POLITICA
ONG apoyaron cambios en el nuevo reglamento para elegir jueces, pero alertaron sobre la eliminación del cupo femenino
El Consejo de la Magistratura discutió en sus comisiones el reglamento propuesto por la Corte Suprema de Justicia para modificar la manera en que se eligen los jueces con la presencia de ONGs que respaldaron la iniciativa, en cuanto a que da transparencia y resta discrecionalidad al proceso, pero le criticaron falta de perspectiva de género.
El debate se dio durante la reunión de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación del Consejo que sesionó para escuchar las posturas de la sociedad civil con respecto a los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.
Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Juezas, expresó la principal preocupación de su asociación: la eliminación del cupo femenino en el nuevo reglamento propuesto por la Corte.
En el reglamento vigente, se debe citar a mujeres si no están primeras entre los primeros seis y si la entrevista es satisfactoria y no hay mujeres en los primeros tres lugares, se debe convocar una mujer para integrar cada terna.
Macchiavelli afirmó: “Me gustaría alertar que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina tal categoría de mujeres y eso no tiene un impacto neutro”.
La jueza subrayó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre “mérito vs. género”.
En contraste, la asociación sostiene que “la condición de mujer no es un factor irrelevante de la toma de decisiones, por el contrario es una categoría jurídica”, cuyo objetivo es garantizar “el cumplimiento de mandatos vigentes”.
Julián Alfie, en representación de Inecip, si bien consideró “urgente” sancionar una nueva normativa, sostuvo que el proyecto “no termina de solucionar los problemas que diagnostica”.
Alfie argumentó que el proceso de selección de magistrados presenta “altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de que inciden factores no objetivos”.
Además, remarcó la “falta de perspectiva de género”, indicando que actualmente el “70% de los cargos de magistrados son varones”.
“Encontramos problemas en la selección de magistrados. Los largos plazos de los concursos que generan vacancias larguísimas, que generan un interinato permanente”, sostuvo.
Según el Inecip, el proyecto mantiene la regla de que los concursos inician solo cuando se produce una vacante y que “los postulantes y los evaluadores saben cuál es el cargo en juego”, lo que constituye el “corazón de la discusión”.
Sin embargo, la propuesta de los jueces de la Corte es hacer concursos anticipados como norma y tener una suerte de banco de candidatos ya elegidos para cuando se produzca la necesidad de cubrir esos cargos.
En línea con la necesidad de objetividad, Clara Lucarella, de ACIJ, remarcó que cualquier modificación del reglamento debe apuntar a la “idoneidad mediante evaluaciones justas, reducir el margen de discrecionalidad en distintas instancias y abrir la información en todas las instancias del proceso”.
La consejera abogada Jimena De la Torre manifestó estar en contra de los cupos y sugirió abordar el problema estructural de las mujeres al inicio del proceso.
Propuso, por ejemplo, bajar un 30% el peso de los antecedentes, para que las mujeres “sientan que hay una real igualdad”, ya que “las mujeres no se inscriben porque saben que caen con los antecedentes”.
De la Torre concluyó que su postura es “aprobar la acordada 4/2026 sin cambios ya que nos deja en un lugar más objetivo y más meritocrático”.
Por su parte, la consejera jueza Agustina Díaz Cordero salió al cruce de las críticas sobre transparencia y la escasa presencia de mujeres en las ternas.
Aclaró que las ternas enviadas que no incluían mujeres correspondían a concursos de 2018 y no aplicaban la Acordada 216/2019, que rige “desde el concurso 436 en adelante”.
Por otra parte, aseguró que el Consejo está “trabajando de manera muy fuerte en todo lo que es transparencia como una política pública”, destacando que las entrevistas son públicas y “se transmiten por YouTube”.
Fernanda Vázquez, consejera por los abogados, sostuvo que “muchas veces hay propuestas que se han hecho en este Consejo que son viables, pero que no reúnen el consenso y lo que se hace en este lugar es un consenso de los estamentos”.
“A mí me preocupa la escasez de abogados concursando, los que llegan; cómo podemos trabajar para mejorar estas cuestiones porque vamos a tener una justicia mejor y más eficiente con abogados de la matrícula”.
Sostuvo que es necesario llegar a consensos. “Esta reunión es prueba de nuestro compromiso y la seguridad que tenemos para que la norma sea mejor”, enfatizó.
Por otra parte, en la reunión de hoy la comisión de Acusación del Consejo decidió citar a una suerte de indagatoria al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por fallar a cambio de coimas para que un empresario pudiera acceder a dólares a cambio oficial.
Y se decidió postergar una decisión similar sobre el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado por maltrato y abuso, pese a los numerosos testimonios que se vinieron escuchando en las últimas semanas.
Los dos magistrados investigados están en etapa de definiciones en sus procesos.
Según se resolvió en la reunión hoy por unanimidad, Salmain será citado en las próximas semanas por el artículo 20 del reglamento, que implica la posibilidad de que el juez investigado haga un descargo, presencial o por escrito, para responder a las acusaciones que pesan en su contra.
La defensa de Salmain buscaba frenar esta decisión en base a la denuncia que él mismo promovió en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el arrepentido Fernando Whpei, que reveló cómo logró que el magistrado sacara un fallo a su favor a cambio de una coima de 200 mil dólares y con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche.
Aunque inicialmente la jueza María Servini había resuelto que esa denuncia de Salmain en Buenos Aires fuera enviada a Rosario porque es parte de su defensa, la semana pasada el camarista Eduardo Farah decidió hacer lugar al pedido del juez. Y ese fallo fue presentado por Salmain para postergar el trámite por su presunto mal desempeño.
No lo consiguió: por unanimidad la comisión decidió avanzar con la citación y darle la posibilidad para sustanciar esa nueva prueba. Allí votaron el abogado Alberto Maques, el senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Álvaro González (Pro), Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Vanesa Siley (Unión por la Patria) y Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y el abogado César Grau.
Quien logró evitar frenar su citación, a través del artículo 20°, fue Maraniello, el juez que se conoció por dictar un fallo que prohibió la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hay cuatro expedientes contra Maraniello por aquel fallo que, según las denuncias, violaba la libertad de prensa. La comisión tenía agendado dar inicio al trámite de esas denuncias contra Maraniello, además de otras por retardo de justicia.
Fue Roca, diputado de LLA, quien pidió postergar los trámites contra Maraniello.
El consejero Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo en la reunión a pesar de que no integra la comisión de Acusación. Viola fue abogado de Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.
El pedido de Roca para postergar los expedientes de Maraniello generó una discusión entre los consejeros, que se habían reunido momentos antes a puertas cerradas y parecían haberse puesto de acuerdo inicialmente.
Al pedir la palabra, Roca solicitó postergar el tratamiento de todos los expedientes cuando ya se terminaba de votar el primero sobre ese juez y habían decidido notificarlo por el artículo 11, que implica notificarlo de nuevas denuncias en su contra. “Posterguemos para que analicemos todos los expedientes de manera unificada”, dijo Roca.
Tailhade contó lo acordado momentos antes a puertas cerradas en torno a la postergación y su colega, Vanesa Siley, planteó que era absurdo acordar que se postergaban todos los expedientes cuando terminaban de votar uno. “Si fuera lógico lo que pide Roca, no tendría lógica lo que acabamos de votar”, señaló.
Tanto el senador de LLA Luis Juez como el abogado Alberto Maques (presidente de la comisión) salieron a sostener el pedido de Roca. Finalmente, todos los integrantes del cuerpo terminaron votando la postergación, incluidos los kirchneristas.
“Por esta vez en particular todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido”, dijo Maques. “En labor yo entendí lo contrario”, quiso dejar asentado Tailhade.
La postergación incluyó avanzar con la citación a hacer su descargo por las graves acusaciones contra Maraniello por maltrato y acoso a los empleados, entre los cuales figura una víctima que habló de abuso sexual.
reglamento propuesto,Conforme a
POLITICA
Javier Milei visitó Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección
El presidente Javier Milei recorrió este viernes la ciudad de Bahía Blanca en el marco de una jornada centrada en grandes inversiones industriales y energéticas, que incluía recorridas por distintos proyectos encuadrados en el RIGI y un potencial encuentro político con militantes de La Libertad Avanza.
Por el cronograma de actividades, era una visita que busca mezclar algunos efectos concretos de la política de gestión libertaria con el operativo clamor que hay para que el Presidente pueda ser reelegido el año próximo. En el Gobierno querían mostrar las inversiones privadas que llegaron a partir de la aprobación del RIGI y luego capitalizarlo con un encuentro con la militancia en la calle, el cual se encontraba en duda producto de fuertes movilizaciones en la periferia del hotel donde planeaba quedarse esta tarde la comitiva oficial.
La primera parada formal comenzó a las 11, cuando el mandatario llegó a las instalaciones de Compañía Mega S.A., donde fue recibido por el CEO de la firma, Tomás Córdoba, y por el presidente y CEO de YPF S.A., Horacio Marín. La agenda contempló una recorrida por las nuevas instalaciones, una visita a la sala de control y una charla con trabajadores, además de una reunión sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y el proyecto de ampliación de la compañía, que ya prevé una inversión de USD 365,4 millones para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.
Antes de llegar a la planta, Milei se trasladó en helicóptero desde el aeropuerto y durante el trayecto sobrevolará los terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía, junto al titular de la compañía, Marcelo Mindlin, que planea una producción de urea de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de USD 2.700 millones.
Alrededor de las 12:20, la comitiva presidencial se trasladó hacia Puerto Galván para visitar las instalaciones de Louis Dreyfus Company (LDC). Allí, Milei mantuvo un encuentro con autoridades de la firma y recibirá detalles sobre las futuras obras. También recorrió el sector donde LDC proyecta construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol, con una inversión anunciada cercana a los 400 millones de dólares.
La comitiva estaba integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
La jornada preveía tener además un componente político. Para las 16:30, referentes de La Libertad Avanza convocaron a militantes y seguidores del Presidente en las inmediaciones del Hotel Land Plaza. La actividad se encuadra en el operativo reelección que comenzó a impulsar la cúpula del partido nacional de La Libertad Avanza. Por caso, este lunes fue Karina Milei quien encabezó un encuentro en un local partidario bonaerense y cantó por las elecciones del año próximo junto con diputados nacionales.
La realización de la actividad no estaba confirmada. Organizaciones gremiales anunciaron una concentración para las 15:30 en la Plaza Rivadavia. ATE y SUTEBA, entre otros sectores, convocaron a manifestarse por la presencia del Presidente en la ciudad.
Esta será la tercera vez que el jefe de Estado visita Bahía Blanca desde su asunción. Las dos anteriores estuvieron marcadas por tragedias climáticas: en diciembre de 2023, tras el fuerte temporal que provocó 13 muertes, y en marzo de 2025, luego de la inundación que dejó 18 víctimas fatales. Esa situación de crisis generó un vínculo de diálogo entre Milei y el intendente Federico Susbielles, del PJ.
Pese a todo, los organizadores de la jornada hicieron lo posible para que los funcionarios de la intendencia no pudieran tener contacto con el Presidente. En las últimas dos semanas se produjeron varias reuniones dentro del armado de la Sexta Sección y se acordó que Milei limitara su contacto con el oficialismo local, limitándose a las actividades vinculadas a las inversiones y al armado libertario.
Así como lo hizo en sus recientes viajes a Rosario y Misiones, los organizadores prevén que Milei salga a la puerta del hotel a saludar a los seguidores y fanáticos locales. “Se busca mostrar la palanca que tiene en los distintos puntos del país pese a ser una persona que no viaja mucho”, afirman.
La persona del entorno de Sebastián Pareja que está encargada de la coordinación en la Sexta Sección Electoral es la senadora provincial María Luz Bambaci. Bahía Blanca es uno de los pocos distritos del país donde se exhibe un acuerdo de convivencia sostenible entre el armado de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que tienen como representantes en el territorio a los concejales Franca Grippo y Felipe Ferrández.
Una fuente del esquema libertario confirmó a Infobae que habrá reuniones políticas entre los referentes y coordinadores de la Sexta con Pareja, Santilli y posiblemente Karina. “Milei no participa de estas reuniones”, avisaron desde el armado bahiense.
Y es que todavía es una incógnita quién será candidato a intendente del espacio de cara al año próximo. En el parejismo están convencidos de que La Libertad Avanza está fuerte como marca y que puede imponerse al peronismo que hoy en día comanda Susbielles. Por el momento se descartó la posibilidad de un outsider, aunque en su momento fueron varios los sondeados. Oportunamente, La Libertad Avanza tiene en la Legislatura bonaerense al exintendente Héctor Gay y al economista Oscar Liberman.
Si bien ninguno de los dos es la primera opción de la cúpula del partido, Liberman es quien tiene un contacto de particular cercanía con Milei, a quien conoce desde antes de su lanzamiento a la política. Una encuesta reciente de DC Consultores lo posicionó como el precandidato más elegido por un 30,1% de los encuestados, seguido por Federico Susbielles y Héctor Gay, con 17,8% y 3,3%, respectivamente.
POLITICA
Una diputada de Unión por la Patria busca declarar tres días no laborables por la visita del papa León XIV a la Argentina
La Cámara de Diputados avanza con distintas iniciativas vinculadas a la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. Entre las propuestas, la diputada peronista Sabrina Selva pidió declarar, con carácter excepcional y por única vez, días no laborables en todo el territorio nacional el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026.
La diputada de Unión por la Patria sostuvo que la visita representa un hecho histórico y que estará acompañada por una gran movilización popular. Según planteó, una ley que declare los días no laborables permitiría otorgar mayor certeza jurídica a la medida de excepción.
“No solo implica un acto que refuerza la fe de millones de argentinos, sino que además resulta una situación extraordinaria toda vez que es un evento al que acudirán con total seguridad, millones de feligreses tanto de nuestro país como de otras regiones de nuestro continente”, expresó Selva.
La iniciativa destaca la “trascendencia histórica, cultural, social y espiritual de la presencia del Papa en la Argentina”. Además, señala que se tratará de su primer viaje apostólico a Sudamérica, con una gira que también incluirá a Uruguay y Perú.
Los vecinos y aliados regionales de la Argentina fueron aumentando en los últimos años las relaciones con las islas Malvinas al margen de las declaraciones de apoyo al país en los foros internacionales. La nueva postura del presidente Javier Milei respecto de la cuestión ha vuelto a sacar a la luz situaciones que no estaban ocultas, pero de las que la política se ocupó poco y nada.
El repentino ímpetu malvinero de Milei y las promesas de sanciones a empresas y particulares que se vinculen con la explotación de petróleo en las islas provocó reacciones en Uruguay y Chile por los perjuicios que eso podría acarrear.
El de Chile es el caso quizás más evidente. La ciudad de Punta Arenas, ubicada sobre el estrecho de Magallanes, sostiene una relación de larga data con las islas, de donde provienen muchos de los chilenos que residen o trabajan allí de forma temporal. La ruta marítima que conecta a Punta Arenas con el archipiélago, de unos 900 kilómetros, cuenta con una historia de 120 años. En el año 2011, una declaración del Mercosur respaldada por Chile prohibió la recala en sus puertos de barcos que naveguen con la bandera de las islas. Posteriormente, en 2012, la ruta quedó completamente cerrada debido a la presión ejercida por el entonces gobierno argentino. Como consecuencia de esta interrupción, los habitantes de las islas debieron recurrir a Uruguay para abastecerse de víveres, repuestos, maderas y todo tipo de bienes.
En las últimas semanas se anunció un acuerdo entre una naviera chilena, Eastern Island Naviera (EIN), y las Malvinas para retomar esa vieja ruta con viajes periódicos cada dos o tres meses. EIN y el gobierno de Punta Arenas aseguran que se trata de un acuerdo entre privados y que no tiene que ver con la futura explotación petrolífera en las islas, que se calcula comenzará en 2028.
El tema volvió al centro de la agenda pública tras la visita a Chile del presidente argentino, durante la cual firmó un comunicado conjunto con su par chileno, José Antonio Kast. En ese documento se estipula que el gobierno chileno evitará las actividades logísticas ilegales entre el país vecino y las islas.
La abogada internacionalista Paz Zárate, consultada frecuentemente por los medios chilenos, sostuvo en el programa televisivo 24 Horas que este texto constituye uno de los documentos más perjudiciales para Chile “en la era moderna”. Según Zárate, el documento establece un respaldo a una alianza antibritánica contraria a los intereses de Chile, considerando que “el Reino Unido es el principal proveedor de la Armada chilena y su alianza militar más antigua”. Por esta razón, afirmó que “Chile no podría sumarse a un boicot contra el Reino Unido como pretende Argentina”.
¿Entonces, en qué consiste el apoyo diplomático de Chile a Argentina por las islas Malvinas? “El Chile democrático ha entregado un apoyo nominal a la causa argentina, pero a Chile le interesa preservar el comercio entre Punta Arenas y las islas”, afirmó la abogada.
Podría preguntarse si para compensar esa pérdida se puede considerar la provisión de gas argentino a Chile. Para Zárate, tampoco en eso hay señales positivas. “Argentina tiene un récord en el Ciadi por violación de acuerdos en temas energéticos y algunos de ellos respecto de Chile”, agregó. El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones y depende del Banco Mundial.
La desconfianza de esta abogada se condice con una encuesta reciente de la consultora chilena Cadem que dio como resultado que el 69% de los consultados considera que Argentina tiene pretensiones territoriales; otro 65%, que las islas Malvinas son británicas y un 60%, que Argentina es un socio poco confiable para Chile.
Días antes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, había asegurado que la región de Magallanes, a la que pertenece Punta Arenas, ha acumulado pérdidas por 300 millones de dólares desde la prohibición de recalar decretada en 2011. Las autoridades chilenas estiman que actualmente, las islas poseen un poder de compra estimado en 20 millones de dólares anuales. Las necesidades de abastecimiento en las islas sobrepasan la capacidad actual de los envíos desde Montevideo y se prevé que la demanda aumente ante el crecimiento poblacional proyectado con la explotación petrolera.
Para impulsar el intercambio, el gobierno isleño y el municipio de Punta Arenas promueven la participación de comerciantes y empresarios de Malvinas en la Expo Comercial de Punta Arenas, prevista para los días 28 y 29 de septiembre. En este encuentro participarán representantes de los sectores de comercio, productos agrícolas, gas licuado, vinos, turismo, elementos de construcción y el rubro naviero.
Uruguay
Montevideo ha reemplazado a Punta Arenas en cuanto al abastecimiento de mercaderías a las islas. Uruguay no permite que lleguen a sus costas barcos con la bandera isleña, pero sí con la de la marina mercante británica. De esta manera elude el acuerdo del Mercosur de 2011. Esto permite el aprovisionamiento de las islas con mercaderías de todo tipo desde Uruguay, pero también habilita servicios portuarios para las naves de varios países que pescan en el Atlántico Sur y de los barcos británicos que van a la Antártida.
Las ganancias por estos servicios, según estimaciones de cámaras comerciales publicadas en medios uruguayos, es de 150 millones a 200 millones de dólares anuales.
También es ya tradicional cada año la presencia en Expo Prado, la principal exposición rural y agropecuaria uruguaya, de un stand de las “Falkland Islands”. El gobierno argentino reclamó por ese hecho pero desde Montevideo se desestimó tomar cualquier medida al respecto.
Hay que recordar que Gran Bretaña y Uruguay firmaron en mayo pasado un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación bilateral. De allí surgió una propuesta para vender a Uruguay tres patrulleras oceánicas de la Royal Navy que serán dadas de baja en 2028.
Una noticia que había impactado muy negativamente en el gobierno esta semana aseguraba que una empresa holandesa estaba estudiando el suelo marino en la costa uruguaya como tarea previa para la posterior instalación de un cable de comunicaciones que uniera ese país con las islas Malvinas. El presidente Yamandú Orsi aseguró que se trataba de una noticia falsa. “Las islas Malvinas son argentinas”, dijo Orsi con la intención de despejar dudas.
Una fuente relacionada con el gobierno isleño negó tener noticias de que se hubiera encargado ese trabajo.
Desde el Ministerio de Industria, Economía y Minería de Uruguay, Pablo Siris Seade, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo a este diario que el gobierno nacional no recibió ninguna solicitud de autorización de empresa o gobierno alguno para realizar ese estudio. “Hay dos comisiones del gobierno que reciben las solicitudes para estos trabajos y solamente hay una que no es de esa empresa y no va al sur, sino al este”, indicó. Además, agregó que “la embarcación de la empresa holandesa Fugro recaló en puertos uruguayos como lo hacen todos los barcos que van y vienen al sur”.
Fugro emitió este viernes un comunicado en el que explica: “El contrato de Fugro para las actividades de estudio del lecho marino es con SubCom, una empresa estadounidense. El estudio forma parte de un proyecto internacional de cable submarino de telecomunicaciones a gran escala que conecta múltiples ubicaciones”.
En Brasil
Pero no es sólo en Montevideo donde recalan los barcos que van y vienen de Malvinas. También lo hacen en Santos, Brasil. Nuestro vecino no sólo da asistencia portuaria sino que también exporta a las islas algunos productos como gas licuado, carne y agua envasada, pero en cantidades insignificantes para la dimensión del país. Lo que sí es relevante es la Asociación Estratégica Reino Unido-Brasil, un acuerdo firmado este año entre ambos gobiernos. Entre sus objetivos se incluye incrementar los vínculos políticos, militares, inteligencia, comerciales y educativos, entre otros. Implica también el respaldo de Londres a Brasilia para la obtención de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Esto eleva la cooperación bilateral a un nivel sin precedentes”, señaló el documento oficial emitido por Itamaraty.
La venta de licencias de pesca es el principal ingreso económico de las islas. El país que más pesca en la zona de Malvinas por medio de joint ventures con empresas locales es España, particularmente la flota gallega. El 94 por ciento del calamar que se obtiene en aguas de las islas tiene como destino el puerto de Vigo.
España, país tradicionalmente aliado a Argentina por su propio diferendo por Gibraltar, ha tenido una posición fuertemente defensiva de la flota que pesca en el Atlántico Sur.
Luego del Brexit, las islas perdieron el acceso libre de cuotas y aranceles al mercado europeo, por lo que las empresas españolas se encontraron ante la perspectiva de tener que pagar aranceles que iban del 6 al 18 por ciento. La presión diplomática y corporativa de Madrid en Bruselas logró que la Comisión Europea reconociera una cuota de calamar que podría entrar a la UE sin pagar aranceles, a los fines de mantener la producción y el empleo que genera la industria.
Podrá decirse que con tres de los cuatro países mencionados la Argentina hoy no tiene óptimas relaciones, producto de la política confrontativa de Milei. También es cierto que esta situación lleva años, o décadas.
El exsecretario general de la OEA y ex canciller chileno José Miguel Insulza decía días atrás que en América Latina las alianzas han desaparecido y que eso hace que nos vayamos quedando atrás. Palabras a medida de la Argentina.
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