Cuando Toyota decidió importar la nueva generación del SUV RAV4 y traer a Argentina el auto más vendido del mundo, sabía que se enfrentaba a un escrutinio público por su precio, de USD 70.200 para la versión híbrida, la más accesible de las tres que llegaron al país en la primera semana de junio.

El motivo de ese precio es que, por ser un vehículo que se trae desde Japón, no está amparado ni beneficiado por ningún tipo de exención arancelaria parcial o total. Debe pagar directamente el 35% que marca el Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que rige entre Argentina y Brasil y que establece ese arancel para todos los vehículos que se importen desde países fuera de la región y del Mercosur.

Sin embargo, esa condición ya no es la misma para todos los mercados productores de automóviles en gran escala como la Unión Europea y Estados Unidos, porque en ambos casos ya están firmados convenios complementarios que mediante el sistema de cupos, permitirán que los vehículos que tengan la integración local suficiente en esos países, puedan llegar a Argentina con una reducción arancelaria (Europa) o una eliminación total (EEUU).

Japón, Corea, Tailandia, Sudáfrica y China, como potencias automotrices que son, no tienen ningún tipo de acuerdo bilateral con Argentina como país o con el Mercosur como bloque. Hay un cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos anuales eximidos del pago del arancel común Mercosur, pero el 80% de ese volumen de unidades viene desde China.

Así es como el Toyota RAV4 y otros vehículos que provienen de países “sin beneficios” soportan una carga impositiva alta que lleva su precio a casi el doble de lo que se paga en el país de origen. El motivo por el cual se duplica el precio y no sube únicamente un 35%, sigue siendo la matriz impositiva que carga Argentina a los autos.

Tomando cinco casos y comparándolos con Chile y Brasil, dos vecinos con reglas completamente distintas de arancelamiento, y con EEUU y el país de origen de cada modelo, la cuenta es bastante similar en todos los casos.

El Toyota RAV4 híbrido se vende en Japón en unos USD 32.000, y en EEUU en USD 43.300, por los aranceles aplicados por la administración Trump. Sin embargo, en Argentina cuesta USD 70.200, una diferencia del 120% respecto de su precio de origen. Ese mismo auto en Brasil, que tiene el mismo 35% de arancel extrazona, cuesta USD 67.900 y en Chile, donde no hay arancel de importación, el precio llega hasta los USD 47.750.

El Hyundai Santa Fe se fabrica en Corea del Sur, donde tiene un precio de USD 35.000, contra USD 47.300 que cuesta en EEUU y USD 52.800 en Chile. Pero al llegar a la Argentina su precio sube hasta los USD 70.900, un 102% más. No hay referencias de Brasil, porque allí no se vende este modelo de Hyundai.

Otro caso coreano es el del Kia Carnival, vehículo que en su país tiene un precio de USD 35.820, en EEUU se vende en USD 46.990, en Chile en USD 55.000 y en el mercado argentino cuesta USD 75.000, 110% por encima del país de origen. Aquí tampoco hay referencia de Brasil, porque en ese país se vende una versión diferente que se destaca por su propulsión híbrida.

Otro caso de un vehículo japonés es el del Nissan Xtrail ePower. Un vehículo que tampoco se vende en todos los mercados de referencia pero sí en los de la región. En Japón su precio ronda los USD 25.000, y en Estados Unidos, donde se denomina Nissan Rouge, todavía no se vende la especificación equivalente. Sin embargo, en Chile sí y tiene un precio de USD 40.650. En cambio, al llegar a Brasil el precio sube nuevamente hasta los USD 48.620 y en Argentina sube aún más y tiene un precio equivalente a USD 56.842. La diferencia de precio con Japón es del 127 por ciento.

Por último, un auto coreano pero de una marca europea, sirve también como ejemplo. Es el Renault Koleos E-Tech Esprit Alpine. Un vehículo desarrollado conjuntamente por Renault y Samsung Motors en ese país asiático, donde tiene un precio de USD 32.500. Ese auto se vende también en la región. En Chile tiene un precio de USD 42.730, en Brasil USD 56.400 y en Argentina USD 60.800. La diferencia entre Corea del Sur y Argentina es del 87%.

Tomando un valor simbólico de USD 100.000, un auto tiene que pagar inicialmente unos USD 2.500 de flete y seguro para llegar a Argentina. Una vez en el puerto se aplica el 35% de arancel de importación extrazona, con lo que el precio sube a USD 138.375.

Sobre ese valor se cobra el 3% de tasa de estadística, que eleva el número a USD 142.526, y encima se aplica el IVA del 21%, llevando la suma hasta los USD 172.456. Sobre ese número se pagan USD 1.000 de costos de logística y un 10% de otros impuestos entre Ingresos Brutos, impuesto a las Ganancias o anticipo, impuesto a los Débitos y Créditos, tasas municipales, con lo que el precio llega hasta los USD 190.800.

A ese precio se le debe sumar el margen del fabricante y el del concesionario, que entre ambos oscila entre el 15 y el 20%, lo que determina un precio de venta al público de USD 228.900, es decir un 128%.

La razón por la cual el precio de venta en Argentina no llega a ese monto sino que se queda cerca del 100% es que las terminales o importadoras no compran el auto al mismo precio que un cliente particular en el país de origen, sino a precio de filial o importador oficial.

Los negocios financieros loclaes mostraron un generalizado recorte de liquidez este viernes debido al feriado en los Estados Unidos, donde se conmemora el Día de la Emancipación, lo que redujo la cantidad de operaciones y alejaba inversores institucionales.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,3%, en los 3.291.321 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una baja de 0,3 por ciento.

No obstante, el riesgo país de JP Morgan no experimentó variaciones para la Argentina, en los 429 puntos básicos, debido a la inactividad en Wall Street.

Las acciones de Banco Macro (-4,6%), Banco Francés (-4,2%), Banco Supervielle (-3,6%) y Grupo Galicia (-2,8%) encabezaron las caídas diarias.

“Con cada feriado en Estados Unidos hay una natural caída de operaciones porque no hay liquidaciones normales, por lo que algunos inversores aprovechan a tomar un día de pausa ante la falta de referencias desde Wall Street”, comentó a Reuters un agente financiero del Banco Galicia.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, reseño que “la tercera semana de junio concluyó con una marcada reconfiguración de expectativas en los mercados globales. El mercado tuvo que asimilar tres factores clave: el endurecimiento en la proyección de tasas por parte de la Reserva Federal, los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, y la primera semana bursátil de SpaceX”.

“En el plano local, los activos argentinos operaron con un balance semanal favorable, impulsados por la reciente mejora en la calificación crediticia, nuevos respaldos de organismos multilaterales y buenos datos macro que permitieron una compresión en la prima de riesgo soberano”, agregó Vlassich.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, ponderó “el histórico récord nominal del superávit comercial en mayo, que se ubicó en USD 3.504 millones, quedando a muy poco del récord ajustado por inflación de EEUU de abril y mayo 2009. El petróleo fue el gran protagonista en contexto de precios entonces muy elevados por la guerra en Medio Oriente”.

“En 12 meses, se acumula un superávit comercial de USD 21.220 millones, de los cuales USD 10.393 millones corresponden al superávit en la balanza de combustibles. Si bien el precio del crudo bajó tras el acuerdo EEUU-Irán, las perspectivas en términos de producción de hidrocarburos hacia adelante permite seguir siendo optimista en cuanto a la diversificación de los flujos de entradas de divisas para Argentina”, consideró Franco.

“Creemos que de darse una continuidad en la mejora en los factores macro locales -nivel de actividad, inflación a la baja, recuperación del salario real y recuperación de préstamos al sector privado- sumado a un contexto internacional favorable, podríamos ver a la renta variable local alcanzando nuevos máximos”, evaluaron desde IEB.

“Un factor adicional, podría venir dado por la reunión semestral de MSCI que se llevará a cabo la semana próxima. No obstante, la probabilidad de ser incorporados en Emerging Market es prácticamente cero, algo que también se vió reflejado en el reporte de MSCI 2026 Global Market Accessibility Review Report y Country Comparison Report, dado que las puntuaciones de cada uno de los criterios observados se mantuvieron sin cambios con respecto a 2025″, añadieron los analistas de IEB.

En una sesión mayorista con USD 408,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar finalizó con una suba de diez pesos o 0,7%, a 1.461 pesos, en lo más alto desde el 12 de enero de este año ($1.467,50).

“Ya en las primeras operaciones, los precios se mostraron algo dispares, ya que el feriado en Estados Unidos redujo la profundidad habitual del mercado y generó una mayor amplitud en las cotizaciones. En ese contexto, la demanda que apareció desde el comienzo fue impulsando gradualmente al dólar hasta alcanzar máximos intradiarios de $1.465″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 33 pesos, muy por encima de la baja de 12,50 pesos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público finalizó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación. en su cuarta suba consecutiva. En el transcurso de junio el dólar minorista anota un ascenso de 50 pesos o 3,5 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.481,94 para la venta y $1.432,05 para la compra.

El precio del dólar en el mercado paralelo recortó cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, después de haber alcanzado el jueves su nivel más alto desde el 28 de enero, en los 1.485 pesos. En el transcurso de junio el blue gana 50 pesos o 3,5 por ciento.

El Banco Central compró USD 50 millones en el mercado, el 12,3% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad descontaron USD 134 millones, a USD 47.368 millones, un mínimo desde el 22 de mayo, en parte por la baja de 1,7% en la cotización del oro, a USD 4.172,90 la onza.

Si el quantum del tope se actualiza con los mismos criterios que los jueces ya aplicaron a los haberes ordinarios, menos jubilados quedarán alcanzados por el descuento del 15%. El mecanismo existe. El argumento para activarlo, también.

En febrero destaqué en esta misma columna cómo el haber máximo jubilatorio pasó de representar el 82% de la remuneración máxima imponible, en 1995, al 61% en la actualidad. Esa pérdida de proporcionalidad no es un dato técnico menor: describe un sistema que exige aportes sobre el salario máximo, pero devuelve prestaciones desconectadas de esa misma base.

Desde entonces, el argumento para corregir ese valor encontró sustento jurisprudencial concreto, aunque todavía incompleto. El objetivo de este artículo es explicar cuál es el mecanismo de corrección, por qué elevaría el tope y qué consecuencia práctica tendría.

Para entender la corrección hay que entender primero el daño.

La Ley 27.541, sancionada en diciembre de 2019, suspendió la fórmula de movilidad previsional vigente y delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar los aumentos por decreto. Durante 2020, los incrementos otorgados quedaron por debajo de la inflación. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, en el fallo Martínez (08/06/2021), determinó que esos aumentos resultaron insuficientes y ordenó un ajuste compensatorio adicional del 42,13% para diciembre de ese año.

Luego rigió la Ley 27.609, vigente desde marzo de 2021 hasta febrero de 2024. Esa norma estableció una fórmula de actualización trimestral que combinó, en partes iguales, la variación del Ripte (remuneración de los trabajadores estables) y la variación de la recaudación de Anses. En un contexto de aceleración inflacionaria sostenida, esa combinación arrojó sistemáticamente resultados inferiores al IPC. Durante 2022 la inflación acumulada fue del 94,8%; durante 2023, del 211,4%. La fórmula otorgó aumentos marcadamente menores en ambos períodos.

El propio Estado terminó reconociéndolo. El Decreto 274/2024, dictado en marzo de 2024, reemplazó esa fórmula por una actualización mensual directa por la variación del IPC de dos meses antes y admitió expresamente en sus considerandos que el mecanismo anterior resultó “insuficiente para preservar el poder adquisitivo de los beneficios previsionales”.

Cuando el Estado sustituye por decreto una fórmula por considerarla insuficiente, está reconociendo que el sistema funcionó mal durante el período anterior. No puede invocar esa falla como escudo frente a quienes reclaman sus consecuencias.

Entre 2024 y 2025, cuatro cámaras federales aplicaron esa conclusión a los haberes individuales de jubilados que impugnaron la movilidad de sus prestaciones.

La Cámara Federal de Mendoza, en Cortés (04/11/2024), cuantificó la pérdida acumulada durante la vigencia de la Ley 27.609 en el 50,3% del poder adquisitivo. La Cámara Federal de Mar del Plata, en Giménez (25/04/2025), invocó el principio de no regresividad. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, en Italiano (27/05/2025), y Sala I, en Marsili (19/08/2025), declaró inconstitucional esa fórmula para los períodos 2022 y 2023, con criterios convergentes, aunque distintos.

El mecanismo de corrección es el siguiente: en lugar de aplicar los porcentajes resultantes de la fórmula de la Ley 27.609 -inferiores a la inflación real-, se toma el valor del haber a febrero de 2022, ya corregido por el fallo Martínez, y se aplica trimestre a trimestre la variación del IPC del Indec, sin desfase. Marsili utilizó IPC puro. Italiano ponderó 50% IPC y 50% Ripte. En ambos casos, el resultado acumuló, período a período, la diferencia que la fórmula legal dejó atrás.

Esas causas fueron de reajuste de haberes individuales. El tope del artículo 9° de la Ley 24.463 no fue objeto directo de ninguno de esos fallos. Pero el tope se actualizó, durante exactamente el mismo período, con exactamente las mismas fórmulas que esos tribunales declararon inconstitucionales.

La pretensión que este artículo plantea es que un tribunal aplique esa misma corrección al quantum del artículo 9°. El resultado: cuánto debería valer el tope: El cuadro a junio de 2026, tomando como punto de partida el tope de febrero de 2020 ($103.064), es el siguiente:

La columna IPC no requiere ningún fallo: es la variación del índice oficial del Indec aplicado mes a mes al valor de partida. Las dos columnas siguientes proyectan sobre el tope los mismos criterios que Marsili e Italiano ya ordenaron para los haberes ordinarios. En el escenario más conservador, la brecha triplica el umbral del 15% que la Corte Suprema identificó como referencia de confiscatoriedad en Actis Caporale.

El artículo 9° de la Ley 24.463 no solo fija el tope máximo: también establece que los beneficios que lo superan quedan sujetos a un descuento del 15%. Durante años, la discusión judicial sobre ese descuento giró en torno a si resultaba confiscatorio en cada caso individual, bajo el estándar que la doctrina Villanustre de la Corte Suprema exigió demostrar.

La corrección del quantum produce una consecuencia más directa: con un tope correctamente actualizado -entre 3,9 y 4,7 millones de pesos según el criterio-, el universo de jubilados cuyo haber recalculado supera ese límite se reduciría de manera significativa. Y quien no supera el tope no queda sujeto al descuento. Para la mayoría de los casos, la discusión sobre confiscatoriedad individual se volvería innecesaria.

La Administración actualizó el tope con las mismas fórmulas que cuatro cámaras federales declararon inconstitucionales para los haberes ordinarios. La corrección judicial que esos tribunales aplicaron a los haberes individuales no se extendió todavía al quantum del artículo 9°, y el propio Estado reconoció la insuficiencia del mecanismo mediante decreto.

La pretensión que este artículo sostiene es que esa cadena se complete: que los mismos criterios correctivos ya aplicados a los haberes ordinarios se apliquen al quantum del artículo 9°, y que el tope alcance el valor que hubiera tenido con una actualización constitucionalmente válida.

La consecuencia sistémica es directa: con un tope correctamente recompuesto, menos beneficiarios quedarán alcanzados por el descuento del 15%. No porque el límite desaparezca, sino porque su monto dejará de ser el que nunca debió haber sido.

El autor es Abogado de la Universidad Nacional del Sur