POLITICA
Horacio Rosatti reclamó “el acatamiento obligatorio” de los fallos de la Corte para dar previsibilidad a las inversiones
Ante un auditorio compuesto por empresarios, políticos y diplomáticos, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó la necesidad de seguridad jurídica como “requisito” para el crecimiento de las inversiones. Y sin hacer menciones al gobierno de Javier Milei, dejó en claro la necesidad del “acatamiento obligatorio de las decisiones” del máximo tribunal, un punto establecido en la ley de modernización laboral, recientemente aprobado por el Congreso pero suspendida en la aplicación de varios de sus artículos.
“La seguridad jurídica deber ser para todos”, dijo el presidente de la Corte, en el inicio de sus ocho minutos de discurso en las jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones. Calificó de “muy bueno que en estos ámbitos se hable de derecho, del derecho vinculado a la economía”. “Los aspectos jurídicos son tan relevantes como los económicos para el desarrollo”, destacó.
De inmediato se centró en el concepto de seguridad jurídica, “que todos defienden, pero que no todos entienden de la misma manera”. El juez afirmó que esa seguridad jurídica “debe ser para el inversor y para quien recibe la inversión”. “Si no es para todos, no es segura, y termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión. Por eso es importante que se incorporen estos temas a los debates económicos”, dijo el magistrado.
De inmediato, distinguió dos componentes de las decisiones: el normativo, ligado “las regulaciones, tarifas, tipo de cambio, la política impositiva”; y el institucional, “que es muy importante, y que se vincula con el sistema republicano, la división de poderes”. Puntualizó que “la Justicia está en los dos componentes, y en el vértice del sistema judicial está la Corte”. Una Corte que “si bien fue inspirada en la constitución norteamericana de 1787, su práctica ha hecho que tengan funcionamientos diferentes”.
Allí criticó la cantidad de causas que la Corte debe analizar. “La Corte argentina analiza las garantías y derechos fundamentales, sino muchísimas veces cuestiones de competencia, nuestro país federal es mucho más intervencionista a la hora de conflictos entre provincias, municipios y el Estado nacional”. Ejemplificó que la Corte norteamericana “resuelve 80, 90, 100 causas por año”, mientras que el máximo tribunal en la Argentina atiende 15 mil casos. “Hay un requerimiento y necesidad de respuesta muy superior”, dijo el presidente de la Corte.
Allí enfatizó en la importancia de “las herramientas con las que pueda contar la Corte para tomar decisiones”. Y subrayó que “una de las herramientas es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte”, que figura en el artículo 89 de la nueva ley laboral.
“Es importante para darle previsibilidad a una inversión. Una inversión se puede malograr por una cláusula provincial o municipal. Pero con el acatamiento obligatorio todos sabemos a qué atenernos”. Fuentes judiciales explicaron que, hoy por hoy, “la Corte no tiene ese alcance, ya que dicta una sentencia y a las pocas horas una cámara dicta la sentencia contraria, y la norma debe recorrer un camino hasta volver a la Corte”. La mayoría de esos casos, sostienen en el alto tribunal, tienen que ver con diferendos jubilatorios vinculados con la Anses o causas del fuero laboral.
“La seguridad jurídica deber ser para todos”, reiteró Rosatti hacia el final de su alocución. “Hace muchos años Naciones Unidas comenzó a entender y medir la fortaleza de las naciones no sólo por crecimiento económico, sino por educación y salud”. “Agregaría la calidad institucional, la certeza en las decisiones, la independencia del Poder Judicial y el acatamiento obligatorio en las decisiones de la Corte. Es un factor muy importante”, cerró Rosatti, antes de dejar el estrado.
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POLITICA
El vocero de Milei dijo que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1800 en los próximos meses
El vocero presidencial, Adrián Ravier, evaluó que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses. Últimamente el tipo de cambio se movió entre los $1400 y $1500. “La estabilidad cambiaria está muy clara, yo no me preocupo por ese lado”, sostuvo anoche en La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en el streaming oficialista Carajo.
Indicó que podría haber “una corrección mínima”, que no implicaría la duplicación del tipo de cambio ni la consecuente caída de los ingresos: “Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó.
El funcionario expresó este escenario ante la pregunta de Parisini acerca de si la economía llegará “holgada” de cara a las elecciones de 2027, en las que el presidente Javier Milei buscará su reelección. El vocero respondió que “llegamos bien”: con un crecimiento económico positivo; inversiones a raíz del RIGI; inflación, pobreza e indigencia a la baja; y equilibrio fiscal.
“Los shocks externos siempre son de temer –admitió–, pero el Gobierno ha hecho todo para alcanzar una solidez macro”. Y descartó: “No hay ninguna posibilidad de un escenario [Mauricio] Macri 2019, donde los pasivos remunerados –las Lebac– empezaron a generar una crisis cambiaria”.
A un mes de asumir como vocero, Ravier acumula una serie de traspiés en su nuevo rol. Esta semana se equivocó al leer una respuesta que tenía escrita durante la conferencia de prensa que realiza los martes.
Ante una consulta sobre la exploración extranjera en Malvinas, el funcionario comenzó a leer una respuesta que hacía referencia a la presentación de una nota de protesta a la embajada del Reino Unido, y reculó: “Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que chequeo esto. Esta es”, lamentó, y leyó los nuevos papeles, en los que expresó su rechazo a la decisión de inversión de las “ilegítimas” licenciatarias británica e israelí para el desarrollo de yacimientos en Malvinas sin contar con los permisos de la Argentina.
Ante una repregunta, respondió: “Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder”. Así finalizó la conferencia.
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Qué piensan los argentinos sobre la política: una encuesta analizó la representación, las instituciones y el liderazgo
Una encuesta de Zeta Consultora reveló que la mayoría de los argentinos prioriza la gestión eficaz y la honestidad en los líderes políticos. Al mismo tiempo, se observa un descontento con la capacidad de los partidos para representar sus intereses. El estudio también muestra que la figura de la “casta” política sigue en debate y que la sociedad demanda mayor participación ciudadana.
El estudio consultó sobre la representación política. La mayoría de los encuestados respondió que los partidos políticos muestran una capacidad de representación menor que en el pasado. Esta percepción se mantiene, aunque los consultados diferencian entre la política como actividad y los actores que la encarnan. Según los resultados, si surgiera un dirigente capaz de representar intereses reales, la confianza podría recuperarse.
El sondeo también abordó el debate sobre la “casta” política. La encuesta reflejó que, a pesar de la incorporación de dirigentes tradicionales en el gobierno, los ciudadanos siguen valorando la imagen de quienes se presentan como ajenos a la estructura política tradicional. El presidente Javier Milei aparece como figura central en este fenómeno.
Capacidad de gestión y honestidad: las prioridades de la sociedad
La encuesta preguntó a los participantes cuáles son las características más importantes en un líder político. El 41% seleccionó la gestión como el atributo fundamental, seguido por la honestidad, elegida por el 40%. La claridad en las ideas obtuvo el 15%, mientras que la capacidad de comunicación y el carisma fueron menos relevantes.
Los datos muestran que la sociedad argentina busca que sus dirigentes resuelvan problemas concretos y actúen con transparencia. Entre los comentarios recogidos, muchos ciudadanos expresaron que pueden tolerar errores en la administración, pero no situaciones vinculadas a la corrupción o el desvío de fondos públicos.
El relevamiento permitió elegir más de una opción, lo que indica que los participantes consideran necesario un equilibrio entre eficacia en la gestión y conducta ética. El pragmatismo y la transparencia ocupan así un lugar central en la demanda social.
Representación y vínculos con la ciudadanía
El estudio de Zeta Consultora también preguntó si los dirigentes pueden comunicarse directamente con la ciudadanía sin intermediarios. El 44% de los encuestados respondió afirmativamente y el 22% parcialmente. Siete de cada diez consideran posible una relación directa, facilitada por el uso de redes sociales y nuevas formas de interacción.
Otra pregunta indagó sobre la institución que mejor representa las preocupaciones ciudadanas. El 40% eligió a las organizaciones sociales en sentido amplio, mientras el 30% afirmó que ninguna institución cumple ese rol. Los municipios y los partidos políticos quedaron por debajo, y el Congreso fue la opción menos mencionada.
Este panorama muestra un distanciamiento entre la ciudadanía y la política formal. Los municipios aparecen como el espacio más cercano, aunque la posibilidad de contacto directo varía según el tamaño de la localidad.
Participación social, instituciones y acuerdos políticos
Al mismo tiempo, la encuesta consultó a los participantes sobre las necesidades más urgentes para mejorar el país en el futuro. El 54,8% destacó la necesidad de mayor participación ciudadana. Esta opción incluye la actuación en diferentes sectores sociales, no limitada a la militancia partidaria.
El fortalecimiento de las instituciones ocupó el segundo lugar, con el 23% de las respuestas. La justicia figura como ejemplo de institución identificada por los encuestados. Solo el 16% consideró prioritario alcanzar más acuerdos políticos, lo que refleja un bajo nivel de valoración del consenso en la sociedad argentina.
La demanda de participación y el llamado a instituciones fuertes muestran la preocupación de la ciudadanía por la calidad del sistema democrático. La confianza en los partidos y el Congreso permanece baja, mientras crecen las expectativas sobre el rol de actores sociales y municipales.
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Los jueces son conscientes de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y hacen su propio diagnóstico: los procesos son lentos, los tribunales no tienen un sistema de gestión moderno y les gana la burocracia.
En el marco del proceso de reforma judicial que impulsa la Corte Suprema, les preguntó a nueve jueces -incluidos magistrados de Comodoro Py y representantes de los tribunales de las provincias- cuáles son las principales deudas de la Justicia con la sociedad y qué cambios son prioritarios.
En materia penal, los jueces coinciden en que es necesario reducir los procedimientos a las formas mínimas indispensables, eliminar tiempos muertos y oralizar los trámites.
A nivel federal está en marcha la implementación de un nuevo Código Procesal acusatorio, más moderno, cuya aplicación impulsa el Gobierno, pero que demorará varios años en llegar a todo el país (incluso a la Justicia Federal de la Capital). Hasta que termine de implementarse, algunos jueces federales recomiendan, en línea con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, algunas reformas legales al sistema actual. Otros, en cambio, creen que hay que apostar directamente al sistema acusatorio.
En todos los fueros hay consenso en la necesidad de ser más abiertos para que la gente conozca cómo se toman las decisiones y contar con un sistema de gestión que permita que los jueces solo se ocupen de las decisiones judiciales.
Los representantes de los tribunales del interior piden que se diseñen reformas teniendo en cuenta la autonomía de las justicias de las provincias y sus diferentes necesidades. «A veces la mirada se detiene en los tribunales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires», se quejó Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los tribunales provinciales atienden el 80% de los casos que plantea la gente, advirtió.
El presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias (Jufejus), Rafael Gutiérrez, coincidió en que los problemas en las provincias muchas veces son otros. Dijo, por ejemplo, que en muchos lugares ya se aplica un Código Procesal acusatorio y que está muy avanzado el proceso de «digitalización» de los expedientes. En otros distritos, incluida Buenos Aires, hay tribunales que siguen cosiendo los expedientes con aguja.
Una idea central en la que coincidieron todos los jueces es que deben tener presente que la Justicia es un servicio, que los ciudadanos son los usuarios y que necesitan una mejor respuesta.
Claudio Bonadio, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
Sebastián Casanello, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Susana Medina, presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas
Angela Ledesma, jueza de la Cámara Federal de Casación
Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Julián Ercolini, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación
Rafael Gutiérrez. presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Hernán Cappiello,Paz Rodríguez Niell,LA NACION,Política
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