POLITICA
Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos
Después de la ampliación declaratoria de Ariel García Furfaro, el propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, que se prolongó casi trece horas distribuidas en tres días, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se encuentra en condiciones de ampliar los procesamientos que ya pesan sobre los 13 imputados, ya no por el fallecimiento de 20 pacientes de clínicas y hospitales que recibieron tratamiento con fentanilo HLB Pharma contaminado con dos tipos de bacterias, sino por 114 muertes y 49 víctimas que fueron dadas de alta y quedaron con secuelas, en dos de ellas graves. Se trata de una causa clave por la envergadura de los hechos y la necesidad de conocer la responsabilidad de cada uno de los presuntos responsables de la mayor tragedia sanitaria del país.
En sus dichos defensivos, el imputado, asesorado por el abogado penalista Gastón Marano, volvió a negar su participación en los hechos. Insistió en un sabotaje, es decir que alguien introdujo las bacterias en la línea de envasado de exprofeso. Dijo que alguien podría haber retirado uno de los tres filtros de la línea de llenado de las ampollas del anestésico, que debería ser estéril.
Ariel García Furfaro volvió a solicitar la pericia sobre el moderno aparato valuado, según precisó, en tres millones de dólares. Para él, esa prueba es “clave”. También volvió a introducir el nombre de un colaborador con quien tenía desavenencias como el autor intelectual de la contaminación. Y, sin dar mayores precisiones, afirmó que se orquestó una campaña mediática en su contra, con la difusión de noticias falsas desde un servidor, una computadora, cuya IP estaba ubicada en Rusia.
Es potestad del magistrado avanzar o no con las sospechas —que no son nuevas— introducidas por el principal sospechoso de la mayor tragedia sanitaria del país, ubicada a la altura del siniestro de Once y del boliche Cromañón.
¿Cómo sigue la causa?
Con el acto defensivo de Ariel García que finalizó el miércoles 29, y después de evaluar los dichos de cada uno de los imputados —la mayoría se negó a responder preguntas y se remitió a la primera indagatoria—, el magistrado estaría en condiciones de elevar el expediente a juicio oral.
Antes deberá esperar la resolución de la instancia superior, ya que es muy probable que las defensas apelen el auto tomado por el juez de primera instancia, que ya procesó y embargó a:
Ariel Fernando García. Accionista mayoritario de HLB Pharma y propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo. El juzgado lo considera la figura central de la tragedia sanitaria. Se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de la operación de ambos laboratorios, el conocimiento pleno de las deficiencias productivas, la orden de producción de los lotes contaminados y la destrucción de prueba digital. También se le imputa la omisión del recupero farmacéutico. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 1.000.000.000.000 (un billón de pesos). Está detenido.
Diego Hernán García (hermano de Ariel). Responsable de Laboratorios Ramallo. Fue quien impartió directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. Se acreditó su presencia cotidiana en el laboratorio y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 500.000.000.000. Está detenido.
Nilda Furfaro. Madre de los García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma. Prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Embargada por $ 500.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán. Director General de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Persona de máxima confianza de los García, con capacidad de decisión sobre la operación de ambas plantas. Ordenó el borrado de servidores el día posterior a que la droguería alertara sobre el problema del fentanilo contaminado. Impartía directivas al personal técnico y participó de reuniones clave tras el estallido del escándalo. Procesado como coautor. Embargado por $ 500.000.000.000. Está detenido.
José Antonio Maiorano. Director Técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024. Fue quien firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. Declaró haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Embargado por $ 100.000.000.000. Está detenido.
Carolina Ansaldi. Directora Técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023. Firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados. Fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en las inspecciones previas. Optó por no declarar en indagatoria. Procesada como coautora. Embargada por $ 100.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria. Procesados sin prisión preventiva (en libertad con restricciones).
María Victoria García. Gerente de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo. Firmó los registros de fabricación de ambos lotes contaminados. Conocía la manipulación de la documentación y la producción “en el aire”. Procesada como coautora. Embargada por $50.000.000.000.
Wilson Daniel Pons. Jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo. Verificó y firmó los batch records de los lotes contaminados 31202 y 31244. Su celular contenía abundante evidencia de las irregularidades que conocía. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Adriana Iúdica. Subjefa de Control de Calidad, a cargo del control microbiológico. Reconoció que un ensayo de esterilidad del lote 31202 había dado positivo de contaminación, pero no lo reportó. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de ambos lotes como “sin observaciones”. Procesada como coautora. Embargada en $100.000.000.000.
Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Gerente de Producción y Mantenimiento. Firmó las órdenes de producción de los lotes contaminados. Recibía directivas de Diego García sobre qué producir. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar. Jefa de Garantía de Calidad. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de los lotes contaminados. Sus funciones incluían controlar el cumplimiento de las BPF y revisar los batch records. Procesada como coautora. Embargada en $ 10.000.000.000.
Rocío del Cielo Garay. Supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad. Firmó protocolos de análisis de agua para inyectables con discrepancias. Participó en conversaciones que evidencian su conocimiento de las irregularidades y de la falsificación de registros. Procesada como coautora. Embargada en $10.000.000.000.
Eduardo Darchuk. Jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen (SPPV). Recibió y ejecutó la orden de producción del fentanilo. Firmó los batch records de los lotes contaminados. Procesado como coautor. Embargado en $50.000.000.000.
Principales cuestionamientos sobre los procesados
El juzgado identificó una serie de conductas que agravan la responsabilidad de los imputados:
- Sistemático incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), pese a haber recibido 118 reportes de farmacovigilancia entre 2018 y 2024 y cinco inspecciones de la ANMAT con deficiencias críticas.
- Fabricación de medicamentos sin documentación válida: los batch records fueron confeccionados ex post facto y no reflejaban la realidad del proceso productivo.
- Omisión del recupero farmacéutico (recall): los responsables no retiraron el medicamento del mercado pese a conocer la contaminación desde el 5 de mayo de 2025, y delegaron esa tarea en el juzgado.
- Destrucción de prueba: borrado de servidores del laboratorio por orden de Tchukrán el 6 de mayo de 2025; cambio de dispositivos celulares por parte de Ariel García.
- Producción bajo clausura administrativa: el fentanilo se fabricó en diciembre de 2024 mientras la ANMAT inspeccionaba el laboratorio y había detectado deficiencias críticas.
- Ensayos de esterilidad inválidos: se analizaban hasta ocho lotes distintos en un solo ensayo, en contradicción con el método validado, lo que generaba resultados falsos negativos.
- Falsificación de registros: el personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
Irregularidades en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma
En Laboratorios Ramallo SA:
- Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por ANMAT (deficiencia crítica detectada en la inspección de noviembre-diciembre de 2024).
- Falta de libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados (deficiencia crítica).
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo (deficiencia crítica).
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos de producción, con intervalos de sanitización insuficientes (entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados).
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino, según análisis realizados por el propio jefe de Control de Calidad.
- Antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en 2023, no reportado adecuadamente.
- Personal de producción que permanecía hasta 8 horas continuas en áreas asépticas críticas, con el consiguiente aumento del riesgo de contaminación particulada.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del media fill (ensayo de simulación del proceso aséptico), en violación de las BPF.
En HLB Pharma Group SA:
- Entre 2018 y 2024, la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad de productos HLB, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos.
- En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado; en 3 ocasiones se prohibió el uso y comercialización de medicamentos.
- La empresa fue hallada comercializando medicamentos elaborados en áreas sin habilitación y con envases no autorizados desde al menos agosto de 2024.
- El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar “cansado de la cantidad de retiros que había” y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”.
- Ariel García presentó en 2022 un recurso de reconsideración calificando el procedimiento de entrevista de la ANMAT como una “verdadera emboscada”, lo que revela una actitud de confrontación con el organismo regulador en lugar de corrección de las deficiencias.
- La firma comercializó el lote 31202 sin realizar el recupero efectivo, y se limitó a enviar un correo electrónico a las droguerías el 9 de mayo de 2025, un día después de que la ANMAT emitiera la alerta pública.
Investigar a la ANMAT
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, en su dictamen presentado el 14 de mayo de 2025, cuestionó y pidió investigar a la ANMAT y al INAME por los siguientes hechos:
1. Información dispersa, parcial y de difícil acceso. La resolución judicial —que recoge el planteo de la fiscalía y del juzgado— señala que, desde el inicio de la causa, el suministro de información por parte de la ANMAT fue “disperso, poco sistemático, de difícil acceso y, por sobre todas las cosas, parcial en muchos aspectos”.
2. La ANMAT tardó en acusar recibo de la alerta del hospital. El Hospital Italiano de La Plata comunicó el problema a la ANMAT el viernes 2 de mayo de 2025, pero el organismo “no acusó recibo sino hasta el lunes 5”. Es decir, demoró tres días en responder ante una alerta de contaminación microbiana en medicamentos inyectables.
3. El INAME realizó ensayos en un laboratorio cuestionado. La resolución —en voz del propio Ariel García durante su indagatoria, pero sin que la fiscalía lo rebata— señala que los análisis se realizaron en el laboratorio Gobbi Novag, “un laboratorio que estuvo procesado en el penal económico por mentirle al ANMAT”. La fiscalía no impugna este dato en la resolución. En su defensa, García Furfaro aduce que, además, es un laboratorio “de la competencia” y que desde la salida del mercado de HLB Pharma, gana millones de dólares.
4. Falta de trazabilidad del fentanilo: responsabilidad normativa de la ANMAT. La resolución indica que el fentanilo no estaba comprendido en la Disposición N° 10564/2016 de la ANMAT, lo que impedía su trazabilidad individual. Esto es identificado como “el primer obstáculo” de la investigación y se atribuye a una omisión regulatoria del organismo: “la ausencia de un mecanismo de registración de las ampollas del medicamento impide su individualización”.
5. El sistema de formularios en papel es “obsoleto e insuficiente”. La resolución señala que el sistema vigente, establecido por la Ley N° 17.818 y aún en vigor, “resulta a todas luces obsoleto e insuficiente”, en alusión directa a la falta de informatización que la ANMAT no había corregido.
6. El recall lo tuvo que hacer el juzgado, no la ANMAT ni el laboratorio. La resolución establece que la tarea de recupero de casi un millón de ampollas “debió ser suplida por este juzgado” ante la inactividad tanto del laboratorio como de la ANMAT. El organismo reiteró la solicitud al laboratorio, pero “esta tarea debió ser suplida por este juzgado, mediante el libramiento de oficios a los Ministerios de salud de todo el país”.
7. Inspecciones sin seguimiento efectivo. La resolución documenta que tras inspecciones realizadas en febrero-marzo de 2022 y diciembre de 2023-enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas y mayores, pero “no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto” por el laboratorio.
8. Antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB (2023): la ANMAT no actuó. La resolución describe que en septiembre de 2023 el Instituto Médico Quirúrgico Garat (Entre Ríos) reportó cuatro casos de fiebre tras la aplicación de Dexametasona HLB contaminada con Ralstonia mannitolilytica y Ralstonia insidiosa. El INAME analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria. En consecuencia, “la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote”. La resolución concluye que “estas circunstancias hacen muy difícil aceptar que los responsables y el personal técnico ignoraran por completo el desvío”.
La resolución judicial del juez Kreplak, que va más allá del requerimiento fiscal inicial, plantea implícitamente la necesidad de investigar:
- Por qué la ANMAT no incorporó el fentanilo al sistema de trazabilidad (Disposición 10564/2016).
- Por qué el INAME no realizó seguimiento tras las inspecciones con hallazgos críticos.
- Por qué ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona (2023), el INAME no ordenó medidas sobre el laboratorio que luego produjo el fentanilo contaminado.
Los próximos diez días hábiles serán claves para conocer el impulso final de una causa que es imprescindible llegue a la verdad y al castigo de los responsables.
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POLITICA
La guerra entre Jaldo y Manzur divide al PJ de Tucumán: el rol de Cristina Kirchner y el poder en juego
“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan. Le digo a Manzur que lo espero el 9 del mayo del 2027 en las urnas. Los dos como candidatos a gobernador”. Osvaldo Jaldo, actual gobernador de Tucumán, le dedicó esas palabras a su enemigo íntimo, senador nacional y ex mandatario provincial, Juan Manzur. El mensaje fue contundente: no hay tregua ni unidad. Es uno otro.
Los dos peronistas. Ambos importantes en las últimas dos décadas de la política tucumana. Los dos integrantes de una fórmula que gobernó la provincia durante ocho años y que terminó con el reinado de José Alperovich. Algunos días atrás, cuando pronunció esas pocas oraciones, Jaldo dejó en claro que no habrá convergencia entre los dos nombres más pesados del PJ tucumano. La guerra está declarada.
La unidad del peronismo en el sexto distrito electoral más importante del país, que concentra a cerca de un 1.300.000 electores, es una utopía. Quienes supieron formar parte de una sociedad política sólida, hoy ni siquiera se hablan. El poder cambió de mando. La estructura política, que contiene a intendentes y legisladores, responde, mayoritareamente, a Jaldo. Manzur tiene una representación más chica y trata de hacerse fuerte en la adversidad. Está al frente de una resistencia contra los libertarios, pero también contra la conducción de Jaldo, que controla la mayor parte del peronismo tucumano.
En ese contexto se inscribió la visita que la semana pasada el senador le hizo a Cristina Kirchner en San José 1111, con quien habló de la interna que atraviesa a la provincia y de su juego político de cara a las elecciones locales, fijadas para el 9 de mayo del 2027. Manzur entiende que él representa la propuesta del peronismo nacional en Tucumán. La voz que puede enarbolar el discurso más opositor a Milei. Una diferencia sustancial con Jaldo, quien se convirtió en un aliado táctico de la Casa Rosada y, desde hace tiempo, recibe cuestionamientos de los distintos sectores del PJ por prestar el voto de sus legisladores a las iniciativas libertarias.
Jaldo está lanzado a buscar su reeleción. Sería su segundo mandato como gobernador y el cuarto integrando una fórmula, ya que entre el 2015 y el 2023 compartió la dupla de gobierno con Manzur. Su intención es darle continuidad a la sociedad con Miguel Acevedo, el actual vicegobernador, y con Rosana Chahla en la intendencia de San Miguel de Tucumán. Acevedo heredó el cargo porque la corte Suprema volteó la candidatura de Manzur en la fórmula durante el 2027. Chahla estuvo mucho tiempo cerca del actual senador pero, en los giros del poder y el despoder, terminó cerrando filas con el Gobernador.
De cara al año electoral, existe cierta incertidumbre sobre las condiciones de la candidatura de Jaldo. Según marca el artículo 90 de la Constitución tucumana, el mandatario está en condiciones de competir el año que viene y, en el caso de ganar, de completar su cuarto mandato en la cúpula del Poder Ejecutivo de la provincia. Sin embargo, hay sectores de la oposición que amenazan con trabar ese camino con un planteo a la Corte Suprema.
Hay dos posibilidades que consideran los rivales político. Una es plantear que Jaldo ocupó el rol de gobernador durante la licencia que tomó Manzur para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, por lo que se le debería computar ese mandato como primero y el actual como segundo. En consecuencia, no podría tener un tercero.
La otra opción es plantear que, al buscar un cuarto mandato dentro de la fórmula ejecutiva, no se está respetando el principio de alternancia que marca la Constitución Nacional. Es un tema que tomaron como argumento en La Libertad Avanza tucumana, pero que, por el momento, no utilizarán para avanzar ante la justicia electoral.
El artículo 90 de la Constitución provincial, en el que se respalda Jaldo, es claro y no deja lugar a segundas interpretaciones. “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”, sostiene.
En el sector del peronismo que lidera Manzur no creen que el ex gobernador presente un recurso de amparo para frenar el camino a la reelección del actual mandatario. Sería hacer lo mismo que sufrió en carne propia tres años atrás, cuando la Corte Suprema lo invalidó para ir como vicegobernador. Hay una diferencia clave entre los dos casos. Manzur buscaba en ese momento un quinto mandato en una fórmula, luego de ser dos períodos vicegobernador de Alperovich y dos períodos gobernador, con una interrupción por licencia debido a su desembarco en la Casa Rosada. Jaldo busca su cuarto ciclo en una fórmula.
Si por alguna traba judicial Jaldo no puede competir, el tablero electoral tucumano se rompería completamente. Hay quienes piensan que la salida a esa encrucijada sería catapultar a Acevedo a la gobernación. Otros, en lo que parece ser una opción más arriesgada, creen a Jaldo capaz de impulsar a su hermana. Lo cierto es que en el oficialismo tucumano descartan cualquier inconveniente judicial que pueda entorpercer el camino hacia la reelección.
Por el momento Manzur no confirmó qué hará respecto a su futuro electoral. Algunos creen que va a competir como candidato a gobernador para quedarse con la representación de un sector del peronismo tucumano. Otros advierten que, sabiendo de antemano que es muy posible que enfrente una derrota ante Jaldo, decida correrse y construir un rol de armador nacional del peronismo, con una identidad federal bien marcada. Es decir, un eslabón entre la dirigencia nacional y los caudillos del centro y norte del país. Como espalda, tiene mandato hasta el 2029 en su banca del Senado.
En el caso de que Manzur no sea candidato, el peronismo nacional tiene dos opciones: buscar un acuerdo con Jaldo para el armado de listas nacionales – Tucumán elige diputados – o poner en cancha a un candidato propio. Ahí el nombre apuntado es el del diputado nacional Pablo Yedlin, hombre de confianza de Manzur. Su participación tendrían una proyección de posicionamiento, más que de competencia real. Pensando en una etapa de sucesión en los años siguientes.
Yedlin es un ferviente opositor de Jaldo y de Milei. En el último mes se metió dos veces para interceder a favor de Manzur frente a las críticas de Jaldo. Primero fue cuando el Gobernador dijo en una rueda de prensa que su ex compañero de fórmula mandaba “algunos caniches a ladrar”, en referencia a los dirigentes cercanos que lo cuestionaban. Yeldlin subió una foto a sus redes sociales en la que aparecía abrazando a un perro caniche. Pura ironía.
Después salió al cruce cuando Jaldo cuestionó a Manzur por ir a visitar a Cristina Kirchner. “Viéndose en la debilidad política el senador fue en búsqueda de una pollera. Es un pollerudo”, afirmó el mandatario provincial. Yeldlin respondió otra vez en sus redes. “Siempre de este lado de la vida. Lo que atrasa es ser despectivo y machirulo, ¿huele a viejo, no?”, escribió junto a una foto suya con CFK y otras de ella con el presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, el dirigente social Adolfo Pérez Esquivel y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper. Todas en el departamento donde cumple condena por la causa Vialidad.
En el círculo más chico de Cristina también defendieron al ex gobernador: “Juan no es pollerudo, es un hombre de la política que va a a visitar a una compañera que está injustamente presa”. La tensión reina en el ambiente. En la cumbre peronista que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, uno de los temas que se habló fue la posibilidad de tratar de acercar a Jaldo y a su par de Catamarca, Raúl Jalil, al armado nacional del PJ. Movimientos pensados como parte de una estrategia electoral de cara al 2027. Por el momento no hay avances en ese sentido. La guerra a cielo abierto no contribuye en esa línea.
En el gobierno tucumano aseguran que para el año que viene no habrá acuerdos con el gobierno de Milei ni con Manzur. Seguros de ganar, avanza con la convicción de que van a fortalecer su poder territorial y político en la provincia. El peronismo, claro está, quedará dividido en dos.
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario cargó contra la prensa y la calificó de “sicarios de la pluma”
MAR DEL PLATA.– Durante varias horas nadie quería decir dónde iba a almorzar Patricia Bullrich con algunos de los principales ejecutivos del país. No figuraba entre las actividades abiertas del Coloquio de IDEA y quienes tenían el dato no lo soltaban. El secreto se terminaba afuera: una de las camionetas estacionadas en el encuentro empresario llevaba un cartelito en el parabrisas: “Almuerzo con la dirigencia política. Costa Galana”.
Bullrich llegó después de hablar en el escenario principal. Subió al primer piso y entró al salón Juan de Garay, con vista al mar. La esperaban 35 ejecutivos. No era una representación menor del poder económico: estaban Fabián Kon, del Galicia; Julio Patricio Supervielle, dueño del banco que lleva su apellido; Juan Martín Parma, de Macro; Javier Martínez Álvarez, de Techint; Oscar Sardi, de TGS; Juan Farinati, de Bayer; María Eugenia Sampalione, de Newmont; Sofía Vago, de Accenture; Wanda Weigert, de Globant; Agustín Bellido, de IBM; Eduardo Gorchs, de Siemens, y Juan Pablo Estévez, de AWS, entre otros. Había representantes de bancos, industria, minería, energía y tecnología sentados alrededor de la misma mesa.
POLITICA
La Libertad Avanza pidió expulsar a Juan Grabois de Diputados tras los insultos y forcejeos en comisión
La Libertad Avanza presentó este jueves un proyecto para excluir al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois de la cámara baja por “desorden de conducta” luego del cruce que protagonizó con legisladores del oficialismo ayer durante un plenario de comisiones.
La iniciativa llevó la firma de la diputada Silvana Giudici, aunque remarcaron que cuenta con el apoyo de todo el bloque violeta. En su texto, la exPRO justificó la medida por la pelea que estalló el miércoles en la reunión plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto, mientras se discutía el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
De acuerdo a Giudici, allí Grabois “expresó agravios en forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones”.
El pedido se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a sancionar a sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La Constitución exige para eso el voto de dos tercios.
En los fundamentos del proyecto, Giudici relató que Grabois interrumpió el uso de la palabra a los gritos y luego avanzó “en actitud de intimidación física directa” contra el diputado oficialista Gerardo Huesen, hasta que otros legisladores debieron interponerse.
El texto también mencionó que Grabois se dirigió a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, con la expresión “tontita”. Según el proyecto, cuando el titular del plenario, Carlos Zapata, le pidió que se disculpara, respondió que “la estoy describiendo, no la estoy insultando”. Después, tras el corte del micrófono, le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien dio por terminada la reunión.
Giudici sumó el posteo que Grabois publicó horas más tarde en X: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo”. Para la diputada, eso demuestra que “no estuvimos ante un exceso al calor del debate, sino ante una estrategia deliberada de atropello e interrupción del trabajo legislativo”.
En ese contexto, Giudici aseguró que “cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta materialmente el funcionamiento del Cuerpo, ya no estamos ante la vehemencia propia del debate, sino ante un desorden de conducta”.
Y agregó: “Nada de esto puede confundirse con una discrepancia política ni con la vehemencia propia del debate. Es, lisa y llanamente, desorden de conducta en el ejercicio de la función, en los términos del artículo 66 de nuestra Carta Magna”.
En paralelo, el proyecto mencionó dos antecedentes recientes. El primero es el del 26 de agosto, durante la sesión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando el diputado Aldo Leiva protagonizó un altercado que terminó en un intento de agresión contra Nicolás Mayoraz y las autoridades del Cuerpo.
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