El intendente peronista -en uso de licencia- y senador bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, en un duro texto en el que sostiene que el gobierno de Axel Kicillof tiene “la obligación jurídica de intervenir” ante la “imperante crisis social” que atraviesa el territorio.

Ishii es el vicepresidente primero de la Cámara alta en nombre de Fuerza Patria en la Legislatura gracias a la intervención de Cristina Kirchner, que lo colocó así en la línea sucesoria.

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El Gobierno enfrenta la chance de moldear la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.

La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora está ante la posibilidad de que se generen tres vacantes para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.

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“Es medio fanfarrón, siempre fue un bocón”, dicen los que no lo quieren. “Es un buen abogado”, replican los que no ocultan su aprecio por él. Pero hay algo en lo que todos se ponen de acuerdo y es en que el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), “es hombre de los Menem”, lo que en la interna libertaria implica que reporta, sin cortapisas, en el bando de Karina Milei.

Es este vínculo con la hermana de Javier Milei el que entronizó a este abogado que, a pesar de haber nacido en Mendoza habla con una inconfundible tonada riojana, al frente de la Comisión de Acuerdos, una aduana estratégica por la que pasarán los candidatos que el Gobierno proponga para completar más de 300 vacantes del Poder Judicial.

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La Justicia de la ciudad de Buenos Aires avanzó este lunes con una ronda de declaraciones indagatorias en la causa que provocó el último capítulo de la interna en pleno corazón de La Libertad Avanza (LLA). Fue tras la denuncia del diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja contra tuiteros libertrios, que dio origen al expediente en el que intervienen la jueza Virginia Núñez Gelvez y la fiscal Celsa Ramírez.

Fue precisamente la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Pareja, hombre de máxima confianza de Karina Milei, lo que terminó de dinamitar la interna con los “celestiales”, que se referencian en el asesor presidencial Santiago Caputo.

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El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.

La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.

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Con una carta dirigida a Claudio Adrián Stivelman, titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), la legisladora porteña Graciel Ocaña reclama la intervención del Estado en la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), que preside Hugo Antonio Moyano y cuya administración está en manos de Iarai, una de las empresas de la esposa del jefe sindical de los camioneros.

Ocaña, que denunció hace 20 años a Moyano en la Justicia por presunta administración fraudulenta, presentó el viernes pasado su pedido ante la SSS en base a una reciente publicación de en la que se informó sobre transferencias millonarias desde el gremio y la obra social hacia fideicomisos vinculados con Liliana Esther Zulet, la esposa del camionero, y dos hijos que tiene de otro matrimonio.

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El fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.

La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

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política, sebastián argibay,