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‘Illegals first’: Senate Republicans blast Schumer’s gambit to force vote on protecting Haitian migrants

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Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., wants to extend protections for Haitian migrants, and Republicans say it’s a perfect example of him putting the interests of illegal immigrants over Americans. 

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Schumer fast-tracked a House-passed bill that would extend the Temporary Protected Status (TPS) of Haitian migrants for three years earlier this week onto the Senate schedule. Whether it actually makes it to the floor is ultimately up to Senate Majority Leader John Thune, R-S.D.

The top Senate Democrat’s desire to pass the legislation in the Senate comes at an inflection point for both the protected status of Haitian migrants and a funding battle started, in part, over immigration operations in the country. 

Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., fast-tracked a House-passed bill to extend the protected status of Haitian migrants for another three years, but Sens. Katie Britt, R-Ala., and Bernie Moreno, R-Ohio, say it’s the perfect example of Schumer prioritizing illegals over Americans.  (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc. via Getty Images; Nathan Posner/Anadolu via Getty Images; Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)

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HOUSE REPUBLICANS DEFY TRUMP TO SHIELD HAITIANS FROM DEPORTATION

Sen. Katie Britt, R-Ala., who led negotiations for Senate Republicans to try to strike a compromise deal to end the Department of Homeland Security (DHS) shutdown, told Fox News Digital, «I’m so glad that he is prioritizing people who are not American consistently.»

«What about the countless Americans that have died at the hands of illegal aliens? I mean, the fact that you’re literally trying to defund the organization that is tasked with keeping our streets safe, our borders secure, keeping Americans — allowing Americans to go home to their families at night,» Britt said. «It’s just totally, his priorities are completely and totally off.»

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While Schumer is trying to extend the protected status of Haitian migrants, DHS is still shut down over disagreements on Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Customs and Border Protection (CBP) funding.

SENATE TAKES FIRST STEP TO FUND ICE, BORDER PATROL IN BID TO CUT DEMS OUT OF THE FUNDING PROCESS

Trump speaks to reporters outside Oval Office responding to criticism from pope.

President Donald Trump tried to revoke the program for Haiti, but his administration’s effort is currently snarled in the courts.  (Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

The legislation made it through the House last week after 10 Republicans bucked President Donald Trump and joined Democrats to shield more than 350,000 Haitian nationals from deportation.

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The TPS program allows foreign nationals whose home countries face humanitarian crises or dangerous conditions to temporarily live and work in the United States without fear of deportation, but it does not provide a pathway to citizenship.

Schumer noted on the Senate floor earlier this week that Haitian migrants became a political flash point during Trump’s campaign, in which he claimed that a community of Haitians in Ohio were eating pets. 

SENATE REPUBLICANS UNVEIL IMMIGRATION FUNDING PLAN WITH $140 BILLION PRICE TAG AS GOP AIMS TO SPEND LESS

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Sen. John Thune speaks with reporters while walking through Capitol hallway.

Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., spoke with reporters as he headed to the Senate chamber at the U.S. Capitol on March 12, 2026, in Washington, D.C. (Chip Somodevilla/Getty Images)

«Despite ongoing violence, gang violence, civil instability, terrible medical infrastructure, and poor food access in Haiti,» Schumer said, «Trump directed Kristi Noem to strip Haitian immigrants of their TPS, their Temporary Protected Status, disregarding the process Congress set into law.»

Trump tried to revoke the program for Haiti and argued that because conditions have improved in the country, granting Haitians legal protections runs counter to American interests. But his administration’s effort is currently snarled in the courts. 

And if it were to make it to a vote, Republicans plan to swiftly kill it.

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When asked whether the bill stood a chance in the upper chamber, Sen. Bernie Moreno, R-Ohio, flashed a zero sign by connecting his index finger and thumb. 

«Zero point zero,» Moreno told Fox News Digital.  «Schumer is all illegals first, it’s crazy.»

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Escándalo en Uruguay con el presidente Yamandú Orsi por la compra de una camioneta de US$ 80.000: un llamativo descuento de US$ 25.000, dudas y su descargo

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El presidente uruguayo Yamandú Orsi quedó envuelto en un escándalo por la compra de una camioneta de US$ 80.000 que pagó a un precio muy por debajo del que debería pagar cualquier ciudadano, gracias a un llamativo descuento que consiguió por parte de una automotriz de más del 30% sobre el vehículo, un Hyundai Santa Fe Híbrido.

Ahora, tuvo que salir a dar explicaciones después de que su primera reacción luego de que trascendiera la información dejara más dudas que certezas. «Si algún organismo de contralor considera que cometí algún error, me haré cargo», afirmó en un video compartido en las redes sociales en las últimas horas, cuando la polémica por la compra sumaba cada vez más datos opacos.

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«Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia, en particular en el comienzo de la gestión. En esos días se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024″, comenzó explicando el mandatario.

Dijo que «por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío» consideró viable la propuesta, «condicionado a las posibilidades económicas» que estuvieran a su alcance. Y que como el precio que le propusieron desde la automotora le resultó razonable decidió «hacer la compra».

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El escándalo de la camioneta de Orsi

La controversia se desató luego de que un informe del programa ‘Así Nos Va’ de Radio Carve mostrara la declaración jurada de Orsi y marcara algunas inconsistencias. Allí se señaló que no había una explicación clara sobre de dónde había salido la diferencia entre su antigua camioneta y la que adquirió justo antes de transformarse en Presidente.

Un día después apareció la factura de compra y quedó en evidencia que el mandatario había recibido un descuento de 25.000 dólares en la adquisición del vehículo, que costaba US$ 80.000.

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Orsi intentó aclarar la situación de la compra y señaló que ante “descuentos se tiraba siempre de cabeza”, lo que causó fuertes cuestionamientos. El senador nacionalista Sebastián Da Silva le recriminó: “Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución. Ni Menem se animó a tanto«.

La situación escaló y la oposición puso en duda también al vehículo que usó Orsi el día de su asunción como Presidente. En esa jornada, el mandatario uruguayo desfiló con un auto eléctrico de la misma marca. Desde entonces se especuló que el descuento que recibió tuvo que ver con eso. Una suerte de Publicidad No Tradicional (PNT) en pleno traspaso del poder.

De hecho, el diputado por el opositor Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un pedido de informes a Presidencia «para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al Presidente en la asunción del 1 de marzo de 2025″.

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En su mensaje publicado anoche, Orsi subrayó: «La elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda».

La camioneta Hyundai que trasportó a Orsi en la jura presidencial quedó bajó sospecha también.

«Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque, de ser así, se transforma en mentira. Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco, pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un automóvil seguro, sin generar un gasto extra al Estado», dijo.

Asimismo, apuntó que si se entiende que debe pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo hará «sin más demora».

Según publicó el medio uruguayo El País, el mecanismo de adquisición de la camioneta Hyundai tuvo detalles que Orsi emitió en su mensaje. Uno de ellos sería la entrega como parte de pago a la concesionaria de una camioneta Renault Stepway que había sido donada para su campaña electoral, además de su vehículo personal.

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También que realizó una transferencia de US$15.000 con la que habría completado la transacción del vehículo tasado en alrededor de US$80 mil.

“El valor de la operación está registrado en la factura que oportunamente presenté, así como mi patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada. Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo. Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad: verdad que se refleja en toda la documentación presentada», ratificó.

Por último, se disculpó con los uruguayos: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora. Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente».

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El video del presidente uruguayo no respondió todas las dudas y el tema, lejos de apaciguarse, sigue despertando polémica. Es que el mandatario admitió que como parte de pago dio una camioneta donada a su comando de campaña, pero resultó ser que ese vehículo era parte de una rifa que, al final, nadie ganó.

Según publicó el medio Búsqueda, la camioneta Renault había sido puesto como premio de una rifa, cuyo premio quedó vacante. Y sobre ello opinó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en cuyas filas milita Orsi: «La rifa la organizó el comando de Orsi. No soy yo quien tiene que explicarlo sino el equipo que estuvo a cargo de este bono colaboración», expresó.

Pereira reconoció que la explicación de Orsi «probablemente» se demoró en llegar, pero defendió que haya dado la cara. «Buena parte del capítulo está explicado. El presidente puso a disposición su auto desde el día uno y ya no tiene el valor de compra», sentenció.

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FIRST ON FOX: ActBlue board members in hot seat as GOP probes ‘serious’ misconduct allegations

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FIRST ON FOX: Congressional investigators are expanding their probe into Democratic fundraising giant ActBlue, seeking interviews with board members as scrutiny intensifies over the platform’s handling of foreign donations. 

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The GOP chairs of three House committees are requesting that five members of ActBlue’s board sit for transcribed interviews and produce a slew of documents related to their involvement in the payment processor’s response to allegations of donor fraud.

The board members have until June 16 to voluntarily comply with the Republicans’ invitation, according to a copy of the letters reviewed by Fox News Digital. 

The letters come as ActBlue is under intense pressure over whether it accurately represented its fraud-prevention practices and handling of foreign donations that may have been routed through the platform into U.S. elections. The Republican-led committees have accused the platform of stonewalling their investigation by withholding documents subpoenaed by the panel and failing to be transparent after learning about the potential misrepresentation of facts.

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Congressional investigators are expanding their probe into Democratic fundraising giant ActBlue. (Getty Images)

DEM FUNDRAISING GIANT IN THE HOT SEAT AS GOP LAWMAKERS DEMAND ANSWERS OVER DODGED SUBPOENA

«Information produced to the Committees and public reporting indicate that ActBlue’s Board of Directors may have participated in or been aware of this misconduct,» House Administration Committee Chairman Brian Steil, R-Wis., House Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan, R-Ohio, wrote in the letters. «Accordingly, we write to request your voluntary cooperation with our oversight.»

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A spokesperson for ActBlue did not immediately respond to a request for comment. 

House Republicans’ widening probe into ActBlue comes as the group’s embattled CEO, Regina Wallace-Jones, is expected to testify before the House Administration Committee about the platform’s vetting of foreign donations at a June 10 hearing.

«Ms. Wallace-Jones allegedly misled our committee at the outset of our investigation into ActBlue’s fraud prevention standards,» Steil previously told Fox News Digital. «It’s past time we set the record straight and got answers for the American people.»

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Central to those concerns is reporting that ActBlue’s own attorneys questioned whether the organization had accurately described some of its fraud-prevention practices to Congress. 

According to The New York Times, Covington & Burling, ActBlue’s then-outside counsel, warned Wallace-Jones in early 2025 that she may have given misleading comments to Steil’s committee about how the platform screened potentially illegal contributions, including those from foreign donors.

ActBlue did not immediately clarify that some of its screening procedures for fraudulent donations were not always followed as described to congressional investigators, the outlet reported. 

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House Oversight Committee Chairman James Comer speaking with Committee on House Administration Chairman Bryan Steil and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan

House Oversight Committee Chairman James Comer, Committee on House Administration Chairman Bryan Steil and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan are leading investigations into ActBlue. (AP)

ACTBLUE SCRUTINY FUELS NEW GOP BILLS TO TIGHTEN ELECTION DONATION RULES

ActBlue’s new outside counsel later acknowledged in a June 2025 letter that the payment processor strengthened certain donor-screening procedures, months after the board learned of the concerns raised by Covington. 

«We saw it as we weren’t going to poke the bear by issuing a correction for things that, frankly, the committee hadn’t necessarily looked at more closely,» Kimberly Peeler-Allen, chairwoman of the ActBlue board of directors, told The Times in April.

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Peeler-Allen is among the targets of the new round of interview requests. 

The Republican chairs are also scrutinizing the board’s response to a wave of high-profile departures and alleged retaliation that occurred following internal concerns that ActBlue may have provided misleading information to Congress. 

An ActBlue lawyer had his access to ActBlue’s computer networks cut off after he tried to warn the board about the group’s potential legal jeopardy, The Times reported. According to the outlet, two ActBlue unions later warned the board about current leadership’s association with a «growing pattern of volatility and toxicity» and asserted that the constant turnover was «eroding our confidence in the stability of the organization.»

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Regina Wallace-Jones wearing a U.S.-flag themed outfit at the United Center in Chicago

ActBlue CEO Regina Wallace-Jones, a delegate from California, wears a U.S.-flag themed outfit ahead of the Democratic National Convention at the United Center in Chicago on Aug. 19, 2024. (Vincent Alban/Reuters)

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«The union noted that ActBlue’s legal and compliance functions had been compromised,» the group of Republicans said in the letter. «It is unclear what actions the Board took in response to these serious allegations.»

ActBlue has consistently denied any wrongdoing and has not been criminally charged. Spokespersons for the payment processor have previously cast the congressional probe as an attempt by Republicans to undermine the group — a key plank of the Democratic Party’s financial infrastructure — ahead of November’s midterm elections.

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Trump podría ganar un importante aliado en las próximas elecciones de Colombia

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El presidente Donald Trump dejó claro lo que quería cuando reunió a líderes conservadores latinoamericanos en Florida el pasado mes de marzo. Al prometer que, juntos, habrían de “erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región”, Trump dijo a los líderes que solo necesitaba una cosa.

“Necesitamos su ayuda”, dijo. “Díganos dónde están”.

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Trump podría ganar ahora un aliado en un país que, según los expertos, es el más importante para esa misión fuera de México: Colombia.

Abelardo de la Espriella, un abogado penalista sin experiencia política que se hace llamar “El Tigre”, aventajó el domingo a su rival conservador en las elecciones presidenciales de Colombia y pasó a la segunda vuelta.

Se enfrentará el 21 de junio a un senador de izquierda del partido del presidente Gustavo Petro. Además de construir 10 megacárceles, De la Espriella ha prometido que aplastará a los grupos de traficantes armados de su país.

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“Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria”, dijo De la Espriella en un discurso pronunciado en Barranquilla tras los resultados.

Por el contrario, su oponente político de izquierda, Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, ha advertido contra el uso excesivo de la fuerza militar y ha denunciado lo que denomina “la fracasada guerra contra el narcotráfico”, que, según dijo, ha hecho poco por frenar el comercio mundial.

Si gana De la Espriella, sería un triunfo para Trump en la región, dijo Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, que calificó a Colombia de “aliado número uno para Estados Unidos”.

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Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y el hogar de varios grupos de traficantes importantes que el gobierno de Trump ha designado como organizaciones terroristas.

A medida que los grupos armados luchan por el control de las rutas de la cocaína y las minas de oro ilegales, también se han desbordado a través de las fronteras de Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Brasil, países de tránsito clave para la cocaína.

De la Espriella enfocó su campaña en la promesa de tomar medidas drásticas contra los grupos, así como de reprimir la delincuencia urbana, en lo que, según los expertos, equivale a una mezcla de Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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Ha propuesto construir 10 megacárceles privadas «en la mitad de la nada» y ha planteado la idea de promulgar una legislación “temporal” que otorgue a su gobierno amplios poderes para encerrar a más delincuentes, lo que ha provocado comparaciones con el estado de excepción que El Salvador y Ecuador han utilizado para desplegar al ejército contra los miembros de las bandas.

De la Espriella ha prometido bombardear los “campamentos narcoterroristas” el primer día y recuperar el control del gobierno en las zonas de conflicto en un plazo de 90 días.

También ha prometido perseguir la producción de coca, y calificó a la cocaína de “fuente primigenia de todas las formas de violencia”, y ha dicho que erradicará más de 330.000 hectáreas de plantaciones de coca -una superficie del tamaño de Rhode Island- con la reanudación de la fumigación aérea, una técnica que se prohibió después de que fuera relacionada con riesgos para la salud. (Ha dicho que utilizará un producto químico más seguro).

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Colombia ha sido históricamente uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en América Latina. Aunque la colaboración ha continuado, los expertos afirman que Petro, el primer dirigente de izquierda de Colombia, tensó esa relación, al denunciar como “asesinato” los ataques de Trump a barcos frente a las costas de Sudamérica que, según él, transportan drogas.

“Estados Unidos no hizo muy privado que quiere un nuevo presidente en Colombia que siga lo que Estados Unidos quiere en la región”, dijo Sánchez, al describir que la prioridad del gobierno de Trump es conseguir nuevos socios en un “esfuerzo de cooperación en materia de narcoseguridad” en toda la región.

A través de una coalición militar recién formada para erradicar los cárteles, Estados Unidos está tratando de persuadir a sus aliados en Latinoamérica para que permitan ataques militares en conjunto con Estados Unidos contra grupos delictivos dentro de sus territorios, según ha informado The New York Times.

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De la Espriella ha sugerido que, aunque no permitiría operaciones militares estadounidenses en suelo colombiano -una línea roja para muchos gobiernos de la región-, sí incluiría a Colombia en la alianza, que incluye a casi 20 países latinoamericanos.

El ascenso de De la Espriella representa un desplazamiento en la región de los políticos conservadores tradicionales hacia figuras alineadas con el movimiento MAGA, que promueven la militarización de las fuerzas del orden para responder a la preocupación de los votantes por la delincuencia, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution en Washington.

En la segunda vuelta de Colombia, se preguntará a los votantes: “¿Quieren ir esencialmente a toda marcha en la dirección MAGA? ¿Y a toda marcha en la dirección Bukele?”, dijo Felbab-Brown.

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“De la Espriella”, añadió, “está en la extrema derecha de la derecha”.

Sus estrictas propuestas en materia de seguridad preocupan a algunos analistas, quienes afirman que políticas similares en El Salvador y Ecuador han dado lugar a abusos contra los derechos humanos.

De la Espriella también ha adoptado una postura contraria a los migrantes, y prometió deportar a los migrantes que cometan delitos en un país en el que ahora viven hasta tres millones de venezolanos. También ha adoptado posturas sociales conservadoras que resuenan entre muchos votantes de Colombia, un país de mayoría católica, como oponerse al aborto y al derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños.

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Se ha presentado a sí mismo como partidario de las empresas y del gobierno pequeño, al prometer -al igual que el presidente Javier Milei de Argentina- reducir de manera drástica el gasto público, recortar las normativas, eliminar los organismos gubernamentales “inútiles” y erradicar la corrupción.

El rival de De la Espriella, Cepeda, propone un enfoque totalmente diferente en materia de seguridad.

Cepeda, conocido sobre todo por su labor en la defensa de las víctimas del largo conflicto armado colombiano, ha dicho que protegerá a los colombianos de la violencia. Pero cerró su campaña diciendo que buscaría la paz y la reconciliación y detendría “el ciclo de las violencias” que durante décadas ha visto a las fuerzas de seguridad colombianas atacar a los grupos armados, con bajas masivas en ambos bandos.

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No ha dicho que vaya a archivar el muy criticado plan de paz de Petro, “Paz Total”, y ha sostenido que los acuerdos negociados con los actores armados son la única forma de evitar más derramamientos de sangre. Los críticos han dicho que aliviar la presión militar sobre los grupos les había permitido expandirse.

Cepeda ha dicho que su propio plan de seguridad implicará una mayor inversión en las zonas de conflicto, el apoyo a los pequeños agricultores, la creación de empleo y la ayuda a las escuelas para evitar el reclutamiento de niños.

Al enfrentarse a Estados Unidos, Cepeda se aleja de Petro.

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Petro discutió a menudo con Trump, pero al final le aseguró que su gobierno estaba llevando a cabo un ataque militar total contra los grupos armados. En una reunión en la Casa Blanca a principios de este año, transmitió que trabajar con Colombia era la mejor apuesta de Trump para lograr sus objetivos antinarcóticos en la región.

De la Espriella se ha inclinado por una imagen de línea dura, y ha dado discursos con el puño en alto. Pero ha rechazado las etiquetas ideológicas y ha dicho que no era “extremo” de la derecha, sino de “extrema coherencia”.

“Al final del día yo no estoy defendiendo ideologías. Yo estoy defendiendo valores y principios”, dijo en una entrevista reciente con un influente colombiano, y citó la familia, la libertad y la seguridad como pilares de su campaña.

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Cepeda, por su parte, ha intentado poner en duda el mensaje de ley y orden de De la Espriella.

Al referirse a la carrera de De la Espriella como abogado penalista que representaba con frecuencia a clientes implicados en polémicas relacionadas con la corrupción y las drogas, Cepeda lo calificó de “estafador de estafadores”, que representa un “pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto”.

De la Espriella ha hecho caso omiso del escrutinio de su pasado y ha afirmado de manera repetida que nunca ha sido acusado de ningún delito y ha citado su carrera jurídica como prueba de su compromiso con el Estado de derecho.

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Algunos colombianos dijeron estar preocupados por sus mensajes. Juli Salamanca, directora de un grupo de salud trans de Bogotá, dijo que apoyaba a Cepeda por temor a que De la Espriella pudiera erosionar las libertades civiles y poner en peligro derechos que tanto había costado conseguir.

“Representa todos los odios de la sociedad”, dijo.

Otros votantes no estaban de acuerdo. William Bohorquez, quien asistió a un acto de campaña de De la Espriella en Barranquilla el domingo por la noche, dijo que su candidato reconduciría el rumbo de Colombia tras años de liderazgo “a la deriva” bajo Petro, especialmente en su relación con Estados Unidos.

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“Donald Trump ve que no hay interés del actual gobierno en acabar con el narcotráfico ni con los criminales”, dijo Bohorquez.

Y añadió: “Por eso, queremos que Abelardo actúe con mano dura contra la delincuencia y contra los grupos armados”.

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Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.

Annie Correal es corresponsal de Latinoamérica para el Times.

Luis Ferré-Sadurní es reportero del Times radicado en Bogotá, Colombia.

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Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.

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