Unas horas antes del partido entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol, el Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como titular del juzgado federal de Hurlingham.

La decisión está marcada por dos circunstancias: Juan, de largo recorrido en la Justicia de Comodoro Py, es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que instruye el expediente $LIBRA, una causa de máxima sensibilidad para el Gobierno. La otra es que su nombramiento quiebra, además, la lógica del oficialismo de no designar magistrados para tribunales que todavía no están constituidos.

Ese fue el argumento utilizado para evitar el nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que llevó adelante distintas investigaciones sobre el Gobierno.

Las suspicacias alrededor de su designación, sin embargo, encuentran una trayectoria de más de tres décadas en la Justicia federal y la obtención de un cómodo primer lugar en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura.

En los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeña, la esposa de Martínez de Giorgi es también “Ana Juan”, una secretaria letrada expeditiva, de carrera extensa y ascendente.

Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Juan es desde hace largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder.

Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos salas que conforman la Cámara.

A su inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la “oficina judicial” de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que, si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha.

Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara.

Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo.

“Ella opera en el corazón del sistema”, la describía un funcionario judicial que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial. “Es una judicial de toda la vida”; “lo tiene merecido hace tiempo”; “se lo ganó”, opinaban en Comodoro Py cuando su pliego había sido remitido al Congreso.

Camino a Hurlingham

Voces judiciales de ayer y de hoy le asignan a Ana Juan un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan, sostienen o dan a entender, en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que aguarda para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023 se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.

El argumento esgrimido por el Gobierno para impulsar su designación es que la funcionaria fue convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para subrogar en los tribunales de Morón y Moreno que necesitan cubrir vacantes de manera urgente.

Su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019. En mayo de 2023, fue enviado una vez más por Fernández y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año. Y luego, remitido por última vez en abril de este año.

Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.

El Gobierno avanzó esta semana con su plan para reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje clave de la Justicia federal que define el rumbo de las causas de corrupción. Con el envío al Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, apunta a nombrar a dos jueces en una de sus salas, la I, en la que tramitan expedientes de alto voltaje político.

La causa $LIBRA es la que más preocupa al Gobierno, ya que reúne elementos que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama que terminó bajo sospecha de una criptoestafa. Pero detrás de ese expediente se apilan otros con peso propio.

Uno de los expedientes que está próximo a tener una definición tiene al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como principal involucrado por hechos ocurridos durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En la causa se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19 mil dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.

El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió la indagatoria de Caputo por ese delito, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó. La Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. El expediente llegó a la Cámara en febrero.

Otro caso de alto impacto, que también involucra a Caputo y en el que también existen criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y ahora la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.

La intervención de la Cámara Federal es clave en la vida de un expediente porque revisa todo lo que sucede en primera instancia: puede confirmar lo dicho por un juez, darlo vuelta, pedir que la investigación se profundice o encaminar el caso rumbo a un eventual juicio oral.

La investigación por el acuerdo con el FMI alcanza a Caputo, por entonces ministro de Finanzas, pero también al expresidente Macri y al resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.

Para el fiscal Picardi existen indicios de un plan “concatenado” entre distintos funcionarios y que hay elementos suficientes para profundizar la investigación y avanzar con acusaciones contra ellos.

Otro de los grandes expedientes de la Sala I es la causa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por presunta corrupción más longevas de Comodoro Py.

La Sala tuvo una intervención reciente al admitir como querellante a una organización civil cuya primera medida fue recusar al juez Ariel Lijo por las demoras que acumula el expediente, iniciado hace casi veinte años. Lo hizo contra el criterio del juez, que en primer término le negó a la organización la posibilidad de ejercer ese rol.

Es probable que la sala, en algún punto del caso, deba pronunciarse también sobre la recusación contra el juez Lijo.

Son algunos de los temas sobre los que debe expedirse este tribunal, hoy conformado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos últimos fueron trasladados durante el gobierno de Macri desde tribunales orales y la Corte ordenó que fueran reemplazados por jueces que hubieran concursado para el cargo.

El Consejo de la Magistratura confeccionó dos ternas para esas dos vacantes. En ellas figuraban el propio Bertuzzi y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, los nombres por los que optó el Gobierno.

$LIBRA y otros expedientes

Desde este martes, en la Sala I se encuentran todas las apelaciones de quienes buscan seguir siendo querellantes en la causa por $LIBRA. Son damnificados que en su momento fueron aceptados como parte del expediente por la propia Cámara Federal. Pero el caso cambió de juzgado, lo que implicó un cambio también en la Sala de la Cámara. Ahora, el actual juez de $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó a los dos grupos de querellantes y será la Sala la que debe revisar ese criterio. Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue oficializada hoy por el Gobierno como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Otra de las causas en la que interviene este tribunal es aquella que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, empujada por el fiscal Carlos Stornelli.

El empresario Hugo Sigman aguarda para ser indagado y la exministra de Salud Carla Vizzotti —ya indagada— una resolución sobre su situación procesal. La Sala revisará lo que sobre ellos y otros imputados resuelva el juez Ariel Lijo.

El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios investigados buscaron desacreditar el tramo principal, actualmente en etapa de juicio oral.

La causa nació a partir de una denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía y amigo de Oscar Centeno que recibió los cuadernos del chofer y luego se los entregó al periodista Diego Cabot. Según Loson, Bacigalupo modificó esas anotaciones con tachaduras, agregados o correcciones en algunos de los ocho cuadernos originales.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó dos veces por encubrimiento, pero la Cámara revocó esa decisión en ambas oportunidades, al sostener que esas modificaciones no podían ser atribuidas a Bacigalupo, y dictó su falta de mérito, lo que mantiene el caso bajo investigación.