POLITICA
La Cámara de Casación convalidó el avance de una investigación contra un operador judicial acusado de corrupción
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, confirmó hoy el avance de una causa contra el escribano santafesino Santiago Busaniche, que está acusado de haber intervenido como operador judicial, junto con el exjuez federal Marcelo Bailaque y otros imputados, en un esquema de presiones y extorsión a empresarios.
La defensa de Busaniche había pedido que se anulara la causa en su contra, pero la Casación, por dos votos contra uno, rechazó ese planteo. Se pronuciaron por la subsistencia de la causa los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yabobucci -que firmó un duro fallo contra la pretención de que el caso se cerrara-. En disidencia, Mariano Borinsky le dio la razón a Busaniche: sostuvo que la acusación en su contra era nula y que la causa, en lo que a este imputado respecta, no podía seguir adelante.
El argumento de la defensa fue que no había sido debidamente notificada de una decisión que declaró el caso como “complejo” y que amplió así el plazo que la fiscalía tenía para formalizar la acusación contra Busaniche. Alegó, por un lado, que al escribano no lo habilitaron a participar de la audiencia que trató el pedido del Ministerio Público para que el caso se declarara complejo -audiencia de la que sí participó Bailaque- y, por otro, que no le comunicaron la decisión tomada como hubiera correspondido. Relató que la fiscalía notificó a Busaniche por mail y sin las formalidades exigidas por la ley.
Mahiques, autor del primer voto del fallo, dijo que era cierto que la notificación cuestionada “no cumplió con todas las formalidades incluidas en los artículos 125 y 126 del nuevo ordenamiento procesal federal” (el caso se rige por el sistema acusatorio). Sostuvo que la comunicación debió haberla hecho la Oficina Judicial dentro de las 24 horas, con claridad y precisión, y advirtiéndole “suficientemente” al imputado que estaba en juego el ejercicio de un derecho.
Pero según Mahiques, la defensa de Busaniche reconoció que había recibido el mail de la fiscalía que le informaba lo resuelto y, sin embargo, dejó pasar meses sin cuestionar esa decisión.
Mahiques escribió: “Una notificación tardía, sin intervención de la Oficina Judicial encargada en la gestión administrativa y la utilización de locuciones más vinculadas a la urbanidad que a la técnica procesal no parece lo más adecuado a los estándares regulares en ese tipo de comunicaciones”. Advirtió, no obstante: “No puede afirmarse sin riesgo a incurrir en un exceso formal que las deficiencias expuestas hayan afectado derechos o garantías del imputado”.
El camarista estimó que la prórroga que tuvo el fiscal para formalizar su acusación no provocó una “vulnernación de derechos del imputado” y recordó los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para “habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción”.
Para Yacobucci no hubiera correspondido siquiera tratar el recurso de Busaniche porque -afirmó- lo resuelto por el juez de garantías (que había dicho que el caso debía continuar) tuvo “fundamentos válidos y suficientes” y fue ratificado por el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario, “garantizando en el caso la doble conformidad judicial”.
Con el recurso ya abierto por sus colegas, Yacobucci dijo que coincidía con el voto de Mahiques, pero añadió una serie de observaciones propias. Aludió al “principio de desformalización” que regula “la sistemática del Código Procesal Penal Federal” y dijo que ese cuerpo legal no prevé una nulidad como la que pretende la defensa. Yacobucci manifestó que eso “resulta de especial significación frente a hechos de notoria gravedad institucional, donde se sospechan conductas corruptas de altos magistrados del Poder Judicial, a la postre vinculadas con criminalidad organizada y narcotráfico, que son materia de compromisos internacionales del Estado argentino”.
“Una interpretación asistemática y descontextualizada de las normativas en juego -añadió el camarista- no puede ser legítimamente de recibo, además del strepitus fori que de esas consecuencias se deriva.”
Yacobucci citó en su voto una serie de fallos de la Corte Suprema y destacó lo afirmado por el ministro Ricardo Lorenzetti en el precedente “Price” en cuanto a que un muy breve plazo de caducidad que impida avanzar en el juzgamiento de hechos de corrupción “derivaría en el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino”.
Borinsky, en disidencia, dijo que “por motivos exclusivamente formales” se privó “puntualmente a la defensa de Santiago Busaniche de cuestionar y recurrir la declaración de complejidad del proceso, cuando la ley expresamente establece la posibilidad de impugnar esa resolución jurisdiccional”. Sostuvo que “más allá de la discusión en torno a la comunicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en el mail de fecha 9 de mayo de 2025, lo cierto es que se aprecia que en el caso concreto de Busaniche, su defensa no tuvo la oportunidad útil de intervenir ni cuestionar el carácter de complejo que se le asignara al procedimiento”.
Por ende, según Borinsky, a Busaniche la fiscalía lo acusó cuando el plazo para hacerlo había vencido y, entonces, esa acusación no es válida y es algo que ya no puede subsanarse. Está en juego la garantía constitucional del plazo razonable, de acuerdo con este camarista.
Borinsky subrayó que el cierre de la causa debería regir entonces únicamente para Busaniche y no para los demás acusados, que consintieron la decisión de considerar el caso como complejo y ampliar los plazos.
“Considero que en las particulares circunstancias del caso y sólo con relación a Busaniche -y no respecto de otros imputados-, el trámite impreso al proceso, fue llevado a cabo al margen de las normas específicas aplicables”, sostuvo Borinsky en soledad.
Mahiques describió en su voto la acusación de la fiscalía contra Busaniche. Relató que le imputan “su presunta intervención en una de serie de actos que desde 2019 hasta aproximadamente noviembre de 2024, habrían coordinadamente realizado el nombrado junto a Marcelo Martín Bailaque, Fernando Elías Whpei [financista, arrepentido ante la Justicia] y Carlos Vaudagna [extitular de la AFIP de Rosario y Santa Fe]”.
Lo que hicieron -siempre según la acusación- fue iniciar y direccionar actuaciones administrativas y un expediente judicial contra empresarios “con el objetivo de presionarlos, dañar su reputación y de ese modo condicionar sus decisiones y el normal ejercicio de sus cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal”.
De acuerdo con la fiscalía, a través de esas conductas Bailaque, Whpei y Vaudagna comenzaron a exigir dinero a los empresarios nombrados a cambio de influir favorablemente en el desarrollo de esos procesos.
Mahiques relató en su fallo que los hechos atribuidos por la fiscalía a Busaniche “fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario».
Marcelo Bailaque,Conforme a
POLITICA
Paro docente: el Gobierno dijo que los gremios deben garantizar el 75% de actividad por la reforma laboral
El próximo lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un nuevo conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. La protesta fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, estancando el sueldo mínimo en 500 mil pesos durante el último año y profundizando un escenario de tensión que se había atenuado durante la tregua impuesta por el Mundial de Fútbol.
En paralelo, los gremios educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo lunes un plan de lucha que no incluirá huelgas, sino medidas como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa para los alumnos, y una movilización final ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Las acciones de la CGT serán detalladas oficialmente en una conferencia de prensa el lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802.
El Gobierno exige el cumplimiento del 75% de la actividad escolar
Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según el artículo 101 de la norma, durante medidas de acción directa como huelgas, los gremios tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.
En un comunicado oficial, la cartera encabezada por Capital Humano subrayó que la normativa asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando “el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”. El texto advierte que el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades sindicales será sancionado “por los medios legales aplicables”.
La Ley 27.802, que forma parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, fue mencionada como argumento central por el Gobierno para exigir que los sindicatos garanticen la continuidad del servicio educativo, aun durante las medidas de fuerza. Esta exigencia se fundamenta en el objetivo de proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes.
Reclamos de los sindicatos docentes y contexto del conflicto
La decisión de CTERA de realizar un paro nacional de 24 horas surge de la denuncia de un “ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”, según comunicó el sindicato. Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, la entidad rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, y exige mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
El conflicto sindical docente no es reciente, pero se intensificó tras la negativa oficial a reabrir la discusión salarial que, según CTERA, es el “ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”. La organización también denuncia el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento en la restitución de fondos nacionales destinados a la educación, como el FONID.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero (Unión Docentes Argentinos, UDA), optó por un plan de lucha sin paros, evaluando que el actual marco legal representa un riesgo para los docentes que adhieran a una huelga total. Entre las acciones previstas se encuentran “semaforazos” en esquinas, volanteadas en distintos puntos del país y una movilización de cierre. Las razones de la protesta serán expuestas el lunes por Romero en conferencia de prensa.
Debate judicial sobre la esencialidad del servicio educativo
Aunque la disposición que obliga a mantener el 75% de las actividades mínimas fue objetada judicialmente por los sindicatos, una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió temporalmente la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita la demanda sindical. Sin embargo, tras la apelación del Gobierno, el límite a la extensión del derecho de huelga se mantiene vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En este contexto, los sindicatos agrupados en la CGT evaluaron que desobedecer la norma podría exponer a los docentes a “duras sanciones” por parte de las autoridades. La vigencia de la Ley 27.802 fue uno de los motivos por los que la CGT optó por protestas alternativas al paro.
Perspectivas y acciones previstas para agosto
Durante agosto, el plan de lucha de los sindicatos docentes incluirá una serie de medidas que buscan visibilizar el reclamo salarial y la defensa de la educación pública. Además del paro nacional de CTERA del lunes 3 de agosto, se prevén jornadas de trabajo a reglamento, clases informativas, actividades en la vía pública y una movilización central frente a las autoridades nacionales.
Entre los objetivos sindicales se destacan la recuperación del salario docente, la restitución de fondos nacionales y la defensa de derechos laborales, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios. El Ministerio de Capital Humano reiteró su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente, promoviendo que se pueda acceder a la educación aun durante las medidas de fuerza.
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POLITICA
Kicillof evitó la foto con Máximo en La Rioja y frustró la mediación del gobernador Quintela
LA PLATA.- El cónclave soñado por Ricardo Quintela, en La Rioja, para reunir a Máximo Kirchner y Axel Kicillof en el homenaje al cura Enrique Angelelli fracasó porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires no viaja.
La cubre política imaginada a fin de bajar la tensión entre los principales actores del peronismo bonaerense de cara a 2027 no será este fin de semana. El diálogo político para ordenar a la oposición a Javier Milei no logra concretarse.
Kicillof solo hará un gesto de buena voluntad y enviará a María Cristina Alvarez Rodriguez, jefa de asesores, en una decisión pensada para evitar un desplante a Quintela, que es interlocutor del gobernador y forma en conjunto un frente en contra a Milei. Pero Kicillof esquiva a Kirchner.
En cambio, el gobernador enviará a otro funcionario, Carlos Bianco, a armar políticamente a otra provincia para el Movimiento Derecho al Futuro. El ministro de Gobierno participa de actividades políticas en Entre Ríos. Bianco es uno de los principales artífices de la expansión del movimiento, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y de Trabajo, Walter Correa.
De este modo el gobernador está emitiendo un mensaje claro de autonomía e independencia: el armado federal no depende del aval del líder de La Cámpora, que la última semana volvió a insistir con la candidatura de la expresidenta, Cristina Kirchner.
“Nuestra candidata es Cristina”, repitió esta semana Máximo Kirchner en diversas entrevistas. Kicillof no se lanzó formalmente como candidato a presidente, pero trabaja para fortalecer su movimiento en todo el territorio nacional a fin de llegar con estructura más allá de la provincia de Buenos Aires.
La semana que pasó Kicillof ya había dado otra muestra de autonomía: tampoco asistió a un homenaje por el aniversario de la muerte de Eva Perón convocado por Mariel Fernández, intendente de Moreno y aspirante a suceder a Kicillof, donde también estaba invitado Máximo Kirchner.
Fernández no es neutral: junto a otros diez intendentes peronistas como Federico Otermin (Lomas de Zamora); Federico Achaval (Pilar);Federico Susbielles (Bahia Blanca); Marisa Fassi (Cañuelas); Juan Pablo García (Dolores) Gastón Granados (Ezeiza); Juan de Jesús (La Costa); Gustavo Menéndez (Merlo) Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), buscan estar en la sucesión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Varios de estos alcaldes se vieron en Moreno, en el acto homenaje a Eva Perón.
Kicillof faltó y eligió otro acto, en La Plata, junto al intendente Julio Alak, uno de los armadores del Movimiento Derecho al Futuro. Finalmente Kirchner tampoco fue a Moreno: pero comenzó una semana de alto perfil mediático para instalar la candidatura de Cristina Kirchner.
El diputado nacional tomó la delantera en La Rioja: “Quiero agradecerles en nombre de mi viejo también, que acompañen a Cristina porque es lo que él haría, estaría peleando por ella”, dijo y luego habló del proyecto para recuperar la presidencia en 2027.
“Si tenemos un presidente como Milei, es que hemos cometido muchos errores y muchas veces la gente dejó de escucharnos (…). Esa también es una tarea para el año que viene poder construir una victoria que no tiene que ser la victoria de un partido político o la victoria de una persona, sino que tiene que ser la victoria de los argentinos y argentinas que creen en su país”, manifestó Kirchner.
El diputado nacional visitó una fábrica de Puma cerrada. Y aprovechó para tirar un dardo al gobernador Kicillof: “Les quiero decir que ver esa fábrica en silencio, algo que pasa en muchos lugares también del conurbano de la provincia de Buenos Aires o de diferentes lugares, ver esa fábrica vacía en un pueblo de 3.000, 4.000 personas, donde hablamos de 60 puestos, 70 puestos de laburo. Es la vida del pueblo. No solo de los que trabajan ahí”, dijo.
No obstante Kirchner llamó a una construcción nacional bajo el liderazgo de Cristina: “Nos quieren separar por provincias, y es verdad, cada uno tiene su provincia, sus modismos, sus maneras de entender la vida, pero hay una bandera que nos une y esa bandera la debemos proteger. Porque si nos dividen, si nos balcanizan, si nos parten por las partes, les vamos a hacer muy fácil el trabajo y hay que complicárselas todas”, expresó.
intendente de Moreno,María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
Ley de Tierras: el kirchnerismo impulsó un proyecto en PBA y Kicillof envía a su sector a movilizar al Congreso
La discusión por la modificación a la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei –buscará aprobarla la semana que viene en el Senado- pareció despertar al peronismo en territorio bonaerense y, en medio de la discusión interna del sector, mostrarse discursivamente emparentado con todos los espacios.
Es que esta semana el sector kirchnerista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires formalizó un proyecto que busca establecer un régimen de protección del dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. La iniciativa lleva las firmas del presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli —referente cercano a Máximo Kirchner—, de Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y de Cintia Romero, diputada de Patria Grande de Juan Grabois. A la par, días atrás el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, fijó la posición formal del gobierno de Axel Kicillof sobre el debate en el Senado: rechazar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), que desde 2011 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Ante esta situación, el kirchnerismo presentó un proyecto en la Cámara baja provincial que va en contramano de lo que busca establecer Milei en el orden nacional. La iniciativa bonaerense, fija límites a la tenencia extranjera de tierras y responde a la derogación de la Ley Nacional de Tierras, así como al avance de la extranjerización en zonas estratégicas del territorio bonaerense.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también había rechazado la derogación de la Ley de Tierras. En un acto realizado el 19 de julio en Avellaneda, el mismo día en que el Senado de la Nación se aprestaba a debatir la modificación de la ley de tierras —propuesta que no se votó por falta de acuerdos y que volverá a tratarse el 6 de agosto—, Kicillof advirtió: “Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”.
En ese momento, el mandatario bonaerense consideró que la iniciativa nacional representa una cesión de soberanía y reclamó que no prospere: “Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que, por fondos o por lo que sea, quieren levantar la mano para la venta del territorio argentino”.
El gobernador también había denunciado presuntas presiones del Gobierno nacional sobre los mandatarios provinciales y los legisladores para conseguir apoyo a la iniciativa: “Así vayamos cortándola un poco con eso de extorsionar a las provincias, de extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional”.
En su discurso, Kicillof apelaba al triunfo de la Selección Argentina de fútbol sobre Inglaterra y pidió que ese clima se traslade al Senado: “Esperemos que, como ayer dio un ejemplo la Selección, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”.
En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza Kicillof, organiza una movilización para el próximo 6 de agosto. La convocatoria busca expresar rechazo a la modificación de la ley de tierras cuando el Senado de la Nación retome el debate sobre el proyecto que habilita la extranjerización de tierras rurales.
El proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y establece un límite del 15% para la tenencia extranjera a nivel provincial y municipal, con un máximo del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Ningún titular extranjero podrá acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola del territorio bonaerense.
La normativa incorpora requisitos de información y transparencia, prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles ribereños a cuerpos de agua de importancia y define zonas de protección territorial estratégica. La autoridad de aplicación podrá denegar permisos si considera que la operación pone en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorece procesos de especulación y concentración.
Entre los argumentos de los autores, se menciona que la provincia de Buenos Aires representa el 38,9% de las exportaciones nacionales y el 52,6% de la región pampeana y que la derogación de la Ley Nacional de Tierras, mediante el DNU 70/2023, reactivó el debate sobre la defensa de los recursos naturales bonaerenses.
La iniciativa fue presentada como: “En oposición a Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en PBA”.
A priori, la discusión sobre la tenencia y el control de las tierras rurales sugiere un eje capaz de acercar posturas entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense. En un escenario atravesado por tensiones internas y matices en torno a la estrategia y construcción política en vistas a las elecciones del 2027, el rechazo a la extranjerización logra alinear a referentes kirchneristas, del Frente Renovador de Sergio Massa y espacios afines a Axel Kicillof.
Diputados, Noelia Saavedra, Facundo Tignanelli, Cintia Romero
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