El gobierno de Chubut presentó este viernes un proyecto de ley que establece la eliminación de dos cargas tributarias provinciales para quienes construyan o amplíen viviendas durante un período de poco más de un año. La iniciativa, respaldada por las cámaras de la construcción y los gremios del sector, apunta a reducir los costos de edificación, dinamizar la actividad de la industria y generar empleo en todo el territorio provincial.

El gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, fue el encargado de anunciar la medida. “El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa”, señaló.

El proyecto contempla dos beneficios concretos. El primero es la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales. El segundo es una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos sobre los contratos de obra, financiamiento y garantías vinculados a los proyectos. En este caso, el porcentaje de exención variará según la cantidad de empleados que tenga la empresa y la magnitud de la inversión.

Ambos beneficios regirán entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027. La reglamentación de la norma estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).

La iniciativa abarca distintos perfiles. Pueden acogerse a los beneficios las familias que construyan una vivienda desde cero, los propietarios que amplíen una vivienda existente y los desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie total esté destinada a vivienda.

También quedan incluidos los proyectos que ya se encuentran en ejecución, con la condición de que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. La norma excluye expresamente las construcciones con destino comercial, de oficinas o industrial.

Los beneficios impositivos no son la única vía que tienen los chubutenses para acceder a la vivienda propia. El crédito hipotecario constituye otra herramienta que, en el caso de Chubut, tuvo un desempeño destacado durante 2025.

Según datos elaborados en base al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Indec, Chubut registró 19,4 nuevos deudores hipotecarios cada 10.000 habitantes adultos a lo largo del año pasado. Ese número ubicó a la provincia patagónica en el segundo lugar del ranking nacional, detrás únicamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que encabezó la tabla con 46,3 nuevos deudores cada 10.000 adultos. Por detrás de Chubut se ubicaron Neuquén, con 16,5, y Tierra del Fuego, con 15,7.

El dato contrasta con la situación de otras provincias, donde el acceso al financiamiento hipotecario fue casi marginal. Formosa registró apenas 0,8 nuevos deudores cada 10.000 adultos, Santiago del Estero 0,9 y Misiones 1,3.

El proyecto llegó al recinto con el aval de las principales cámaras de la construcción y los gremios que nuclean a los trabajadores del sector. El respaldo refleja la expectativa de que la reducción de costos tributarios se traduzca en un aumento de la actividad, tanto en obras particulares como en desarrollos de mayor escala.

La medida se enmarca en un momento en que la industria de la construcción atraviesa un proceso de recuperación a nivel nacional, impulsado en parte por la reactivación del crédito hipotecario y el aumento de la inversión privada en el sector inmobiliario.

En marzo -último dato disponible- la construcción registró un crecimiento del 12,7% en relación al mismo mes del 2025. Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento.

En Infobae al Regreso, los referentes de Inquilinos Agrupados y Tejido Urbano discutieron el impacto social y económico tras el aumento de los alquileres en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, fenómeno que combina la suba de divorcios y la eliminación de la Ley de Alquileres.

Gervasio Muñoz y Fernando Álvarez de Celis analizaron los índices oficiales, la brecha con la inflación y las condiciones que enfrentan hoy los inquilinos ante el nuevo escenario regulatorio.

La discusión se centró en los números concretos. Matías Barbería puso sobre la mesa tres índices clave para entender la magnitud del aumento tras el cambio de gobierno: “Según Zonaprop, los alquileres aumentaron 195% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El índice oficial del Instituto de Estadísticas y Censos porteño marca un 204% en el mismo período”. Sin embargo, el dato más impactante llegó con el índice nacional: “En la región GBA, que incluye Capital y Gran Buenos Aires, el aumento fue del 657%”.

La inflación acumulada en ese período fue del 355%, lo que implica que “el precio de los alquileres casi duplica la inflación”. La disparidad entre índices, explicaron, responde a que algunos miden precios de publicación y otros lo que pagan efectivamente los inquilinos. “El ajuste viene porque se fue cambiando a las nuevas formas de alquiler fuera de la ley”, detalló Barbería.

Gervasio Muñoz cuestionó la validez de los argumentos de mercado: “Durante la Ley de Alquileres, los precios viajaban por debajo de la inflación y los salarios. Apenas se termina la ley, el mercado impone cualquier tipo de condición y aumentan los precios”. Para él, la intervención estatal es indispensable: “Hasta que no haya intervención del Estado sobre cuestiones centrales en materia de acceso a la vivienda en alquiler, la cosa va a estar cada vez peor”.

Álvarez de Celis remarcó cómo el fenómeno del divorcio multiplica la demanda de vivienda: “Hay una familia y, por una ruptura de pareja, se va de casa y tiene que alquilar otra vivienda. Aumenta por dos la demanda de vivienda”.

Muñoz aportó otra perspectiva sobre el supuesto déficit habitacional: “Hace muchísimo tiempo la población es la misma, pero hay más viviendas que hogares en la ciudad de Buenos Aires. Hay 230 mil viviendas más que hogares”. Sin embargo, buena parte de esas viviendas no se destinan al alquiler tradicional: “Hay un 10% vacías, muchas funcionan como consultorios o no se alquilan porque los dueños las usan como reserva de valor o para alquileres temporarios tipo Airbnb”.

La caída de la oferta formal, especialmente tras la derogación de la Ley de Alquileres, generó una migración hacia contratos informales y nuevas reglas de juego, con los inquilinos en clara desventaja. “El 60% de los alquileres estaba fuera de la ley”, advirtió Álvarez de Celis, señalando que la informalidad se volvió la norma y no la excepción hasta 2023.

El debate expuso las dificultades cotidianas que enfrentan los inquilinos ante la falta de regulación y el poder de negociación de grandes inmobiliarias. Muñoz recordó: “En 2017 se votó en la Legislatura porteña que la comisión en la ciudad de Buenos Aires ya no se la van a cobrar a los inquilinos, sino a los propietarios. Sin embargo, las inmobiliarias te la siguen cobrando igual, porque no te queda otra que aceptarlo”.

La presión financiera afecta especialmente a los jóvenes y familias de clase media, que atrasan su emancipación o deben compartir vivienda para reducir gastos. “Hay jóvenes que comparten habitaciones. Se alquilan camas en la ciudad de Buenos Aires. Las camas tienen precio”, describió Muñoz. Álvarez de Celis sumó: “Una persona que alquila paga entre dos y tres departamentos a lo largo de su vida”.

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Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) salieron este viernes a las puertas del organismo con una protesta tan contundente como ingeniosa. Llevaban caretas de Manuel Adorni y una consigna que jugaba con el doble sentido: «Acá nadie está de Adorni».

El mensaje apuntaba contra el gobierno de Javier Milei, que sostiene al jefe de Gabinete en medio de un escándalo de corrupción mientras avanza con un nuevo ajuste que prevé 700 despidos en el INTI y un recorte de $2.000 millones a su presupuesto.

La manifestación buscó visibilizar un conflicto que viene escalando desde el inicio de la gestión libertaria. El INTI ya perdió al 30% de su planta de trabajadores en poco más de un año.

Ahora, la nueva tanda de despidos pone en entredicho la supervivencia misma del organismo, clave para el desarrollo industrial argentino y custodio de la seguridad de la población.

El recorte que desangra al INTI

El lunes pasado, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, aprobaron un nuevo sablazo a las partidas presupuestarias de casi todas las áreas del Estado. En ese paquete de ajuste, el INTI recibió un recorte adicional de $2.000 millones.

La tijera no vino sola. Días después llegó el anuncio de otros 700 despidos que profundizan el vaciamiento de un organismo técnico con décadas de trayectoria.

Frente a este escenario, la Asamblea Multisectorial del INTI votó seguir dándole visibilidad al conflicto. Los trabajadores no se quedan quietos.

Los trabajadores del INTI saliron a las puertas del organismo con una protesta

En su protesta, apuntaron directamente contra la doble vara oficial. «Es a los funcionarios de la calaña de Adorni a quienes tiene que echar Milei», dijeron.

Señalaron que ahí están «los que estafan al Estado», la casta que viaja a costillas del hambre de la población, que recorta las partidas para atender a personas con cáncer y que se hace mansiones con cascadas.

En este contexto, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares dejaron en claro: «En el INTI no hay ningún Adorni».

Gendarmería bloqueó el acto de empresarios en apoyo al INTI

Días atrás, el gobierno montó un operativo de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional que bloqueó los distintos accesos al Parque Tecnológico Miguelete. El objetivo era impedir que más de cien empresarios pyme y dirigentes industriales realizaran un acto en apoyo al organismo.

El mensaje apuntaba contra el gobierno de Javier Milei

La ministra Alejandra Monteoliva estuvo a la cabeza del operativo. El vallado fue tan estricto que el encuentro debió trasladarse a la vía pública.

Bajo la consigna «Argentina productiva, con el INTI de pie», los empresarios advirtieron sobre el impacto crítico que el ajuste tendrá en la seguridad pública y las exportaciones.

Muchos de ellos manifestaron haber apoyado la gestión actual en las urnas en 2023. Ahora ven con preocupación cómo el gobierno desguaza un organismo del que dependen sus propias operaciones.

Qué hace el INTI y por qué su cierre afecta a empresas y consumidores

El INTI opera en áreas donde el sector privado no tiene competencia técnica ni infraestructura: metrología legal, certificaciones de exportación, controles de seguridad y salud pública.

Los industriales advirtieron que sin el área de metrología legal que cerró Milei, peligra la validación de radares de velocidad, etilómetros y balanzas comerciales en todo el país.

En materia de exportaciones, el golpe es directo. Muchas pymes dependen de las certificaciones del INTI para que sus productos puedan entrar a mercados internacionales.

Sin esas firmas técnicas, las puertas del comercio exterior se cierran.

En Seguridad y Salud, la falta de calibración técnica afecta desde equipos médicos hasta la transparencia del comercio diario. Los empresarios denuncian que la falta de controles públicos dejará sectores estratégicos sin ningún tipo de supervisión.

Reemplazar los controles públicos por laboratorios privados solo encarecerá los costos operativos, aseguran desde el sector empresarial. En muchos casos, directamente no habrá quien reemplace las funciones que hoy cumple el INTI, dejando vacíos críticos en seguridad y calidad.

Mientras tanto, la protesta con caretas de Adorni quedó como símbolo de un conflicto que enfrenta a trabajadores, empresarios y técnicos contra un ajuste que amenaza con desmantelar décadas de capacidades industriales argentinas.