EL CALAFATE.- El juicio oral que investigó las responsabilidades civiles por el hundimiento del submarino ARA San Juan tuvo escenas de gran impacto y momentos de mucho dramatismo, a lo largo de los cuatro meses que duró el proceso, llevado adelante por el Tribunal Oral Criminal Federal 5 de Río Gallegos, Santa Cruz.

Aquí se juzgó la responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina, que prestaron declaración indagatoria durante las primeras jornadas; solo uno, con defensa particular; los otros tres, asistidos por defensores públicos.

Por la sala -tanto en forma presencial como por Zoom— pasó un centenar de testigos a lo largo de las 27 audiencias, que fueron transmitidas en vivo. La transmisión solo se interrumpió ante algún pedido particular de un testigo o cuando se estaba revelando información sensible para la seguridad nacional.

Todo ocurrió en el corazón de una ciudad por momentos convulsionada -el ruido de las marchas de los estatales en reclamo de aumentos obligó a frenar algunas audiencias- y a solo unas cuadras de distancia del lugar donde se erige una réplica a escala del ARA San Juan que recuerda a los 44 tripulantes.

Estos fueron los principales momentos del juicio:

El 3 de marzo de 2026, casi nueve años después de la implosión del submarino ARA San Juan, los cuatro exaltos mandos de la Armada estuvieron presentes en el inicio del juicio: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío destituido Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de comunicaciones submarinas, siguieron la lectura de la acusación fiscal en la sala. Les imputaron cargos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del submarino. La fiscalía expuso que el hundimiento no se debió a un hecho fortuito, sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio.

Villamide fue el primer imputado en declarar frente al tribunal. Manifestó que no saben qué originó la tragedia y dijo que eran “injustas” las acusaciones en su contra. “Soy inocente”, afirmó Villamide, que negó falencias en el estado operativo de la nave y afirmó que las decisiones adoptadas por la conducción de la Armada antes de la última misión fueron las adecuadas.

A Villamide se lo acusó de haber permitido la participación del submarino en operaciones pese a conocer el vencimiento del mantenimiento reglamentario, la falta de pruebas de mar esenciales y las anomalías registradas en navegaciones anteriores. Durante el juicio, Villamide amplió dos veces su declaración indagatoria: “El submarino San Juan cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, enfatizó y rechazó haber actuado con negligencia en los momentos previos al hundimiento.

Según su declaración, por alguna causa que no se conoce, la tripulación perdió el control de la profundidad del submarino y la nave se fue a pique; después, al alcanzar la profundidad de colapso, implotó y naufragó a 907 metros de profundidad.

El contralmirante López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, negó todas y cada una de las imputaciones en su contra durante una exposición que duró cerca de 6 horas y tuvo momentos de fuerte tensión. Además, cuestionó que se haya avanzado en el juicio sin un peritaje que determinara con precisión qué pasó.

A López Mazzeo se le atribuye haber omitido supervisar adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento y haber permitido que el submarino operara sin el mantenimiento correspondiente. Durante su ampliación de la indagatoria, el marino afirmó: “Si dicen que está todo bien, tengo que creer que eso es así”, en alusión a la información que recibía de los comandantes responsables de las unidades navales. Aseguro que el día que ordenó suspender el SAR –Search and Rescue, sistema internacional diseñado para rescatar personas en peligro en el mar- porque ya se habían superado el 100% de las posibilidades de encontrarlos con vida, fue la decisión más difícil de su vida.

Una de las jornadas más estremecedoras del juicio llegó cuando se reprodujo en la sala un audio con la voz del capitán Pedro Martín Fernández, registrado durante una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina celebrada entre el 29 y 30 de abril de 2017 en la Escuela de Submarinos y Buceo. En el material sonoro, el comandante informaba a sus pares el estado de la nave: profundidad limitada a 100 metros, velocidad autoimpuesta y ruido en la línea de eje al parar máquinas.

El audio fue difundido por Villamide durante su declaración y generó una fuerte controversia, dado que no se había avisado previamente a la querella y a las familias que seguían por Zoom el juicio, que la grabación se iba a escuchar en la sala.

La realización del juicio en Río Gallegos implicó una enorme logística tanto para los acusados, sus defensores, los tres abogados querellantes, el equipo del Ministerio Público Fiscal, los jueces y el centenar de testigos que pasaron por el juicio, salvo para aquellos que no viajaron hasta el Sur y prestaron declaración vía Zoom. El TOCF 5 es el tribunal que le corresponde al juzgado federal de Caleta Olivia, donde la Armada radicó la causa, luego de que se declarara al submarino como desaparecido porque la última señal fue recibida desde la nave a la altura de Santa Cruz. La sala del TOCF se encuentra en la esquina principal de Río Gallegos, en la esquina donde se cruzan las avenidas Presidente Kirchner y Gral. San Martín, lugar sede de manifestaciones públicas. Más de una vez, las audiencias debieron interrumpirse por el ruido exterior que se filtraba en la sala, ocasionado por manifestaciones de estatales que reclamaban aumentos salariales.

Durante el juicio se reveló un informe de la Auditoría de la Inspección General de la Armada del 20 de diciembre de 2016 sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos, COFS, que había advertido casi un año antes de la tragedia que el submarino ARA San Juan presentaba deficiencias técnicas que comprometían la seguridad del material y del personal. Del informe fueron notificados formalmente la cúpula de la Armada y el Ministerio de Defensa. La auditoría, que se encontraba bajo secreto militar, fue uno de los documentos centrales que se analizaron en la séptima audiencia del juicio, como parte de diferentes procedimientos administrativos sobre el buque en el último año antes de la tragedia. También se expuso una nota dirigida al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide, del 27 de marzo de 2017, en la cual el comandante del ARA San Juan aludía a las limitantes del buque y la necesidad de que el mismo ingrese a dique seco.

El tribunal oral en pleno realizó el 8 de mayo una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, en Buenos Aires. La diligencia, acordada durante la 11ª audiencia, tuvo como objetivo que magistrados, fiscales, querellantes y defensas recorrieran el buque gemelo del siniestrado para tomar dimensión de la clase de nave y conocer de primera mano sus distintos sistemas.

La decisión no estuvo exenta de debate. Algunos integrantes de las querellas y del Ministerio Público Fiscal señalaron que el ARA Santa Cruz lleva más de 10 años fuera de servicio, por lo que su estado actual podría no reflejar con exactitud el funcionamiento que tenía el ARA San Juan. Sin embargo, el querellante Luis Tagliapietra expresó su respaldo: “Adherimos a todos los pasos que ayuden a encontrar la verdad”.

El contraalmirante Enrique Balbi, la cara visible de la Armada durante los días de la desaparición del submarino, declaró durante tres horas ante el tribunal y realizó una autocrítica que resonó en la sala: reconoció que durante los primeros días la información fue “escasa, incierta, a último momento y encima confusa”.

Balbi recreó cómo recibía y buscaba la información dentro de la fuerza para armar los partes de prensa diarios y contó que pasaron varios días hasta que conoció el contenido del último mensaje enviado desde el submarino la mañana del 15 de noviembre, horas antes de la implosión, en el que la tripulación reportaba el ingreso de agua de mar y un principio de incendio en el balcón de baterías.

El cierre de la etapa testimonial tuvo una carga emocional particular: el último en declarar fue el capitán de navío retirado Jorge Bergallo, padre del segundo comandante del ARA San Juan, uno de los 44 tripulantes fallecidos. Fue el último de los testigos previstos inicialmente que pasaron por las audiencias del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

“Mi hijo nunca me transmitió ninguna inquietud”, dijo Bergallo ante los jueces, en una frase que condensó el drama de una familia que creyó hasta el final que la nave era segura.

Una de las audiencias más conmovedoras del juicio fue la décima, que reunió a familiares de los tripulantes. Cuatro esposas de submarinistas viajaron hasta Río Gallegos desde Mar del Plata para prestar testimonio. Una de ellas, con la voz quebrada por sollozos, miró hacia el lugar de los imputados y dijo: “Que paguen todos los culpables. Que paguen los que tengan que pagar”. Recordó además que en 2015 su esposo había estado en un accidente durante una navegación con una válvula de escape: “La tubería estaba podrida”, aseguró. Las mujeres que declararon relataron las preocupaciones que sus parejas les transmitían antes de cada misión por el estado en que se encontraba el submarino.

Después de las audiencias con todos los testigos, el tribunal decidió escuchar a todos los familiares que quisieran expresarse y, durante varias horas, recibieron 17 testimonios.

Estas declaraciones repitieron un pedido de justicia, cuestionaron a los exjefes de la Armada que atribuyeron la responsabilidad del naufragio a la tripulación y denunciaron la desaparición repentina de mensajes que intercambiaron con los submarinistas. Dijeron que para muchos “era el último recuerdo que guardaban de ellos con vida”. Declararon esposas, padres y hermanos de varios de los 44 tripulantes; 37 forman parte de las querellas representadas por los abogados Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra.