POLITICA
“Sin duda alguna”: piden la indagatoria del titular de ARCA por ocultar propiedades en Miami por US$ 2,1 millones
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), Andrés Vázquez, tras concluir que le ocultó a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.
El fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado -y procesado- por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos, y le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
El pedido de indagatoria contra Vázquez deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y se suma así a otras investigaciones judiciales en desarrollo sobre funcionarios del Gobierno en los tribunales de Comodoro Py. Tienen como imputados al presidente Javier Milei y su hermana Karina en el “caso $LIBRA”, al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al otrora abogado personal del jefe de Estado, Diego Spagnuolo, por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), o a las autoridades del Banco Nación por la entrega de créditos hipotecarios a funcionarios.
Designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), en octubre de 2024, y ascendido al liderazgo de ARCA, en diciembre de 2025, por el presidente Javier Milei, Vázquez afronta cuestionamientos e investigaciones penales desde hace años. Entre otras, por su vinculación con el casino flotante de Buenos Aires, por proteger desde su cargo al matrimonio Kirchner y a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, por un megaoperativo contra el grupo Clarín y por operar US$ 416.000 en una cuenta bancaria de Curazao a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires.
En ese sentido, la pesquisa judicial contra Vázquez se inició tras una investigación periodística que y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicaron en diciembre de 2024, con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Durante los primeros meses quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo, pero pasó luego al juez Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien pidió obtener información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.
Marijuán avanza en la pesquisa sobre Vázquez con el apoyo de dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que lidera el fiscal Diego Velasco, y la PIA, bajo el mando del fiscal Rodríguez, que en su dictamen de 54 carillas afirmó que quedó probado que Vázquez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA tres inmuebles en Miami valuados en más de US$ 2 millones.
Esas tres propiedades, según verificó Rodríguez son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$ 710.000 y US$ 400.000 respectivamente mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$ 980.000 a través de Pompeya Group Corp. Ambas firmas panameñas quedaron, desde 2016, bajo el control de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según los formularios internos del estudio Trident Trust, que lo catalogó como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
Para el titular de la PIA, “obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito” de omisión maliciosa, apoyado en las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la OA y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023. En ninguna alude a las sociedades offshore ni a los inmuebles de Miami. Tampoco declaró a Galanthus Capital Limited, pese a figurar como único director y beneficiario final.
Rodríguez verificó que el funcionario y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez —también empleada de ARCA— pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$ 136.761 entre 2014 y 2018, y que incluso se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre del propio Vázquez y su exesposa, y que sus hijas residen allí desde 2022, según ellas mismas dejaron asentado como domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas argentino.
Para la PIA, estos elementos —pagos de impuestos, uso de los inmuebles por su familia y registros de domicilio— permiten inferir el “animus domini”, es decir, el control efectivo de los bienes más allá de su titularidad formal.
Heredera de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA pidió ampliar la investigación hacia el patrimonio de Vázquez, de su exesposa, de sus hijas María Eva y María del Milagro, y de su hermana Silvia Mónica Vázquez, apuntando a dos hipótesis. La primera, la del enriquecimiento ilícito, tras detectar una desproporción patrimonial entre los ingresos declarados y las adquisiciones realizadas. ¿Un ejemplo? Vázquez declaró contar con unos US$ 40.000 en activos líquidos al cierre de 2012 y US$ 44.000 al cierre de 2013, pero compró inmuebles por US$ 1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$ 980.000 en julio de 2015.
A esa desproporción se suma una contradicción declarativa: en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ante ARCA, Vázquez reconoció haber percibido ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por $28,7 millones en 2023 y por $99,4 millones en 2024, montos declarados en pesos ante el fisco argentino. Es decir, sí declaró en la Argentina los flujos que recibió desde el exterior, pero no los activos que los generaron.
A esa primera hipótesis, el fiscal Rodríguez sumó la del lavado de activos. Tras repasar el uso de sociedades pantalla, autopréstamos, compras y ventas sucesivas de inmuebles y la subvaluación de escrituras, detalló la compra en diciembre de 2018 de un triplex de 318 metros cuadrados en la calle Juana Manso 1124 de Puerto Madero —ubicado en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties— mediante la firma Acontec SRL por un valor escriturado de $8.720.000, equivalentes a apenas US$ 225.906 al tipo de cambio de entonces, muy inferior al de mercado, estimado por la PIA en unos US$ 2,1 millones a partir del relevamiento del sitio Reporte Inmobiliario.
La PIA documentó la subvaluación con publicaciones de Zonaprop rescatadas del archivo web: en febrero y noviembre de 2018, unidades del mismo edificio de entre 96 y 98 metros cuadrados se ofrecían entre US$ 460.000 y US$ 500.000. Vázquez pagó el equivalente a US$ 709 por cada uno de los 318 metros cuadrados del triplex. La operación habría generado una pérdida de entre US$ 235.000 y US$ 551.000 para la vendedora Acontec SRL, que había adquirido el inmueble tres años antes por $7.332.000.
En la misma senda, la PIA detalló cómo Vázquez utilizó otra firma, Consultora San Andrés SA, con características propias de una sociedad pantalla, según el dictamen. ¿Por qué? Porque es una empresa sin empleados, con domicilio en un inmueble del propio Vázquez —quien percibe de ella un canon locativo—, que le habría otorgado al funcionario un “préstamo” para comprar el 50% del departamento del Chateau de Puerto Madero en 2010 y que figura como controlante de cinco automóviles. Entre ellos, un BMW X6 blindado en julio de 2015 que utiliza el funcionario y su entorno, y sobre el cual la PIA pidió al ANMaC (ex RENAR) información sobre la credencial de tenencia, la empresa blindadora y los usuarios registrados.
El circuito societario se cierra con otro dato que aportó la PIA. Entre 2024 y 2025, Consultora San Andrés SA se desprendió de sus vehículos. La Ford EcoSport quedó a nombre del propio Vázquez; el Volkswagen Vento, a nombre de su ex pareja Silvia Ivone Rodríguez; y el Mini Cooper John Cooper Works fue adquirido, en septiembre de 2025, por Oscar Mario Abalo, accionista de Acontec SRL, la misma empresa que siete años antes le había vendido a Vázquez el departamento presuntamente subvaluado de Puerto Madero.
El fiscal Rodríguez alude, incluso, a una posible simulación de prestaciones y a una confusión patrimonial deliberada, vinculada a la facturación emitida por Consultora San Andrés SA a favor de Casino Buenos Aires SA y a Loddin SA, dos empresas donde Vázquez, a su vez, habría intervenido como funcionario de la ex AFIP en 2007. Y detectó, incluso, que ambas “le efectuaron retenciones del impuesto a las ganancias en dichos años, lo que implica que la sociedad [Consultora San Andrés SA] le prestó servicios”.
Para profundizar la investigación, por último, la PIA le pidió al juez Martínez de Giorgi que libre exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y que se reitere el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas. También solicitó información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su ex esposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Kicillof buscará darle impronta propia al PJ bonaerense y sumar 200 mil nuevos afiliados para potenciar su candidatura
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició su mandato al frente del Partido Justicialista bonaerense con un par de objetivos particulares a corto plazo, que buscarán fortalecer su objetivo general: llegar a la discusión electoral del 2027 con una estructura que le permita coronarse como el candidato presidencial del peronismo. Es una carrera de largo aliento y, con el PJ bonaerense bajo su control, busca ganar oxígeno político para fortalecer su posición frente a los distintos sectores del peronismo, además de sumar apoyos clave de cara a las próximas definiciones dentro del partido y el escenario electoral.
Para eso buscará, en principio, acelerar afiliaciones. No es nada nuevo. Cada vez que hay un recambio de gestión al frente del PJ se plantea el mismo objetivo: campaña de afiliación. Esta vez no es la excepción. Según el intendente de La Plata y flamante secretario de formación política del partido, Julio Alak, el partido tiene 1.300.000 afiliados. Alak dijo que espera llevar ese número a 1 millón y medio. El jefe comunal de la capital bonaerense será parte activa de la vida diaria del PJ de Kicillof. O al menos lo intentará. El resto de los consejeros sigue de cerca los movimientos del intendente platense, a quien le endilgan cierta necesidad de atención. “Entra a los codazos para la foto”, ya dejan correr algunos integrantes del nuevo consejo tras la reunión del partido.
El viernes fue anfitrión. La sede del partido, de hecho, fue construida durante su gestión anterior como intendente. “Se me decía el otro día que en Europa, el gobernador advertía que uno de los partidos socialistas tenía ocho mil afiliados. Nosotros partimos de un millón doscientos mil afiliados en la provincia, vamos a llegar a un millón quinientos, con una capacitación que Axel considera que es clave”, planteó Alak luego del encuentro de este viernes. El co-mando del PJ es clave para el platense en su interés de ser candidato a la sucesión de Kicillof en 2027.
Kicillof delegó la cuestión organizativa del PJ en un grupo de personas. Alak buscará estar allí. La vicegobernadora, Verónica Magario, tiene un rol asegurado. El día de la reunión fue el equipo de la matancera quien hizo entrar a los consejeros de cara no tan conocida para la gente de seguridad que estaba apostada en la puerta.
Otro es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El funcionario, junto a algunos intendentes, fue uno de los que inicialmente planteó puertas adentro que Kicillof tenía que hacerse de la presidencia del PJ. Kicillof bajó de su auto acompañado por Larroque.
El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, es otro de los dirigentes en los que eligió reposar Kicillof para el ordenamiento del PJ. Cascallares fue uno de los negociadores del Movimiento Derecho al Futuro durante el proceso de renovación de autoridades en la “paritaria” con el kirchnerismo. Ahora será el Secretario General del PJ. Tendrá a su cargo la puesta en marcha de una app del PJ para -también por ese medio- generar más afiliaciones. Si bien no se podrá afiliar directamente por la app, porque no lo permite la ley, sí funcionará a modo de preafiliación. Todas las cuestiones organizativas pasan por la Secretaría General que comandará Cascallares.
Otro que también fue parte de esa negociación fue el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Quedó como vicepresidente II del PJ, detrás de Magario. Bajo ese rol, Otermín ya se mueve con cierta autonomía. Inició desde hace algunos meses recorridas por la provincia. En cada visita distrital por fuera de Lomas, hace una reunión con los PJ locales. Y, como Alak, también tiene intenciones de estar en la danza de nombres para la sucesión de gobernador. Otermín tendrá que mediar en las diferencias en el PJ. De hecho, es uno de los canales de diálogo que hay entre Kicillof con Máximo y Cristina Kirchner. Ahora será bajo un rol institucional. El cristinismo imprime la campaña Cristina Libre también en el PJ de Kicillof. En la reunión del viernes la senadora Fernanda Raverta y el diputado Ariel Archanco -ambos de La Cámpora- pidieron incluir el tema en el documento final. Lo consiguieron. En el MDF plantean que le dan lugar a las demandas del cristinismo.
“Agradecemos a Máximo, actual presidente del Congreso, por su vocación de lograr la unidad del peronismo de la Provincia. Manifestamos nuestro respaldo a Cristina, la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional. Defendemos el planteo de Axel y el Gobierno de la Provincia frente a un Gobierno nacional que abandona a los bonaerenses quitando recursos claves para la seguridad, la educación y la salud”, esgrimió Otermín tras el encuentro.
En la reunión en La Plata, además de escuchar a un consejero por sección electoral y rama, el gobernador instruyó a los consejeros seccionales que visiten los PJ distritales. Una orden que también recayó sobre los ministros y funcionarios, pese a que varios no forman parte formal del Consejo como por ejemplo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que si bien no tiene un cargo oficial en la herramienta partidaria sí hay gente de su espacio dentro del partido como, por ejemplo, la titular del OPISU, Romina Barrios, que ocupa un lugar como consejera suplente dentro del consejo de la Mujer.
Acompañado de todos estos dirigentes -Magario, Alak, Larroque, Cascallares y Otermín- es que dio una rueda de prensa Kicillof tras su primera reunión al frente del consejo del partido. Máximo Kirchner, saliente presidente del Consejo y actual titular del Congreso no estuvo en La Plata. Mantuvo actividades en la provincia de Santa Fe.
En lo inmediato el 14 de mayo se lanzarán los cursos de formación política que tendrán cuatro módulos. El lanzamiento estaría a cargo del propio Kicillof: uno sobre política internacional, en un contexto de permanente beligerancia; otro sobre el estado de situación de América Latina; un tercer espacio sobre la coyuntura política y económica del país y un cuarto capítulo dedicado al “movimiento nacional y popular”.
Otro tema es darle relevancia a los presidentes de los 135 PJ locales. En definitiva, garantizar desde la provincia de Buenos Aires, que Kicillof tenga una sólida estructura que le permita sentarse en la mesa de negociación el año que viene y que el PJ de su provincia acompañe. Además, poner al PJ bonaerense en línea con el resto de los PJ provinciales. Por ejemplo, el de Misiones que días atrás terminó su proceso de normalización con la resolución de la junta partidaria —en el marco de la elección interna que hubo— que proclamó a Héctor Humada como su nuevo presidente. Se impuso ante la línea cristinista y desde el peronismo que está con Kicillof también fue leído como una victoria.
El resto pasará por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y acciones de otros espacios, como por ejemplo los encuentros que viene haciendo la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. A partir de la Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Buenos Aires, la funcionaria está al frente de un grupo de reuniones seccionales en pos de la candidatura de Kicillof. Este sábado se reunió con intendentes y referentes de la Segunda sección electoral. Semanas atrás hizo lo propio en la Cuarta. “Axel es la alternativa al modelo de ajuste y abandono”, planteó este sábado. La acompañaron el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; el intendente de Salto, Ricardo Alessandro. Los presidentes de los PJ de Zárate, Leandro Matilla y de Pergamino, Ramiro Baguear, entre oros.
POLITICA
Los reclamos por reajuste de haberes jubilatorios representan el 76% de las causas que están en la Corte
Un organismo del Estado, la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES), es el principal litigante ante la Corte Suprema de Justicia. El Máximo Tribunal de la Nación enfrenta un récord de juicios previsionales a partir de los recursos extraordinarios y de queja presentados por ese organismo para no pagar los reajustes jubilatorios ordenados en sentencias de instancias inferiores.
El año pasado ingresaron un total de 58.424 nuevas causas a la Corte. De ese total, el 72% fueron de materia previsional. En números fueron 41.806 nuevos expedientes, la cifra más alta desde 2014, cuando habían ingresado 8.552. Esto revela el nivel de litigiosidad existente por los reclamos de reajuste por parte de los jubilados, y las apelaciones de la ANSES contra fallos favorables a esas demandas.
A lo largo del 2025, el Máximo Tribunal resolvió 14.338 causas sobre reajustes jubilatorios.
El año con menos ingresos de expedientes al Máximo Tribunal por demandas de reajuste de jubilaciones fue 2017, con apenas 5.336 nuevos casos.
Entre las presentaciones hechas ante la Corte por organismos públicos, lidera -por lejos – la ANSES, con el 93% de las causas presentadas. Encabeza la carátula de 32.133 expedientes.
Y del stock acumulado de 111.187 causas que están en el Máximo Tribunal desde 2014, según el análisis hecho por Infobae, el 76% son previsionales (84.961 casos).
Los datos surgen del Informe sobre Anuario Estadístico 2025 elaborado por la Oficina de Estadísticas de la Corte, y actualizado el 13 de abril pasado.
El cúmulo de causas previsionales en el Máximo Tribunal responde, principalmente, a los fallos en favor de los jubilados que solicitan un reajuste de haberes tras la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta en el gobierno de Alberto Fernández (ley Nro 27.609), un tema sobre el que la Corte Suprema aún no falló para fijar un precedente.
“Hay siete Cámaras Federales que están fallando a favor de jubilados que cobraron sus haberes según la fórmula de movilidad por el período de Alberto Fernández, y la ANSES está apelando todos esos casos. Especialmente, está presentando recursos de queja, que es una última instancia tras el rechazo del recurso extraordinario en Cámara, porque la mayoría de la Cámaras en el interior le está denegando los recursos a la ANSES”, explicó el especialista en derecho previsional Adrián Tróccoli a Infobae.
“Si la Corte declarara la inconstitucionalidad de esa ley de Alberto Fernández, que reemplazó la ley de movilidad de Mauricio Macri, se resolverían miles de planteos que aún están pendientes”, señaló.
Los expedientes por reajuste de haberes que están en la Corte no son todos por recursos de queja de la ANSES, ya que hay también de jubilados que decidieron recurrir al Máximo Tribunal, aunque estos son apenas un cuarto del total.
Los cambios en la fórmula
Los jubilados sufrieron tres cambios en la fórmula de movilidad que los perjudicó en sus haberes. En 2017, Macri promovió un esquema basado en un 70% en la inflación (Índice de Precios al Consumidor- IPC) y un 30% en la variación salarial (RIPTE), que comenzó a regir en marzo de 2018.
Luego, en diciembre de 2019, con el cambio de Gobierno, Fernández dispuso la suspensión de ese cálculo, medida que se extendió durante la cuarentena por la pandemia del COVID. El 29 de diciembre de 2020, el Congreso sancionó una nueva fórmula, que se basó en la evolución de los salarios (el mejor índice entre el RIPTE y el INDEC) y la recaudación de la ANSES, y que comenzó a aplicarse en marzo de 2021. “Esta fórmula de movilidad le hizo perder más o menos un 40% del poder adquisitivo de los jubilados. Esta última versión de la ley, es el motivo de los últimos reclamos, que son la gran mayoría de los que están en la Corte”, advirtió Troccoli.
Una de las demandas en la que debe fallar el Máximo Tribunal y que podría convertirse en un precedente para futuras resoluciones es el conocido como “Caso Cortés”, que lleva el Estudio Tróccoli. Logró con fallo favorable de la Cámara Federal de Mendoza en noviembre de 2024, cuando este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de ley 27.609 de movilidad jubilatoria que rigió entre 2021 y 2024, y ordenó el uso del IPC publicado por el INDEC, para el reajuste del haber.
Del total de 57.493 expedientes sobre reclamos de reajustes de haberes que tenía la Corte a comienzos de 2025, el Máximo Tribunal resolvió el año pasado 14.338 expedientes. Constituyeron el 54% del total de sentencias dictadas por los supremos.
Al finalizar el año pasado, el stock de causas acumuladas en esta materia ascendió a 27.468, equivalente al 86% del total.
El año en que el Máximo Tribunal resolvió mayor cantidad de demandas sobre reclamos previsionales fue 2019: sus integrantes firmaron 16.380 sentencias sobre esta materia.
Ese año, además de sus actuales integrantes – Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz – aún formaban parte del Tribunal, Helena Highton – y Carlos Maqueda, hoy ya jubilados.
Las causas de 2025
Las 58.424 nuevas causas ingresadas el año pasado al Máximo Tribunal es la cantidad más alta de los últimos 12 años, lo que marca un crecimiento ininterrumpido desde el 2021 y un incremento interanual del 28% respecto de los casos que llegaron a la máxima instancia judicial del país en 2024.
Luego de los expedientes previsionales que fueron amplia mayoría (72%), le siguen en volumen, pero mucho más lejos, las demandas laborales, con el 13% del total (7.571 casos), y las penales, con casi 5% de los expedientes que ingresaron (2.780 casos).
En 2025, la Corte resolvió un total de 26.524 causas de las diferentes materias que llegaron a la Corte, una cifra que se acercó al pico de sentencias que firmaron en 2019, cuando ascendieron a 26.608.
En cuanto al stock total de casos pendientes de resolución al finalizar el 2025, fue de 111.187 expedientes, una cifra récord. Esa cantidad fue un 40% superior al del 2024, cuando los supremos tenían 79.287 causas en el Máximo Tribunal.
A su vez, el número de expedientes resueltos en 2025 por el Máximo Tribunal (26.524) fue un 39% superior que los que tuvieron una definición en 2024, año en el que los supremos fallaron en 19.056 expedientes.
En cuanto a las causas ingresadas a la Corte en 2025 por recursos de privados, fuera del tema previsional, la mayoría (79% de ese grupo) fueron de ART (3.258 casos).
Las estadísticas de la Corte Suprema están disponibles en la web del Tribunal, con datos que se remontan a 2014, ya que ese año fue cuando se empezó a usar un sistema digital para poder contabilizar las causas, aunque sin el nivel de detalle y desglose de los últimos dos informes del 2024 y 2025.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
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Karina Milei encabezó una cumbre de La Libertad Avanza y llamó a ganar la provincia de Buenos Aires en 2027
La secretaria general de la Presidencia y líder de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, encabezó una jornada de formación política que el partido violeta organizó en la localidad bonaerense de Suipacha. Allí, llamó a la dirigencia oficialista y a la militancia a trabajar para ganar las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2027.
El encuentro reunió a más de 1500 dirigentes de LLA de los 135 municipios bonaerenses. Junto a Karina estuvieron presentes el líder del partido en PBA, Sebastián Pareja, y el ministro de Interior, Diego Santilli, acaso posible candidato a mandatario provincial en las elecciones del año que viene por el oficialismo nacional.
Karina Milei se muestra con Diego Santilli y lanza el armado libertario en Buenos Aires rumbo a 2027
La secretaria general de la Presidencia de la Nación brindó un discurso en el que agradeció la participación de la dirigencia mileista y la militancia, de quienes destacó el compromiso de involucrarse: “Esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, afirmó.
Karina Milei, en su mensaje, puso el eje en fortalecer la estructura y armado del partido en la provincia, y dijo que la política 2no se construye desde un escritorio, sino con trabajo en cada distrito”, a lo que gregó: “Tenemos un objetivo claro: consolidar este camino y asegurar la continuidad del proyecto que empezó Javier Milei”, sostuvo.
Ritondo impulsó a Santilli como gobernador bonaerense y propuso una alianza con La Libertad Avanza
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