POLITICA
La Cámara de Casación convalidó el avance de una investigación contra un operador judicial acusado de corrupción
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, confirmó hoy el avance de una causa contra el escribano santafesino Santiago Busaniche, que está acusado de haber intervenido como operador judicial, junto con el exjuez federal Marcelo Bailaque y otros imputados, en un esquema de presiones y extorsión a empresarios.
La defensa de Busaniche había pedido que se anulara la causa en su contra, pero la Casación, por dos votos contra uno, rechazó ese planteo. Se pronuciaron por la subsistencia de la causa los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yabobucci -que firmó un duro fallo contra la pretención de que el caso se cerrara-. En disidencia, Mariano Borinsky le dio la razón a Busaniche: sostuvo que la acusación en su contra era nula y que la causa, en lo que a este imputado respecta, no podía seguir adelante.
El argumento de la defensa fue que no había sido debidamente notificada de una decisión que declaró el caso como “complejo” y que amplió así el plazo que la fiscalía tenía para formalizar la acusación contra Busaniche. Alegó, por un lado, que al escribano no lo habilitaron a participar de la audiencia que trató el pedido del Ministerio Público para que el caso se declarara complejo -audiencia de la que sí participó Bailaque- y, por otro, que no le comunicaron la decisión tomada como hubiera correspondido. Relató que la fiscalía notificó a Busaniche por mail y sin las formalidades exigidas por la ley.
Mahiques, autor del primer voto del fallo, dijo que era cierto que la notificación cuestionada “no cumplió con todas las formalidades incluidas en los artículos 125 y 126 del nuevo ordenamiento procesal federal” (el caso se rige por el sistema acusatorio). Sostuvo que la comunicación debió haberla hecho la Oficina Judicial dentro de las 24 horas, con claridad y precisión, y advirtiéndole “suficientemente” al imputado que estaba en juego el ejercicio de un derecho.
Pero según Mahiques, la defensa de Busaniche reconoció que había recibido el mail de la fiscalía que le informaba lo resuelto y, sin embargo, dejó pasar meses sin cuestionar esa decisión.
Mahiques escribió: “Una notificación tardía, sin intervención de la Oficina Judicial encargada en la gestión administrativa y la utilización de locuciones más vinculadas a la urbanidad que a la técnica procesal no parece lo más adecuado a los estándares regulares en ese tipo de comunicaciones”. Advirtió, no obstante: “No puede afirmarse sin riesgo a incurrir en un exceso formal que las deficiencias expuestas hayan afectado derechos o garantías del imputado”.
El camarista estimó que la prórroga que tuvo el fiscal para formalizar su acusación no provocó una “vulnernación de derechos del imputado” y recordó los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para “habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción”.
Para Yacobucci no hubiera correspondido siquiera tratar el recurso de Busaniche porque -afirmó- lo resuelto por el juez de garantías (que había dicho que el caso debía continuar) tuvo “fundamentos válidos y suficientes” y fue ratificado por el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario, “garantizando en el caso la doble conformidad judicial”.
Con el recurso ya abierto por sus colegas, Yacobucci dijo que coincidía con el voto de Mahiques, pero añadió una serie de observaciones propias. Aludió al “principio de desformalización” que regula “la sistemática del Código Procesal Penal Federal” y dijo que ese cuerpo legal no prevé una nulidad como la que pretende la defensa. Yacobucci manifestó que eso “resulta de especial significación frente a hechos de notoria gravedad institucional, donde se sospechan conductas corruptas de altos magistrados del Poder Judicial, a la postre vinculadas con criminalidad organizada y narcotráfico, que son materia de compromisos internacionales del Estado argentino”.
“Una interpretación asistemática y descontextualizada de las normativas en juego -añadió el camarista- no puede ser legítimamente de recibo, además del strepitus fori que de esas consecuencias se deriva.”
Yacobucci citó en su voto una serie de fallos de la Corte Suprema y destacó lo afirmado por el ministro Ricardo Lorenzetti en el precedente “Price” en cuanto a que un muy breve plazo de caducidad que impida avanzar en el juzgamiento de hechos de corrupción “derivaría en el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino”.
Borinsky, en disidencia, dijo que “por motivos exclusivamente formales” se privó “puntualmente a la defensa de Santiago Busaniche de cuestionar y recurrir la declaración de complejidad del proceso, cuando la ley expresamente establece la posibilidad de impugnar esa resolución jurisdiccional”. Sostuvo que “más allá de la discusión en torno a la comunicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en el mail de fecha 9 de mayo de 2025, lo cierto es que se aprecia que en el caso concreto de Busaniche, su defensa no tuvo la oportunidad útil de intervenir ni cuestionar el carácter de complejo que se le asignara al procedimiento”.
Por ende, según Borinsky, a Busaniche la fiscalía lo acusó cuando el plazo para hacerlo había vencido y, entonces, esa acusación no es válida y es algo que ya no puede subsanarse. Está en juego la garantía constitucional del plazo razonable, de acuerdo con este camarista.
Borinsky subrayó que el cierre de la causa debería regir entonces únicamente para Busaniche y no para los demás acusados, que consintieron la decisión de considerar el caso como complejo y ampliar los plazos.
“Considero que en las particulares circunstancias del caso y sólo con relación a Busaniche -y no respecto de otros imputados-, el trámite impreso al proceso, fue llevado a cabo al margen de las normas específicas aplicables”, sostuvo Borinsky en soledad.
Mahiques describió en su voto la acusación de la fiscalía contra Busaniche. Relató que le imputan “su presunta intervención en una de serie de actos que desde 2019 hasta aproximadamente noviembre de 2024, habrían coordinadamente realizado el nombrado junto a Marcelo Martín Bailaque, Fernando Elías Whpei [financista, arrepentido ante la Justicia] y Carlos Vaudagna [extitular de la AFIP de Rosario y Santa Fe]”.
Lo que hicieron -siempre según la acusación- fue iniciar y direccionar actuaciones administrativas y un expediente judicial contra empresarios “con el objetivo de presionarlos, dañar su reputación y de ese modo condicionar sus decisiones y el normal ejercicio de sus cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal”.
De acuerdo con la fiscalía, a través de esas conductas Bailaque, Whpei y Vaudagna comenzaron a exigir dinero a los empresarios nombrados a cambio de influir favorablemente en el desarrollo de esos procesos.
Mahiques relató en su fallo que los hechos atribuidos por la fiscalía a Busaniche “fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario».
Marcelo Bailaque,Conforme a
POLITICA
La CGT evalúa una semana de protestas escalonadas mientras redefine su estrategia contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a discutir una nueva etapa de confrontación con el Gobierno de Javier Milei, después de que la estrategia judicial para frenar la reforma laboral perdiera impulso y tras llevar sus reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ese objetivo, la conducción sindical pondrá en marcha dos semanas de reuniones para definir cómo continuará la disputa con la Casa Rosada.
Entre las opciones que circulan dentro de la central obrera aparece la posibilidad de avanzar con una semana de protestas escalonadas, un esquema basado en medidas de fuerza alternadas entre distintos gremios. La propuesta todavía está en discusión, pero empezó a ganar espacio en medio del debate sobre la efectividad que podría tener un nuevo paro general.
Según pudo saber TN, la CGT iniciará este miércoles una ronda de encuentros entre distintas confederaciones sindicales vinculadas a la industria, el transporte, los puertos, los medios de comunicación y la alimentación. Allí comenzará el análisis político y jurídico de la reglamentación de la reforma laboral y de las respuestas que podría impulsar la central obrera.
La semana próxima la discusión llegará al Consejo Directivo, que será el encargado de definir los pasos a seguir. La conducción que encabezan Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello considera que el debate todavía permanece abierto.
La presentación realizada ante la OIT también formará parte de ese análisis. En la central obrera sostienen que el paso por Suiza fortaleció sus cuestionamientos sobre el impacto de las nuevas normas laborales y creen que ahora deben resolver cómo trasladar esa discusión al plano local. “En Ginebra logramos que la OIT nos reconozca los problemas que hay con las leyes laborales en el país y ahora va a haber que analizar cómo seguimos”, indicaron a este medio.
Debate abierto
La discusión sobre las medidas de fuerza volvió a exponer diferencias tácticas dentro de la CGT. El ala más dura, integrada entre otros por la UOM, La Fraternidad y el sindicato de Gastronómicos, viene impulsando la convocatoria a un paro general de 36 horas. Sin embargo, dentro de la conducción cegetista consideran que el contexto actual no favorece una medida de esa magnitud y que su impacto podría verse limitado.
Entre las alternativas que analiza la CGT aparece la posibilidad de coordinar medidas de fuerza escalonadas entre distintos gremios. El objetivo sería sostener durante varios días la presión sobre el Gobierno sin recurrir de inmediato a un paro general, como sucedió en Francia en rechazo a la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron.
La alternativa, sin embargo, enfrenta obstáculos. Al tratarse de conflictos sectoriales, el Gobierno podría recurrir a la conciliación obligatoria y suspender temporalmente las medidas. Además, la reglamentación de la reforma laboral amplió las actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental, lo que obliga a numerosos sindicatos a garantizar una parte significativa de los servicios aun durante una protesta.
En paralelo, la batalla judicial seguirá abierta. Según anticiparon desde la central obrera, los próximos planteos ante los tribunales no serán impulsados institucionalmente por la CGT sino por cada gremio en forma individual. “Contra el decreto va a haber muchas cautelares pedidas individualmente por los distintos sindicatos”, explicaron.
Denuncia de los gremios duros
Mientras la CGT define su hoja de ruta, este martes habrá una señal pública de uno de los sectores más críticos del Gobierno. Pablo Moyano encabezará una conferencia de prensa junto a Julio Sosa, presidente de la Sección Ferroviaria Global de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) e integrante de la conducción de La Fraternidad.
La actividad se realizará desde las 9.30 en la sede ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 1900 y tendrá como eje la situación laboral y sindical en la Argentina. Según informaron los organizadores, también se abordarán las consecuencias de la reglamentación de la reforma laboral, el deterioro social y las sanciones aplicadas al sindicato ferroviario.
La conferencia de prensa se desarrollará en el marco de una reunión internacional de la ITF que reúne a dirigentes ferroviarios de distintos países. Durante el encuentro se analizarán las condiciones del sector en la Argentina, el financiamiento de la actividad y el impacto de las políticas oficiales sobre el mundo del trabajo.
CGT, reforma laboral
POLITICA
Bolivia expulsó a un grupo de legisladores y dirigentes argentinos observadores de la situación humanitaria
El Gobierno de Bolivia impidió el ingreso a ese país de una misión argentina que supuestamente buscaba certificar violaciones de derechos humanos en ese país. Entre las personas retenidas que están regresando a la Argentina se cuenta el diputado Juan Marino, originalmente del Partido Piquetero y ahora integrante de la bancada kirchnerista.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz impidió el ingreso de la delegación que pretendía relevar denuncias de represión durante las protestas de las últimas semanas.
Entre los integrantes de la comitiva argentina estaba el diputado nacional Marino, retenido pese a haber completado los trámites migratorios en Santa Cruz de la Sierra.
La Cancillería argentina confirmó el episodio en un comunicado en el que avaló la decisión boliviana de expulsar a los viajeros.
El grupo se autodenominó “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El episodio generó un confuso cruce de versiones entre la Cancillería argentina, el Gobierno boliviano y los propios integrantes de la delegación.
A través de un comunicado, la Cancillería informó que la delegación arribó a Bolivia con el “autodeclarado propósito” de “realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.
Según el texto oficial, las autoridades bolivianas comunicaron que durante los controles migratorios “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, además de “cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”.
En base a esos elementos, y “en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, el gobierno de Rodrigo Paz decidió no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, que se encuentran retornando a la Argentina, dijo el Gobierno de Javier Milei.
El comunicado de la Cancillería no menciona la situación particular del diputado Marino, ni hace referencia a una posible retención de documentos.
Sin embargo, el diputado nacional Germán Martínez publicó en la red social X que su par Marino “viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional” y que se encontraba “retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz”.
Martínez exigió a las autoridades bolivianas que Marino pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a las autoridades consulares argentinas a “garantizar su libertad e integridad física”.
Por otro lado, un comunicado de la agrupación Barrios de Pie dijo que la “Misión Internacional de Veedores de Derechos Humanos” fue retenida por personal de migraciones al arribar al aeropuerto internacional de La Paz, donde habían llegado con el objetivo de relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas “en la represión y las detenciones durante las protestas de las últimas semanas” en Bolivia.
De acuerdo con esa versión, las autoridades migratorias retuvieron los documentos personales de toda la delegación y obligaron a sus integrantes a abordar un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, lo que, según los denunciantes, les impidió el desarrollo de las actividades de observación previstas en La Paz.
Entre los integrantes de la misión se encontraba Martín Illanez, referente de Barrios de Pie y de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos.
Illanez dijo: “Durante varias horas permanecimos retenidos sin información sobre nuestra situación jurídica. Fueron retenidos nuestros documentos y se produjeron situaciones de tensión con autoridades migratorias. Finalmente fuimos obligados a subir a un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, impidiéndose de hecho el desarrollo de las actividades de observación previstas en la ciudad de La Paz”.
Barrios de Pie dijo que la negativa a permitirles el ingreso a Bolivia es una confirmación indirecta de las denuncias que motivaron el viaje.
June 15, 2026,Conforme a
El gobernador LeandroZdero anunció este 15 de junio, durante el 73° aniversario de la Policía del Chaco, una serie de cambios para 2026 que incluyen un aumento salarial y medidas sobre ingresos y control interno que, según el Gobierno provincial, apuntan a fortalecer el trabajo policial.
Entre las decisiones con fecha definida, Zdero confirmó que desde el 1 de enero del próximo año regirá un nuevo esquema laboral de ocho horas de servicio por 24 de franco, presentado por el mandatario como una demanda histórica del personal policial, según la información oficial de la Provincia del Chaco.
El paquete también incluye la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias policiales, el inicio en agosto de un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía y un aumento del 30% en el servicio de adicionales para el personal policial, que comenzará a regir en julio, de acuerdo con el texto oficial.
Zdero además dispuso la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos cobren los salarios correspondientes a su nueva jerarquía y confirmó el pago retroactivo de los ascensos, que se abonará en tres cuotas, según informó el Gobierno del Chaco.
Durante el acto por el 73° aniversario, el gobernador sostuvo que su gestión busca respaldar a la institución con medidas concretas. “Venimos a reconocer los logros de una institución que cumple una tarea fundamental para la sociedad y que merece ser acompañada con hechos concretos”, afirmó Zdero, según la comunicación oficial.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Javier Romero, la presidenta de la Legislatura Carmen Delgado y autoridades de los distintos poderes del Estado, de acuerdo con la misma fuente.
La modificación del régimen laboral fue uno de los anuncios centrales del acto. Según Zdero, desde el 1 de enero próximo se implementará el sistema de ocho horas de servicio por 24 de franco para el personal de la Policía del Chaco.
“Es una medida que reconoce el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres policías y que pocas provincias del país han logrado implementar”, dijo el gobernador.
En la misma ceremonia, Zdero anunció la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales. Según la información oficial, la medida busca dar previsibilidad institucional a un espacio de encuentro y contención para la familia policial.
El gobernador también ratificó el respaldo político de su administración a la fuerza provincial. “Quiero que sepan que van a tener un Gobierno y un gobernador que los va a acompañar, que los va a respaldar y que va a defender a quienes trabajan con honestidad y profesionalismo en el marco de la ley”, expresó, según la fuente oficial.
En otro tramo de su discurso, Zdero hizo un llamado a los legisladores provinciales para que acompañen iniciativas vinculadas a seguridad. “Quiero hacer un llamado especial a los legisladores de nuestra provincia a que realmente se pongan del lado de los ciudadanos. Tenemos que darles las herramientas al Poder Judicial porque hace mucho tiempo estamos intentando tratar la Ley de Reiterancia”, afirmó, según la Provincia del Chaco.
El ministro Matkovich destacó durante el acto el rol de las fuerzas de seguridad y el trabajo coordinado del área desde el inicio de la gestión provincial. “En la vida hay que ser agradecido y reconocer la tarea de quienes nos cuidan”, dijo el funcionario, según la Provincia del Chaco.
Matkovich agregó: “Ser policía es una lección, es un compromiso y fundamentalmente requiere vocación de servicio”. También afirmó: “Desde que asumimos el 10 de diciembre del año 2023 venimos trabajando de manera armónica y coordinada con las fuerzas federales, la Justicia federal y provincial, y la sociedad en su conjunto. De esa manera hemos marcado un antes y un después. Nosotros no vinimos a pactar con nadie y vamos a ir progresivamente apartando a aquellos que están al margen de la ley”, según la misma fuente.
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