ECONOMIA
Las empresas de colectivos dicen que pierden $370 millones diarios por la suba del gasoil
La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un nuevo pico de tensión. Las cámaras empresarias del sector, nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios por la suba del gasoil. Este desfasaje financiero, provocado por la brecha entre el precio real del gasoil y el valor reconocido por el Estado en la estructura de costos, derivó en una reducción de frecuencias que afectó a millones de usuarios durante la última semana.
El foco del conflicto reside en la disparada del precio del combustible, un insumo que representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte. Según los datos técnicos difundidos por AAETA, el precio del gasoil reconocido por la Secretaría de Transporte de la Nación para el mes de abril de 2026 es de $1.744,27 por litro. Sin embargo, el valor actual de mercado en las estaciones de servicio de YPF asciende a $2.065, lo que genera una diferencia de $320,73 por cada litro consumido.
Esta brecha se traduce en un impacto directo sobre las finanzas de las prestadoras. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026”, señaló la entidad empresaria a través de un comunicado oficial. En la práctica, las empresas aseguran que deben adquirir el combustible a valores que incluso oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro en canales mayoristas, mientras el Estado mantiene una estructura de costos basada en cifras desactualizadas.
El impacto del contexto internacional
La aceleración en los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado de la economía local. El sector señala que el valor del gasoil se disparó de manera significativa a nivel global desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que introdujo una presión adicional sobre los costos operativos en Argentina. Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —totalizando unos 411 millones de litros al año entre las jurisdicciones de CABA, Provincial, Municipal y Nacional—, cualquier variación en el surtidor tiene un efecto multiplicador inmediato.
En términos anuales, el gasto total en combustible para sostener la red de transporte del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones. Ante la falta de actualización de las compensaciones tarifarias, las cámaras sostienen que el déficit diario de $370 millones vuelve insostenible la prestación regular del servicio.
Reducción de servicios y “racionalización técnica”
La gravedad de la situación financiera obligó a las empresas a implementar lo que denominaron una “readecuación operativa de emergencia” o “racionalización técnica”. Esta medida se manifestó en una merma considerable de las frecuencias en las líneas de jurisdicción nacional y provincial. Desde AAETA se enfatizó que la reducción no respondió a una medida de fuerza de carácter gremial, sino a una limitación física y financiera: “La reducción de servicios no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.
Aunque algunas líneas como la 64, 65 y 151 mantuvieron su funcionamiento habitual, una extensa lista de servicios nacionales y provinciales —incluyendo las líneas 136, 163, 166, 176, 182, 194, entre otras decenas— sufrieron interrupciones o demoras prolongadas.
La normalización del servicio comenzó a ser gradual tras el ingreso de algunos pagos por subsidios, aunque las empresas advierten que la solución de fondo no ha sido alcanzada. “La solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”, reiteró la cámara empresaria.
El déficit estructural
Para dimensionar la profundidad de la crisis, el sector difundió también el “Índice Bondi” correspondiente a febrero de 2026 (se elaboró antes de la disparada del precio del gasoil). Los números allí reflejados exponen un sistema con desequilibrios estructurales.
Según Aaeta, el costo real de mantenimiento del sistema para ese mes se estimó en $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. “Esto arroja una pérdida para la calidad del servicio, frecuencias y renovación de unidades de $88.836,97 millones mensuales”, señalaron desde la entidad.
El reporte también destaca la brecha entre lo que paga el usuario y lo que cuesta el viaje. Con un boleto mínimo actual en Jurisdicción Nacional de $700 (según el último aumento de marzo 2026), el costo real del boleto sin subsidio debería ser de $1.922 (promedio con IVA incluido). Esto significa que, incluso sumando las compensaciones del Estado y los boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado.
Negociaciones y amenazas de sanción
El Gobierno nacional ha mantenido una postura firme frente a la reducción de servicios. Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el Estado cumplió con el pago de los subsidios y que no hay justificativo para la merma en las frecuencias. Ante esta situación, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se iniciaron fiscalizaciones y se labraron actas de infracción.
Las sanciones previstas por violar el régimen diario de frecuencias pueden oscilar entre los 500 y los 15.000 boletos mínimos. Además, las autoridades recordaron que la interrupción del servicio por cinco días consecutivos o diez alternados en un año puede ser causal de caducidad del permiso de explotación por abandono del servicio. “La Secretaría de Transporte reafirma su compromiso de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”, indicaron fuentes oficiales.
En el ámbito provincial, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre el riesgo de quiebra de las compañías. En una entrevista con Infobae en Vivo, el funcionario explicó que la falta de rentabilidad pone en peligro la conectividad de miles de ciudadanos. Como medida paliativa, la provincia de Buenos Aires decidió adelantar pagos de subsidios de abril y aumentar el porcentaje de anticipo al 60% para evitar la parálisis total del sistema.
Tras una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresarios, se acordó la creación de mesas de trabajo técnicas. El objetivo de estas comisiones es buscar una reestructuración integral del sistema que permita absorber la disparada del gasoil sin trasladar el costo de manera directa y masiva a la tarifa que pagan los usuarios.
Cuando se traspasan los límites permitidos o el comportamiento de la cuenta resulta inusual, las entidades financieras deben seguir
09/07/2026 – 09:00hs
Las transferencias bancarias y los movimientos en billeteras virtuales enfrentan controles estrictos por parte de ARCA en julio 2026. El organismo recaudador monitorea la frecuencia y los montos de las operaciones para detectar irregularidades fiscales, estableciendo límites específicos que obligan a los bancos a informar cada transacción que supere los umbrales permitidos.
Desde la transformación de la antigua estructura recaudadora en la Agencia de Regulación y Control Aduanero, ARCA, la supervisión de la economía digital se ha vuelto una prioridad estratégica. El sistema de control que opera durante este mes de julio de 2026 utiliza algoritmos de inteligencia artificial para procesar millones de movimientos diarios en tiempo real.
Las entidades financieras, incluyendo tanto a la banca tradicional como a las empresas de tecnología financiera (fintech), funcionan como agentes de información obligatorios. Esto significa que no es el usuario quien debe avisar sobre sus movimientos, sino que el propio sistema bancario emite alertas automáticas cuando se detectan comportamientos que se alejan de la normalidad operativa o que superan los topes nominales vigentes.
Límites monetarios y umbrales de reporte para julio 2026
ARCA ha mantenido la actualización de los montos que disparan los informes de transparencia financiera basándose en la evolución del índice de precios al consumidor. Los contribuyentes deben estar atentos no solo a las transferencias individuales, sino al acumulado mensual de sus ingresos en todas sus cuentas bancarias y virtuales.
Los parámetros que determinan el inicio de un monitoreo preventivo por parte del fisco son los siguientes:
- Transferencias y acreditaciones: el sistema solicita información automática cuando el acumulado mensual alcanza los $50.000.000 para personas físicas y los $30.000.000 para personas jurídicas.
- Saldos al cierre del mes: si al último día de julio la cuenta registra un saldo igual o superior a $50.000.000 en individuos o $30.000.000 en empresas, el banco debe reportar la tenencia.
- Plazos fijos e inversiones: el umbral de reporte para las colocaciones a término se ubica en $100.000.000 para personas humanas y se mantiene en $30.000.000 para el sector corporativo.
- Sociedades de bolsa: las tenencias en cuentas de inversión y plataformas de trading también son informadas a partir de los $100.000.000 para individuos.
- Extracciones de efectivo: las operaciones por ventanilla o cajero automático que superen los $10.000.000 acumulados en el mes son objeto de seguimiento especial.
- Compras de consumo final: las transacciones que excedan los $10.000.000 obligan a la identificación del comprador, mientras que los pagos superiores a $50.000.000 quedan bajo la lupa del control fiscal.
Alerta por cantidad de transferencias bancarias
Una duda recurrente entre los usuarios es si recibir muchas transferencias de montos pequeños, como las que ocurren en colectas familiares o división de gastos recreativos, puede generar inconvenientes. La respuesta es afirmativa. El sistema de monitoreo de ARCA no analiza únicamente el valor nominal de cada envío, sino que busca patrones de comportamiento que puedan ocultar una actividad comercial no declarada.
Si una cuenta bancaria personal comienza a recibir de forma sistemática 20 o 30 transferencias diarias de montos menores, el algoritmo podría clasificar la cuenta como de uso comercial encubierto. En estos escenarios, el banco puede solicitar una justificación de ingresos aunque no se haya alcanzado el tope de los $50.000.000 mensuales. La fragmentación de pagos, conocida técnicamente como «smurfing» o «pitufeo», es una de las conductas que más rápido activa las alarmas de la Unidad de Información Financiera por presunción de lavado de activos o evasión impositiva.
Qué sucede si el banco retiene los fondos o solicita información
Cuando se traspasan los límites permitidos o el comportamiento de la cuenta resulta inusual, las entidades financieras deben seguir un protocolo de cumplimiento normativo. El primer paso suele ser la restricción parcial de las operaciones salientes o el bloqueo preventivo de la última transferencia recibida.
El proceso administrativo para regularizar la situación se compone de los siguientes pasos:
- Notificación al usuario: el cliente recibe un correo electrónico o una alerta en su aplicación solicitando el origen de los fondos.
- Presentación de pruebas: el titular cuenta con un plazo de entre 48 y 72 horas hábiles para adjuntar los comprobantes que respalden el movimiento.
- Auditoría interna: el departamento de cumplimiento del banco revisa la documentación y decide si libera los fondos o eleva un reporte de operación sospechosa ante ARCA.
- Sanciones posibles: si la documentación es insuficiente, el fisco puede aplicar multas, exigir el pago de impuestos omitidos con intereses o intimar al usuario a cambiar su categoría de inscripción tributaria.
Consejos para operar con seguridad en el sistema financiero
Para evitar bloqueos inesperados, es recomendable que los usuarios mantengan sus datos de perfil transaccional actualizados en el banco. Esto implica declarar cambios de salario o nuevas actividades económicas de forma preventiva. Asimismo, si se espera recibir una transferencia excepcional de gran magnitud, como la venta de un activo o el cobro de una indemnización, lo ideal es avisar a la entidad financiera previamente y adjuntar la documentación de respaldo antes de que el dinero ingrese a la cuenta.
La transparencia en los movimientos bancarios y la correspondencia entre la realidad económica y la declaración impositiva son las llaves para operar sin fricciones en una economía argentina que avanza hacia la digitalización absoluta y el control fiscal automatizado.
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En un contexto de inflación sostenida y negociaciones paritarias activas, las escalas salariales del sector mercantil se ajustan de manera periódica. El salario de los trabajadores de supermercado refleja el impacto de los acuerdos colectivos y los adicionales previstos por el convenio, así como la presión de la demanda interna sobre los ingresos de los empleados del comercio.
El sueldo básico de un cajero de supermercado en Argentina en julio 2026 supera el millón doscientos mil pesos mensuales para jornada completa, de acuerdo con la última escala oficial vigente. Esta actualización responde a los acuerdos paritarios alcanzados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, que fijaron los nuevos valores dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Según la escala salarial oficial, el salario básico para la categoría de cajeros quedó establecido de la siguiente manera: Categoría A en $1.249.646, Categoría B en $1.255.270 y Categoría C en $1.262.499. Estos montos corresponden a trabajadores con jornada laboral completa y sin contar los adicionales que establece el convenio.
Al básico oficial se le suman los adicionales previstos en el acuerdo colectivo. El presentismo representa un 8,33% adicional sobre el salario básico para quienes no registran inasistencias. Además, todos los empleados reciben un 1% extra por cada año trabajado, en concepto de antigüedad. Los cajeros también perciben un adicional específico por manejo de caja y pueden incrementar sus ingresos mediante el cobro de horas extras y trabajo en feriados, cuando corresponda.
La estructura salarial de este mes incorpora sumas fijas no remunerativas que hasta junio se abonaban por fuera del básico. Desde julio, estos importes pasaron a integrarse al sueldo convencional, lo que modifica la base de cálculo de los adicionales y aportes. El monto final de bolsillo puede variar según la antigüedad, la asistencia y los adicionales específicos.
La grilla oficial de salarios básicos para empleados de Comercio en julio 2026 incluye los siguientes valores mensuales según la categoría:
- Maestranza A: $1.233.585
- Maestranza B: $1.236.794
- Maestranza C: $1.248.038
- Administrativo A: $1.245.631
- Administrativo B: $1.250.454
- Administrativo C: $1.255.270
- Administrativo D: $1.269.729
- Administrativo E: $1.281.775
- Administrativo F: $1.299.445
- Cajero A: $1.249.646
- Cajero B: $1.255.270
- Cajero C: $1.262.499
- Auxiliar A: $1.249.646
- Auxiliar B: $1.257.677
- Auxiliar C: $1.284.184
- Auxiliar Especializado A: $1.259.287
- Auxiliar Especializado B: $1.273.743
- Vendedor A: $1.249.646
- Vendedor B: $1.273.746
- Vendedor C: $1.281.775
- Vendedor D: $1.299.445
Estos valores corresponden al salario básico sin adicionales. El convenio colectivo establece que todos los empleados de Comercio reciben un adicional del 1% por cada año de antigüedad y un 8,33% por presentismo, siempre que cumplan con la asistencia perfecta. Se suman además suplementos por tareas específicas y los montos por trabajo en días no laborables.
El acuerdo vigente contempla un incremento trimestral del 5%, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, aplicados sobre las escalas de marzo 2026. La incorporación de sumas fijas al básico convencional desde julio impacta directamente en el recibo de sueldo y en la base de cálculo para todos los adicionales y aportes.
Para los cajeros, el recibo de sueldo puede superar el básico por el cómputo de los adicionales previstos en el convenio. Quienes cumplen tareas en días feriados o exceden la jornada habitual pueden incrementar sus ingresos mensuales conforme a las pautas oficiales.
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Alarmado por la merma en el tráfico de pasajeros que evidencia la terminal local, y con la mira en reposicionar a esa zona del país como «hub» turístico y de negocios, un frente de empresas y especialistas del ámbito aéreo buscan un cambio rotundo para el aeropuerto de Rosario, un sitio clave para el mapa aerocomercial del interior de la Argentina. Nucleados en la denominada «Red de Instituciones por la Producción de Rosario», dichos actores preparan una propuesta técnica con vistas a que el gobierno de Santa Fe habilite la privatización de la terminal. La idea de base pasaría por concesionar el aeropuerto en su totalidad o avanzar por etapas, con entrega a operadores privados de gran envergadura. Se señala que el tráfico aéreo en Rosario cayó casi un 50% en los últimos 6 años.
En torno a la «Red de Instituciones por la Producción de Rosario» se señala que la merma que muestra el movimiento aerocomercial complica la recuperación económica de esa zona del país.
«La Provincia hizo lo más difícil: invirtió en la reconstrucción de la pista. Ahora hay que crear las condiciones para que lleguen operadores que sepan desarrollar el negocio aerocomercial«, comunicó el grupo.
Sus integrantes afirman también que el futuro del aeropuerto debe sustentarse en una política de Estado que garantice continuidad más allá de los cambios de gobierno y brinde previsibilidad a potenciales inversores.
Con una pista renovada y un potencial estimado de 1,5 millones de usuarios anuales, la Red anunció que solicitará una reunión con el Gobierno de Santa Fe para avanzar en una propuesta de concesión que fortalezca la conectividad y el desarrollo productivo de la región.
Por su parte, uno de los principales impulsores de la iniciativa es el presidente de la Federación Gremial de Rosario e integrante de la Red, Eduardo Maradona, quien recientemente cuestionó el actual esquema de conducción del aeropuerto.
Según detalló el portal Punto Biz, Maradona afirmó que los directorios políticos carecen de continuidad para negociar con las compañías aéreas, un proceso que suele demandar años.
El plan para privatizar el aeropuerto de Rosario
«Necesitamos un directorio que pueda gestionar en el tiempo. Cuando te sentás con los dueños de una línea aérea, lo primero que preguntan es quién garantiza que ese proyecto va a seguir dentro de dos o tres años. Si cada cambio de gobierno implica volver a empezar, es muy difícil construir confianza», enfatizó.
Al mismo tiempo, el portavoz de la Red sostuvo que los directorios como el que actualmente administra la terminal aérea «terminan siendo casi bolsas de trabajo o compromisos políticos en lugar de estructuras profesionales enfocadas en desarrollar la conectividad». Maradona argumentó que debe apuntarse no sólo a cambiar nombres, sino a «modificar el esquema institucional para que la gestión quede blindada frente a los cambios de administración y pueda trabajar con horizontes de largo plazo».
A los ojos de la Red, Rosario debe colocar como prioridad de su propuesta aérea «una conexión directa con Neuquén, en pleno desarrollo de Vaca Muerta; Paraguay, por el creciente intercambio industrial y comercial; San Juan, por el auge de la minería; y Santa Cruz de la Sierra, uno de los principales polos económicos de Bolivia».
«Queremos que el aeropuerto deje de ser noticia por los eventos culturales y pase a ser noticia por la conectividad nacional e internacional», sostuvo Maradona.
De acuerdo a la fuente mencionada, la Red evalúa una propuesta donde también se incluya la posibilidad de que se apliquen licitaciones diferenciadas según el tipo de actividad.
«Así, un operador podría encargarse de la carga aérea, otro de la aviación privada y ejecutiva, un tercero del desarrollo comercial de la terminal y otro de la conectividad de pasajeros. La intención es construir un modelo flexible que resulte atractivo para empresas con experiencia en el negocio aeroportuario», se indicó.
Potenciales interesados y números en rojo
Por último, la organización reconoció que, de avanzarse con la privatización, se buscaría atraer el interés de jugadores como Aeropuertos Argentina 2000, London Supply, inversores brasileños e, incluso, operadores vinculados a compañías aéreas como Copa.
La decisión de recuperar la capacidad aerocomercial de Rosario se ha vuelto una prioridad para distintos grupos corporativos en Santa Fe. Ocurre que la plaza en cuestión acumula años de números en rojo más allá de su relevancia económica. Así, y de acuerdo a fuentes aeroportuarias, el tránsito de pasajeros cayó 48% en los últimos 6 años.
«En 2018, el aeropuerto movió 848 mil pasajeros, mientras que en el 2024 registró 438 mil. Con suerte, en 2026 llegará por debajo de los 760 mil del 2019. El aeropuerto de Rosario está ahora en el número 14 del ránking nacional, siendo la tercera ciudad del país, tras haber ocupado el número 12 en 2019, durante el último año de Macri», precisaron fuentes rosarinas.
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