La semana que transcurrió confirmó lo que se preveía, desde hace ya un tiempo, en el Senado: los pechos inflados, las “entrevistas” con perfume a gloria y la carga de videos con confites musicales -sólo por cumplir un trabajo- durante las sesiones extraordinarias se esfumaron o viraron hacia el uso del inminente mundial de fútbol. No es que el clima sea el inadecuado, ya que oficialismo y dialoguistas irán al recinto el jueves próximo y se aprobarán leyes -cada vez, con menos ganas-, pero la falta de reglas claras de parte de La Libertad Avanza -comanda Patricia Bullrich– y los constantes incumplimientos de la Casa Rosada comenzaron a limar el ambiente de la Cámara alta, mientras se acumulan iniciativas hostiles para aliados.

Una resumida cronología de las últimas semanas y jornadas: a la cómoda siesta de la reforma política -con frustradas operaciones desde Balcarce 50- se sumaron filosas críticas por la iniciativa de zonas frías que avaló Diputados. “Ya se sabía que estaba mal y había que cambiarla, pero Diputados nos dejó un quilombo y vamos a ser partícipes de un ‘tarifazo’ en un momento delicado”, sentenció un referente dialoguista.

El articulado vigente fue impulsado por Máximo Kirchner, durante el gobierno de su colega Alberto Fernández, y sirvió como una de las estocadas finales del mega descalabro energético que durante años fomentó el cristinismo; incluso, con el bolsillo del payaso ya reventado. Diputados hizo las cosas rápido, la administración central cerró con un puñado de gobernadores -curiosos guiños a zonas “cálidas”, lo que hace más delirante el debate- y, de esa manera, le pasó la pelota de titanio a la Cámara alta. Recién ahora se asoma, con mayor claridad y contundencia, el adiós a la diferencia nada menor entre el beneficio vigente sobre la boleta final, en comparación del que se haría sobre el costo de generación del gas, que es el ítem menos jugoso en comparación con la distribución.

“Nos mandaron a activar un palazo en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos el etiquetado frontal de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”, reflexionó un aliado ante Infobae a mitad de la semana que termina. Pocos legisladores presentes. Otros, de viaje. Muchos despachos, en silencio y luces apagadas. Los olímpicos de las declaraciones no pudieron responder consultas básicas.

Encima, en las picardías pinceladas dentro de zonas frías -por caso, deudas-, la Nación expuso también a las provincias, con situaciones similares y la lupa direccionada hacia cómo se fondearon campañas electorales. Un puñado de parlamentarios conoce a la perfección ciertas historias. No sólo eso: se volvió a poner, en el foco de atención, el pisotón de mamut sobre fondos fiduciarios para defender, como sea, el superávit fiscal, el corazón del programa libertario. Será interesante el primer encuentro de comisión que haya para analizar este tema y oír, por ejemplo, a la ex secretaria de Energía Flavia Royón. Su gobernador, Gustavo Sáenz, vive en un “Cirque du Soleil” constante con la Casa Rosada.

“Después de la última reunión que tuvieron senadores con el ministro de Economía –Luis Caputo-, las promesas aún no se concretaron. En cambio, acá, no se le armó un solo lío al Gobierno. Ya van meses de esto, más obras que no reactivan o que dan de baja sin notificar previamente. Ni hablar de proyectos propios, ya que siempre se discuten los de ellos. Luego mandan más leyes y todo queda difuso», se quejó un experimentado legislador del interior del país.

En la agenda de la Cámara alta deben contemplarse otras normas, además de zonas frías y la reforma política: la reciente “Hojarasca” que votó Diputados, la derogación del etiquetado frontal, y la delicada de salud mental, entre otras. Para la sesión del jueves 4 -se estima que habrá Labor Parlamentaria el martes próximo- están en fila, en principio, un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones y la -fileteada- ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Bullrich ventila que aprobará todos los pliegos judiciales ya dictaminados. Dialoguistas esperan más propuestas judiciales desde el Ejecutivo, las respectivas audiencias públicas y no son pocos los que sugieren votar “todo junto”. “¿Durante más de dos años no mandaron nada y nos apuran?“, preguntaron desde una bancada.

En otro bloque, los términos fueron menos cariñosos: “Había un despacho con las firmas requeridas y nunca publicaron -como contó este medio la semana pasada- una orden del día. Lo frenó el presidente de Acuerdos -el libertario Juan Carlos Pagotto– y es anti reglamentario. Justo él, que se cree jurista y dilapida minutos para hablarle a la nada misma. Sin avisar, el Ejecutivo pide el retiro, obligado a pasar sí o sí por el recinto. Entonces, ¿quién tiene el poder de decisión ahora? Pensaba terminado lo del mando acá. Linda manera de llegar a la sesión del jueves“.

flavia royón

La demorada constitución de las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense —que terminó de oficializarse este viernes—, aceleró la actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires. Ahora, los intendentes de todos los sectores buscan que se mueva un proyecto de ley que les permitirá tener libre disponibilidad de los fondos que se destinen a los municipios producto del endeudamiento que vaya a tomar Kicillof. Es una discusión técnica, pero sobre todo política.

Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires solicitó a fines del año pasado que la Legislatura lo autorizara a endeudarse por un monto total nominado en dólares que alcanzaba los 3.685 millones, los intendentes a través de los bloques legislativos prestaron sus votos a cambio de la creación de un fondo destinado a los municipios. Se definió que el mismo —denominado El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal— sea equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones distribuido en cinco pagos fijos para brindar previsibilidad a los intendentes, lo cual Kicillof ya empezó a ejecutar. Sin embargo, en la letra chica también se planteó que el reparto fuera del 70% a través del Código Único de Distribución (CUD) y que el 30% restante fuera asignado a través de tres áreas: los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte y el Instituto Cultural. Eso es lo que no querían los intendentes. Con los últimos movimientos legislativos podrían tener una buena noticia.

A principios de mes, una comitiva de intendentes que representaban a los radicales y a los de Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo -donde se nuclean 69 intendencias de distintos signos políticos- se habían reunido con el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (PJ-K); el vicepresidente Alexis Guerrera (Frente Renovador); además de los diputados y autoridades de bloque, Alejandro Rabinovich (PRO), Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal) y sus pares Juan Pablo De Jesús (PJ) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador). Le dejaron una nota en la que explicitaron que “el deterioro en la actividad económica impacta directamente en la recaudación propia y en los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes”. Pidieron allí, como medida excepcional, dar a los municipios la “potestad para decidir el destino del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal”.

Un diputado del bloque Fuerza Patria responsabilizó directamente a Kicillof de esta situación. “Si él hubiera dado el visto bueno desde un principio para que los fondos fueran de libre disponibilidad, nos habríamos ahorrado todo esto. Cuando giró el proyecto de endeudamiento, no había ni un fondo para los intendentes”, planteó ante la consulta de este medio. En el Ejecutivo aseguran que es toda potestad de la Legislatura y que no tienen problema con cómo se emplean los recursos. Kicillof y su entorno están fastidiados desde hace tiempo con la dinámica de Legislatura. Quien lleva las riendas cuando hay que encarar una negociación es la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila. En el medio, los intendentes.

“Lo que va a ser difícil van a ser los seis meses que viene por delante, ya se lo planteamos al gobernador. No sabemos qué va a pasar. Hay intendentes que no van a poder afrontar el pago de aguinaldos. Por eso, pedimos que los fondos que no son vía CUD sean de libre disponibilidad. Lo hablamos con el Ejecutivo y con la Legislatura. Ese es el cuadro de situación”, reclama un intendente del radicalismo ante la consulta de este medio. Otro, peronista del conurbano, planteó que hay que “priorizar los recursos de la Provincia”. La semana pasada lo graficó con cierta honestidad brutal: “No pueden faltar, comida, bala y remedios”. Por bala, se refería a la inversión en seguridad, no a reprimir.

En las últimas horas, según supo Infobae, podría haber novedades. Está previsto que los Diputados sesionen el miércoles 10 de junio y discutan este tema. Al momento, hay dos proyectos de ley. Uno del diputado Garciarena y otro con las firmas de las legisladoras Alejandra Lordén, Priscila Minnard y el diputado Valentín Miranda. La diferencia entre ambos radica en que el de Garciarena faculta a la comisión bicameral que se creó para el seguimiento de la deuda de Kicillof a que autorice el pago a los municipios. La otra iniciativa no hace referencia a que la comisión bicameral decida la autorización del pago en cuestión, sino que busca darle celeridad. En la reunión de intendentes con legisladores no hubo presencia de legisladores de La Cámpora ni del Movimiento Derecho al Futuro que responden a Axel Kicillof. En el cristinismo consideran, como ya sucedió con otros temas, que es el Ejecutivo quien debe elevar una modificación para la distribución de fondos. “El pedido de endeudamiento lo pidió el gobernador, nosotros buscamos los votos y lo aprobamos. Ahora tendría que hacer lo mismo y mandar un proyecto”, asegura un diputado K.

Hay otro tema atendible. La comisión bicameral para el seguimiento de la deuda y por donde debería discutirse si los fondos que llegan a los municipios serán de libre disponibilidad o no se conformó. Diputados designó a sus miembros. El Senado no. Por la Cámara baja lo integrarán Garciarena, Rabinovich; los massistas Eslaiman y Carlos Puglielli; la camporista Mayra Mendoza, De Jesús y el diputado que forma parte del MDF, Mariano Cascallares. Estos últimos tres de la bancada de Fuerza Patria. En la Cámara alta que preside Verónica Magario aún no hay novedades al respecto.

La dinámica legislativa en la provincia de Buenos Aires está atravesada por la interna del peronismo. Recién esta y la semana anterior se constituyeron las autoridades de las comisiones y se llevaron a cabo las primeras reuniones de las mismas. Hasta hubo reacomodamientos a la integración original de las comisiones. En el kirchnerismo las miradas dentro del Senado apuntan a Magario. El MDF logró retener la presidencia de Legislación General, con Germán Lago. Es una comisión importante porque por allí pasa el grueso de los proyectos de ley. La Cámpora se quedó con Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Sin embargo, el Senado —aunque también Diputados— se prepara para ser un teatro de operaciones de la discusión interna del peronismo. El senador Sergio Berni, dio una muestra de esta situación cuando asumió como presidente de la comisión de Seguridad. “Esta Cámara hace casi seis meses que no funciona y es una falta de respeto hacia los bonaerenses”, lanzó el exministro de Seguridad bonaerense que responde a las directivas políticas de Cristina Kirchner. Los intendentes reconocen que esta situación también impactará en sus expectativas para tener la libre disponibilidad de recursos. Esta semana que inicia no habrá sesión en ninguna de las cámaras.

Cuando este lunes comience la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, la CGT tendrá un papel muy relevante que aprovechará para darle una mayor exposición a sus denuncias contra el gobierno de Javier Milei: Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales cegetista y líder de la UOCRA, fue elegido por sus pares sindicales de todo el mundo como vicepresidente del encuentro en nombre del sector de los trabajadores.

Ese reconocimiento internacional de Martínez, luego de 21 años como miembro del Consejo de Administración de la OIT, le dará un protagonismo que contrastará con la decisión de la administración libertaria de no enviar ningún representante gubernamental para que defienda las medidas adoptadas, tal como sucedió en 2025.

El sindicalismo argentino, que aún no se repuso del shock por no haber podido resistir la sanción de la reforma laboral, tratará de aprovechar el escenario que se abrirá desde mañana: concurrirá a la OIT una numerosa delegación gremial, de una treintena de integrantes, algunos de los cuales presentarán sus denuncias contra el gobierno argentino, y el viernes próximo, por fuera de las deliberaciones de la conferencia, todos participarán de un acto político en el que, junto a sindicalistas de otros países, le darán un marco internacional a sus fuertes cuestionamientos a las políticas de Milei.

“Como viene la Argentina, estará en esta conferencia de la OIT, y posiblemente en la próxima va a seguir estando, en el banquillo de los acusados”, dijo Martínez a Infobae desde Ginebra, en un diálogo en el que, además de hablar sobre la conferencia del organismo, defendió la estrategia de la CGT por la reforma laboral y admitió: “No teníamos mucha fuerza para poder contrarrestar las pretensiones del Gobierno”.

El dirigente aseguró que las negociaciones del sector dialoguista para introducir cambios en la reforma laboral permitieron “mantener estructuralmente de pie a las estructuras sindicales” y, por otra parte, advirtió que la CGT podría realizar otro paro general: “No descarto que tengamos que ir a una medida de fuerza directa”, señaló, aunque “no deben parar solamente los trabajadores; debe ser un paro con una adhesión de la mayoría de la sociedad para que tenga contundencia”.

— ¿Qué puede pasar con los reclamos sindicales contra el gobierno de Milei en esta conferencia de la OIT?

— En cada conferencia se analiza el comportamiento y el acumulado de reclamos que tienen los gobiernos en las distintas latitudes. En este caso, la Argentina va a estar en la primera línea de juego por su comportamiento y de qué manera afecta las condiciones fundamentales de los derechos que tienen los distintos convenios de la OIT.

— ¿Se van a tratar este año las últimas denuncias que la CGT y otros sindicatos ya habían hecho?

— Acá, acá todo es “banda ancha”, lo que quiere decir que primero se presentan los casos, como los de aeronavegantes, la UTA, La Fraternidad o ATE, todos los que sufrieron consecuencias de las medidas que se adoptaron desde el Gobierno y que perjudican los derechos de los trabajadores, y después van surgiendo en la Comisión de Normas de la OIT los distintos expedientes que van a ser considerados en la conferencia.

— ¿Y eso cómo se determina? ¿Por votación?

— Bueno, hay, hay un sistema de control de los distintos reclamos de todo el mundo y a partir de ahí cada continente después va eligiendo qué se trata. Por ejemplo, como trabajadores proponemos que vaya la Argentina. Panamá es otro país de la región que estará sobre la mesa. Depende del peso de lo que se pone en discusión o de lo que se está reclamando.

— ¿Qué denuncias presentará la CGT?

— Cualquiera de los temas que se trata da el volumen para que en el juzgamiento se incluya todo porque todo está interrelacionado de alguna manera. Su suele violar un convenio porque ya violaste otro. Por eso el que hable por la CGT, que será Jorge Sola (uno de los cotitulares cegetistas), va a denunciar las distintas violaciones a los convenios de la OIT que ha cometido la Argentina desde el Gobierno que perjudican a los trabajadores.

— ¿No denunciarán sólo la reforma laboral?

— Ese tema es un capítulo que se tocará sí o sí, incuestionablemente. Cuando se trate el caso de la Argentina, el papel central lo va a tener la CGT por todas las violaciones de los últimos tiempos que afectan los derechos constituidos. Pero se va a hablar de todo. También del cepo salarial. Y como viene la Argentina, estará en esta conferencia, y posiblemente en la próxima va a seguir estando, en el banquillo de los acusados.

— ¿Qué representa su elección como uno de los vicepresidentes de la conferencia de la OIT?

— Creo que es el reconocimiento de una carrera con presencia en el área internacional de la CGT desde hace 20 años, integrando el Consejo de Administración, siendo parte durante casi 18 años del Comité de Libertad Sindical y y también habiendo sido un actor importante en el debate internacional. Por ejemplo, con una denuncia por la actitud del sector empleador y de algunos gobiernos de no reconocer que dentro del Convenio 87 de la OIT debía figurar el derecho a huelga.

— Ese punto se puso a consideración de la Corte Internacional de Justicia, que hace 15 días dio una opinión consultiva en favor de la postura sindical.

— Sí, fueron 12 años de discusiones donde se agotaron todas las instancias habidas y por haber ante la actitud caprichosa del sector empleador. Nosotros nos vimos en la obligación de recurrir a una entidad superior, como es la Corte Internacional de Justicia, para que se determine que dentro de los principios que involucra el Convenio 87 sobre libertad sindical está incorporado el derecho de huelga. Y esa fue la opinión de la Corte.

— Como esa opinión no es vinculante, ¿qué efecto concreto puede tener? ¿En qué los beneficia?

— En principio, hemos logrado recuperar conceptualmente algo que habíamos perdido hace 12 años. Es decir, no es que avanzamos más sino que ahora estamos en el mismo plano que teníamos. Los empleadores en ese momento, junto con algunos gobiernos, ganaron al determinarse que dentro del Convenio 87 no estaba comprendido el derecho a huelga. Rompieron así ese vínculo tripartito que teníamos al poner en tela de juicio el alcance del Convenio 87 tal como se había firmado. Desde hace 12 años intentamos por distintos caminos mantener la lógica que se planteaba desde el nacimiento de la OIT. Por primera vez en la historia tuvimos que recurrir a una entidad superior porque siempre todo se discutió adentro de la OIT.

— ¿Esta opinión de la Corte Internacional de Justicia puede tener alguna incidencia en los vaivenes judiciales de la reforma laboral en la Argentina?

— Es un dato que influye en el marco jurídico.

— ¿Puede influir en el ánimo de los jueces?

— Sí, y es un antecedente de relevancia en favor del derecho de huelga. Ahora, tenemos que reconstruir el affectio societatis como para que de aquí en adelante ni los empleadores ni los trabajadores tengamos que ir a recurrir a una entidad fuera de la OIT para resolver un problema que siempre se resolvió adentro.

— Más allá de la OIT, en la Argentina hay fuertes presiones del ala dura del sindicalismo para que la CGT haga otro paro general. ¿Qué opina al respecto?

— Es natural de que existan sectores que muestren con más énfasis el descontento ante la política laboral y de derechos sociolaborales que expresa el gobierno argentino. La CGT tuvo desde un principio reacciones contundentes para llevar adelante movilizaciones y huelgas generales. Pero cuando comenzó el debate sobre la reforma laboral nos encontramos con un gobierno que tenía 7 senadores y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, y después de las elecciones de octubre llegó a 32 senadores y mayoría en la Cámara de Diputados.

— Tampoco existió una actitud homogénea del PJ.

— Es cierto. Nuestros senadores, por razones que no llegamos a comprender y que no son lógicas, decidieron no integrar la Comisión de Trabajo en el debate del Senado como así también en la Cámara de Diputados. Nosotros ni siquiera teníamos un despacho de minoría.

— ¿Cree que eso fue tan determinante para la sanción del proyecto que impulsaba el Gobierno?

— Si miramos hacia atrás, cuando (Raúl) Alfonsín propone la “ley Mucci” (que promovía una democratización sindical) nosotros no teníamos mayoría en la Comisión Laboral. En ese momento, los diputados peronistas, en minoría, integraron la Comisión Laboral y hubo dos despachos, uno de mayoría y uno de minoría, pero después en el recinto, logramos frenar la ley Mucci.

— Pero eso fue gracias al voto del senador neuquino Elías Sapag. Por un solo voto no prosperó esa ley.

— Por diez votos o un voto es lo mismo. Lo cierto es que esa ley no salió. Ahora, no teníamos un despacho de minoría. Sí o sí teníamos que ir a hablar con quien presidía la Comisión Laboral, que es Patricia Bullrich.

— Pablo Moyano dijo que falló la estrategia de la CGT de apostar a la Justicia para frenar la reforma laboral y que por eso hay que salir a la calle a protestar.

— Habría que ver en qué momento lo dijo y cómo lo dijo, pero él es no es la representación de Camioneros. Ese sindicato tiene a uno de los secretarios generales de la CGT. Ahí hay un problema de identidad o de lo que significa la vida orgánica de Camioneros, que indudablemente hace que cualquiera puede decir cualquier cosa. Eso que dice Pablo Moyano no lo dice Hugo Moyano, que es secretario general de Camioneros, ni tampoco lo dice Octavio Argüello, que representa a Camioneros en el triunvirato de la CGT.

— ¿Usted sigue defendiendo la estrategia de la CGT de haber apostado a la Justicia para tratar de bloquear la aplicación de la reforma laboral?

— Dentro del planteo de la CGT hay un desarrollo estratégico y hay acciones tácticas. El hecho de no tener una plataforma de apoyo político, de no haber tenido la oportunidad de poder sacar un despacho de minoría en el Senado y de estar ante un oficialismo con un volumen político que era diferente al que tenía antes de octubre, hizo que no tuviéramos mucha fuerza para poder contrarrestar las pretensiones del Gobierno.

— Aun así, ustedes lograron salvar las cuotas solidarias para financiar a los sindicatos y que se mantuviera el mismo aporte a las obras sociales.

— No solamente eso. Había un artículo en el proyecto del Gobierno que decía concretamente que las empresas dejaban de ser agente de retención de las cuotas de afiliados. Con eso se desmembraba toda la estructura sindical. Te podés imaginar: tengo 20 mil empresas empadronadas y 400 mil trabajadores en la construcción. Si las empresas dejaban ser agente de retención, ¿cómo hacía para seguir manteniendo la estructura sindical?

— Algunos criticaron el hecho de que en las negociaciones sólo hayan conseguido dejar a salvo el financiamiento de los sindicatos.

— Gracias a las negociaciones, más allá de que no llegaron a fondo, algunas cosas se lograron mantener, como las estructuras de los derechos colectivos. Mantuvimos estructuralmente de pie a las estructuras sindicales como para tener capacidad dentro del desarrollo de una estrategia y después determinar acciones contundentes. Ahora, de todas formas, no descarto que tengamos que ir a una medida de fuerza directa. Está dentro del plan de lucha.

— ¿De qué depende que hagan otro paro?

— La responsabilidad la tiene la CGT y por eso fue elegida esta nueva conducción. Es nuestra responsabilidad generar un sendero donde no vayamos solamente desde la ira o por el grito a decir: “Vamos a un paro”. Al paro lo tenés que instalar, lo tenés que trabajar. No es que solamente deben parar los trabajadores. Debe ser un paro con una adhesión de la mayoría de la sociedad para que tenga contundencia. Si no, van a decir: “Bueno, está bien, pero fue un paro matero porque todo funcionó como si fuera un día normal. Hay que analizarlo también desde el punto de vista sociológico. Para que el paro sea contundente, con fuerza, tiene que ser mayoritario.

— ¿Pero no está creciendo el malestar de distintos sectores de la sociedad por la situación económica como para que decidan un nuevo paro general?

— El hecho de que no haya una dinámica que dé respuesta a la microeconomía y que eso afecte a la cantidad de empresas que han tenido que cerrar o que fueron a la quiebra, como la cantidad de nuevos trabajadores que eran formales y ahora quedaron en condición informal y no consiguen trabajo es un dato concreto, objetivo, que no tiene miradas ideológicas. Es una realidad contundente. Ahora, si vos me preguntás hoy: ¿Están dadas las condiciones para ir a un paro? Mucha gente te dice: “Yo no quiero perder el trabajo, no quiero perder el presentismo”. Es decir, hay una actitud ciertamente conservadora porque el panorama general que se da en el país muestra que hay un gobierno débil en la microeconomía y que existe una sensación térmica de que la sociedad se aleja de darle un apoyo estructural. Pero, sin embargo, tenés un gobierno que, a pesar de toda esta realidad, sigue teniendo un 40% de apoyo.

— Además hay dirigentes que están reclamando hace rato otro paro general, pero cuando llega la hora de concretarlo, sus propios afiliados no paran.

— Claro. Cuando estás afuera de la estructura, podés gritar y gritar, pero cuando estás adentro de la estructura tenés que tener responsabilidad. Porque mañana, si vos actuaste a tontas y locas por el grito de afuera y no fuiste inteligente para tomar una medida en el momento que corresponde como para que sea contundente, la crítica vuelve hacia la estructura sindical que se dejó llevar por los cantos de los gritos de afuera y no asumió su responsabilidad de conducir con inteligencia.

— Este debate interno sobre un nuevo paro general se va a reanudar después de la conferencia de la OIT?

— Creo que sí, pero, mientras tanto, después del Mundial de Fútbol va a comenzar un nuevo plano en el orden político, pensando en el 2027.

— Claro, de alguna forma arrancará la campaña electoral. ¿Qué va a hacer la CGT en materia política?

— Estamos hablando con muchos sectores. No sólo con las fuerzas propias en el orden político, sino que estamos hablando de la necesidad en nuestra fuerza política de generar un proceso de renovación y, por otro lado, de armar una instancia frentista o de coalición para poder recuperar el mando del país a partir de 2027.

— ¿Con el peronismo solo no alcanza?

— No, porque, aparte, muchos de los que se sienten los galanes de una época creen que ahora lo siguen siendo, pero muchos ya tienen el boleto picado.

— ¿A quiénes se refiere?

— A cualquiera. Te puedo decir, qué sé yo, Sergio Massa, (Guillermo), Moreno, hay tantos que aparecen ahora.

— ¿No se refiere también a Axel Kicillof?

— No, Kicillof tiene que resolver primero su interna en la provincia. En principio, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no es el poder de la provincia.

— ¿Habla de su interna con Cristina Kirchner?

— Claro, no es lo mismo que cuando fueron (Antonio) Cafiero o (Eduardo) Duhalde, que además de ser gobernadores tenían el poder de decisión acumulado. El gabinete de Kicillof es una cooperativa. Hay dos o tres que responden a Sergio Massa, dos o tres que responden a La Cámpora, dos o tres que responden a intendentes y después está el resto que responde a Kicillof.

— ¿Eso quiere que la CGT no está encolumnada detrás de la candidatura de Kicillof en forma unánime?

— Mayoritariamente, no. Somos prudentes. (Kicillof) es uno de los candidatos, pero hay otros. Es necesario generar una masa crítica con un cierto volumen de representatividad que no sólo se base en el conurbano. Si tenemos a alguien que tiene un buen andamiaje en el conurbano, pero en el resto del país no tiene adhesión no alcanza. Uno tiene que pensar en todo el país. Nosotros buscamos reconstituir un liderazgo que tenga capacidad de representación a nivel nacional.

— Tampoco descarta a Dante Gebel, ¿no? La CGT estuvo reunida con él y hubo coincidencias.

— Dante Gebel es un outsider que está ahí. Él no dijo todavía qué quiere ser. Habló con nosotros, lo escuchamos, así como hablamos con otros, y después fuimos al encuentro que hubo en Parque Norte (de un sector no kirchnerista del peronismo).

— ¿Pero ve a Gebel como un candidato posible?

— Es alguien que proviene de afuera del sistema político. Dadas las circunstancias, si las fuerzas políticas tradicionales no recuperan un volumen con un candidato que logre enamorar o recrear la confianza mayoritaria, indudablemente hay que estar pensando que quizás necesitás un outsider, como lo fue Milei en su momento.

— Me imagino que en la CGT se reunirán para debatir a qué candidato presidencial apoyan. ¿Hay otros?

— Sí, hablamos con todos, hablamos con los gobernadores y también con una representación empresaria que surge con la intención de querer también jugar en el orden político para promover una alternativa diferente como es la que aparentemente se expresa a través de Jorge Brito. El objetivo de la CGT no es ser furgón de cola sino ser parte del debate en un proceso que nos dé la oportunidad de poder ganar las elecciones en 2027 y decir: “Milei, cumpliste un ciclo, fueron cuatro años, te respetamos, pero indudablemente tus decisiones, los objetivos que planteás con el nivel de agresión y con solamente una mirada macroeconómica y financiera, no representar al ser argentino”.

— De todas formas, ¿cree que alguna orientación del Gobierno deberá mantenerse si hay un recambio presidencial? Pienso en sostener una inflación a la baja o en reducir el déficit fiscal, por ejemplo.

— Es muy bueno lo que decís. Esa la matriz peronista. Representa justamente un equilibrio fiscal. La matriz peronista expresa una trilogía. El capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Esa trilogía del capital, la economía y el bienestar social como objetivo fundamental es lo que representa la matriz peronista, en la que decimos: gobernar es crear trabajo. Para tener un país fuerte se necesita un equilibrio fiscal, ordenar las cuentas, tener un Estado eficaz, eficiente, promotor, propulsor. Y generar el ambiente de confianza como para dar respuesta hacia abajo a la microeconomía, a las necesidades que se plantean en la sociedad civil. Pero también abrir las compuertas para que Argentina incorpore nuevos inversores, para ampliar el volumen macroeconómico que dé la posibilidad de tener más empleo, más producción y más competitividad.

— Entonces puede haber un gobierno peronista que mantenga el rumbo de algunas medidas de Milei.

— Nosotros no chocamos con el tema del equilibrio fiscal y con lo que representa la inflación. Desde hace tiempo venimos diciendo que la inflación es el impuesto a la pobreza. Es más, fuimos los primeros que, cuando Massa se presenta con la oportunidad de ser candidato y asumió como ministro de Economía, en la CGT dijimos que necesitamos una política antiinflacionaria, que la empezó a hacer en su momento cuando provoca la primera devaluación. Cristina (Kirchner) a los 20 días hace una conferencia de prensa, lo ataca y después siguió emitiendo. La platita fácil. Eso no es parte del peronismo.

— Es decir, hay cosas en las que no se puede volver atrás por más que las esté haciendo Milei.

— No se puede seguir gastando más de lo que te ingresa. Y eso no significa que tenés que romper con el Estado y que vas a tener que crear más pobreza. Hay que tener una política de asistencia, de contención, ante un sector de la sociedad que está maltratado, golpeado, que está viviendo en una pobreza cada vez más extrema, pero sin perder de vista la importancia que tiene el equilibrio fiscal. Se puede lograr el equilibrio fiscal sin crueldad.

— Si hubiera un cambio de gobierno en 2027, ¿la CGT va a plantear la derogación de la reforma laboral?

— Tiene que haber un proceso de negociación para optimizar las condiciones que viabilicen la generación de puestos de trabajo sin perder derechos.

— Concretamente, ¿habría que derogarla?

— Forma parte del debate que hay que dar. Con esta reforma laboral, además de perderse derechos, se beneficiaron las principales corporaciones y todo lo que es el sector de empresas de capacidad instalada se ve afectado comparativamente en relación a las oportunidades que se les dan a las grandes corporaciones. Nosotros creemos que las convenciones colectivas son una herramienta fundamental que los empresarios saben manejar y que nosotros sabemos manejar con una postura positiva como para mejorar la empleabilidad, la producción y la competitividad.