Vaca Muerta llevó a Neuquén a un nuevo récord de producción hidrocarburífera, con 628.924 barriles diarios en abril de 2026. De esta manera, la segunda mayor formación de gas y la cuarta de petróleo en el mundo representa el 67% del petróleo argentino y el 58% del gas. En el primer caso, esto equivale a dos de cada tres barriles de crudo.

Según los datos que compartió la provincia de Neuquén en base a información de la Secretaría de Energía, la producción neuquina creció 3,13% frente a marzo y 36,18% frente a abril de 2025. En el acumulado de enero a abril, la suba fue de 32,37% interanual.

Este avance coincidió con un salto de las exportaciones energéticas. Los combustibles y la energía sumaron USD 1.554 millones en abril, un alza interanual de 85,9%, y explicaron buena parte de un superávit comercial récord, de acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino del Indec. De hecho, la balanza energética representó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril.

La producción no convencional ya es casi total en la provincia. En petróleo, ese segmento llegó a 610.664 barriles diarios, equivalentes al 97,10% del total provincial, mientras que en gas alcanzó 91,65 millones de metros cúbicos por día, el 90,57% del total, de acuerdo con datos oficiales de Neuquén.

El aumento mensual del crudo estuvo impulsado por mayores volúmenes en las áreas El Trapial Este, La Angostura Sur I, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Narambuena. El crecimiento acumulado entre los meses de abril de 2025 y 2026 llegó a 34,10 por ciento.

Por empresa, YPF lideró la producción con 319,7 Mbbl/d, seguida por Vista con 79,2 Mbbl/d, otras compañías con 60,3 Mbbl/d, Shell con 33,0 Mbbl/d, Pan American Energy con 27,0 Mbbl/d, Pluspetrol con 26,0 Mbbl/d, Petrolc con 23,4 Mbbl/d y Pampa Energía con 21,0 Mbbl/d, según los datos provinciales.

La producción de gas de la provincia alcanzó 101,19 millones de metros cúbicos diarios en abril de 2026, una baja de 0,08% respecto de marzo, pero una mejora de 10,91% frente a abril de 2025, según la subsecretaría de Hidrocarburos. El acumulado anual mostró una suba de 5,94 por ciento.

Dentro de la producción no convencional, el shale gas aportó 82,75 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 81,78% del total provincial, y el tight gas sumó 8,90 millones, con una participación de 8,79%, de acuerdo con los datos oficiales.

En gas acumulado por área dentro de Vaca Muerta, Fortín de Piedra lideró con 40.650 MMm³, seguido por Aguada Pichana Este con 19.067 MMm³, La Calera con 12.698 MMm³ y Aguada Pichana Oeste con 12.534 MMm³.

El avance de la producción también se reflejó en el frente externo. Las exportaciones de bienes de Argentina llegaron a USD 8.914 millones en abril de 2026, 33,6% más que un año antes, y la balanza comercial cerró con un superávit de USD 2.711 millones, el más alto para ese mes, según el Indec.

El intercambio comercial total sumó USD 15.118 millones, con una suba interanual de 15,1%. Las importaciones fueron de USD 6.204 millones, 4,0% menos que en abril de 2025, y la balanza energética explicó el 52% del saldo positivo del mes.

El Indec señaló que el crecimiento exportador respondió a “un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios”. Sobre las importaciones, el organismo indicó: “Esta baja se atribuyó a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%”.

Según el análisis del economista Nadin Argañaraz, la balanza de dólares de la energía arrojó en abril un resultado favorable de USD 1.402 millones, sostenido por exportaciones por USD 1.554 millones e importaciones por USD 152 millones.

En el primer cuatrimestre, el saldo comercial mostró una mejora de USD 1.175 millones frente al mismo período de 2025, impulsada por un aumento de USD 802 millones en las ventas externas y una caída de USD 372 millones en las compras al exterior.

El próximo 9 de julio, el Gobierno tiene que enfrentar un duro vencimiento en moneda extranjera: hay que pagar USD 4.200 millones. Y si bien, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dado detalles generales de cómo se afrontaría el compromiso, en el staff report del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reveló que para este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones, que luego aumentarán a USD 4.000 millones y se complementarán con colocaciones de bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones como un puente para lograr salir al mercado internacional.

El diseño del financiamiento externo argentino para los próximos meses combina la obtención de nuevas garantías multilaterales, la emisión de bonos en divisas y la venta de activos por parte del Estado, con el objetivo de cubrir vencimientos inmediatos y preparar el terreno para recuperar el acceso a los mercados internacionales.

La semana pasada fue el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien detalló la arquitectura de garantías internacionales que respalda la estrategia oficial. Según explicó, la Argentina va a emitir préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y, potencialmente, la Corporación Andina de Fomento (CAF). Daza precisó que,-hasta el momento- MIGA y el Banco Mundial otorgarán una garantía equivalente a USD 2.000 millones.

“Originalmente, nosotros habíamos pedido la garantía al BID, que tiene cierta limitación en los recursos, y por decisión de ellos decidieron subirse a esto con MIGA. Ellos tenían una restricción de solo dar una garantía a países que tuvieran una calificación de B- o más. Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación, de las tres agencias, fuera C. Por primera vez, por iniciativa de ellos, deciden romper con la historia”, subrayó el viceministro. La inclusión de estos respaldos responde a la necesidad de reforzar el acceso a recursos frescos en un contexto de restricciones persistentes para el financiamiento internacional tradicional.

Pero los USD 2.000 millones de los que habló Daza serían una cifra inicial. El staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó definiciones detalladas sobre el financiamiento previsto en el nuevo acuerdo. Allí se especificó que la financiación oficial externa bruta, excluyendo al FMI, alcanzará USD 3.000 millones en 2026, con una financiación neta prácticamente nula antes del pago de intereses. El informe proyectó que la financiación neta oficial anual promediará cerca del 0,3% del Producto Interno Bruto (PBI) durante el período de previsión. Además, los reembolsos proyectados al Club de París reflejan la extensión de pagos hasta 2028, en línea con los objetivos de acumulación de reservas y sostenibilidad de la deuda.

Sobre la financiación privada en divisas, el FMI indicó que el servicio de la deuda con acreedores privados extranjeros seguirá el calendario de reestructuración de 2020. Durante el período de pronóstico, se estima que la Argentina emitirá bonos soberanos en dólares, tanto bajo legislación nacional como extranjera, para cubrir pagos de capital inmediatos, incluidos los compromisos con el propio FMI, el Banco Central y los denominados Bopreales. El staff report aclaró que estas emisiones no generarán un aumento de la deuda externa, ya que el superávit fiscal se utilizará para el pago de intereses en divisas.

A su vez, el FMI aseguró que las emisiones de bonos bajo legislación nacional llegarán a USD 5.000 millones en 2026, reflejadas en los Bonar previstos para 2027 y 2028. Esta semana, podría tratarse de la última colocación del Bonar 2027, dependiendo de cuál sea el monto del llamado, ya que a la Secretaría de Finanzas apenas le quedan USD 303 millones para alcanzar el límite de los USD 2.000 millones.

Por otro lado, los préstamos comerciales respaldados por organismos multilaterales sumarían USD 4.000 millones y funcionarían como un puente temporal hasta que la Argentina logre acceder nuevamente a los mercados internacionales de capitales.

Lo que expone una tensión con el discurso oficial. En reiteradas oportunidades el ministro de Economía aseguró que Argentina tiene que cortar la dependencia con Wall Street y debe desarrollar el mercado de capitales local luego de los años de destrucción del kirchnerismo. Pero para el FMI el objetivo final de todas las maniobras financieras que se hagan debe ser salir al mercado internacional.

Así, en un escenario en donde Argentina logra volver a salir al mercado internacional, el FMI proyecta que desde 2027 y hasta 2031, el volumen de emisiones de bonos en divisas bajo legislación extranjera crecerá rápidamente hasta USD 11.000 millones anuales, en función de los altos pagos de capital previstos en esos años.

El documento del FMI también señaló que los diferenciales soberanos tenderán a reducirse gradualmente, desde cerca de 500 puntos básicos en 2026 hasta 350 puntos básicos a mediano plazo. En sus proyecciones, el FMI no contempló recompras de deuda financiadas con capital extranjero y estimó que la exposición de la Argentina ante el organismo disminuirá progresivamente en ese horizonte.

En cuanto a la venta de activos del estado, se pretenden conseguir USD 2.000 millones. Aunque, según comentaron fuentes del Ministerio de Economía a Infobae anteriormente, este ingreso se espera en mayor medida para el segundo semestre de 2026.

La estrategia oficial se apoya en la articulación de nuevas garantías y la extensión de plazos para el pago de compromisos con acreedores oficiales, en un escenario en el que las restricciones de acceso a los mercados internacionales persisten. La participación de los organismos multilaterales y el uso de herramientas como los bonos en dólares bajo legislación local configuran el esquema de financiamiento para afrontar los vencimientos más inmediatos y acompañar la transición hasta el regreso pleno a los mercados internacionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en su último Staff Report sobre tres riesgos principales para la economía argentina que podrían modificar el rumbo del acuerdo vigente y condicionar el desempeño de las políticas económicas hasta 2027. Estos riesgos abarcan el entorno financiero internacional, la incertidumbre política local y la gestión de los sectores primarios en expansión. El documento, discutido por el Directorio del organismo y acompañado por un desembolso de 1.000 millones de dólares, remarcó que “los riesgos a corto plazo para las perspectivas se encuentran más equilibrados, pero siguen siendo elevados”.

El Staff Report proyectó que la economía crecerá cerca de 3,5% en 2026 y que la inflación descenderá hasta 25% a fin de ese año, en un contexto en el que el déficit de cuenta corriente tiende a reducirse por mejores términos de intercambio, recuperación de exportaciones energéticas, mineras y agropecuarias, y una mayor entrada de capitales. Sin embargo, el FMI señaló que “las condiciones financieras globales más restrictivas derivadas de tensiones geopolíticas y la incertidumbre política ante las elecciones presidenciales de 2027 pueden afectar la implementación del programa”. Además, advirtió que la sostenibilidad externa a mediano plazo dependerá de una gestión adecuada de la expansión de los sectores primarios.

Dentro del análisis, el FMI reconoció los avances recientes, como la acumulación de reservas internacionales, el fortalecimiento de la cuenta corriente y la mejora en la percepción de los mercados. Destacó que las reservas brutas superan los 46.751 millones de dólares, con compras netas del BCRA por 8.851 millones en el año y 92 jornadas consecutivas sin ventas. A pesar de estos logros, el informe enfatizó que la economía argentina “sigue siendo vulnerable” ante factores externos y domésticos. El organismo insistió en que el cumplimiento de metas y reformas resulta indispensable para sostener la confianza de los acreedores y reducir la volatilidad.

El Staff Report subrayó que la interacción entre estos riesgos puede amplificar sus efectos. La volatilidad financiera internacional, la incertidumbre electoral y el impacto de la bonanza exportadora se encuentran interrelacionados y podrían desencadenar episodios de inestabilidad si no se coordinan políticas adecuadas. El FMI recomendó priorizar la acumulación de reservas, robustecer el marco monetario y adoptar medidas prudenciales para evitar desequilibrios derivados de flujos de capital o shocks externos. La siguiente descripción aborda cada riesgo en profundidad.

El primer riesgo que identificó el FMI refiere a la posibilidad de un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales vinculadas con el aumento de las tensiones geopolíticas. Según el Staff Report, “las tensiones geopolíticas elevadas pueden endurecer las condiciones financieras globales y revertir la todavía favorable situación de financiamiento, complicando la acumulación de reservas y el acceso oportuno a los mercados”. El informe remarcó que los precios internacionales del petróleo pueden trasladarse a los precios internos, ejerciendo presión sobre la inflación y dificultando la reducción de los subsidios energéticos.

El organismo analizó el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía argentina, considerando que el país logró “afrontar el impacto del conflicto gracias a su condición de exportador neto de energía”. El Staff Report incorporó un análisis de escenarios: en un escenario adverso, el crecimiento podría caer medio punto porcentual adicional en 2026 y 2027, mientras que la inflación podría aumentar hasta 5 puntos porcentuales. En la sección dedicada a la política monetaria, el Fondo recomendó que, ante posibles shocks de oferta derivados de la guerra, el Banco Central debería “endurecer la política cuando sea necesario”.

La matriz de riesgos del informe calificó a éste como de probabilidad alta e impacto alto, y añadió que la volatilidad de los precios de las commodities puede afectar la balanza externa, la inflación y la dinámica de subsidios. El Anexo sobre sostenibilidad de la deuda puntualizó que “un entorno prolongado de aversión al riesgo, como desenlace de la guerra en Medio Oriente, podría demorar el acceso a los mercados”. El Staff Appraisal concluyó que un mayor endurecimiento de las condiciones financieras globales podría requerir ajustes de política, siendo la flexibilidad cambiaria la primera línea defensiva.

El segundo riesgo central es la incertidumbre política vinculada con el proceso electoral de 2027. El Staff Report expresó que “la incertidumbre de política y política elevada antes de las elecciones presidenciales de 2027 puede afectar la confianza, demorar inversiones y el acceso a los mercados, e incrementar la volatilidad financiera”. El informe ilustró que, en 2025, la proximidad de las elecciones de medio término ya produjo episodios de dolarización, pérdida de reservas y condiciones monetarias más restrictivas.

El documento explicó que el deterioro de la cuenta financiera en 2025 fue “impulsado por una mayor cobertura de hogares y empresas ante la incertidumbre política previa a las elecciones de medio término”. El Staff Report mencionó que la interacción entre demoras en la acumulación de reservas y las incertidumbres electorales generó una “una dolarización grande y rápida de los residentes”. El apartado sobre la capacidad de repago enfatizó que “el bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago, especialmente ante grandes vencimientos de deuda y la potencial volatilidad previa a las elecciones presidenciales de 2027”.

El FMI recomendó acelerar la acumulación de reservas y fortalecer el marco monetario antes del ciclo electoral. El documento advirtió sobre el riesgo de que la fatiga social y la falta de mejoras en el empleo y los salarios reales debiliten el respaldo al programa económico. El Anexo sobre riesgos incluyó el descontento social y la fatiga de reformas como un riesgo separado pero vinculado, con probabilidad media e impacto alto. El Staff Report subrayó la importancia de “reconstruir decididamente las reservas y buscar sobrecumplir las metas ante las incertidumbres asociadas a las próximas elecciones presidenciales”.

El Fondo analizó además la capacidad institucional y política del gobierno, y advirtió que la evaluación permanece “sujeta a riesgos derivados del desafiante entorno global y las complejidades socio-políticas de Argentina, que pueden amplificarse antes de las elecciones presidenciales de 2027”.

El tercer riesgo, de naturaleza estructural, fue mencionado por los empleados del organismo como la gestión de la expansión de los sectores primarios y su impacto sobre la sostenibilidad externa en el mediano plazo. El Staff Report alertó sobre la necesidad de “gestionar adecuadamente la bonanza derivada del aumento proyectado de exportaciones primarias para limitar desajustes por la presión alcista sobre el tipo de cambio real”. Algo así como una referencia a lo que los economistas llaman enfermedad holandesa. El informe recomendó ahorrar una parte importante de los ingresos extraordinarios a través de una política fiscal más estricta y una acumulación más rápida de reservas, junto con la regulación prudencial para evitar booms crediticios y exposición al tipo de cambio.

El documento señaló que la posición externa de Argentina sigue siendo “más débil que la que implicarían los fundamentos de mediano plazo y las políticas deseables”, con reservas muy por debajo de la métrica ARA. El Staff Report incluyó recomendaciones específicas sobre cómo administrar los ingresos extraordinarios de exportaciones primarias. El análisis sobre reformas estructurales detalló un pipeline de inversiones aprobado de 28.000 millones de dólares en energía, minería y agroindustria, que constituye el origen del desafío de gestión de la bonanza.

El informe advirtió que los beneficios del boom primario deben “traducirse en beneficios generalizados entre sectores y regiones, incluyendo mayores derrames a servicios y manufactura”, para evitar costos sociales y políticos. El Staff Appraisal concluyó que, en el mediano plazo, “serán necesarios esfuerzos para gestionar efectivamente la potencial bonanza de energía y minería”. El Staff Report insistió en que limitar los costos de desajuste requerirá que los beneficios de la expansión primaria lleguen a sectores intensivos en empleo y a provincias menos favorecidas.