POLITICA
Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos
Después de la ampliación declaratoria de Ariel García Furfaro, el propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, que se prolongó casi trece horas distribuidas en tres días, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se encuentra en condiciones de ampliar los procesamientos que ya pesan sobre los 13 imputados, ya no por el fallecimiento de 20 pacientes de clínicas y hospitales que recibieron tratamiento con fentanilo HLB Pharma contaminado con dos tipos de bacterias, sino por 114 muertes y 49 víctimas que fueron dadas de alta y quedaron con secuelas, en dos de ellas graves. Se trata de una causa clave por la envergadura de los hechos y la necesidad de conocer la responsabilidad de cada uno de los presuntos responsables de la mayor tragedia sanitaria del país.
En sus dichos defensivos, el imputado, asesorado por el abogado penalista Gastón Marano, volvió a negar su participación en los hechos. Insistió en un sabotaje, es decir que alguien introdujo las bacterias en la línea de envasado de exprofeso. Dijo que alguien podría haber retirado uno de los tres filtros de la línea de llenado de las ampollas del anestésico, que debería ser estéril.
Ariel García Furfaro volvió a solicitar la pericia sobre el moderno aparato valuado, según precisó, en tres millones de dólares. Para él, esa prueba es “clave”. También volvió a introducir el nombre de un colaborador con quien tenía desavenencias como el autor intelectual de la contaminación. Y, sin dar mayores precisiones, afirmó que se orquestó una campaña mediática en su contra, con la difusión de noticias falsas desde un servidor, una computadora, cuya IP estaba ubicada en Rusia.
Es potestad del magistrado avanzar o no con las sospechas —que no son nuevas— introducidas por el principal sospechoso de la mayor tragedia sanitaria del país, ubicada a la altura del siniestro de Once y del boliche Cromañón.
¿Cómo sigue la causa?
Con el acto defensivo de Ariel García que finalizó el miércoles 29, y después de evaluar los dichos de cada uno de los imputados —la mayoría se negó a responder preguntas y se remitió a la primera indagatoria—, el magistrado estaría en condiciones de elevar el expediente a juicio oral.
Antes deberá esperar la resolución de la instancia superior, ya que es muy probable que las defensas apelen el auto tomado por el juez de primera instancia, que ya procesó y embargó a:
Ariel Fernando García. Accionista mayoritario de HLB Pharma y propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo. El juzgado lo considera la figura central de la tragedia sanitaria. Se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de la operación de ambos laboratorios, el conocimiento pleno de las deficiencias productivas, la orden de producción de los lotes contaminados y la destrucción de prueba digital. También se le imputa la omisión del recupero farmacéutico. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 1.000.000.000.000 (un billón de pesos). Está detenido.
Diego Hernán García (hermano de Ariel). Responsable de Laboratorios Ramallo. Fue quien impartió directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. Se acreditó su presencia cotidiana en el laboratorio y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 500.000.000.000. Está detenido.
Nilda Furfaro. Madre de los García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma. Prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Embargada por $ 500.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán. Director General de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Persona de máxima confianza de los García, con capacidad de decisión sobre la operación de ambas plantas. Ordenó el borrado de servidores el día posterior a que la droguería alertara sobre el problema del fentanilo contaminado. Impartía directivas al personal técnico y participó de reuniones clave tras el estallido del escándalo. Procesado como coautor. Embargado por $ 500.000.000.000. Está detenido.
José Antonio Maiorano. Director Técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024. Fue quien firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. Declaró haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Embargado por $ 100.000.000.000. Está detenido.
Carolina Ansaldi. Directora Técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023. Firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados. Fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en las inspecciones previas. Optó por no declarar en indagatoria. Procesada como coautora. Embargada por $ 100.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria. Procesados sin prisión preventiva (en libertad con restricciones).
María Victoria García. Gerente de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo. Firmó los registros de fabricación de ambos lotes contaminados. Conocía la manipulación de la documentación y la producción “en el aire”. Procesada como coautora. Embargada por $50.000.000.000.
Wilson Daniel Pons. Jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo. Verificó y firmó los batch records de los lotes contaminados 31202 y 31244. Su celular contenía abundante evidencia de las irregularidades que conocía. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Adriana Iúdica. Subjefa de Control de Calidad, a cargo del control microbiológico. Reconoció que un ensayo de esterilidad del lote 31202 había dado positivo de contaminación, pero no lo reportó. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de ambos lotes como “sin observaciones”. Procesada como coautora. Embargada en $100.000.000.000.
Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Gerente de Producción y Mantenimiento. Firmó las órdenes de producción de los lotes contaminados. Recibía directivas de Diego García sobre qué producir. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.
Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar. Jefa de Garantía de Calidad. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de los lotes contaminados. Sus funciones incluían controlar el cumplimiento de las BPF y revisar los batch records. Procesada como coautora. Embargada en $ 10.000.000.000.
Rocío del Cielo Garay. Supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad. Firmó protocolos de análisis de agua para inyectables con discrepancias. Participó en conversaciones que evidencian su conocimiento de las irregularidades y de la falsificación de registros. Procesada como coautora. Embargada en $10.000.000.000.
Eduardo Darchuk. Jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen (SPPV). Recibió y ejecutó la orden de producción del fentanilo. Firmó los batch records de los lotes contaminados. Procesado como coautor. Embargado en $50.000.000.000.
Principales cuestionamientos sobre los procesados
El juzgado identificó una serie de conductas que agravan la responsabilidad de los imputados:
- Sistemático incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), pese a haber recibido 118 reportes de farmacovigilancia entre 2018 y 2024 y cinco inspecciones de la ANMAT con deficiencias críticas.
- Fabricación de medicamentos sin documentación válida: los batch records fueron confeccionados ex post facto y no reflejaban la realidad del proceso productivo.
- Omisión del recupero farmacéutico (recall): los responsables no retiraron el medicamento del mercado pese a conocer la contaminación desde el 5 de mayo de 2025, y delegaron esa tarea en el juzgado.
- Destrucción de prueba: borrado de servidores del laboratorio por orden de Tchukrán el 6 de mayo de 2025; cambio de dispositivos celulares por parte de Ariel García.
- Producción bajo clausura administrativa: el fentanilo se fabricó en diciembre de 2024 mientras la ANMAT inspeccionaba el laboratorio y había detectado deficiencias críticas.
- Ensayos de esterilidad inválidos: se analizaban hasta ocho lotes distintos en un solo ensayo, en contradicción con el método validado, lo que generaba resultados falsos negativos.
- Falsificación de registros: el personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
Irregularidades en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma
En Laboratorios Ramallo SA:
- Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por ANMAT (deficiencia crítica detectada en la inspección de noviembre-diciembre de 2024).
- Falta de libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados (deficiencia crítica).
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo (deficiencia crítica).
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos de producción, con intervalos de sanitización insuficientes (entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados).
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino, según análisis realizados por el propio jefe de Control de Calidad.
- Antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en 2023, no reportado adecuadamente.
- Personal de producción que permanecía hasta 8 horas continuas en áreas asépticas críticas, con el consiguiente aumento del riesgo de contaminación particulada.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del media fill (ensayo de simulación del proceso aséptico), en violación de las BPF.
En HLB Pharma Group SA:
- Entre 2018 y 2024, la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad de productos HLB, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos.
- En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado; en 3 ocasiones se prohibió el uso y comercialización de medicamentos.
- La empresa fue hallada comercializando medicamentos elaborados en áreas sin habilitación y con envases no autorizados desde al menos agosto de 2024.
- El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar “cansado de la cantidad de retiros que había” y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”.
- Ariel García presentó en 2022 un recurso de reconsideración calificando el procedimiento de entrevista de la ANMAT como una “verdadera emboscada”, lo que revela una actitud de confrontación con el organismo regulador en lugar de corrección de las deficiencias.
- La firma comercializó el lote 31202 sin realizar el recupero efectivo, y se limitó a enviar un correo electrónico a las droguerías el 9 de mayo de 2025, un día después de que la ANMAT emitiera la alerta pública.
Investigar a la ANMAT
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, en su dictamen presentado el 14 de mayo de 2025, cuestionó y pidió investigar a la ANMAT y al INAME por los siguientes hechos:
1. Información dispersa, parcial y de difícil acceso. La resolución judicial —que recoge el planteo de la fiscalía y del juzgado— señala que, desde el inicio de la causa, el suministro de información por parte de la ANMAT fue “disperso, poco sistemático, de difícil acceso y, por sobre todas las cosas, parcial en muchos aspectos”.
2. La ANMAT tardó en acusar recibo de la alerta del hospital. El Hospital Italiano de La Plata comunicó el problema a la ANMAT el viernes 2 de mayo de 2025, pero el organismo “no acusó recibo sino hasta el lunes 5”. Es decir, demoró tres días en responder ante una alerta de contaminación microbiana en medicamentos inyectables.
3. El INAME realizó ensayos en un laboratorio cuestionado. La resolución —en voz del propio Ariel García durante su indagatoria, pero sin que la fiscalía lo rebata— señala que los análisis se realizaron en el laboratorio Gobbi Novag, “un laboratorio que estuvo procesado en el penal económico por mentirle al ANMAT”. La fiscalía no impugna este dato en la resolución. En su defensa, García Furfaro aduce que, además, es un laboratorio “de la competencia” y que desde la salida del mercado de HLB Pharma, gana millones de dólares.
4. Falta de trazabilidad del fentanilo: responsabilidad normativa de la ANMAT. La resolución indica que el fentanilo no estaba comprendido en la Disposición N° 10564/2016 de la ANMAT, lo que impedía su trazabilidad individual. Esto es identificado como “el primer obstáculo” de la investigación y se atribuye a una omisión regulatoria del organismo: “la ausencia de un mecanismo de registración de las ampollas del medicamento impide su individualización”.
5. El sistema de formularios en papel es “obsoleto e insuficiente”. La resolución señala que el sistema vigente, establecido por la Ley N° 17.818 y aún en vigor, “resulta a todas luces obsoleto e insuficiente”, en alusión directa a la falta de informatización que la ANMAT no había corregido.
6. El recall lo tuvo que hacer el juzgado, no la ANMAT ni el laboratorio. La resolución establece que la tarea de recupero de casi un millón de ampollas “debió ser suplida por este juzgado” ante la inactividad tanto del laboratorio como de la ANMAT. El organismo reiteró la solicitud al laboratorio, pero “esta tarea debió ser suplida por este juzgado, mediante el libramiento de oficios a los Ministerios de salud de todo el país”.
7. Inspecciones sin seguimiento efectivo. La resolución documenta que tras inspecciones realizadas en febrero-marzo de 2022 y diciembre de 2023-enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas y mayores, pero “no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto” por el laboratorio.
8. Antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB (2023): la ANMAT no actuó. La resolución describe que en septiembre de 2023 el Instituto Médico Quirúrgico Garat (Entre Ríos) reportó cuatro casos de fiebre tras la aplicación de Dexametasona HLB contaminada con Ralstonia mannitolilytica y Ralstonia insidiosa. El INAME analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria. En consecuencia, “la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote”. La resolución concluye que “estas circunstancias hacen muy difícil aceptar que los responsables y el personal técnico ignoraran por completo el desvío”.
La resolución judicial del juez Kreplak, que va más allá del requerimiento fiscal inicial, plantea implícitamente la necesidad de investigar:
- Por qué la ANMAT no incorporó el fentanilo al sistema de trazabilidad (Disposición 10564/2016).
- Por qué el INAME no realizó seguimiento tras las inspecciones con hallazgos críticos.
- Por qué ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona (2023), el INAME no ordenó medidas sobre el laboratorio que luego produjo el fentanilo contaminado.
Los próximos diez días hábiles serán claves para conocer el impulso final de una causa que es imprescindible llegue a la verdad y al castigo de los responsables.
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POLITICA
El gobernador de La Rioja impulsa una ley provincial para disputarle a San Juan tierras que se volvieron estratégicas
CÓRDOBA.- Dos meses después de haber puesto en duda la legitimidad de los límites entre La Rioja y San Juan vigentes desde 1968, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto para ratificar el rechazo histórico de esas fronteras y dejar abierta la puerta para nuevas acciones legales para reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina. Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, dijo que no puede una norma provincial alterar los límites.
Aunque el tema es de larga data, se reactualizó por el proyecto de cobre Vicuña, instalado en San Juan, pero que para abastecerse necesita pasar por La Rioja. En abril, la Justicia riojana suspendió por 30 días las operaciones y cerró caminos estratégicos en territorio riojano porque consideró que no se había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja.
Fue entonces cuando Quintela ratificó los cuestionamientos. Ahora, el proyecto de ley busca reafirmar la posición de que el acuerdo limítrofe firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue perjudicial para sus intereses territoriales.
Según el gobierno riojano, significó un “despojo” de áreas que históricamente le pertenecían y que hoy incluyen zonas de enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos.
El decreto-ley 18.004, de diciembre de 1968, fija los límites entre ambas provincias a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. Sin embargo, en 1973, la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado riojana a «impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses» de la provincia en las áreas en disputa.
A la discusión histórica se le suma una económica. En los últimos años, la cordillera sanjuanina se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero de la Argentina con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y, especialmente, el distrito Vicuña.
De hecho, las acciones que podría instrumentar la Fiscalía de Estado son para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en la zona de conflicto.
Orrego, cuando el conflicto se renovó, dio a conocer un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, dijo el gobernador, aunque en rigor se trató de una norma firmada por Onganía y por Guillermo Borda, por entonces ministro del Interior.
Ahora Orrego afirmó: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión”.
En 2021, Quintela había reclamado una participación riojana en las regalías del proyecto Josemaría; años después, cuestionó la pertenencia de zonas emblemáticas como el área de Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos del país.
En el proyecto de ley que impulsa, crea en la órbita legislativa una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tenga carácter permanente. La integrarán siete diputados provinciales, respetando la proporcionalidad política, y tendrá miembros consultivos como historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y especialistas en minería.
La comisión deberá sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar canales de diálogo directos con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación.
comunicado oficial,norma firmada por Onganía,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
El boom de Vaca Muerta pone en jaque a Añelo: la ciudad creció un 142% y la infraestructura no alcanza
La localidad de Añelo, ubicada en la provincia del Neuquén, en la Patagonia argentina enfrenta un fuerte crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, mientras la infraestructura urbana no logra acompañar ese proceso. El aumento de habitantes y la llegada de familias desde otras provincias exigen respuestas de los distintos niveles del Estado y del sector privado para ordenar la expansión de la localidad neuquina.
El intendente de la ciudad, Fernando Vanderette solicitó que las familias no se trasladen a la ciudad sin una oferta laboral confirmada. El jefe comunal sostuvo que la infraestructura actual no alcanza para absorber la llegada constante de nuevos habitantes y advirtió sobre las dificultades para brindar servicios esenciales.
María Delia Porta, investigadora del Estudio de Desarrollo Urbano Territorial del Área de Vaca Muerta del Laboratorio de Ideas Sostenibles, explicó en Infobae en Vivo que el fenómeno responde a un crecimiento demográfico acelerado que supera la capacidad de respuesta de la ciudad.
El crecimiento poblacional presiona sobre los servicios
Porta señaló que Añelo no nació con el desarrollo de Vaca Muerta. Recordó que la localidad existe desde fines del siglo XIX y que el cambio llegó con el auge de la explotación hidrocarburífera iniciado alrededor de 2012.
La investigadora indicó que la ciudad creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022. Además, estimó que recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población supera los 10.000 habitantes.
“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, afirmó.
Porta explicó que ese incremento también expandió la superficie urbana. Según describió, la ciudad avanzó de manera horizontal y aumentó la demanda sobre redes de gas, saneamiento, calles y equipamiento comunitario.
La especialista sostuvo que el crecimiento poblacional avanzó más rápido que las obras necesarias. “La población creció entre censos un 142%. La mancha crece de manera exponencial. No llegamos con la infraestructura”, expresó.
También detalló que Añelo registra un déficit habitacional estimado del 60%, con predominio de problemas vinculados a la calidad de las viviendas antes que a la falta de nuevas construcciones.
La planificación urbana aparece como un eje central
Porta remarcó que la ciudad todavía cuenta con oportunidades para ordenar su desarrollo. Indicó que el 50% de las parcelas permanecen sin construir y consideró que ese espacio permite completar la trama urbana antes de extenderla.
“Tal vez no tiene tanto sentido que la ciudad siga creciendo de forma horizontal, sino que hay muchas oportunidades para su completamiento”, sostuvo.
La investigadora afirmó que esos terrenos podrían albergar viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud y espacios verdes para mejorar la calidad urbana.
También planteó la necesidad de avanzar sobre un plan de ordenamiento territorial. Según explicó, ese instrumento permite definir hacia dónde crecer, qué sectores preservar y dónde localizar nuevas actividades productivas y de servicios. “Empecemos por un plan que ordene el territorio y que genere los acuerdos para entender para dónde y cómo tiene que crecer la ciudad”, afirmó.
Porta agregó que el municipio no puede afrontar ese desafío en soledad. Señaló que la provincia, la Nación y el sector privado deben coordinar políticas para responder a una demanda que involucra a toda la región de Vaca Muerta.
La migración y la calidad de vida forman parte del desafío
La especialista explicó que Añelo integra un sistema regional de ciudades y que parte de los trabajadores elige radicarse en Neuquén capital por su oferta educativa, sanitaria, recreativa y cultural. También destacó que muchas personas llegan a la localidad atraídas por las oportunidades vinculadas a la actividad petrolera, aunque no siempre consiguen empleo en ese sector.
Según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles, más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario. Porta señaló que esa situación genera un desajuste entre la demanda de mano de obra calificada y la oferta laboral disponible.
La investigadora indicó que una parte importante de la población encuentra trabajo en gastronomía, hotelería y otros servicios asociados a la industria hidrocarburífera.
Respecto del mensaje del intendente, sostuvo que resulta razonable frente al contexto actual. “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”, afirmó.
Porta consideró que el desarrollo futuro dependerá de la capacidad para ampliar la infraestructura, mejorar las viviendas y planificar el crecimiento urbano. También destacó la importancia de definir un modelo de ciudad que acompañe la expansión económica sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes.
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POLITICA
Milei desayunó con Adorni en Olivos, en un nuevo gesto de apoyo ante los avances de la Justicia y el Congreso
Manuel Adorni sumó este viernes un nuevo gesto de apoyo del presidente Javier Milei: un desayuno de trabajo en la residencia oficial de Olivos. Se trata de un “desayuno de gestión”, según confirmaron cerca del ministro coordinador a . Resaltaron que es habitual que lo hagan los viernes.
El mandatario viene dando señales de respaldo y apoyos públicos a Adorni desde que comenzó la serie de revelaciones sobre su crecimiento patrimonial que lo complican judicial y políticamente.
En los últimos días, intentos de removerlo desde el Congreso se sumaron a la investigación penal que lleva adelante la justicia federal, con el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita a la cabeza.
El desayuno de este viernes, además, se dio en la previa a lo que será la presentación de ambos mañana, sábado, en el acto por el Día de la Bandera, en Rosario. Será una puesta de escena fuerte para el Gobierno, en la que estarán el Gabinete en pleno; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Mientras que Villarruel está enemistada con todo el Gobierno, Bullrich fue la única de los “leales” al Presidente que se animó a criticar públicamente a Adorni en distintas oportunidades. Mientras tanto, en el Gabinete hay múltiples tensiones con el ministro coordinador por su resistencia a dar un paso al costado.
El desayuno de hoy se da también luego de una semana marcada por nuevas revelaciones sobre gastos de Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Este miércoles, como resultado de un paquete de nuevas medidas que ordenó la fiscalía, se conoció otro gasto del funcionario que volvió a encender el tema, en momentos en los que su continuidad como ministro coordinador está puesta en duda.
Del celular de Matías Tabar —el contratista a cargo de las remodelaciones de la casa en el country Indio Cua, que alteró el curso de la investigación al sostener que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo—, el fiscal Gerardo Pollicita extrajo información que lo llevó a golpear las puertas de una casa de colchones en el corazón de Recoleta.
Es que, en el local, para equipar los cuartos de su nueva casa en el country, Adorni gastó un total de $8.183.383, según refleja una factura que surgió del teléfono que tiene la Justicia.
Casi 6820 dólares, de acuerdo con la conversión al tipo de cambio oficial del 2 de junio de 2025, día en el que una de las personas que trabaja para el funcionario -una empleada de planta que se desempeña desde hace años en el Gobierno- se presentó para pagar en efectivo el total de la compra, que fue luego enviada a la casa de Adorni en Indio Cua, según pudo reconstruir .
A nivel parlamentario, Adorni logró conseguir un poco de oxígeno político luego de que la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, logró el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo.
Sin embargo, como moneda de cambio, Bullrich debió aceptar que en la siguiente sesión, convocada para el próximo jueves 25, la Cámara trate un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio. Si lo interpelan y su desempeño es malo, Adorni puede ser sometido a una moción de censura ese mismo día, advierten en el Congreso.
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