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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente en Israel y la interna del Gobierno

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El intendente peronista -en uso de licencia- y senador bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, en un duro texto en el que sostiene que el gobierno de Axel Kicillof tiene “la obligación jurídica de intervenir” ante la “imperante crisis social” que atraviesa el territorio.

Ishii es el vicepresidente primero de la Cámara alta en nombre de Fuerza Patria en la Legislatura gracias a la intervención de Cristina Kirchner, que lo colocó así en la línea sucesoria.

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El Gobierno enfrenta la chance de moldear la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.

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La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora está ante la posibilidad de que se generen tres vacantes para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.

Juan Bautista Mahiques, junto a Karina Milei en la gira por Israel

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“Es medio fanfarrón, siempre fue un bocón”, dicen los que no lo quieren. “Es un buen abogado”, replican los que no ocultan su aprecio por él. Pero hay algo en lo que todos se ponen de acuerdo y es en que el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), “es hombre de los Menem”, lo que en la interna libertaria implica que reporta, sin cortapisas, en el bando de Karina Milei.

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Es este vínculo con la hermana de Javier Milei el que entronizó a este abogado que, a pesar de haber nacido en Mendoza habla con una inconfundible tonada riojana, al frente de la Comisión de Acuerdos, una aduana estratégica por la que pasarán los candidatos que el Gobierno proponga para completar más de 300 vacantes del Poder Judicial.

El senador riojano Juan Carlos Pagotto

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La Justicia de la ciudad de Buenos Aires avanzó este lunes con una ronda de declaraciones indagatorias en la causa que provocó el último capítulo de la interna en pleno corazón de La Libertad Avanza (LLA). Fue tras la denuncia del diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja contra tuiteros libertrios, que dio origen al expediente en el que intervienen la jueza Virginia Núñez Gelvez y la fiscal Celsa Ramírez.

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Fue precisamente la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Pareja, hombre de máxima confianza de Karina Milei, lo que terminó de dinamitar la interna con los “celestiales”, que se referencian en el asesor presidencial Santiago Caputo.

Lilia Lemoine y Daniel Parisini

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El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.

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La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.

Javier Milei y Mario Lugones en el búnker de La Libertad Avanza.

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Con una carta dirigida a Claudio Adrián Stivelman, titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), la legisladora porteña Graciel Ocaña reclama la intervención del Estado en la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), que preside Hugo Antonio Moyano y cuya administración está en manos de Iarai, una de las empresas de la esposa del jefe sindical de los camioneros.

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Ocaña, que denunció hace 20 años a Moyano en la Justicia por presunta administración fraudulenta, presentó el viernes pasado su pedido ante la SSS en base a una reciente publicación de en la que se informó sobre transferencias millonarias desde el gremio y la obra social hacia fideicomisos vinculados con Liliana Esther Zulet, la esposa del camionero, y dos hijos que tiene de otro matrimonio.

Hugo Moyano afronta cuestionamientos por el manejo de la obra social

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El fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.

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La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Jorge Capitanich, en el recinto del Senado nacional

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POLITICA

Senado: pierde peso la idea de sesionar el 29 de abril y oficialistas y dialoguistas prefieren esperar a mayo

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Tras la furia de las extraordinarias de diciembre y febrero, el Senado mantuvo un ritmo de actividad normal desde el 1 de marzo, con el período ordinario ya inaugurado por Javier Milei. Sin embargo, oficialistas y dialoguistas le bajaron ayer el precio a la idea de ir al recinto el miércoles 29 de abril, con varios legisladores que ya dan caído el encuentro y que prefieren, sobre todo, aguardar hasta mayo próximo.

Uno de los principales argumentos, en realidad, no pareció bastante sólido. Desde algunos despachos remarcaron la inconveniencia de consumar una sesión en simultáneo al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará en Diputados. El segundo fue más lógico: no hay tantos temas dictaminados y abrir el recinto para que lo aproveche la oposición kirchnerista no parece sumar tantos adeptos.

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Ayer se descartó rápido, como plan “b”, el martes 28. Era la última opción ya que, desde el jueves 30, se iniciará un ramillete de audiencias públicas para analizar los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Esto ocurrirá en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto y que días atrás avanzó con la extensión, por cinco años, de la labor del camarista federal Carlos Mahiques.

Una iniciativa ya rubricada y que genera tensión desde hace más de dos años -ya es la tercera vez que se despacha y queda lista para que la vote el pleno- es la relacionada con las falsas denuncias. Es la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe), de óptimos vínculos con el oficialismo.

El inconveniente, como contó Infobae el reciente fin de semana, es que un puñado de aliados no está convencido con la confección final del articulado -“mal escrito”, dijo uno a este medio- y desliza, por lo bajo, la “incomodidad” de tener que votar el proyecto en cuestión. Más allá de esto, al revisar las firmas de quienes apoyaron en la comisión de Justicia, se sostiene una cantidad de adhesiones a considerar, aunque más ajustada y, en Diputados, el escenario parece más delicado.

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La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

Para mayo -o antes-, La Libertad Avanza, que maneja Patricia Bullrich, espera llegar a dictaminar la ley mileísta que “blinda” la propiedad privada. Se debate en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, que lideran los oficialistas Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Tras dos reuniones y cerca de 25 disertantes -el primero fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger-, la discusión viró hacia el lado de los reparos dialoguistas, con enviar advertencias y propuestas para modificar el texto, que no saldrá de la manera pura que desea el Ejecutivo. Al igual que con la reforma laboral, habrá que “consensuar”.

Por otra parte, las recientes leyes que aterrizaron en la Cámara alta sobre discapacidad y salud mental deberán pasar sí o sí por la comisión de Salud, que tiene a sus integrantes designados, pero no su reunión constitutiva formal. Se estima, según confiaron desde LLA a Infobae, que la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta quedaría como presidenta. Cristinismo y peronismo tendrán allí a varios médicos.

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Queja

Tras la nueva dilación del tratamiento de ascensos diplomáticos, apareció la crítica de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN). Aún siguen sin avanzar las listas de 2024 y 2026 y la Cancillería ya es un hervidero.

En medio de curiosas versiones sobre supuestas conversaciones entre diplomáticos y legisladores, la salida que se busca en el Senado apuntaría a frenar un par de nombres. Sin dudas, generará discordia. Lo importante, a esta altura, es si detrás de todo esto hay otro interés político sobre los bloques que habitan en la Cámara alta. Todo sirve para negociar o, en todo caso, limar.

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POLITICA

Milei se metió en la interna libertaria, defendió a Lemoine y minimizó a su biógrafo, Nicolás Márquez

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El presidente Javier Milei se metió este lunes en la interna libertaria que desde hace días sacude las filas oficialistas. Luego de que el biógrafo Nicolás Márquez cuestionara la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno por las causas judiciales que lo rodean, la diputada Lilia Lemoine puso reparos en que sea convocado a entrevistas periodísticas sin pertenecer al espacio, postura a la que se alineó el mandatario que está de gira en Israel.

LILIA TIENE RAZÓN”, escribió Milei en X al citar un fragmento de una entrevista a la diputada en LN+. “Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aun sabiendo que no lo son”, agregó en alusión a Márquez, quien había pasado segundos antes que Lemoine. “En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar”, subrayó.

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“Es una barbaridad que lo llamen para opinar sobre lo que dicen los diputados y senadores de La Libertad Avanza. Es el biógrafo de Milei, no es un funcionario, no es una voz autorizada para hablar de este tema“, dijo la diputada nacional y, en un cruce con Luis Majul, remarcó: “Es un ciudadano más al que llaman a preguntarle como si fuera un dirigente del movimiento y no lo es”.

Las declaraciones de Lemoine se dieron luego de que el biógrafo del Presidente considerara que el jefe de Gabinete es un “mentiroso” a raíz de las explicaciones que brindó sobre sus viajes y propiedades, y volviera a pedir su renuncia ya que “daña la gestión”.

“Su permanencia perjudica el Gobierno. Está totalmente desacreditado, degradado; su reputación está en el subsuelo. Concentra el repudio mayoritario de la población. Un funcionario de tan alto cargo no solamente se perjudica a sí mismo sino también al Gobierno”, sostuvo Márquez la semana pasada en diálogo con LN+. También lo tildó de mentiroso, en referencia a sus dichos en los que aseguró que no se tomaba vacaciones y luego la Justicia confirmó que viajó con su familia a Punta del Este y a la isla de Aruba.

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Si Adorni fuese un señor impecable, de todas maneras se tiene que ir, porque para la opinión pública es un sujeto que reta, que desgasta, fastidia, genera rechazo, no sirve políticamente. Él ha mentido públicamente, se ha demostrado incapaz de dar una conferencia de prensa, así que tengo todo el derecho a sospechar que es un mentiroso. Algo raro hay detrás. Es un personaje que ha hecho algunos movimientos que no se pueden confesar”, señaló Márquez.

Al ser consultado sobre si habló con el Presidente, indicó que no sobre este tema porque se mantiene “al margen” ya que no es funcionario de la administración libertaria.

Lemoine y Parisini, alias «Gordo Dan»

En otra de las internas que enfrenta el partido del oficialismo nacional, la semana pasada, el propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, salió a cruzar a Lemoine por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja, uno de los dirigentes de confianza de Karina Milei, deben “dejar de seguir” al Presidente.

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“Gordo Dan”, uno de los tuiteros que se referencian en Santiago Caputo, le dijo a Lemoine que ella no tenía “potestad para echar a nadie” de LLA. Fue después de que la legisladora le dijera a un usuario de X que dejara de seguir a Milei. En las últimas horas, esa tuitera había criticado a Lemoine por haber “bancado” a Pareja.

Después de que Parisini rechazara la respuesta de la diputada de LLA a la militante libertaria, Lemoine replicó el mensaje del integrante de Las Fuerzas del Cielo. “Bancaste a [Victoria] Villarruel y a [Marcela] Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, lanzó.

De inmediato, Parisini buscó defenderse. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”, escribió. Y agregó: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

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POLITICA

Amenazaron a una empresaria de Entre Ríos con un paquete con dos balas y ahora irán a juicio por amenazas agravadas

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Dos balas en un atado de cigarrilos, la amenaza que recibió la dueña de la empresa FADEMI

Dos ex empleados de la pyme FADEMI, ubicada en Larroque, Entre Ríos, irán a juicio oral y público entre el 20 y el 22 de octubre próximo, acusados de amenazas agravadas, por haber dejado un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia Fademi” como mensaje intimidatorio ante la casa de una de las dueñas de la empresa.

Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, estuvieron detenidos en enero de 2025 luego de que, a partir de la intervención de la Fiscalía de Gualeguay, fueron identificados porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: así se descubrió que eran dos empleados de FADEMI, que viven en Larroque (un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes) y habían participado de las medidas de fuerza en la empresa, iniciadas por un reclamo salarial que derivó en un bloqueo sindical y posteriores despidos.

Ahora, Melina Valbusa, subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de los tribunales de Gualeguay, fijó la fecha de las audiencias en las que serán juzgados los dos empleados, a quienes, de todas formas, la Justicia les morigeró la prisión preventiva que les dictaron por la amenaza y quedaron libres a la espera del avance de la causa.

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Sticker de un sindicalista contra empresarios de FADEMI

En el video que permitió su identificación se ve cómo uno de los imputados se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los trabajadores va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del Sindicato de Químicos instalada ante la entrada de FADEMI.

Además, hubo otro grave episodio que dio lugar a una denuncia judicial por amenazas presentada por la empresa: hubo constancias de que a los empleados de FADEMI les llegó por Whatsapp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de la pyme, como si hubieran sido degollados.

El conflicto en FADEMI, una pyme familiar que fabrica baterías para vehículos, se remonta a junio de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, argumentó la empresa, era imposible de pagar. Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados había recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector, según el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, estaba hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.

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Empleados de FADEMI, ante las puertas de la planta cuando estalló el conflicto

Como informó en su momento Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “En Larroque no hay”, les respondió el abogado, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.

Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.

La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.

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FADEMI está en el pueblo entrerriano de Larroque, de 6.500 habitantes

Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. Así, muchos clientes cancelaron sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas y la pyme entró en una situación dramática: su flujo de fondos estuvo cortado y no pudo cumplir con las obligaciones con sus proveedores.

El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI, que incluyeron desde las pintadas en el frente de una de sus casas hasta bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.

Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías.

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El 20 de enero de 2025, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos.

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