POLITICA
La Cámara de Casación convalidó el avance de una investigación contra un operador judicial acusado de corrupción
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, confirmó hoy el avance de una causa contra el escribano santafesino Santiago Busaniche, que está acusado de haber intervenido como operador judicial, junto con el exjuez federal Marcelo Bailaque y otros imputados, en un esquema de presiones y extorsión a empresarios.
La defensa de Busaniche había pedido que se anulara la causa en su contra, pero la Casación, por dos votos contra uno, rechazó ese planteo. Se pronuciaron por la subsistencia de la causa los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yabobucci -que firmó un duro fallo contra la pretención de que el caso se cerrara-. En disidencia, Mariano Borinsky le dio la razón a Busaniche: sostuvo que la acusación en su contra era nula y que la causa, en lo que a este imputado respecta, no podía seguir adelante.
El argumento de la defensa fue que no había sido debidamente notificada de una decisión que declaró el caso como “complejo” y que amplió así el plazo que la fiscalía tenía para formalizar la acusación contra Busaniche. Alegó, por un lado, que al escribano no lo habilitaron a participar de la audiencia que trató el pedido del Ministerio Público para que el caso se declarara complejo -audiencia de la que sí participó Bailaque- y, por otro, que no le comunicaron la decisión tomada como hubiera correspondido. Relató que la fiscalía notificó a Busaniche por mail y sin las formalidades exigidas por la ley.
Mahiques, autor del primer voto del fallo, dijo que era cierto que la notificación cuestionada “no cumplió con todas las formalidades incluidas en los artículos 125 y 126 del nuevo ordenamiento procesal federal” (el caso se rige por el sistema acusatorio). Sostuvo que la comunicación debió haberla hecho la Oficina Judicial dentro de las 24 horas, con claridad y precisión, y advirtiéndole “suficientemente” al imputado que estaba en juego el ejercicio de un derecho.
Pero según Mahiques, la defensa de Busaniche reconoció que había recibido el mail de la fiscalía que le informaba lo resuelto y, sin embargo, dejó pasar meses sin cuestionar esa decisión.
Mahiques escribió: “Una notificación tardía, sin intervención de la Oficina Judicial encargada en la gestión administrativa y la utilización de locuciones más vinculadas a la urbanidad que a la técnica procesal no parece lo más adecuado a los estándares regulares en ese tipo de comunicaciones”. Advirtió, no obstante: “No puede afirmarse sin riesgo a incurrir en un exceso formal que las deficiencias expuestas hayan afectado derechos o garantías del imputado”.
El camarista estimó que la prórroga que tuvo el fiscal para formalizar su acusación no provocó una “vulnernación de derechos del imputado” y recordó los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para “habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción”.
Para Yacobucci no hubiera correspondido siquiera tratar el recurso de Busaniche porque -afirmó- lo resuelto por el juez de garantías (que había dicho que el caso debía continuar) tuvo “fundamentos válidos y suficientes” y fue ratificado por el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario, “garantizando en el caso la doble conformidad judicial”.
Con el recurso ya abierto por sus colegas, Yacobucci dijo que coincidía con el voto de Mahiques, pero añadió una serie de observaciones propias. Aludió al “principio de desformalización” que regula “la sistemática del Código Procesal Penal Federal” y dijo que ese cuerpo legal no prevé una nulidad como la que pretende la defensa. Yacobucci manifestó que eso “resulta de especial significación frente a hechos de notoria gravedad institucional, donde se sospechan conductas corruptas de altos magistrados del Poder Judicial, a la postre vinculadas con criminalidad organizada y narcotráfico, que son materia de compromisos internacionales del Estado argentino”.
“Una interpretación asistemática y descontextualizada de las normativas en juego -añadió el camarista- no puede ser legítimamente de recibo, además del strepitus fori que de esas consecuencias se deriva.”
Yacobucci citó en su voto una serie de fallos de la Corte Suprema y destacó lo afirmado por el ministro Ricardo Lorenzetti en el precedente “Price” en cuanto a que un muy breve plazo de caducidad que impida avanzar en el juzgamiento de hechos de corrupción “derivaría en el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino”.
Borinsky, en disidencia, dijo que “por motivos exclusivamente formales” se privó “puntualmente a la defensa de Santiago Busaniche de cuestionar y recurrir la declaración de complejidad del proceso, cuando la ley expresamente establece la posibilidad de impugnar esa resolución jurisdiccional”. Sostuvo que “más allá de la discusión en torno a la comunicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en el mail de fecha 9 de mayo de 2025, lo cierto es que se aprecia que en el caso concreto de Busaniche, su defensa no tuvo la oportunidad útil de intervenir ni cuestionar el carácter de complejo que se le asignara al procedimiento”.
Por ende, según Borinsky, a Busaniche la fiscalía lo acusó cuando el plazo para hacerlo había vencido y, entonces, esa acusación no es válida y es algo que ya no puede subsanarse. Está en juego la garantía constitucional del plazo razonable, de acuerdo con este camarista.
Borinsky subrayó que el cierre de la causa debería regir entonces únicamente para Busaniche y no para los demás acusados, que consintieron la decisión de considerar el caso como complejo y ampliar los plazos.
“Considero que en las particulares circunstancias del caso y sólo con relación a Busaniche -y no respecto de otros imputados-, el trámite impreso al proceso, fue llevado a cabo al margen de las normas específicas aplicables”, sostuvo Borinsky en soledad.
Mahiques describió en su voto la acusación de la fiscalía contra Busaniche. Relató que le imputan “su presunta intervención en una de serie de actos que desde 2019 hasta aproximadamente noviembre de 2024, habrían coordinadamente realizado el nombrado junto a Marcelo Martín Bailaque, Fernando Elías Whpei [financista, arrepentido ante la Justicia] y Carlos Vaudagna [extitular de la AFIP de Rosario y Santa Fe]”.
Lo que hicieron -siempre según la acusación- fue iniciar y direccionar actuaciones administrativas y un expediente judicial contra empresarios “con el objetivo de presionarlos, dañar su reputación y de ese modo condicionar sus decisiones y el normal ejercicio de sus cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal”.
De acuerdo con la fiscalía, a través de esas conductas Bailaque, Whpei y Vaudagna comenzaron a exigir dinero a los empresarios nombrados a cambio de influir favorablemente en el desarrollo de esos procesos.
Mahiques relató en su fallo que los hechos atribuidos por la fiscalía a Busaniche “fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario».
Marcelo Bailaque,Conforme a
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Martín Menem condicionó las alianzas electorales con los gobernadores para 2027 a un acuerdo sobre la agenda de reformas
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, condicionó las futuras alianzas electorales de La Libertad Avanza con los gobernadores para 2027 a que existan coincidencias sobre la agenda de reformas que promueve el presidente Javier Milei. La definición se conoció mientras la Casa Rosada negocia respaldos legislativos con los mandatarios provinciales y empieza a delinear su estrategia para el próximo año.
“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, planteó Menem durante un encuentro de dirigentes libertarios que se realizó el viernes en Tigre, bajo el lema Hacia una Argentina próspera. Su discurso giró en torno a la diferencia entre construir acuerdos para una victoria electoral y alcanzar entendimientos que sostengan el programa económico e institucional del oficialismo.
La posición del titular de Diputados, quien además es vicepresidente nacional de La Libertad Avanza, cobra relevancia por su participación en la conducción política del partido que encabeza Karina Milei. El mensaje se inscribe en una discusión que atraviesa tanto la organización partidaria como el vínculo con los aliados: el Gobierno necesita votos en ambas cámaras para avanzar con sus proyectos, pero también debe resolver con quién competirá en cada distrito en 2027.
“Quiero ser claro sobre qué estamos pensando para adelante, porque por ahí se habla mucho, pero el armado político es un tema muy complejo, porque tiene que ver con qué es lo que queremos”, sostuvo Menem. Y agregó: “Una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina llegue bien en los próximos 40 años”.
La advertencia se produjo en un momento de conversaciones entre la Casa Rosada y gobernadores de distintos espacios. El oficialismo busca reunir respaldos para la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y otras iniciativas del Poder Ejecutivo, en negociaciones que incluyen reclamos fiscales de las provincias, demandas de gestión y diferencias sobre el contenido de los proyectos.
En paralelo, se abre otra discusión política. La mayoría de los mandatarios ya decidieron desdoblar sus comicios, mientras definen cómo conformarán sus coaliciones locales y qué relación mantendrán con una eventual candidatura de Javier Milei a la reelección. La Libertad Avanza, que preside la secretaria General Karina Milei, tendrá que decidir si presenta listas propias, comparte candidatos con fuerzas provinciales o acuerda frentes más amplios.
Menem fijó una condición para esa etapa. “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares”, afirmó ante los participantes.
La frase trazó una diferencia entre la cooperación parlamentaria y la integración de una coalición electoral. Un gobernador puede acompañar al Gobierno en una votación puntual, incluso en una ley central para el oficialismo, sin que ese respaldo implique compartir candidatos en los comicios.
El presidente de la Cámara de Diputados detalló los puntos que deberían integrar esa agenda común: “Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”, enumeró. Luego señaló que ese proceso comenzó de cara a 2027.
La enumeración ofreció una señal sobre los criterios con los que la conducción libertaria evaluará sus futuros acuerdos. La condición no estuvo vinculada a nombres ni candidaturas, sino al rumbo de las políticas públicas que deberían acompañar los eventuales socios. Tampoco implicó descartar negociaciones con gobernadores de fuerzas distintas al oficialismo.
El desafío para La Libertad Avanza será conducir esas conversaciones en dos planos que no siempre coinciden. En el Congreso, el Gobierno requiere mayorías construidas con bloques y legisladores de distintas provincias. En el terreno electoral, cada acuerdo involucra definiciones sobre candidatos a gobernador, legisladores nacionales, intendentes y dirigentes locales.
A ese escenario se suma el debate sobre el sistema electoral. La eventual eliminación o suspensión de las PASO, uno de los objetivos impulsados por el oficialismo, podría modificar los plazos y mecanismos para seleccionar candidatos. También podría acelerar la definición de coaliciones antes del inicio formal de la campaña, en especial en provincias donde varias fuerzas buscan asociarse a la candidatura presidencial.
La provincia de Buenos Aires también ocupó un lugar en la exposición. Menem afirmó que allí se jugará “la madre de todas las batallas”, en referencia al peso de la competencia bonaerense. El distrito concentra una porción determinante del padrón nacional y representa uno de los principales desafíos territoriales para La Libertad Avanza, que buscará ampliar su representación y disputar el gobierno provincial.
Del encuentro participaron también Santiago Oría, vinculado a la comunicación audiovisual del Presidente, y el economista Federico Domínguez. Sin embargo, la intervención de Menem excedió la actividad partidaria y dejó expuesto el criterio que la conducción libertaria pretende aplicar a quienes aspiren a integrar su armado electoral.
La definición mantuvo abierto el margen de negociación con gobernadores y otras fuerzas, aunque anticipó una distinción entre aliados legislativos y socios electorales. Mientras la Casa Rosada busca los votos para su agenda parlamentaria, Menem planteó que los acuerdos para 2027 deberán contemplar coincidencias sobre las reformas que Milei pretende profundizar en un eventual segundo mandato.
POLITICA
Martín Menem habló sobre el armado electoral del Gobierno: “Sería más fácil cerrar acuerdos con cuanto gobernante se nos cruza”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre las diferencias internas en el Gobierno y de las negociaciones con los gobernadores por las elecciones del 2027.
“El tema del armado político es un tema muy complejo”, aseguró Menem durante un acto de La Libertad Avanza en Tigre, donde compartió la actividad con el diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja.
Las declaraciones se dan en medio del ruido político dentro del oficialismo sobre la estrategia electoral y la posibilidad de cerrar alianzas con otros espacios políticos para el próximo año.
Menem planteó las tensiones que pueden surgir al momento de definir un acuerdo electoral. “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años”, señaló.
En ese sentido, consideró que para el Gobierno sería más sencillo “avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”.
Y agregó: “Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares”.
Durante su discurso, Martín Menem también defendió las medidas de la gestión de Javier Milei. “Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo”, reflexionó.
POLITICA
El Gobierno busca suspender las PASO mientras enfrenta nuevas señales de enfriamiento en la economía – Nexofin
El Gobierno de Javier Milei atraviesa semanas decisivas en varios frentes. Tras el fallo de la Corte Suprema que restableció provisoriamente las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, la Casa Rosada busca aprovechar el nuevo escenario para frenar el avance de la oposición contra el DNU 70/23 y concentrar sus esfuerzos en la suspensión de las PASO.
A la agenda política se suma un frente económico que empieza a generar mayor preocupación dentro del Ejecutivo. Aunque los principales indicadores todavía muestran crecimiento en términos anuales, la actividad perdió impulso y algunos datos reflejan una menor capacidad de consumo.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa la necesidad de cerrar acuerdos con los gobernadores para darle mayor respaldo político al Gobierno y evitar que la desaceleración económica termine impactando sobre el escenario electoral.
La Corte Suprema frenó la derogación de la Ley de Tierras y volvieron las restricciones para extranjeros
Uno de los principales desafíos del oficialismo estará en Diputados, donde la oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de avanzar contra el DNU 70/23.
El decreto había derogado la Ley de Tierras y eliminado los límites para la venta de campos a extranjeros. La oposición buscaba utilizar ese punto para impulsar el rechazo integral de la norma.
Sin embargo, el nuevo fallo de la Corte Suprema modificó el escenario. El máximo tribunal suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU y restableció las restricciones previstas en la legislación anterior mientras continúa la discusión judicial.
El Gobierno intenta aprovechar la decisión para desarticular la sesión opositora. La estrategia oficial consiste en ofrecer una alternativa sobre el límite a la cantidad de tierras que pueden adquirir los extranjeros y convencer a los bloques aliados de que no acompañen el quórum.
Para eso, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones para el 14 de octubre, un día antes de la sesión que impulsa la oposición.
El objetivo central: suspender las PASO
El segundo gran desafío político del Gobierno es conseguir la suspensión de las PASO. El oficialismo pretende que el Senado avance con la iniciativa durante las próximas semanas y despejar así el camino electoral de cara a 2027.
La medida es considerada estratégica para el Gobierno porque permitiría ordenar el calendario electoral y facilitar la construcción de una estrategia para la eventual reelección de Milei.
Sin embargo, dentro del oficialismo existen diferencias sobre cuánto debe ceder el Gobierno frente a los gobernadores. Algunos sectores consideran que todavía no es necesario hacer concesiones importantes y que Milei podría recuperar margen de negociación más adelante.
Otros funcionarios, entre ellos Caputo, presionan para cerrar rápidamente acuerdos políticos. La discusión no es menor: el Gobierno necesita sostener una relación fluida con los mandatarios provinciales para avanzar con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas en el Congreso.
La economía empieza a generar preocupación
El tercer frente que concentra la atención del Ejecutivo es la actividad económica.
La inflación de septiembre volvió a acelerarse. En la Ciudad de Buenos Aires llegó al 1,8%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado estimó una inflación nacional cercana al 1,9%, con la posibilidad de que el dato se ubique alrededor del 2%.
A eso se suma el impacto sobre los ingresos. En la Ciudad, el ingreso necesario para pertenecer a la clase media alcanzó los $2.680.000, con un aumento del 2,5%. Esto implica que los hogares cuyos ingresos no acompañaron esa evolución quedaron más cerca de la categoría de fragilidad.
El Gobierno también intenta despejar las dudas sobre una posible recesión. Caputo cuestionó la interpretación de los datos del INDEC y sostuvo que la economía no cayó 2,9% en julio, sino que registró un crecimiento de 0,2%.
El Banco Mundial, por su parte, proyectó que la Argentina crecerá 2,1% durante 2026 y 3% en 2027. Aunque redujo su estimación respecto de la previsión anterior, el organismo todavía espera una expansión de la economía argentina.
El dato positivo es que, según esa proyección, el país podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento entre 2025 y 2027, algo que no ocurre desde hace dos décadas.
Sin embargo, la desaceleración comienza a sentirse en distintos sectores. El uso de tarjetas de crédito cayó 11,1% interanual, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad.
La industria mostró un rebote del 1,9% en agosto y la construcción avanzó 0,4%, después de las caídas registradas en julio. Pero ambos sectores todavía no lograron recuperar todo lo perdido durante el año.
Otro dato que preocupa al Gobierno surge de la Encuesta de Tendencias de Negocios. El 53,6% de los industriales consultados señaló que la principal causa del estancamiento de la producción es la insuficiencia de la demanda interna. Muy por detrás quedaron la competencia de productos importados, con 10,1%, y la incertidumbre económica, con 6,7%.
El efecto Bolsonaro y la relación con Estados Unidos
En paralelo, Milei mantiene una intensa agenda internacional. El Gobierno recibió con interés las señales provenientes de Estados Unidos y la posibilidad de que Washington vuelva a asistir financieramente a la Argentina mediante un swap durante 2027.
El respaldo de la administración de Donald Trump también forma parte de la estrategia internacional del Presidente. Milei viajará nuevamente a Estados Unidos y participará de un evento junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, antes de trasladarse posteriormente a Madrid.
El escenario brasileño también genera expectativas en la Casa Rosada. Algunos análisis anticiparon que un eventual triunfo de Bolsonaro frente a Lula da Silva podría beneficiar a la Argentina.
El impacto diplomático podría ser positivo y mejorar la relación bilateral, actualmente reducida al nivel de encargados de negocios. Sin embargo, el efecto económico no es tan directo.
Brasil tiene una economía mucho mayor que la argentina, un riesgo país inferior y se encuentra cerca de alcanzar el grado de inversión. El fortalecimiento del real después de la primera vuelta fue una señal positiva para los mercados, pero eso no significa necesariamente que la mejora se traslade a la Argentina.
Además, Bolsonaro plantea una política de reducción del gasto público. La profundidad de ese ajuste y su impacto sobre la economía brasileña serán determinantes para la Argentina, especialmente por el peso de Brasil como destino de las exportaciones nacionales.
Por eso, dentro del Gobierno, según publica TN, observan el escenario internacional como una oportunidad, pero saben que las principales dificultades siguen estando dentro del país: la actividad económica, las negociaciones con los gobernadores y la construcción del escenario electoral para 2027.
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