con el método validado, lo que generaba resultados falsos negativos.
- Falsificación de registros: el personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
Irregularidades en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma
En Laboratorios Ramallo SA:
- Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por ANMAT (deficiencia crítica detectada en la inspección de noviembre-diciembre de 2024).
- Falta de libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados (deficiencia crítica).
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo (deficiencia crítica).
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos de producción, con intervalos de sanitización insuficientes (entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados).
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino, según análisis realizados por el propio jefe de Control de Calidad.
- Antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en 2023, no reportado adecuadamente.
- Personal de producción que permanecía hasta 8 horas continuas en áreas asépticas críticas, con el consiguiente aumento del riesgo de contaminación particulada.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del media fill (ensayo de simulación del proceso aséptico), en violación de las BPF.
En HLB Pharma Group SA:
- Entre 2018 y 2024, la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad de productos HLB, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos.
- En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado; en 3 ocasiones se prohibió el uso y comercialización de medicamentos.
- La empresa fue hallada comercializando medicamentos elaborados en áreas sin habilitación y con envases no autorizados desde al menos agosto de 2024.
- El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar “cansado de la cantidad de retiros que había” y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”.
- Ariel García presentó en 2022 un recurso de reconsideración calificando el procedimiento de entrevista de la ANMAT como una “verdadera emboscada”, lo que revela una actitud de confrontación con el organismo regulador en lugar de corrección de las deficiencias.
- La firma comercializó el lote 31202 sin realizar el recupero efectivo, y se limitó a enviar un correo electrónico a las droguerías el 9 de mayo de 2025, un día después de que la ANMAT emitiera la alerta pública.
Investigar a la ANMAT
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, en su dictamen presentado el 14 de mayo de 2025, cuestionó y pidió investigar a la ANMAT y al INAME por los siguientes hechos:
1. Información dispersa, parcial y de difícil acceso. La resolución judicial —que recoge el planteo de la fiscalía y del juzgado— señala que, desde el inicio de la causa, el suministro de información por parte de la ANMAT fue “disperso, poco sistemático, de difícil acceso y, por sobre todas las cosas, parcial en muchos aspectos”.
2. La ANMAT tardó en acusar recibo de la alerta del hospital. El Hospital Italiano de La Plata comunicó el problema a la ANMAT el viernes 2 de mayo de 2025, pero el organismo “no acusó recibo sino hasta el lunes 5”. Es decir, demoró tres días en responder ante una alerta de contaminación microbiana en medicamentos inyectables.
3. El INAME realizó ensayos en un laboratorio cuestionado. La resolución —en voz del propio Ariel García durante su indagatoria, pero sin que la fiscalía lo rebata— señala que los análisis se realizaron en el laboratorio Gobbi Novag, “un laboratorio que estuvo procesado en el penal económico por mentirle al ANMAT”. La fiscalía no impugna este dato en la resolución. En su defensa, García Furfaro aduce que, además, es un laboratorio “de la competencia” y que desde la salida del mercado de HLB Pharma, gana millones de dólares.
4. Falta de trazabilidad del fentanilo: responsabilidad normativa de la ANMAT. La resolución indica que el fentanilo no estaba comprendido en la Disposición N° 10564/2016 de la ANMAT, lo que impedía su trazabilidad individual. Esto es identificado como “el primer obstáculo” de la investigación y se atribuye a una omisión regulatoria del organismo: “la ausencia de un mecanismo de registración de las ampollas del medicamento impide su individualización”.
5. El sistema de formularios en papel es “obsoleto e insuficiente”. La resolución señala que el sistema vigente, establecido por la Ley N° 17.818 y aún en vigor, “resulta a todas luces obsoleto e insuficiente”, en alusión directa a la falta de informatización que la ANMAT no había corregido.
6. El recall lo tuvo que hacer el juzgado, no la ANMAT ni el laboratorio. La resolución establece que la tarea de recupero de casi un millón de ampollas “debió ser suplida por este juzgado” ante la inactividad tanto del laboratorio como de la ANMAT. El organismo reiteró la solicitud al laboratorio, pero “esta tarea debió ser suplida por este juzgado, mediante el libramiento de oficios a los Ministerios de salud de todo el país”.
7. Inspecciones sin seguimiento efectivo. La resolución documenta que tras inspecciones realizadas en febrero-marzo de 2022 y diciembre de 2023-enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas y mayores, pero “no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto” por el laboratorio.
8. Antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB (2023): la ANMAT no actuó. La resolución describe que en septiembre de 2023 el Instituto Médico Quirúrgico Garat (Entre Ríos) reportó cuatro casos de fiebre tras la aplicación de Dexametasona HLB contaminada con Ralstonia mannitolilytica y Ralstonia insidiosa. El INAME analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria. En consecuencia, “la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote”. La resolución concluye que “estas circunstancias hacen muy difícil aceptar que los responsables y el personal técnico ignoraran por completo el desvío”.
La resolución judicial del juez Kreplak, que va más allá del requerimiento fiscal inicial, plantea implícitamente la necesidad de investigar:
- Por qué la ANMAT no incorporó el fentanilo al sistema de trazabilidad (Disposición 10564/2016).
- Por qué el INAME no realizó seguimiento tras las inspecciones con hallazgos críticos.
- Por qué ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona (2023), el INAME no ordenó medidas sobre el laboratorio que luego produjo el fentanilo contaminado.
Los próximos diez días hábiles serán claves para conocer el impulso final de una causa que es imprescindible llegue a la verdad y al castigo de los responsables.
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El presidente Javier Milei ratificó ayer a Manuel Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político después del revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.
En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.
En las últimas horas, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).
Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.
En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso. Por un lado, los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) hicieron una denuncia contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje que hizo el jefe de Gabinete en un chárter privado en el feriado de Carnaval junto a su mujer, sus hijos y su amigo Grandio.
El expediente recayó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.
Lijo y Pollicita ya verificaron que el viaje de ida fue costeado por Imhouse SA, de Grandio, amigo del ministro coordinador. El misterio gira en torno a quién pagó el tramo de vuelta.
Es que fuentes judiciales confirmaron a que ese viaje forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona: Agustín Issin Hansen, quien tiene domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático para pedir información al vecino país.
En simultáneo, Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la OA.
La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito recayó en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini.
La exlibertaria también radicó una presentación judicial contra el jefe de Gabinete en la que reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE, que se dedica al “coaching ontológico” y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.
Anteriormente, Pagano había denunciado a Adorni por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz del viaje de su esposa a Nueva York. Esa presentación está en manos del juez Daniel Rafecas.
Entre tanto, el abogado Gregorio Dalbón, que supo representar a Cristina Kirchner y la AFA, denunció a Adorni por haber subido a su esposa al avión presidencial durante el viaje de Estado de Milei por el Argentina Week. Según Dalbón, ese hecho “podría configurar la comisión del delito de malversación de caudales públicos y/o utilización indebida de bienes del Estado por parte de un funcionario público nacional”. Ese expediente recayó en el juzgado que subroga Lijo.
“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, justificó Adorni, quien también enmarcó las acusaciones en una maniobra para desprestigiar el encuentro empresario en Nueva York.
En ese marco, Adorni también enfrenta pedidos de informes y de interpelación en el Congreso que fueron impulsado por integrantes de la oposición.
Las presentaciones fueron realizadas por Paulón y el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez.
“El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, señala la solicitud impulsada por el kirchnerismo.
Desde la bancada opositora reclamaron que se informen el “traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York”. A su vez, pidió datos del viaje de Adorni a Uruguay “en una aeronave privada […] debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento”.
reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024,denuncia penal,Conforme a
POLITICA
El Gobierno anunció que el lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará una conferencia y anticipó que reabrirá la sala de prensa
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a dar una conferencia de prensa en Casa Rosada este lunes a las 11. Su regreso se produce tras su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
La decisión, confirmada a TN por fuentes oficiales, vino acompañada de la reapertura de la sala de periodistas de la Casa Rosada, que estuvo clausurada una semana como medida “preventiva por espionaje ilegal”.
“Se hizo una revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación: todo lo que se tiene que revisar para garantizar la seguridad del Presidente”, explicaron en Balcarce 50 sobre la decisión de reabrir la sala.
La última conferencia que dio Adorni fue hace 40 días, cuando dejó algunas definiciones sobre su situación patrimonial.
La defensa de Adorni en su informe de gestión y la decisión de recuperar el control de la agenda
Este miércoles, Adorni presentó su informe de gestión como jefe de Gabinete por primera vez. Fue ante la Cámara de Diputados y respaldado por el Presidente y el Gabinete.
“Han sacado conclusiones equivocadas: no cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, subrayó el ministro coordinador. A su vez, sostuvo que “no existió ocultación alguna” en sus declaraciones juradas y remarcó que todos los detalles de su patrimonio se clarificarán en su próxima presentación, cuyo plazo aún no venció.
Además, respecto a la propiedad de la familia Adorni en el Country Indio Cuá, el funcionario señaló en la respuesta N°1780 de su informe que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar están incluidos en un anexo reservado de su declaración jurada, un apartado de carácter confidencial según la ley de ética pública.
Así, tras haber sorteado la prueba ante la oposición en la Cámara de Diputados, -con resultados satisfactorios para el Gobierno- el jefe de Gabinete busca recuperar la iniciativa comunicacional con anuncios que permitan reactivar la gestión e impulsar la agenda del Ejecutivo.
Entre los temas centrales, la Casa Rosada debe definir la estrategia para reunir los votos para la reforma electoral, que genera diferencias con los bloques aliados, además de enviar el pendiente proyecto de reforma del Código Penal.
En paralelo, otras iniciativas como la Ley de Discapacidad, Hojarasca, la reforma de Salud Mental, Propiedad privada e incluso los pliegos para los puestos judiciales aguardan la orden del Ejecutivo para ponerse en marcha.
Manuel Adorni, Casa Rosada
POLITICA
Ley de glaciares: convocan a protestar frente al Congreso por el recorte en las audiencias públicas
La reforma de la ley de glaciares desembarca hoy en Diputados envuelta en polémica. Las audiencias públicas, para las que se anotaron más de 100.000 inscriptos, arrancarán bajo un esquema acotado: el oficialismo dispuso que solo los primeros anotados por provincia podrán exponer ante los legisladores.
El recorte activó la reacción de organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La cita será a las 17, frente al Congreso.
Adhirieron a la movilización diferentes espacios de la oposición, como parte del PJ, la Izquierda, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. También, representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, cuya participación fue coordinada por el espacio Patria Grande, del diputado Juan Grabois.
Según pudo saber , la convocatoria está nucleada en la denominada campaña “La Ley de Glaciares No Se Toca”, que reúne a movimientos socioambientales de las provincias y la Ciudad.
El debate por los ajustes en la ley de glaciares se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente. Las audiencias públicas son el paso previo a que los legisladores debatan el detalle de la reforma en comisiones. El último filtro es el recinto.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado, aprobado por 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. La iniciativa contó en esa ocasión con el apoyo de ocho radicales, un referente de Pro, los aliados provinciales de Javier Milei y dos referentes del PJ: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Es decir, fracturó a la oposición, algo que podría volver a ocurrir en este nuevo debate. A diferencia de Diputados, en el Senado no se realizaron audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía.
Para administrar los tiempos de discusión, Mayoraz y Peluc definieron dos audiencias públicas: una presencial este miércoles y otra virtual al día siguiente. Ambas con nueve horas de debate, desde las 10 hasta las 19. Habrá casi 200 oradores por jornada, sólo aquellos que “se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción”. Al resto, señalaron en el oficialismo, se les informó que no vayan. Argumentaron que este procedimiento “garantizará la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal”.
Para el resto de los anotados, los libertarios definieron que podrán enviar un escrito o video de no más de cinco minutos a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. “Las presentaciones en video quedarán registradas para su registro permanente”, aseguraron Peluc y Mayoraz.
Esta dinámica enfureció a la oposición y a las organizaciones socioambientales, que reclamaron ampliar las jornadas de discusión. Pero el oficialismo se negó a modificar su esquema.
Una medida cautelar fue impulsada el jueves en la Justicia por organizaciones ambientalistas para “readecuar el cronograma” de las audiencias para garantizar la participación “oral y efectiva” de todas las personas inscriptas. Subraya que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos incompatibles con los estándares más elementales de participación pública”. Por último, piden designar veedores que supervisen el desarrollo del debate. Recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Podría haber novedades el mismo miércoles o jueves, informaron a .
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cargó contra el oficialismo por el manejo de la audiencia pública: “Nos preocupa el manoseo de la democracia. Miles de personas se inscribieron, dejaron sus datos y estaban dispuestas a participar, pero de forma arbitraria los presidentes de comisión y Martín Menem resolvieron elegir a dedo a apenas 300 expositores: menos del 0,3%”.
“Ni siquiera ampliaron el cronograma -advirtió-. Hay mucha gente muy activa que hoy está profundamente decepcionada. Creemos que esto viola el reglamento, el Acuerdo de Escazú y los mecanismos constitucionales de participación, además de la Ley General del Ambiente.”
Viale anticipó una posible judicialización. “Vamos a ir igual, con una silla, a esperar nuestro turno en la puerta”, lanzó. Y cerró con una crítica al diseño del proceso: “Había alternativas razonables, como extender los plazos o llevar audiencias a las provincias. Pero eligieron el camino exprés, como si fuera un trámite”.
Mayoraz salió a responder los cuestionamientos desde su cuenta de X. Sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”. Según él, no se dispusieron restricciones a la participación. Por el contrario, defendió que se trató de “un mecanismo de máxima apertura”: “Cualquier ciudadano, desde cualquier rincón del país, puede hacer llegar su posición por escrito o en formato audiovisual”. Cerró con una chicana: “¿Dónde está la restricción? No existe. Puro relato”.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
ley de glaciares,pic.twitter.com/CwFHI4G2kt,March 23, 2026,March 20, 2026,Conforme a
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