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POLITICA

Maximiliano Ferraro: “El Gobierno decidió ponerse al margen de la Constitución Nacional”

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En una entrevista en Infobae al Regreso, Maximiliano Ferraro advirtió que el Gobierno “se puso al margen de la Constitución” al desconocer la Ley de Financiamiento Universitario y anticipó que la Corte Suprema deberá intervenir por el conflicto de poderes generado tras la marcha universitaria.

Durante su paso por el estudio, Ferraro sostuvo que el Ejecutivo “decidió no gestionar lo que vinieron a destruir”, y cuestionó la manipulación de datos oficiales sobre recursos universitarios.

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El Congreso, la Corte y el conflicto de poderes por la universidad pública

Ferraro subrayó que el conflicto por el financiamiento universitario ya no es solo presupuestario, sino que expone una disputa institucional de fondo: “El Gobierno nacional decidió ponerse al margen de la Constitución Nacional, porque es una ley que fue votada en reiteradas oportunidades por el Congreso de la Nación, que a su vez juntó los dos tercios de ambas cámaras para rechazar el veto del propio presidente”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la urgencia de una definición judicial: “Ahora la Corte, después de los dos fallos favorables que hay en pos del financiamiento universitario, tiene que tomar una decisión rápida para terminar con este claro conflicto de poderes”. Ferraro puntualizó que la estrategia del oficialismo cumple con lo anticipado en campaña: “La Libertad Avanza está llevando al pie de la letra lo que en algún momento nos dijeron: que no iban a gestionar lo que venían a destruir”.

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Al referirse a la multitudinaria marcha federal universitaria, el diputado destacó: “Fuimos a la marcha porque hay que decirlo con todas las letras, lamentablemente el Gobierno decidió ponerse al margen de la ley”. Sostuvo que el Ejecutivo busca “extorsionar” a las universidades y que el desfinanciamiento responde a una política deliberada.

Auditorías universitarias y las contradicciones del oficialismo

El debate sobre auditorías y transparencia fue otro eje de la charla. Ferraro recordó: “¿Quiénes votaron en contra del artículo de auditorías cuando discutimos la Ley de Financiamiento Universitario? El Gobierno”. Explicó que, por ley, es la Auditoría General de la Nación la encargada de controlar a las universidades, no la Sindicatura General de la Nación, porque “las universidades son autónomas”.

Pese al discurso oficial, Ferraro aseguró que las auditorías “se están haciendo y lo sabe el auditor de La Libertad Avanza del Colegio de Auditores”.

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El dirigente mencionó además las contradicciones de varios legisladores aliados al oficialismo. “Previo a la llegada de Javier Milei al Gobierno, muchos de ellos votaron a favor o se abstuvieron en la última creación de universidades nacionales”, recordó, y citó los casos de Pamela Verasay y Lisandro Nieri, ambos egresados de la Universidad Nacional de Cuyo.

El deterioro salarial y la urgencia de un financiamiento constitucional

Ferraro detalló el impacto del ajuste sobre salarios docentes y no docentes: “Hay una pérdida total desde que asumió Milei en el presupuesto universitario de menos del 35%, y en salario docente y no docente se han perdido casi el 50% del poder adquisitivo. Hoy un titular de cátedra está con un sueldo promedio de 390 mil pesos, un ayudante por abajo en 130 mil pesos, y se le adeuda a los hospitales universitarios 80 mil millones”.

Ferraro cerró su intervención llamando a la Corte Suprema a ratificar la vigencia de la ley y garantizar el financiamiento de la universidad pública, en defensa de la educación como derecho constitucional.

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maximiliano ferraro

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Senado: ingresaron siete nuevos pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada

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El Gobierno envió hoy al Senado una nueva tanda de siete pliegos judiciales que se sumarán a los 45 candidatos a jueces y fiscales federales que remitió el lunes con muchos candidatos a ocupar tribunales en el interior del país, que era lo que venían solicitando los bloques dialoguistas.

Mientras tanto, este miércoles se realizará la cuarta audiencia en la Comisión de Acuerdos ante la que desfilarán una nueva tanda de 14 candidatos a diferentes cargos judiciales. Son parte del paquete de 77 nombramientos impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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Esa dotación es la que, hasta el momento, se resistían algunos senadores de la oposición dialoguista a firmar el dictamen si el Gobierno no enviaba los postulantes para juzgados del interior del país. La lista se agotará con la presencia en el Senado, el jueves, de la última tanda de 15 postulantes.

En este caso se trata de 7 pliegos, en su mayoría de jueces del fuero criminal y correccional y civil porteños, y la postulación de un fiscal para la provincia de Corrientes.

Uno de los pliegos postula a Juan Carlos Riccardini para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Capital Federal. Para el mismo fuero y en la misma localidad también están propuestos Paula Romeo para ocupar una vocalía en el tribunal orales en lo criminal y correccional 18.

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Para el fuero civil en territorio porteño, el Gobierno propuso a Santiago Villagrán como titular del juzgado 19, y a Pilar Fernández Escarguel y a José María Abram Luján, para los juzgados 109 y 110 de la Capital.

La lista de ingresos al Senado se completa con la postulación de Hugo Daniel Froy como fiscal federal en Paso de los Libres (Corrientes). Estos pliegos junto con los ingresados el lunes tomarían estado parlamentario en la sesión del próximo jueves, lo que habilitaría a la Comisión de Acuerdos del Senado a convocar a las audiencias públicas correspondientes.

En el paquete enviado el lunes resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.

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De esos 45 pliegos hay 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.

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Además, en la lista de nombres que envió el Gobierno al Senado está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral.

A su vez, Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A. Proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro.

También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.

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Además, el Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es considerado un pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy.

Además, para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruíz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, envió a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal.




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La marcha universitaria se replicó en todo el país: cómo se vivió en cada provincia

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La nueva Marcha Federal Universitaria tuvo este martes réplicas en distintos puntos del país, donde miles de estudiantes, docentes, investigadores y autoridades académicas volvieron a exigirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras el acto central se desarrollaba en Plaza de Mayo, hubo movilizaciones masivas en ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Corrientes, Resistencia y Mar del Plata. En todos los casos, el reclamo estuvo centrado en la situación financiera de las universidades nacionales y el deterioro salarial.

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En Córdoba, una de las concentraciones más numerosas del interior, la marcha comenzó en Ciudad Universitaria y avanzó hacia el centro de la capital provincial. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, participó de la movilización junto a autoridades de la institución y cuestionó al Gobierno nacional por no aplicar la ley votada por el Congreso.

“El deterioro que sufren las universidades no tiene antecedentes”, sostuvo el rector cordobés, que además reclamó una actualización presupuestaria frente al impacto de la inflación.

Leé también: “La situación presupuestaria es crítica”: el duro documento que leyeron docentes universitarios en la marcha

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En Santa Fe, la movilización reunió a columnas universitarias que cruzaron el Puente Colgante rumbo al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Allí se leyó un documento conjunto elaborado por universidades de la provincia. La rectora Laura Tarabella apuntó contra funcionarios nacionales y denunció demoras en la implementación de la norma de financiamiento.

Docentes, estudiantes y agrupaciones gremiales marcharon en Santa Fe en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. (Foto: Maiquel Torcatt / AIRE Digital)

Rosario también tuvo una importante convocatoria. La movilización partió desde Plaza San Martín y terminó frente al Monumento a la Bandera. En paralelo, la Universidad Nacional de Rosario montó una carpa sanitaria para realizar estudios de prevención y mostrar trabajos científicos desarrollados por la institución.

El rector Franco Bartolacci advirtió que las transferencias nacionales destinadas a las universidades registraron una fuerte caída desde 2023 y aseguró que gran parte del personal docente y no docente atraviesa una situación salarial crítica.

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En Mendoza, la marcha fue encabezada por autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. La secretaria general del rectorado, Estefanía Villarruel, señaló que las universidades arrastran una pérdida salarial acumulada superior al 47% y alertó sobre las dificultades para afrontar gastos de funcionamiento, especialmente en servicios públicos.

También cuestionó el congelamiento de las becas Progresar y consideró insuficiente el monto actual que reciben los estudiantes.

Miles de personas se movilizaron en Mendoza para exigir mayor presupuesto universitario. (Foto: Axel Lloret/Diario UNO)
Miles de personas se movilizaron en Mendoza para exigir mayor presupuesto universitario. (Foto: Axel Lloret/Diario UNO)

En el norte del país, las protestas se replicaron en Salta y Jujuy. En la capital salteña, autoridades de la Universidad Nacional de Salta advirtieron que el sistema universitario atraviesa “el momento más crítico desde el regreso de la democracia”.

Además, denunciaron déficits millonarios que afectan el financiamiento de investigaciones, becas estudiantiles y cargos docentes.

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En Jujuy, la movilización avanzó por el centro de San Salvador con una convocatoria que también tuvo réplicas en localidades del interior provincial. Dirigentes gremiales universitarios señalaron que las partidas enviadas por Nación resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento normal de las casas de estudio.

La Universidad Nacional del Nordeste también se sumó a la protesta con movilizaciones en Corrientes y Resistencia. El rector Omar Larroza reclamó la reapertura de paritarias y denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

En Mar del Plata, en tanto, los gremios docentes advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza si no hay respuestas del Gobierno nacional. Incluso, plantearon que el inicio del segundo cuatrimestre podría verse afectado.

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Según datos difundidos por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios del sector acumulan una caída real superior al 34% desde el inicio de la gestión de Milei. El informe también señala un retroceso en las partidas destinadas al pago de sueldos y funcionamiento universitario.

Marcha universitaria, FINANCIAMIENTO, Gobierno

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Karina Milei impone a Pareja en bicameral de inteligencia y amenaza con poner la lupa sobre un área de Caputo

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El diputado libertario Sebastián Pareja (Buenos Aires) fue elegido esta tarde presidente de la Comisión de Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó un casillero más en su disputa de poder con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Esto es así porque a partir de ahora será una persona de confianza de la hermana presidencial la que tendrá en sus manos el control de las acciones y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), coto de caza político de Caputo que conduce el contador Cristian Auguadra.

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La elección de Pareja se logró con el voto del oficialismo y la colaboración de sectores de la UCR y del Pro, que se quedó con. la vicepresidencia de la comisión en la figura de Martín Goerling (Misiones), presidente de la bancada de senadores de la escudería amarilla.

La elección de Goerling se logró a pesar de la ausencia del diputado Cristian Ritondo (Buenos Aires), enojado porque aspiraba a ocupar la presidencia de la bicameral, y como resultado de una votación en la que el senador por Misiones se impuso al kirchnerismo, que había propuesto para ese sitial al diputado Agustín Rossi (Santa Fe).

Lo libertarios devolvieron el favor votando al candidato del Pro a pesar de que apenas unos minutos antes Rossi había jugado bien con el oficialismo, al decidir permanecer en la reunión y no seguir los pasos de sus compañeros del Senado, que abandonaron el encuentro enojados porque les habían arrebatado un lugar.

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Fue la actitud que tomaron los senadores Martín Soria (Río Negro) y Florencia López (La Rioja), quienes anunciaron que judicializarán la decisión de la Cámara alta, que redujo a un sólo miembro la representación del kirchnerismo del Senado en la comisión bicameral a pesar de que el peronismo está empatado con los libertarios como primera minoría de la Cámara alta.

Como si esto fuera poco, La Libertad Avanza (LLA) también retuvo la presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, ahora en la figura de la senadora María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

Se trata de una comisión clave ya que es la encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo. En el primer año de la administración de Javier Milei se convirtió en el campo de batalla de varios DNU polémicos, como el 70/23, que sigue vigente aunque fue rechazado en el Senado, y el que inyectó una millonada en fondos reservados a la SIDE, que fue rechazado por ambas cámaras del Congreso.

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La vicepresidencia se mantiene vacante y quedo reservada a la decisión del kirchnerismo, mientras que la provincial salteña Flavia Royón, alienada con el gobernador Gustavo Saénz y miembro de la fluctuante oposición dialoguista en el Senado.

La de este martes fue una jornada que dejó en evidencia el notorio avance del oficialismo libertario sobre las comisiones bicamerales, quedándose con la presidencia de todas las que se han constituido hasta el momento y, en algunos casos, apoderándose de los dos primeros cargos de conducción.

Es lo que ocurrió con las comisiones de Defensor del Niño y la de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior, en las que ubicó a legisladores propios en la presidencia y la vicepresidencia.

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En el caso de la primera, que tiene la tarea de realizar el proceso de selección y fiscalizar el desempeño del Defensor de la Niñez, la reunión no estuvo exenta de polémica ya que el kirchnerismo puso el grito en el cielo cuando, con la anuencia de los bloques dialoguistas, el oficialismo impulsó para conducir la comisión a la senadora Vilma Bedia (Jujuy) y al diputado Nicolás Mayoraz (Santa Fe), para secundarla.

Esto provocó la intervención de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien denunció al oficialismo por haber dejado al peronismo de la Cámara alta sin representantes en la comisión, a pesar de que tiene 21 legisladores, y anunció que judicializará la decisión.

En la de Seguridad Interior, en tanto, los libertarios se quedaron con los dos principales cargos de conducción. El diputado Santiago Pauli (Tierra del Fuego) y la senadora María Emilia Orozco (Salta) fueron elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente.

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@JMilei,@KarinaMileiOk,May 12, 2026,Gustavo Ybarra,Conforme a

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