Una granada política acaba de caer en manos de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.

El miércoles, fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra uno de los políticos más destacados de su partido –Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa– en la que se decía que durante mucho tiempo había apoyado a un poderoso cártel de la droga que ha aterrorizado a los mismos ciudadanos a los que juró proteger.

Estados Unidos pidió al gobierno de Sheinbaum que lo detuviera rápidamente, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos mencionados en la acusación.

Esto ha hecho que Sheinbaum tenga poco tiempo para tomar una decisión importante.

Podría detener a uno de los aliados de su partido y extraditarlo a Estados Unidos, una medida que probablemente reforzaría su vínculo con el presidente Donald Trump pero que también molestaría a los políticos de su partido que sostienen que el gobierno estadounidense ha estado presionando a Sheinbaum.

O podría desafiar la solicitud estadounidense y proteger a Rocha, lo que podría reforzar su posición dentro de su partido, pero fracturaría su relación con Estados Unidos.

“Estás en un momento político en donde, si entregas a Rocha Moya, te avientas todo el pleito político que eso supone en lo nacional”, dijo Lisa María Sánchez, analista de seguridad mexicana. “O lo proteges y entonces sigues dando elementos para siguientes casos de que efectivamente el gobierno mexicano sí protege la vinculación político-criminal”.

El jueves, Sheinbaum habló por primera vez públicamente desde que se hizo pública la acusación, e inmediatamente dejó claro que estaba preparada para enfrentarse a Estados Unidos.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, dijo en una declaración con la que abrió su conferencia de prensa diaria. “Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

Añadió que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes para apoyar la detención de los funcionarios acusados y que la fiscalía mexicana abriría su propia investigación. Las autoridades mexicanas detendrían a Rocha solo si concluyen de forma independiente que ha cometido un delito, dijo, o si reciben “pruebas contundentes e irrefutables” de Estados Unidos.

En un momento dado, mostró una parte del acta de acusación que incluía una imagen de un documento manuscrito que, según los fiscales, era una lista de sobornos a funcionarios mexicanos. “Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba”, dijo, leyendo una línea en la que figuraban 30.000 pesos junto a un nombre, Juanito, el apodo de uno de los funcionarios acusados. “Digo, al menos es de llamar la atención, ¿no? Es una hoja de papel”.

Señaló que la acusación de 34 páginas contra Rocha y otros funcionarios, entre los que se encuentran un senador y un alcalde en funciones, también narraba años de presunta corrupción por parte de los funcionarios, pero dijo que se basaba en el testimonio de testigos “que no sabemos quiénes son”.

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Los fiscales de Manhattan acusan a Rocha y a otros funcionarios de un plan de años de duración para proteger al cártel de Sinaloa –la organización criminal dominante en su estado y principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos– a cambio de sobornos y ayuda para ser elegido.

Rocha describió las acusaciones como un complot de Estados Unidos para atacar a Morena, el partido político de izquierda al que pertenecen tanto él como Sheinbaum. “Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional” de México, dijo en un comunicado.

La crisis política llega en un mal momento para Sheinbaum.

El jueves, datos del gobierno mostraron que, en el primer trimestre, la economía mexicana registró su mayor caída en más de un año. Y las encuestas de opinión han mostrado constantemente un descenso en sus índices de aprobación, aunque sigue siendo una de las líderes más populares de Latinoamérica.

Con pocas buenas opciones políticas en el caso Rocha, Sheinbaum parece estar ganando algo de tiempo. No ha respaldado plenamente a Rocha, pero tampoco ha cedido inmediatamente a la solicitud del gobierno de Trump; en lugar de eso, ha dicho que los investigadores mexicanos deben determinar por sí mismos el siguiente paso.

Sin embargo, los expertos jurídicos dijeron que la exigencia de Sheinbaum de más pruebas para detener a Rocha no era necesaria de inmediato en virtud del tratado de extradición entre Estados Unidos y México.

Estados Unidos solicitó la llamada detención provisional de Rocha y de los otros funcionarios acusados, una medida utilizada en casos en que una nación teme que los sospechosos puedan huir. En esos casos, según el tratado, si una de las dos naciones recibe una orden de detención válida de la otra, “tomará las medidas necesarias para asegurar la detención”. La nación que solicita la detención dispondría entonces de 60 días para aportar sus pruebas.

Pero Rocha también cuenta con otra capa de protección: el Congreso de México tendría que retirarle la inmunidad penal de la que goza como funcionario electo. Además, existen algunos precedentes legales que sugieren que el Congreso estatal de Sinaloa también tendría que retirar la inmunidad a Rocha para que pudiera ser detenido. Ambas legislaturas están controladas por Morena.

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Los senadores federales de Morena se reunieron el miércoles para discutir la acusación, que también incluía a su colega, otro senador de Morena llamado Enrique Inzunza Cázares, quien ha negado las acusaciones, según dos personas presentes que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones privadas. No se pusieron de acuerdo, ya que algunos senadores querían respaldar a sus aliados acosados y otros querían distanciar al partido de cualquier posible vínculo con los cárteles, según dijeron las personas.

El debate sobre si despojar o no a Rocha de su inmunidad comenzó de manera informal en el pleno del Senado pocas horas después de que se hiciera pública la acusación. “Ustedes van a decidir y aquí no habrá, concluyo, más que dos posibilidades: impunidad o justicia”, dijo en el pleno del Senado Ricardo Anaya, uno de los principales senadores de la oposición. “Que la historia los juzgue por el sentido de su voto”.

Manuel Huerta, senador de Morena, respondió que el gobierno no debería apresurarse a detener a los funcionarios acusados. “Aquí no encubrimos a delincuentes”, dijo. “Y ahora nada más se está procesando esa investigación conforme a derecho”.

El dilema de Sheinbaum es, en parte, fruto de una estrategia de años dirigida por su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para construir una amplia coalición populista llamada Morena que atrajera a políticos de todo el espectro.

La estrategia ha tenido un enorme éxito. En solo unos años, el joven partido ha aplastado a su oposición, se ha asegurado dos presidencias consecutivas, ha tomado el control del Congreso y de muchos gobiernos estatales e incluso ha instalado a sus leales en magistraturas de todo el país. No obstante, el movimiento político de izquierda –cuyas políticas para ayudar a los pobres, erradicar la corrupción y defender a la clase trabajadora resonaron entre millones de mexicanos– también se ha visto envuelto en escándalos de corrupción que implican a algunos de sus miembros más destacados.

Varios funcionarios han sido acusados de posibles vínculos con organizaciones delictivas. Otros se han enfrentado a polémicas relacionadas con sus lujosos estilos de vida. Y, ahora, Rocha y otros están imputados por Estados Unidos.

Los analistas afirman que era inevitable, dada la estrategia de Morena de abarcar a un abanico tan amplio de políticos y los largos tentáculos de los cárteles mexicanos de la droga en los gobiernos de todo el país. Ahora la situación ha alcanzado a Sheinbaum, quien tiene que liderar Morena y también –bajo la intensa presión del gobierno de Trump– investigar a algunos de sus principales nombres.

“Esto ya no es Estados Unidos ayudando a México a luchar contra el narcotráfico. Es Estados Unidos diciendo que tu partido político es parte del problema que se supone que debemos combatir juntos”, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano en México. “La cuestión ahora es qué hará el gobierno mexicano”.

El jueves, Sheinbaum dijo que no había hablado con el embajador de Estados Unidos en México desde que se hizo pública la acusación, pero sí con Rocha. “Le manifesté lo que manifiesto aquí”, dijo. “Si no hay nada, pues no hay nada que temer”.

*Por Jack Nicas, jefe de la oficina del Times en Ciudad de México que dirige la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe, y Emiliano Rodríguez Mega, reportero e investigador del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe. Paulina Villegas, Miriam Castillo y Cyntia Barrera Díaz colaboraron con reportería.

President Donald Trump turned a microphone problem into a comic riff during remarks at The Villages in Florida, asking staff to «turn the mic up please» before joking he was «screaming my a– off because the mic is no good.»

The moment came during a wide-ranging, joke-heavy speech before the Florida retirement community, where Trump bounced between policy remarks, crowd work and off-the-cuff riffs, and, at one point, quipping, «What’s more secure than The Villages?» as he played to the audience.

Trump first flagged the audio issue while discussing immigration and inflation under former President Joe Biden.

«Tell them to turn up the microphone,» Trump said. «Will you please turn up the mic?»

TRUMP HIT IN THE FACE WITH MICROPHONE, QUIPS OPERATOR ‘BECAME A BIG STORY’

«You pay these guys a lot of money, and then you get up, and the mic isn’t on properly. And then they want their money,» he continued. «And I don’t believe in paying people to do a bad job.

«I’m screaming my a– off because the mic is no good,» he added. «Turn the mic up please.»

Trump opened the speech by joking about why he chose to appear at The Villages despite recent security concerns after the White House Correspondents’ Association (WHCA) dinner shooting Saturday night.

TRUMP JOKES HE’D LOOK ’20 POUNDS HEAVIER’ IN A BULLETPROOF VEST, SAYS HE DOESN’T THINK ABOUT THREATS

President Donald Trump arrives to give a speech about taxes and Social Security at The Villages, Fla. (Jim Watson/AFP)

«They say on my life I should be indoors at a secure facility where I can quietly, beautifully and safely play out my term,» Trump said. «I said, what’s more secure than The Villages?»

He also praised the Florida community as «the single largest community of seniors anywhere in the world,» before joking about the size of the overflow crowd.

«They have an overflow room that’s bigger than this,» Trump said. «Why the h— didn’t I go there? To start off.»

He repeatedly teased the crowd about age while arguing his administration had delivered for seniors.

«I don’t happen to be a senior,» Trump said. «I’m much younger than you. I’m a much younger man than you. Look at you old guys.

«But I feel I can relate to you anyway.»

TRUMP SAYS ‘LEGENDARY’ CROWD REACTION AT UFC 314 SHOWS THE ADMINISTRATION IS ‘DOING A GOOD JOB’

Supporters cheer as President Donald Trump arrives to give a speech about taxes and Social Security at The Villages in Florida. (Jim Watson/AFP)

Trump also singled out his regular rally supporters near the stage, calling them «front row Joes.»

«They’re all over. I can’t get rid of them,» Trump said. «They are sick individuals, but we love them.»

At another point, Trump defended what he calls «the weave,» his term for jumping between topics mid-speech.

«I love the weave because the weave is great,» Trump said. «Someday, I won’t come back, and they’ll say, ‘all right, he shot.’ That’s the weave. I call it the weave because you get a lot of stories into one little sentence.»

Trump later joked about traveling with Dr. Mehmet Oz while discussing Medicare and Medicaid.

TRUMP CLAIMS WHITE HOUSE DOCTORS REPORT HIM IN ‘PERFECT HEALTH,’ SAYS HE ‘ACED’ THIRD STRAIGHT COGNITIVE EXAM

«We have a man here who knows more about Medicaid, Medicare, medical crap than any human being,» Trump said.

«It’s the most boring trip I’ve ever made,» he added. «He’s telling me about Medicare, Medicaid. All I want to do is take care of you. I don’t care, I said, ‘You work out the details.’»

While discussing prescription drug costs, Trump also recounted a conversation with what he described as a wealthy friend seeking cheaper weight loss medication overseas.

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«He called it the fat shot,» Trump said. «I’ve given it that name, the fat shot.»

The microphone complaint was ultimately one of several unscripted moments as Trump moved between policy and personal banter, delivering a speech that, at times, resembled a stand-up-style riff more than a traditional political address.

President Donald Trump informed Congress Friday that a ceasefire with Iran has ended hostilities and reset the clock on congressional war powers limits, but legal experts say ongoing military operations complicate that claim.

«For War Powers Resolution purposes, the hostilities that began on Saturday, February 28 have terminated,» a senior administration official told Fox News Digital. 

«Both parties agreed to a 2-week ceasefire on Tuesday, April 7 that has since been extended,» the official went on. «There has been no exchange of fire between U.S. Armed Forces and Iran since Tuesday, April 7.»

The White House formally notified Congress in a letter Friday under the War Powers Resolution that it considers hostilities to have ended following the ceasefire.

LIVE UPDATES: IRAN THREATENS ‘LONG AND PAINFUL STRIKES’ ON US POSITIONS AS TRUMP FACES WAR POWERS DEADLINE

«Despite the success of United States operations against the Iranian regime and continued efforts to secure a lasting peace, the threat posed by Iran and its proxy forces remains significant. Accordingly, the Department of War continues to update its force posture in the AOR in select areas to counter Iranian proxy forces’ threats and to protect the United States and its allies and partners,» Trump wrote in a letter to Congress Friday.

«As the situation evolves, I will continue to update the Congress on noteworthy changes in the United States Armed Forces presence, consistent with the War Powers Resolution.»

For decades, presidents of both parties have pushed the limits of the War Powers Resolution, seeking flexibility to conduct military operations without being hindered by a congressional vote.

The law requires the president to end the use of U.S. forces within 60 days of entering hostilities unless Congress authorizes the operation, with a limited extension allowed for withdrawal.

The more than two-month conflict has exposed sharply different interpretations of the law and whether the White House must seek congressional approval. Bombing ceased on April 7, but U.S. forces continue enforcing a naval blockade in the Strait of Hormuz — an operation widely considered an act of war.

«A ceasefire does not automatically suspend the War Powers 60-day clock,» said John Bellinger, who served as legal adviser to the State Department and National Security Council under President George W. Bush.

The U.S. military has been enforcing a naval blockade in the Strait of Hormuz, even during the ceasefire. (U.S. Central Command)

He pointed to the continued presence of U.S. warships and thousands of troops enforcing a blockade in the Strait of Hormuz, arguing American forces «are clearly still conducting military operations and are in potential danger.»

U.S. forces have continued boarding and seizing vessels suspected of violating the blockade, at times using force to disable ships before Marines conduct inspections.

Stephen Pomper, policy chief at the International Crisis Group and a former senior National Security Council official, was more direct.

«I don’t think it’s a very credible interpretation. It’s certainly not based on the text of the statute,» Pomper said.

«There’s still an enormous American deployment. There’s an active blockade, which is an act of war.»

Trump is far from the first president to test the limits of the War Powers resolution, experts noted. 

During the late 1980s «Tanker War» with Iran, the George H.W. Bush administration argued that individual naval engagements did not amount to sustained hostilities. In 1999, the Clinton administration maintained that congressional funding for the Kosovo campaign effectively constituted authorization.

More recently, the Obama administration argued that U.S. involvement in Libya did not rise to the level of «hostilities» under the War Powers Resolution, even as American forces supported air operations. The Biden administration made similar arguments in defending certain U.S. deployments tied to Yemen.

«We have seen Republican and Democratic administrations alike bypass the act in creative ways,» Nicholas Creel, Associate Prof. of Business Law at Georgia College and State University told Fox News Digital.

PELOSI’S WAR POWERS FLIP-FLOP EXPOSED IN RESURFACED OBAMA-ERA CLIP CONTRADICTS TRUMP CRITICISM ON IRAN

Congress has periodically challenged similar interpretations in past conflicts but has rarely forced a withdrawal of U.S. forces. Courts have also largely stayed out of War Powers disputes, leaving presidents with significant latitude to define the scope of hostilities.

If Congress does not act, the administration could continue operations without new authorization.

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«It’s really up to Congress, and as often as not, Congress doesn’t want to push back,» Pomper said.

Matt Zierler, an international relations professor at Michigan State University, told Fox News Digital that Congress likely does not have the «real will» to fully execute the War Powers Act because other powers, such as passing appropriation bills that would restrict defense spending, would be more effective. Even so, Zierler said sequestration measures could come at a political loss.

«It’s a big political loss, potentially for Congress, if they start cutting off funding,» Zierler said, suggesting that the president could claim the cut in funds by Congress is hurting troops and national security. 

«It is a political or symbolic game, but it’s not necessarily something that most members of Congress want to play, because, you know, they don’t have all the intelligence,» Zierler said. «They don’t know what’s going on, and it can get really messy.»

Asked about the 60-day clock on Thursday, Senate Armed Services Committee Chairman Roger Wicker, R-Miss., told reporters: «I have not spent a great deal of time worrying about that.»