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POLITICA

ONG apoyaron cambios en el nuevo reglamento para elegir jueces, pero alertaron sobre la eliminación del cupo femenino

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El Consejo de la Magistratura discutió en sus comisiones el reglamento propuesto por la Corte Suprema de Justicia para modificar la manera en que se eligen los jueces con la presencia de ONGs que respaldaron la iniciativa, en cuanto a que da transparencia y resta discrecionalidad al proceso, pero le criticaron falta de perspectiva de género.

El debate se dio durante la reunión de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación del Consejo que sesionó para escuchar las posturas de la sociedad civil con respecto a los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.

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Los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti impulsan un cambio del reglamento para elegir los juecesMaría Bessone

La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.

Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Juezas, expresó la principal preocupación de su asociación: la eliminación del cupo femenino en el nuevo reglamento propuesto por la Corte.

En el reglamento vigente, se debe citar a mujeres si no están primeras entre los primeros seis y si la entrevista es satisfactoria y no hay mujeres en los primeros tres lugares, se debe convocar una mujer para integrar cada terna.

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Macchiavelli afirmó: “Me gustaría alertar que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina tal categoría de mujeres y eso no tiene un impacto neutro”.

La jueza subrayó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre “mérito vs. género”.

En contraste, la asociación sostiene que “la condición de mujer no es un factor irrelevante de la toma de decisiones, por el contrario es una categoría jurídica”, cuyo objetivo es garantizar “el cumplimiento de mandatos vigentes”.

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Julián Alfie, en representación de Inecip, si bien consideró “urgente” sancionar una nueva normativa, sostuvo que el proyecto “no termina de solucionar los problemas que diagnostica”.

Alfie argumentó que el proceso de selección de magistrados presenta “altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de que inciden factores no objetivos”.

Además, remarcó la “falta de perspectiva de género”, indicando que actualmente el “70% de los cargos de magistrados son varones”.

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“Encontramos problemas en la selección de magistrados. Los largos plazos de los concursos que generan vacancias larguísimas, que generan un interinato permanente”, sostuvo.

Según el Inecip, el proyecto mantiene la regla de que los concursos inician solo cuando se produce una vacante y que “los postulantes y los evaluadores saben cuál es el cargo en juego”, lo que constituye el “corazón de la discusión”.

Sin embargo, la propuesta de los jueces de la Corte es hacer concursos anticipados como norma y tener una suerte de banco de candidatos ya elegidos para cuando se produzca la necesidad de cubrir esos cargos.

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En línea con la necesidad de objetividad, Clara Lucarella, de ACIJ, remarcó que cualquier modificación del reglamento debe apuntar a la “idoneidad mediante evaluaciones justas, reducir el margen de discrecionalidad en distintas instancias y abrir la información en todas las instancias del proceso”.

La consejera abogada Jimena De la Torre manifestó estar en contra de los cupos y sugirió abordar el problema estructural de las mujeres al inicio del proceso.

Propuso, por ejemplo, bajar un 30% el peso de los antecedentes, para que las mujeres “sientan que hay una real igualdad”, ya que “las mujeres no se inscriben porque saben que caen con los antecedentes”.

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De la Torre concluyó que su postura es “aprobar la acordada 4/2026 sin cambios ya que nos deja en un lugar más objetivo y más meritocrático”.

Por su parte, la consejera jueza Agustina Díaz Cordero salió al cruce de las críticas sobre transparencia y la escasa presencia de mujeres en las ternas.

Aclaró que las ternas enviadas que no incluían mujeres correspondían a concursos de 2018 y no aplicaban la Acordada 216/2019, que rige “desde el concurso 436 en adelante”.

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Por otra parte, aseguró que el Consejo está “trabajando de manera muy fuerte en todo lo que es transparencia como una política pública”, destacando que las entrevistas son públicas y “se transmiten por YouTube”.

Fernanda Vázquez, consejera por los abogados, sostuvo que “muchas veces hay propuestas que se han hecho en este Consejo que son viables, pero que no reúnen el consenso y lo que se hace en este lugar es un consenso de los estamentos”.

“A mí me preocupa la escasez de abogados concursando, los que llegan; cómo podemos trabajar para mejorar estas cuestiones porque vamos a tener una justicia mejor y más eficiente con abogados de la matrícula”.

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Sostuvo que es necesario llegar a consensos. “Esta reunión es prueba de nuestro compromiso y la seguridad que tenemos para que la norma sea mejor”, enfatizó.

Por otra parte, en la reunión de hoy la comisión de Acusación del Consejo decidió citar a una suerte de indagatoria al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por fallar a cambio de coimas para que un empresario pudiera acceder a dólares a cambio oficial.

Y se decidió postergar una decisión similar sobre el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado por maltrato y abuso, pese a los numerosos testimonios que se vinieron escuchando en las últimas semanas.

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Los dos magistrados investigados están en etapa de definiciones en sus procesos.

Según se resolvió en la reunión hoy por unanimidad, Salmain será citado en las próximas semanas por el artículo 20 del reglamento, que implica la posibilidad de que el juez investigado haga un descargo, presencial o por escrito, para responder a las acusaciones que pesan en su contra.

La defensa de Salmain buscaba frenar esta decisión en base a la denuncia que él mismo promovió en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el arrepentido Fernando Whpei, que reveló cómo logró que el magistrado sacara un fallo a su favor a cambio de una coima de 200 mil dólares y con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche.

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Aunque inicialmente la jueza María Servini había resuelto que esa denuncia de Salmain en Buenos Aires fuera enviada a Rosario porque es parte de su defensa, la semana pasada el camarista Eduardo Farah decidió hacer lugar al pedido del juez. Y ese fallo fue presentado por Salmain para postergar el trámite por su presunto mal desempeño.

No lo consiguió: por unanimidad la comisión decidió avanzar con la citación y darle la posibilidad para sustanciar esa nueva prueba. Allí votaron el abogado Alberto Maques, el senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Álvaro González (Pro), Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Vanesa Siley (Unión por la Patria) y Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y el abogado César Grau.

Quien logró evitar frenar su citación, a través del artículo 20°, fue Maraniello, el juez que se conoció por dictar un fallo que prohibió la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Hay cuatro expedientes contra Maraniello por aquel fallo que, según las denuncias, violaba la libertad de prensa. La comisión tenía agendado dar inicio al trámite de esas denuncias contra Maraniello, además de otras por retardo de justicia.

Fue Roca, diputado de LLA, quien pidió postergar los trámites contra Maraniello.

El consejero Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo en la reunión a pesar de que no integra la comisión de Acusación. Viola fue abogado de Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.

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El pedido de Roca para postergar los expedientes de Maraniello generó una discusión entre los consejeros, que se habían reunido momentos antes a puertas cerradas y parecían haberse puesto de acuerdo inicialmente.

Al pedir la palabra, Roca solicitó postergar el tratamiento de todos los expedientes cuando ya se terminaba de votar el primero sobre ese juez y habían decidido notificarlo por el artículo 11, que implica notificarlo de nuevas denuncias en su contra. “Posterguemos para que analicemos todos los expedientes de manera unificada”, dijo Roca.

Tailhade contó lo acordado momentos antes a puertas cerradas en torno a la postergación y su colega, Vanesa Siley, planteó que era absurdo acordar que se postergaban todos los expedientes cuando terminaban de votar uno. “Si fuera lógico lo que pide Roca, no tendría lógica lo que acabamos de votar”, señaló.

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Tanto el senador de LLA Luis Juez como el abogado Alberto Maques (presidente de la comisión) salieron a sostener el pedido de Roca. Finalmente, todos los integrantes del cuerpo terminaron votando la postergación, incluidos los kirchneristas.

“Por esta vez en particular todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido”, dijo Maques. “En labor yo entendí lo contrario”, quiso dejar asentado Tailhade.

La postergación incluyó avanzar con la citación a hacer su descargo por las graves acusaciones contra Maraniello por maltrato y acoso a los empleados, entre los cuales figura una víctima que habló de abuso sexual.

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reglamento propuesto,Conforme a

POLITICA

Javier Milei descartó dar asueto por la semifinal contra Inglaterra y seguirá el partido con Karina desde Olivos

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Javier Milei descarta declarar asueto administrativo por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. En Nación aseguran que no planean admitir la solicitud de ATE, que pidió un cese de tareas desde las 12 para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado.

Sostienen que el pedido “no está previsto” dentro de la agenda oficial y que no habrá una disposición general para interrumpir la actividad estatal. En despachos oficiales remarcan que cada área podrá organizarse según sus necesidades, pero sin una decisión nacional que suspenda la prestación de servicios administrativos.

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La Casa Rosada recibió el planteo formal de ATE, dirigido a Javier Milei y con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero. El gremio argumentó que el partido “supera el marco estrictamente deportivo” y pidió mantener guardias mínimas en sectores críticos para cubrir urgencias y emergencias.

En Balcarce 50 toman distancia del reclamo sindical y remarcan que los ministros verán el partido por su cuenta. Buscan evitar que la semifinal altere el funcionamiento administrativo del Estado, aunque reconocen que atravesará la jornada política por su carga simbólica y deportiva.

El Presidente seguirá el partido desde la Quinta de Olivos acompañado por Karina Milei. En su entorno insisten en que el jefe de Estado mantendrá el perfil bajo que viene sosteniendo durante el Mundial para evitar una lectura de utilización política de la Selección.

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Javier Milei seguirá el partido desde la quinta de Olivos (Foto: Presidencia).

El Ejecutivo tendrá, sin embargo, parte de la mesa chica en la Casa Rosada. Santiago Caputo verá la semifinal en Balcarce 50 junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y su mano derecha, Macarena Alifraco. No está confirmado si Diego Santilli también seguirá el partido desde la sede de Gobierno.

La Casa Rosada combina ese perfil bajo con un fuerte despliegue preventivo. El Ministerio de Seguridad reforzó el operativo en la zona de la embajada británica, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, anillos de seguridad y custodia sobre tres objetivos sensibles: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el propio Ministerio de Seguridad.

Leé también: El Gobierno refuerza la seguridad de la embajada británica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

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En Balcarce 50 explican que la decisión responde al componente simbólico del cruce con Inglaterra, la memoria de Malvinas y la posibilidad de concentraciones espontáneas antes o después del partido. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan en Nación.

El Gobierno también monitoreará los eventuales festejos en el Obelisco y en otros puntos de alta circulación de la Ciudad. La coordinación será entre fuerzas porteñas y federales, con el objetivo de evitar incidentes, daños contra edificios públicos o situaciones de tensión frente a representaciones diplomáticas.

El Ejecutivo sigue además el operativo en Atlanta, donde se jugará la semifinal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que habrá 1600 agentes policiales y que la coordinación incluyó a la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad.

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Alejandra Monteoliva aseguró que no se permitirá el ingreso de banderas políticas al estadio (Foto: Prensa Seguridad).
Alejandra Monteoliva aseguró que no se permitirá el ingreso de banderas políticas al estadio (Foto: Prensa Seguridad).

La Casa Rosada también tomó nota de las restricciones para el ingreso al estadio. Las autoridades del evento no permitirán banderas, carteles, camisetas u otros elementos con mensajes políticos, raciales o provocativos, una categoría en la que Monteoliva incluyó las referencias a Malvinas. En Balcarce 50 reconocen que esas declaraciones no cayeron bien internamente. “Tenemos un problema”, admiten en despachos oficiales.

El Gobierno busca ahora evitar que la discusión por las banderas de Malvinas opaque el operativo de seguridad. Remarcan que la Argentina participa del esquema como delegación de coordinación y recomendación, pero que las reglas de ingreso al estadio son aplicadas por la organización y las autoridades locales.

Leé también: El Gobierno asegura que Milei mejoró en las encuestas tras la salida de Adorni y prepara una nueva estrategia electoral

En Balcarce 50 sostienen que todavía no hay avances en contactos concretos para un eventual recibimiento de la Selección si Argentina llega a la final o gana el Mundial. La definición, remarcan, quedará para después de que se resuelva lo deportivo, más allá de que Milei ya puso a disposición la Casa Rosada.

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El Gobierno busca separar ese ofrecimiento de cualquier gesto de apropiación política. Milei dijo que, si el plantel acepta ir a la Casa Rosada, él no estará en la foto y hasta prometió vaciar la sede de funcionarios para que el festejo no tenga interferencia oficial.

El Ejecutivo entiende que el partido excede lo deportivo, pero eligió administrar el clima con cautela: sin asueto, sin actos oficiales vinculados al encuentro y con un operativo reforzado por la sensibilidad del cruce. La prioridad pública será la seguridad; la política, por ahora, quedará repartida entre Olivos, Balcarce 50 y los despachos de cada ministro.

Javier Milei, asueto, Inglaterra

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POLITICA

Ley de Tierras: la oposición cuestiona la eliminación de los límites para compradores extranjeros antes del debate en el Congreso

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A horas de que el Senado comience a debatir el proyecto que modifica la Ley de Tierras, la oposición endureció sus críticas contra la iniciativa del Gobierno. Tanto el peronismo como la Coalición Cívica publicaron documentos muy duros contra la norma.

En ese contexto, el Partido Justicialista difundió un documento en el que salió en defensa de la Ley de Tierras y cuestionó la iniciativa del oficialismo para modificar el régimen vigente. El texto sostiene que la norma se apoya en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y plantea que la tierra debe ser considerada un “bien natural estratégico, escaso y no renovable”, por lo que requiere una protección especial frente a las reglas del mercado.

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Además, el PJ argumentó que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros tienen antecedentes históricos en la Argentina y recordó que esa orientación estuvo presente en distintas etapas de la legislación nacional, desde el Decreto Ley 15.385 de 1944 hasta la Ley de Tierras sancionada en 2011. Según el documento, esas normas nunca implicaron un desconocimiento del derecho a la propiedad privada, sino que buscaron compatibilizarlo con la defensa del interés nacional.

El PJ cuestionó el proyecto que impulsa Milei para modificar la Ley de Tierras. (Foto: PJ).

Como parte de su cuestionamiento al proyecto oficial, el partido también afirmó que la Argentina no constituye una excepción en esta materia. En ese sentido, señaló que países como Brasil, Estados Unidos, Australia, Israel, China y varias naciones europeas cuentan con regulaciones que limitan o condicionan la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente cuando se trata de recursos considerados estratégicos.

Leé también: Diputados opositores piden citar al embajador del Reino Unido tras el paso de un buque de guerra británico por aguas argentinas

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En paralelo al debate legislativo, la Coalición Cívica difundió un documento de 13 páginas, firmado por Elisa Carrió y dirigentes del partido, en el que cuestiona la reforma impulsada por el Gobierno y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía y control territorial. El texto sostiene que “la tierra no es solo un bien económico: también es soporte de jurisdicción, seguridad, presencia pública y continuidad territorial de la Nación” y plantea que la discusión excede la compraventa de inmuebles rurales.

Como conclusión, la Coalición Cívica sostiene que la reforma “coloca el territorio argentino bajo un régimen de disposición política excepcional” y cuestiona que determinadas operaciones puedan quedar sujetas a autorizaciones del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales. Para los firmantes, cualquier modificación de la ley debería “procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación” de los recursos considerados estratégicos.

Los detalles del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei

El proyecto que impulsa el oficialismo para modificar la Ley de Tierras forma parte de un paquete más amplio sobre el derecho a la propiedad privada, que también introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos y el régimen aplicable a terrenos incendiados. Sin embargo, el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros concentró la mayor parte de las discusiones durante el debate en el Senado y sufrió múltiples modificaciones durante su redacción.

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Carrió cuestiona la reforma impulsada por el Gobierno y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía y control territorial. (Foto NA: DDAMIAN DOPACIO)
Carrió cuestiona la reforma impulsada por el Gobierno y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía y control territorial. (Foto NA: DDAMIAN DOPACIO)

La iniciativa elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales sobre el territorio nacional, las provincias y los municipios. También suprime el límite de extensión que puede adquirir una misma persona extranjera —equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con variaciones según la región— y deja sin efecto la restricción para la compra de campos que contengan o lindan con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.

El Gobierno sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y argumenta que la legislación vigente impide el desarrollo de proyectos productivos en distintas regiones del país.

La discusión sobre la Ley de Tierras ya tuvo un antecedente durante el inicio de la gestión de Javier Milei. El Gobierno intentó derogar la norma a través del DNU 70/2023, pero la medida quedó suspendida por una cautelar judicial tras una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). La Cámara Federal de La Plata confirmó esa decisión y el expediente permanece a estudio de la Corte Suprema, por lo que la legislación continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva.

ley de tierras, Congreso, Oposición

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La embajada de Francia celebró los 237 años de la Revolución Francesa y cuestionó el racismo contra su selección

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La embajada de Francia celebró un nuevo aniversario por la Revolución Francesa y apuntó contra el racismo que denunciaron que hay contra su selección de fútbol, que es una de las grandes candidatas para quedarse con el Mundial 2026.

En esa línea, el embajador Romain Nadal dio un discurso en donde cuestionó los mensajes racistas que se extendieron durante las últimas semanas contra los jugadores negros del conjunto galo. “Hoy recordamos y reivindicamos que la Bastilla cayó para poner fin a los privilegios de nacimiento, y 237 años después esto se refleja, por ejemplo, en nuestra selección nacional de futbol conformada por franceses de distintos orígenes que defienden una misma bandera”, remarcó en el comienzo de su palabra.

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Los discursos de odio que pretenden denigrar a nuestros jugadores y quienes ven únicamente el color de la piel, olvidan que la República reconoce ciudadanos, no razas, y que defender la diversidad de la selección francesa es recordar que la promesa republicana sigue siendo la misma: una nación donde la igualdad prevalece sobre el prejuicio y donde cualquiera puede representar a Francia si comparte sus derechos, sus deberes y sus valores”, agregó.

Mbappé fue una de las voces que marcó la lucha contra el racismo

El comentario por parte del diplomático llegó después de una serie de publicaciones que se hicieron conocidas en las últimas semanas. Uno de los casos que generó mayor controversia fue el de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien acusó a la selección francesa de “equipo africano”. Finalmente, la representación diplomática en el país la declaró «persona no grata» a la dirigente.

Nadal también aprovechó el discurso para destacar el vínculo histórico entre ambos países y felicitar a la selección argentina. “El fútbol no es solo un deporte, es un puente entre nuestros pueblos. Francia y Argentina tienen dos de los mejores equipos del mundo, como bien lo mostró la final de 2022, dentro de la cancha somos rivales, pero fuera de ella somos dos pueblos unidos por una pasión en común”, señaló. El embajador también recordó los lazos históricos que unen a ambas naciones: la muerte del Libertador José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, el pensamiento de Juan Bautista Alberdi nutrido en los principios republicanos franceses, y la figura de Alexandre Walewski, hijo natural de Napoleón, quien se desempeñó como diplomático en Buenos Aires.

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Romain Nadal, embajador de Francia

En su discurso, Nadal calificó el balance de la relación bilateral como “muy positivo” e hizo referencia a una serie de acuerdos firmados en el último período. El 28 de junio de 2025, el ministro encargado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, firmó con el secretario de Minas argentino, Luis Lucero, un acuerdo marco en el sector de los minerales críticos, descripto como fundamental para la transición energética. Meses antes, durante una visita a París, el canciller Pablo Quirno suscribió con su par francés Jean-Noël Barrot un convenio destinado a fortalecer la cooperación científica y medioambiental en la Antártida y a reafirmar el compromiso de ambos países con el Tratado de 1959. A esos acuerdos se sumó uno firmado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques con la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, orientado a facilitar la formación de magistrados argentinos en ese país.

En el plano económico, Nadal destacó que las inversiones anunciadas por empresas francesas desde 2024 ascienden a miles de millones de dólares. Mencionó los casos de Eramet en litio en Salta, Carrefour en gran distribución, Danone y Savencia en la industria agroalimentaria, y Total Energies en Vaca Muerta y Tierra del Fuego. El mes previo al acto, la empresa Louis Dreyfus anunció una inversión adicional de USD 400 millones en Bahía Blanca en los sectores de soja y girasol. El embajador precisó que la presencia económica francesa en Argentina ya supera los 7.000 millones de euros de inversión extranjera directa, con más de 250 empresas y 53.000 puestos de trabajo, y anticipó que la celebración de la “Argentina Week” en París en octubre próximo será una nueva oportunidad para estrechar los vínculos comerciales entre ambos países.

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