POLITICA
ONG apoyaron cambios en el nuevo reglamento para elegir jueces, pero alertaron sobre la eliminación del cupo femenino
El Consejo de la Magistratura discutió en sus comisiones el reglamento propuesto por la Corte Suprema de Justicia para modificar la manera en que se eligen los jueces con la presencia de ONGs que respaldaron la iniciativa, en cuanto a que da transparencia y resta discrecionalidad al proceso, pero le criticaron falta de perspectiva de género.
El debate se dio durante la reunión de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación del Consejo que sesionó para escuchar las posturas de la sociedad civil con respecto a los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.
Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Juezas, expresó la principal preocupación de su asociación: la eliminación del cupo femenino en el nuevo reglamento propuesto por la Corte.
En el reglamento vigente, se debe citar a mujeres si no están primeras entre los primeros seis y si la entrevista es satisfactoria y no hay mujeres en los primeros tres lugares, se debe convocar una mujer para integrar cada terna.
Macchiavelli afirmó: “Me gustaría alertar que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina tal categoría de mujeres y eso no tiene un impacto neutro”.
La jueza subrayó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre “mérito vs. género”.
En contraste, la asociación sostiene que “la condición de mujer no es un factor irrelevante de la toma de decisiones, por el contrario es una categoría jurídica”, cuyo objetivo es garantizar “el cumplimiento de mandatos vigentes”.
Julián Alfie, en representación de Inecip, si bien consideró “urgente” sancionar una nueva normativa, sostuvo que el proyecto “no termina de solucionar los problemas que diagnostica”.
Alfie argumentó que el proceso de selección de magistrados presenta “altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de que inciden factores no objetivos”.
Además, remarcó la “falta de perspectiva de género”, indicando que actualmente el “70% de los cargos de magistrados son varones”.
“Encontramos problemas en la selección de magistrados. Los largos plazos de los concursos que generan vacancias larguísimas, que generan un interinato permanente”, sostuvo.
Según el Inecip, el proyecto mantiene la regla de que los concursos inician solo cuando se produce una vacante y que “los postulantes y los evaluadores saben cuál es el cargo en juego”, lo que constituye el “corazón de la discusión”.
Sin embargo, la propuesta de los jueces de la Corte es hacer concursos anticipados como norma y tener una suerte de banco de candidatos ya elegidos para cuando se produzca la necesidad de cubrir esos cargos.
En línea con la necesidad de objetividad, Clara Lucarella, de ACIJ, remarcó que cualquier modificación del reglamento debe apuntar a la “idoneidad mediante evaluaciones justas, reducir el margen de discrecionalidad en distintas instancias y abrir la información en todas las instancias del proceso”.
La consejera abogada Jimena De la Torre manifestó estar en contra de los cupos y sugirió abordar el problema estructural de las mujeres al inicio del proceso.
Propuso, por ejemplo, bajar un 30% el peso de los antecedentes, para que las mujeres “sientan que hay una real igualdad”, ya que “las mujeres no se inscriben porque saben que caen con los antecedentes”.
De la Torre concluyó que su postura es “aprobar la acordada 4/2026 sin cambios ya que nos deja en un lugar más objetivo y más meritocrático”.
Por su parte, la consejera jueza Agustina Díaz Cordero salió al cruce de las críticas sobre transparencia y la escasa presencia de mujeres en las ternas.
Aclaró que las ternas enviadas que no incluían mujeres correspondían a concursos de 2018 y no aplicaban la Acordada 216/2019, que rige “desde el concurso 436 en adelante”.
Por otra parte, aseguró que el Consejo está “trabajando de manera muy fuerte en todo lo que es transparencia como una política pública”, destacando que las entrevistas son públicas y “se transmiten por YouTube”.
Fernanda Vázquez, consejera por los abogados, sostuvo que “muchas veces hay propuestas que se han hecho en este Consejo que son viables, pero que no reúnen el consenso y lo que se hace en este lugar es un consenso de los estamentos”.
“A mí me preocupa la escasez de abogados concursando, los que llegan; cómo podemos trabajar para mejorar estas cuestiones porque vamos a tener una justicia mejor y más eficiente con abogados de la matrícula”.
Sostuvo que es necesario llegar a consensos. “Esta reunión es prueba de nuestro compromiso y la seguridad que tenemos para que la norma sea mejor”, enfatizó.
Por otra parte, en la reunión de hoy la comisión de Acusación del Consejo decidió citar a una suerte de indagatoria al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por fallar a cambio de coimas para que un empresario pudiera acceder a dólares a cambio oficial.
Y se decidió postergar una decisión similar sobre el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado por maltrato y abuso, pese a los numerosos testimonios que se vinieron escuchando en las últimas semanas.
Los dos magistrados investigados están en etapa de definiciones en sus procesos.
Según se resolvió en la reunión hoy por unanimidad, Salmain será citado en las próximas semanas por el artículo 20 del reglamento, que implica la posibilidad de que el juez investigado haga un descargo, presencial o por escrito, para responder a las acusaciones que pesan en su contra.
La defensa de Salmain buscaba frenar esta decisión en base a la denuncia que él mismo promovió en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el arrepentido Fernando Whpei, que reveló cómo logró que el magistrado sacara un fallo a su favor a cambio de una coima de 200 mil dólares y con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche.
Aunque inicialmente la jueza María Servini había resuelto que esa denuncia de Salmain en Buenos Aires fuera enviada a Rosario porque es parte de su defensa, la semana pasada el camarista Eduardo Farah decidió hacer lugar al pedido del juez. Y ese fallo fue presentado por Salmain para postergar el trámite por su presunto mal desempeño.
No lo consiguió: por unanimidad la comisión decidió avanzar con la citación y darle la posibilidad para sustanciar esa nueva prueba. Allí votaron el abogado Alberto Maques, el senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Álvaro González (Pro), Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Vanesa Siley (Unión por la Patria) y Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y el abogado César Grau.
Quien logró evitar frenar su citación, a través del artículo 20°, fue Maraniello, el juez que se conoció por dictar un fallo que prohibió la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hay cuatro expedientes contra Maraniello por aquel fallo que, según las denuncias, violaba la libertad de prensa. La comisión tenía agendado dar inicio al trámite de esas denuncias contra Maraniello, además de otras por retardo de justicia.
Fue Roca, diputado de LLA, quien pidió postergar los trámites contra Maraniello.
El consejero Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo en la reunión a pesar de que no integra la comisión de Acusación. Viola fue abogado de Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.
El pedido de Roca para postergar los expedientes de Maraniello generó una discusión entre los consejeros, que se habían reunido momentos antes a puertas cerradas y parecían haberse puesto de acuerdo inicialmente.
Al pedir la palabra, Roca solicitó postergar el tratamiento de todos los expedientes cuando ya se terminaba de votar el primero sobre ese juez y habían decidido notificarlo por el artículo 11, que implica notificarlo de nuevas denuncias en su contra. “Posterguemos para que analicemos todos los expedientes de manera unificada”, dijo Roca.
Tailhade contó lo acordado momentos antes a puertas cerradas en torno a la postergación y su colega, Vanesa Siley, planteó que era absurdo acordar que se postergaban todos los expedientes cuando terminaban de votar uno. “Si fuera lógico lo que pide Roca, no tendría lógica lo que acabamos de votar”, señaló.
Tanto el senador de LLA Luis Juez como el abogado Alberto Maques (presidente de la comisión) salieron a sostener el pedido de Roca. Finalmente, todos los integrantes del cuerpo terminaron votando la postergación, incluidos los kirchneristas.
“Por esta vez en particular todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido”, dijo Maques. “En labor yo entendí lo contrario”, quiso dejar asentado Tailhade.
La postergación incluyó avanzar con la citación a hacer su descargo por las graves acusaciones contra Maraniello por maltrato y acoso a los empleados, entre los cuales figura una víctima que habló de abuso sexual.
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POLITICA
Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: llevaron a los primeros 326 internos en un fuerte operativo de seguridad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación iniciaron este fin de semana el traslado gradual de los 1500 internos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de máxima seguridad de Marcos Paz.
El operativo se puso en marcha tras la firma de un convenio entre ambas jurisdicciones y forma parte del compromiso que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había asumido con los vecinos del barrio para vaciar definitivamente esa cárcel.
Para ejecutar el operativo se conformó un Comando Unificado integrado por fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Ese organismo es el encargado de planificar, coordinar y llevar adelante el traslado de manera gradual y progresiva. El plan contempla el perfil criminológico de cada interno y medidas de prevención de riesgos durante el recorrido hasta el nuevo predio.
“Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia”, escribió el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X.
Monteoliva también publicó un mensaje: “Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado”.
“Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada. Seguimos. Ley y orden”, remarcó la ministra.
La nueva unidad, construida por la Ciudad de Buenos Aires y entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación se construyó en un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con capacidad total para 2.232 presos.
La obra estuvo paralizada durante cinco años, hasta que la gestión de Macri la reactivó en diciembre de 2024.
La Cámara Nacional Electoral aprobó la creación de una plataforma para que la ciudadanía reúna firmas electrónicas en apoyo de proyectos de ley que se presenten ante el Congreso. El sistema será gratuito, estará bajo control del tribunal y convivirá con las adhesiones manuscritas en papel previstas hasta ahora para las iniciativas populares.
La medida fue resuelta este jueves mediante la acordada extraordinaria 173. El tribunal, presidido por Alberto Ricardo Dalla Via, deberá definir las condiciones operativas de una herramienta que podrán utilizar personas particulares, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.
La incorporación de este mecanismo digital no altera los requisitos de fondo de la iniciativa popular, incluida la cantidad de respaldos necesaria ni las materias que la Constitución y la ley excluyen de este procedimiento. Sí habilita una vía electrónica para registrar y verificar las adhesiones.
El artículo 39 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. La norma dispone que el Congreso debe dar tratamiento expreso a esas propuestas dentro de los doce meses posteriores a su ingreso.
La Ley 24.747, sancionada en 1996, reglamentó ese derecho y estableció las condiciones para ejercerlo. A diferencia de las iniciativas impulsadas por legisladores o por el Poder Ejecutivo, estos proyectos nacen por fuera de las estructuras estatales y requieren reunir adhesiones ciudadanas antes de avanzar en el trámite parlamentario.
Para presentar una propuesta, los impulsores deberán obtener firmas equivalentes a al menos el 1,5 % del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales. Además, los respaldos deberán provenir de un mínimo de seis distritos electorales.
En las iniciativas de alcance regional, el porcentaje se calcula únicamente sobre los padrones de las provincias incluidas en esa región. La nueva plataforma no modifica esas exigencias y podrá complementar las planillas tradicionales.
La legislación excluye de este mecanismo los proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Los promotores también tendrán que identificar a los responsables de la iniciativa, presentar el articulado con formato de ley, fundamentar la propuesta e informar los gastos y el origen de los recursos utilizados.
La Justicia Electoral administrará y controlará el sistema
La acordada fue firmada por Alberto Ricardo Dalla Via, los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, junto con los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. La resolución asignó la administración exclusiva de la plataforma a la Cámara Nacional Electoral.
La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales será la encargada de administrar, mantener y operar el servicio. También deberá realizar controles periódicos y fijar los resguardos técnicos para garantizar la identificación de los firmantes, la autenticidad de las adhesiones y la protección de los datos personales.
Quienes quieran utilizar la plataforma tendrán que solicitar previamente su habilitación ante esa oficina. El procedimiento no tendrá costo. La resolución todavía no estableció una fecha para la apertura pública del sistema ni detalló los pasos que deberá cumplir cada ciudadano para emitir su adhesión.
El tribunal consideró que las firmas electrónicas podrán respaldar las iniciativas populares si cumplen las condiciones técnicas exigidas. La decisión se apoya en la Ley 25.506 de Firma Digital y en antecedentes judiciales sobre la eficacia jurídica de modalidades electrónicas de suscripción documental.
La acordada diferenció la firma digital de la firma electrónica, aunque sostuvo que esta última puede equipararse a una rúbrica manuscrita cuando ofrece garantías de autenticidad, integridad y no repudio. Los magistrados citaron fallos comerciales y civiles para extender esos criterios al ámbito electoral, bajo las condiciones de seguridad y verificación correspondientes.
Una prueba piloto antecedió a la decisión del tribunal
La decisión se basó, entre otros elementos, en una experiencia piloto autorizada por la Cámara el 21 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el tribunal habilitó una plataforma propuesta por una organización no gubernamental para complementar la recolección de respaldos en iniciativas populares.
Las verificaciones posteriores concluyeron que existían condiciones técnicas para vincular de manera unívoca a cada firmante con el documento que apoyaba. También se evaluaron procedimientos para autenticar las adhesiones, identificar a los usuarios y preservar su información personal.
A partir de esos resultados, la Cámara resolvió avanzar con una herramienta de alcance general que quedará administrada de forma directa por la Justicia Electoral y podrá emplearse en distintas propuestas ciudadanas.
La resolución además mencionó experiencias de Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia con modalidades electrónicas para reunir apoyos ciudadanos. Según el tribunal, esos sistemas ofrecen antecedentes favorables en participación, trazabilidad y validación de identidad.
La validación de las adhesiones seguirá bajo control judicial
La digitalización no reemplazará la revisión institucional prevista por la Ley 24.747. La norma dispone que la Justicia Electoral debe verificar las adhesiones mediante un procedimiento de muestreo, con un plazo máximo de veinte días que puede extenderse a través de una resolución fundada.
Ese control determinará si cada iniciativa cumplió las condiciones legales para ser presentada. La plataforma apunta a facilitar la recepción y comprobación de los respaldos, pero no modifica la intervención judicial ni el posterior trámite legislativo.
Una vez verificados los requisitos, los proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento parlamentario. La obligación constitucional de tratarlos dentro de los doce meses permanece vigente, aunque no implica que el Congreso deba aprobarlos.
La Cámara Nacional Electoral dispuso comunicar la acordada a la Cámara de Diputados y a los jueces federales con competencia electoral de todo el país. La puesta en marcha del sistema quedará sujeta a las definiciones técnicas que adopte el área informática del tribunal.
POLITICA
Con apoyo de EE.UU., el Gobierno impulsa el proyecto del tren a Vaca Muerta para potenciar inversiones energéticas
El Gobierno coordina con las provincias la reactivación de una conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca y prepara nuevos procesos para incorporar inversión privada en otros corredores de cargas. El esquema incluye el futuro del trazado actualmente operado por Ferroexpreso Pampeano y de la línea Roca a cargo de Ferrosur, mientras avanza por separado la privatización de Belgrano Cargas.
La planificación coincide con la puesta en marcha del Corredor Andes-Atlántico, el acuerdo de infraestructura firmado con Estados Unidos en septiembre. En Nación aseguran que los proyectos ferroviarios ya estaban bajo análisis antes de ese entendimiento, pero que se está trabajando en línea con sus objetivos y que la intención es lanzar nuevas licitaciones en lugar de continuar prorrogando las concesiones vencidas.
Uno de los principales proyectos es la conexión ferroviaria de Vaca Muerta con Bahía Blanca. El Gobierno mantiene conversaciones con las provincias involucradas para resolver cuestiones operativas y definir cómo estructurar el trazado. La posición de la administración libertaria es que las inversiones necesarias sean realizadas mayoritariamente por privados.
El antecedente directo es el Corredor Norpatagónico, conocido también como el tren a Vaca Muerta. El proyecto oficial contempla unir Bahía Blanca con Añelo, en Neuquén, mediante la rehabilitación de vías existentes y la construcción de un nuevo acceso ferroviario al centro de la formación hidrocarburífera.
La última configuración técnica oficial prevé intervenir 665 kilómetros de vías: renovar 208 kilómetros, mejorar otros 374 y construir alrededor de 83 kilómetros nuevos. El trazado pasa por Bahía Blanca, Cipolletti y Cinco Saltos antes de llegar a Añelo. El proyecto permanece formalmente suspendido y el Gobierno todavía no definió si conservará exactamente ese diseño o lo reformulará dentro del nuevo esquema.
El plan original buscaba resolver uno de los principales problemas logísticos de Vaca Muerta: el traslado de arena, caños, equipos e insumos hacia Neuquén y la salida de producción hacia los puertos. Una convocatoria realizada para el proyecto había calculado una capacidad de hasta cuatro millones de toneladas anuales, aunque ese parámetro corresponde al diseño anterior y no está confirmado para la nueva etapa.
La necesidad de ampliar esa infraestructura también aparece en documentos oficiales recientes. Al extender provisoriamente la concesión de Ferroexpreso Pampeano, el Ministerio de Economía señaló que se esperan mayores movimientos ferroviarios de arena, equipos e insumos y que hacen falta inversiones significativas para aumentar la capacidad y garantizar la fluidez logística vinculada con Vaca Muerta.
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