POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente en Israel y la interna del Gobierno
El intendente peronista -en uso de licencia- y senador bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, en un duro texto en el que sostiene que el gobierno de Axel Kicillof tiene “la obligación jurídica de intervenir” ante la “imperante crisis social” que atraviesa el territorio.
Ishii es el vicepresidente primero de la Cámara alta en nombre de Fuerza Patria en la Legislatura gracias a la intervención de Cristina Kirchner, que lo colocó así en la línea sucesoria.
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El Gobierno enfrenta la chance de moldear la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.
La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora está ante la posibilidad de que se generen tres vacantes para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.
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“Es medio fanfarrón, siempre fue un bocón”, dicen los que no lo quieren. “Es un buen abogado”, replican los que no ocultan su aprecio por él. Pero hay algo en lo que todos se ponen de acuerdo y es en que el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), “es hombre de los Menem”, lo que en la interna libertaria implica que reporta, sin cortapisas, en el bando de Karina Milei.
Es este vínculo con la hermana de Javier Milei el que entronizó a este abogado que, a pesar de haber nacido en Mendoza habla con una inconfundible tonada riojana, al frente de la Comisión de Acuerdos, una aduana estratégica por la que pasarán los candidatos que el Gobierno proponga para completar más de 300 vacantes del Poder Judicial.
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La Justicia de la ciudad de Buenos Aires avanzó este lunes con una ronda de declaraciones indagatorias en la causa que provocó el último capítulo de la interna en pleno corazón de La Libertad Avanza (LLA). Fue tras la denuncia del diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja contra tuiteros libertrios, que dio origen al expediente en el que intervienen la jueza Virginia Núñez Gelvez y la fiscal Celsa Ramírez.
Fue precisamente la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Pareja, hombre de máxima confianza de Karina Milei, lo que terminó de dinamitar la interna con los “celestiales”, que se referencian en el asesor presidencial Santiago Caputo.
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El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.
La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.
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Con una carta dirigida a Claudio Adrián Stivelman, titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), la legisladora porteña Graciel Ocaña reclama la intervención del Estado en la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), que preside Hugo Antonio Moyano y cuya administración está en manos de Iarai, una de las empresas de la esposa del jefe sindical de los camioneros.
Ocaña, que denunció hace 20 años a Moyano en la Justicia por presunta administración fraudulenta, presentó el viernes pasado su pedido ante la SSS en base a una reciente publicación de en la que se informó sobre transferencias millonarias desde el gremio y la obra social hacia fideicomisos vinculados con Liliana Esther Zulet, la esposa del camionero, y dos hijos que tiene de otro matrimonio.
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El fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.
La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
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política, sebastián argibay,
POLITICA
Dejan firme el embargo del departamento de San José 1111 para ejecutar el decomiso de bienes de los Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso de Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo sobre 13 inmuebles de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión.
El fallo deja firmes los embargos de esos bienes, incluido el domicilio del barrio de Constitución, porque están destinados a ser ejecutados para cubrir los 645 millones de dólares que se deben decomisar como parte de la condena por el juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por el que está detenida.
La resolución de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deja firme lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que había dispuesto esa medida cautelar.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -por mayoría- declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Los hijos de la expresidenta buscaban anular la decisión del tribunal oral que dispuso embargos preventivos sobre inmuebles pertenecientes a las empresas Los Sauces y Hotesur, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra la expresidenta.
Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. Allí el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso para el decomiso y actualizó el monto de los bienes a decomisar hasta la suma de 684.990.350.139 de pesos.
Entre los bienes embargados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La resolución de la Cámara Federal de Casación quedó conformada por la mayoría de los jueces Hornos y Barroetaveña, que señalaron que la decisión del tribunal oral no era recurrible.
El juez Borinsky sostuvo una posición distinta y propició que el recurso recibiera el trámite correspondiente.
En su voto, Borinsky señaló que correspondía analizar los agravios de los hijos de la expresidenta, vinculados con la relación temporal de la adquisición de los bienes y el delito.
Borinsky viene sosteniendo que hay que anular el decomiso de estos bienes en particular porque ingresaron al patrimonio antes del inicio de la maniobra delictiva, por la que fue condenada Cristina Kirchner, por lo que no podían ser considerados como “producto del delito”.
El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado el 11 de agosto pasado embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.
Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y en Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
La mayoría de la Sala IV señaló que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció.
Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.
Los jueces Hornos y Barroetaveña consideraron que la medida dispuesta es de carácter cautelar, patrimonial y provisional.
Añadieron que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a definitiva, los hijos de la expresidenta no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara la intervención de la Cámara de Casación. Por esas razones, concluyeron que el recurso de casación era inadmisible.
Los jueces también destacaron que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter restrictivo y que, para que una impugnación basada en ella prospere, deben demostrarse defectos que descalifiquen la decisión recurrida como acto jurisdiccional válido, extremo que no fue acreditado en el caso.
Los Sauces y Hotesur,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Reino Unido rechazó las sanciones de la Argentina contra las empresas que operan en Malvinas: “Son inaceptables”
El Gobierno del Reino Unido rechazó las sanciones impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos que operan en las Islas Malvinas y calificó esas medidas como “inaceptables” y “sin justificación legal”. Además, ratificó su respaldo a las compañías que desarrollan actividades en el archipiélago, especialmente en el sector de hidrocarburos.
La respuesta llegó a través de un comunicado difundido este jueves por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
En el texto, Londres sostuvo que las Malvinas “son británicas” y reafirmó que sus habitantes “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, al considerar que esa facultad forma parte de su derecho a la autodeterminación.
El comunicado británico fue publicado después de que la Argentina avanzara en las últimas semanas con medidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta, incluidas firmas vinculadas a la explotación de hidrocarburos.
El gobierno británico afirmó este viernes que tiene “derecho” a explotar el petróleo y el resto de los recursos naturales del área de las Islas Malvinas, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido.
La respuesta británica llega luego de que el presidente Javier Milei enviara al Congreso un proyecto que endurece las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas.
La iniciativa prohíbe el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires y eleva la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión.
La Casa Rosada también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.
“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró este viernes la Cancillería británica en un comunicado.
“Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.
Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto.
Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración respaldadas por el Reino Unido.
Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas.
Como había anticipado , la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.
A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.
“En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.
Con información de AFP
no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos,Conforme a
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