La controversia no se limitó a los ataques de los trolls que presuntamente responden al secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, que salieron a pegarle en cadena al ex presidente Mauricio Macri, sino que también involucró a figuras prominentes del propio gobierno. En ese marco, una de las voces más críticas fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, pese a haber formado parte del Pro, no dudó en cuestionar a aquellos que votaron en contra del DNU.

Bullrich, ex candidata presidencial por Juntos por el Cambio, afirmó: “Los que votaron en contra de los recursos para la SIDE decidieron ponerse del lado de las mafias”. La ministra aseguró que esta decisión solo busca facilitar el accionar de facciones terroristas y obstaculizar la lucha contra delitos complejos en el país.

Sin embargo, esta acusación se ve ensombrecida por un dato inesperado. Según informes de presupuesto abierto, la Gendarmería Nacional, que opera bajo la órbita de la ministra Bullrich, solo ha ejecutado el 50 por ciento del presupuesto destinado a operaciones especiales hasta el día de hoy.

Esto significa que, contrariando el relato oficial, en los primeros ocho meses de gobierno, la mitad de los fondos previstos para financiar investigaciones y operaciones clave en la prevención de delitos complejos ha quedado prácticamente sin utilizar. O, por el contrario, directamente han habido fondos de sobra.

Este desajuste entre el discurso de la ministra y la realidad presupuestaria plantea una incómoda pregunta: ¿Cómo se puede justificar la falta de recursos para la lucha contra el crimen organizado cuando, en realidad, buena parte de los fondos asignados no se están utilizando de manera efectiva? La mitad del presupuesto destinado a operaciones especiales permanece sin ejecutar, exponiendo una brecha entre las palabras de Bullrich y las acciones de su ministerio.

En un momento en que la seguridad es un tema central en el debate público, esta falta de ejecución pone en tela de juicio las campañas de venta de humo y la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno y, por ende, la credibilidad de quienes las defienden. Del dicho al hecho, parece haber un largo trecho que la ministra deberá explicar a la ciudadanía. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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