El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), Andrés Vázquez, tras concluir que le ocultó a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.

El fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado -y procesado- por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos, y le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.

El pedido de indagatoria contra Vázquez deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y se suma así a otras investigaciones judiciales en desarrollo sobre funcionarios del Gobierno en los tribunales de Comodoro Py. Tienen como imputados al presidente Javier Milei y su hermana Karina en el “caso $LIBRA”, al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al otrora abogado personal del jefe de Estado, Diego Spagnuolo, por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), o a las autoridades del Banco Nación por la entrega de créditos hipotecarios a funcionarios.

Designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), en octubre de 2024, y ascendido al liderazgo de ARCA, en diciembre de 2025, por el presidente Javier Milei, Vázquez afronta cuestionamientos e investigaciones penales desde hace años. Entre otras, por su vinculación con el casino flotante de Buenos Aires, por proteger desde su cargo al matrimonio Kirchner y a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, por un megaoperativo contra el grupo Clarín y por operar US$ 416.000 en una cuenta bancaria de Curazao a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires.

En ese sentido, la pesquisa judicial contra Vázquez se inició tras una investigación periodística que y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicaron en diciembre de 2024, con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Durante los primeros meses quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo, pero pasó luego al juez Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien pidió obtener información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.

Marijuán avanza en la pesquisa sobre Vázquez con el apoyo de dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que lidera el fiscal Diego Velasco, y la PIA, bajo el mando del fiscal Rodríguez, que en su dictamen de 54 carillas afirmó que quedó probado que Vázquez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA tres inmuebles en Miami valuados en más de US$ 2 millones.

Esas tres propiedades, según verificó Rodríguez son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$ 710.000 y US$ 400.000 respectivamente mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$ 980.000 a través de Pompeya Group Corp. Ambas firmas panameñas quedaron, desde 2016, bajo el control de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según los formularios internos del estudio Trident Trust, que lo catalogó como Persona Políticamente Expuesta (PEP).

Para el titular de la PIA, “obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito” de omisión maliciosa, apoyado en las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la OA y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023. En ninguna alude a las sociedades offshore ni a los inmuebles de Miami. Tampoco declaró a Galanthus Capital Limited, pese a figurar como único director y beneficiario final.

Rodríguez verificó que el funcionario y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez —también empleada de ARCA— pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$ 136.761 entre 2014 y 2018, y que incluso se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre del propio Vázquez y su exesposa, y que sus hijas residen allí desde 2022, según ellas mismas dejaron asentado como domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas argentino.

Para la PIA, estos elementos —pagos de impuestos, uso de los inmuebles por su familia y registros de domicilio— permiten inferir el “animus domini”, es decir, el control efectivo de los bienes más allá de su titularidad formal.

Heredera de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA pidió ampliar la investigación hacia el patrimonio de Vázquez, de su exesposa, de sus hijas María Eva y María del Milagro, y de su hermana Silvia Mónica Vázquez, apuntando a dos hipótesis. La primera, la del enriquecimiento ilícito, tras detectar una desproporción patrimonial entre los ingresos declarados y las adquisiciones realizadas. ¿Un ejemplo? Vázquez declaró contar con unos US$ 40.000 en activos líquidos al cierre de 2012 y US$ 44.000 al cierre de 2013, pero compró inmuebles por US$ 1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$ 980.000 en julio de 2015.

A esa desproporción se suma una contradicción declarativa: en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ante ARCA, Vázquez reconoció haber percibido ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por $28,7 millones en 2023 y por $99,4 millones en 2024, montos declarados en pesos ante el fisco argentino. Es decir, sí declaró en la Argentina los flujos que recibió desde el exterior, pero no los activos que los generaron.

A esa primera hipótesis, el fiscal Rodríguez sumó la del lavado de activos. Tras repasar el uso de sociedades pantalla, autopréstamos, compras y ventas sucesivas de inmuebles y la subvaluación de escrituras, detalló la compra en diciembre de 2018 de un triplex de 318 metros cuadrados en la calle Juana Manso 1124 de Puerto Madero —ubicado en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties— mediante la firma Acontec SRL por un valor escriturado de $8.720.000, equivalentes a apenas US$ 225.906 al tipo de cambio de entonces, muy inferior al de mercado, estimado por la PIA en unos US$ 2,1 millones a partir del relevamiento del sitio Reporte Inmobiliario.

La PIA documentó la subvaluación con publicaciones de Zonaprop rescatadas del archivo web: en febrero y noviembre de 2018, unidades del mismo edificio de entre 96 y 98 metros cuadrados se ofrecían entre US$ 460.000 y US$ 500.000. Vázquez pagó el equivalente a US$ 709 por cada uno de los 318 metros cuadrados del triplex. La operación habría generado una pérdida de entre US$ 235.000 y US$ 551.000 para la vendedora Acontec SRL, que había adquirido el inmueble tres años antes por $7.332.000.

En la misma senda, la PIA detalló cómo Vázquez utilizó otra firma, Consultora San Andrés SA, con características propias de una sociedad pantalla, según el dictamen. ¿Por qué? Porque es una empresa sin empleados, con domicilio en un inmueble del propio Vázquez —quien percibe de ella un canon locativo—, que le habría otorgado al funcionario un “préstamo” para comprar el 50% del departamento del Chateau de Puerto Madero en 2010 y que figura como controlante de cinco automóviles. Entre ellos, un BMW X6 blindado en julio de 2015 que utiliza el funcionario y su entorno, y sobre el cual la PIA pidió al ANMaC (ex RENAR) información sobre la credencial de tenencia, la empresa blindadora y los usuarios registrados.

El circuito societario se cierra con otro dato que aportó la PIA. Entre 2024 y 2025, Consultora San Andrés SA se desprendió de sus vehículos. La Ford EcoSport quedó a nombre del propio Vázquez; el Volkswagen Vento, a nombre de su ex pareja Silvia Ivone Rodríguez; y el Mini Cooper John Cooper Works fue adquirido, en septiembre de 2025, por Oscar Mario Abalo, accionista de Acontec SRL, la misma empresa que siete años antes le había vendido a Vázquez el departamento presuntamente subvaluado de Puerto Madero.

El fiscal Rodríguez alude, incluso, a una posible simulación de prestaciones y a una confusión patrimonial deliberada, vinculada a la facturación emitida por Consultora San Andrés SA a favor de Casino Buenos Aires SA y a Loddin SA, dos empresas donde Vázquez, a su vez, habría intervenido como funcionario de la ex AFIP en 2007. Y detectó, incluso, que ambas “le efectuaron retenciones del impuesto a las ganancias en dichos años, lo que implica que la sociedad [Consultora San Andrés SA] le prestó servicios”.

Para profundizar la investigación, por último, la PIA le pidió al juez Martínez de Giorgi que libre exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y que se reitere el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas. También solicitó información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su ex esposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.