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Quién es el interventor de Yacimientos Carboníferos apuntado por Arroyo Salgado

Pablo Gordillo Arriagada es el interventor a cargo de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, YCRT, que lleva adelante la explotación de carbón en Santa Cruz. El miércoles, la jueza Sandra Arroyo Salgado sorprendió al vincular la muerte del fiscal Alberto Nisman con servicios de inteligencia y Gordillo Arriagada, el funcionario que el gobierno de Javier Milei mantuvo al frente de YCRT a pesar de su pasado vinculado a los gobiernos kirchneristas. Desde la empresa salieron ayer a negar, en diálogo con , los vínculos a los cuales se refirió Arroyo Salgado.
En la causa por la muerte de Nisman está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. La Justicia estableció que el fiscal fue asesinado.
El miércoles, Arroyo Salgado aludió a una supuesta reunión de Lagomarsino con el gerente de YCRT, Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada, durante una hora y media. La misma habría tenido lugar en abril pasado.
Desde YCRT negaron que hubiera existido la reunión y aseguraron que Lagomarsino no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa, donde enmarcaron las publicaciones en la web que aluden al supuesto encuentro como una “operación”.
En la compañía recordaron que YCRT sufrió tres ataques informáticos en los últimos años. Uno de los ataques fue en septiembre de 2024, que motivó una investigación en el Juzgado Criminal Correccional N° 4 que todavía está abierta. Los responsables de la empresa vincularon los ataques informáticos con las publicaciones sobre la reunión.
En sus declaraciones, Arroyo Salgado dijo que “difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”.
Pablo Gordillo Arriagada fue nombrado en octubre de 2024 al frente de la intervención, luego de la salida del anterior interventor, Thierry Decoud, quien fue denunciado por un presunto “pedido de coimas”. En diciembre de ese año, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Decoud, quien había sido despedido por el presidente Javier Milei.
Gordillo Arriagada, un hombre de confianza del gobernador santacruceño Claudio Vidal, asumió la intervención de la empresa en octubre de 2024, como parte de un acuerdo con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Es licenciado en Ciencias Políticas, nació en Caleta Olivia, ciudad por la que fue candidato a intendente en 2019, cuando ya militaba en el recién formado Somos Energía para Renovar, SER, partido fundado por Vidal en 2018 y del cual el interventor también fue parte de fundación. Antes de asumir al frente de YCRT fue gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado.
En el pasado se desempeñó como asesor gubernamental para la Cámara de Diputados en asuntos referidos a la minería e hidrocarburos. Además, estudió Opinión Pública, Marketing y Derecho y fue consultor en asuntos mineros, petroleros y energéticos, y especialista en diseño de campañas y proyectos de desarrollo local. Esto lo llevó a ser hombre de consulta permanente en el área energética del gobernador Vidal.
También fue parte de las gestiones kirchneristas de Daniel Peralta y de Alicia Kirchner. Durante el período de Peralta estuvo al frente de las secretarías de Interior y la de Desarrollo Humano, en tanto que dirigió la Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia entre 2013 y 2015. Gordillo luego dejó el kirchnerismo para fundar un nuevo partido.
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Causa ANDIS: ordenan que Gendarmería perite los audios de Spagnuolo para saber si fueron manipulados con IA

La Justicia ordenó que Gendarmería realice el peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa que ya acumula cerca de 20 procesados por presuntas coimas y que avanza hacia una nueva tanda de procesamientos.
Como parte de la medida, el exfuncionario deberá presentarse en tribunales para aportar una muestra de su voz, que será comparada con las grabaciones que dieron origen al expediente.
El juzgado ya fijó los puntos de pericia que deberán analizar los especialistas. Antes de que comience el estudio técnico, Spagnuolo tendrá que grabar determinadas palabras y frases que luego serán cotejadas con los audios difundidos públicamente. El objetivo es determinar si la voz corresponde efectivamente al exfuncionario y establecer si los archivos presentan signos de edición, manipulación o generación mediante inteligencia artificial.
La medida se produce por pedido de las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos sacados de contexto, habrían sido grabados en distintos momentos y combinarían expresiones de Spagnuolo con otras que no le pertenecerían.
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La estrategia apunta a demostrar que el material carece de autenticidad y reclamar la nulidad de la causa. En esa línea, la defensa del extitular de ANDIS, encabezada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe técnico privado que detectó, según sostuvo, un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.
El peritaje fue ordenado tras un fallo de la Cámara Federal y representa un cambio respecto del criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez subrogante Sebastián Casanello (ahora está en manos de Ariel Lijo). Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación debido al riesgo de que una eventual falsedad o adulteración pudiera afectar el resto del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
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Entre los aspectos que deberán analizar los peritos figuran el origen natural o sintético de los archivos, la detección de eventuales procesos de edición, la comparación de parámetros acústico-fonéticos y la identificación de posibles intervenciones mediante herramientas de inteligencia artificial o síntesis digital. También deberán examinar dos audios adicionales disponibles en internet para detectar divergencias o modificaciones entre las distintas versiones.
El estudio técnico se suma a una investigación que ya avanzó por otras vías. Aun cuando se detectaran irregularidades en las grabaciones, el fiscal federal Franco Picardi reunió pruebas independientes de esos audios, entre ellas capturas de chats en las que se hace referencia a presuntos sobornos.
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La causa investiga un supuesto esquema de direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el expediente están procesados Spagnuolo, exfuncionarios, empresarios y otros presuntos integrantes de una asociación ilícita que, según la acusación, habría adjudicado contratos millonarios a cambio de coimas de entre el 12% y el 20% de los montos involucrados.
En paralelo, un informe del Ministerio de Salud incorporado a la causa advirtió presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la ANDIS durante 2025. El documento analizó operaciones vinculadas a insumos ortopédicos y médicos y señaló diferencias de precios que, en algunos casos, superaron ampliamente los valores de referencia utilizados por otros organismos del Estado.
Según ese informe, también se detectaron presuntas conexiones societarias y familiares entre proveedores, además de posibles maniobras de simulación de competencia. El análisis relevó 505 expedientes por más de $18.368 millones y fue incorporado al expediente judicial que investiga el presunto fraude millonario en el organismo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Gendarmería
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Qué respuestas podría tener la declaración jurada de Manuel Adorni, según expertos

“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”, dijo el presidente Javier Milei el 6 de mayo último. Pasaron más de tres semanas y el jefe de Gabinete todavía no entregó a la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada de 2025. Allí debería explicar el origen de los fondos para la compra del departamento de Caballito, la evolución de sus deudas, sus ingresos y gastos, y cualquier otro cambio en su patrimonio al cierre del año pasado. Pese a eso, el documento no responderá a todas las preguntas que surgen de la investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito.
Una fuente que trabajó en la OA explicó que las declaraciones juradas funcionan como una “base” para cualquier investigación. “Siempre hay que tener en cuenta que la presentación no indica que lo que haya declarado se encuentre bien, en cuanto a si allí está la totalidad de sus bienes y deudas, gastos e ingresos y, además, si los importes consignados son los correctos”, indicó.
Un especialista en compliance, también con pasado en la función pública, consideró que la presentación de la declaración jurada “es importante, pero puede no ser decisivo” en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según mencionó, ese delito lo comete aquel que tiene ingresos o un nivel de vida por encima de sus “ingresos legítimos” como funcionario. “No se comprueba solo con la falta de justificación, pero ¿qué pasa? El funcionario tiene que poner cuáles son sus ingresos y eso es una herramienta que tiene para defenderse”, consideró el experto en cumplimiento normativo.
En esa causa, el fiscal Gerardo Pollicita busca respuestas sobre el origen de los fondos que Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo , en función de la fecha de cada uno de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85 millones de la tarjeta de crédito durante 2025, tal como reveló .
Esta próxima declaración jurada se insertará en ese rompecabezas. No lo completará, pero puede aportar indicios sobre los hechos investigados que hayan ocurrido el año pasado: de dónde obtuvo los US$30.000 por parte de la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa incorporación, si convalida el supuesto acuerdo por fuera de la escritura de US$65.000 que declaró el hijo de una de sus financistas, las posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior y cómo aparece el importe de las reformas en Indio Cua. Según el contratista Matías Tabar, ascendieron a $245.000 dólares.
Esto implica que la declaración jurada puede contener mucha información para la Justicia, aunque también algunas limitaciones. Una de ellas es la temporal. Esta declaración jurada se circunscribirá a todo lo ocurrido hasta el cierre de 2025. No entran pagos como los de los viajes a Punta del Este o Nueva York, ocurridos en febrero y marzo de este año. Ambos insumieron alrededor de US$13.000, de acuerdo con fuentes judiciales.
Todas esas cuestiones sobre departamentos, autos y deudas se discriminan dentro del apartado sobre evolución patrimonial. Esto se complementa con los ingresos y gastos. Sobre los primeros, existen las categorías “Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos”, “Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias” y los “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación”. De hecho, el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, cuando rectificó su declaración jurada de 2025 agregó $21 millones provenientes de una “herencia”.
El ítem de gastos contiene a los “Gastos No Deducibles en el Impuesto a las Ganancias” y a “Gastos Personales”. Allí podrían estar incluidos los pagos por consumos con tarjeta de crédito, según el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción. En 2024, su última declaración jurada, Adorni no declaró nada en ese rubro. De ese modo se diferenció del Presidente, de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y del resto de los ministros de ese momento que sí declararon haber tenido gastos personales durante ese año.
Las fuentes consultadas por también advirtieron sobre posibles omisiones en las declaraciones. El 25 de marzo, Adorni había dicho en una conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Sin embargo, tal como pudo saber este medio, durante abril de este año agregó en el anexo reservado de su cónyuge la casa de Indio Cua que había comprado en noviembre de 2024. “El texto de la ley dice omisión maliciosa. Ahí empiezan los abogados a pelear qué es maliciosa o no”, analizó la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción.
La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública detalla que la declaración jurada debe contener los bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles, los bienes muebles registrables como autos, depósitos en bancos, créditos, dinero en efectivo dentro y fuera del país, inversiones cotizables, deudas, ingresos y egresos anuales derivados del trabajo, de rentas o de sistemas previsionales. Gran parte de esa información suele incluirse en una tabla de cinco columnas. Allí se completa: “tipo”, en alusión a qué clase de activo o pasivo se declara, su “descripción” (explica qué es), “origen fondos”, “titularidad” (utilizado para discriminar si es propietario 100% o en un porcentaje menor) e “importe”.
Esto último le aporta trazabilidad a la evolución del patrimonio. Por este motivo, la última declaración jurada de Adorni en manos de la Oficina Anticorrupción, correspondiente a 2024, servirá como punto de partida para la presentación de la de 2025.
Según esa presentación, el jefe de Gabinete concluyó 2024 con dos inmuebles (uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata), dos autos, $2,4 millones en efectivo, otros US$42.500 en efectivo, unos US$6.220,23 depositados en el exterior, un saldo a su favor en ARCA de $2.001.060,69 y declaró bienes del hogar por $3,6 millones. Uno de los indicios que puede aportar su próxima declaración jurada es si utilizó parte de estos activos para incorporar otras propiedades. En ese caso, los números anteriormente detallados podrían verse modificados.
En paralelo a los activos, Adorni declaró cuatro deudas al cierre de 2024, que sumaron $95,4 millones. En caso de haberlas cancelado durante 2025, ese número se reduciría. Y si se hubiera endeudado más, también debería verse reflejado.
Dos de las cuatro deudas poseen el carácter de hipotecarias. Allí aparecen la mujer retirada de la Policía Federal y su hija. En sede judicial declararon que le prestaron US$100.000 a Adorni y Angeletti, que al momento de su testimonial judicial les debían US$70.000 y que la cancelación total de la hipoteca incluye intereses.
La compra del departamento en Caballito debería aparecer en la próxima declaración jurada, según los expertos consultados. Adorni y Angeletti lo adquirieron en noviembre de 2025 por un valor de US$230.000, tal como refleja un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Sus vendedoras, dos jubiladas les financiaron la operación con una hipoteca que cubrió US$200.000 del total de la venta. Y según fuentes judiciales, los US$30.000 restantes fueron pagados. Esa nueva deuda, así como el origen de fondos y porcentaje de titularidad sobre la propiedad son ítems que se esperan encontrar.
En la historia sobre el departamento de Caballito aparece una cuestión que despertó el interés de los expertos consultados por . El hijo de una de las jubiladas, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. De allí surgen dos grandes preguntas: ¿Esa supuesta deuda será reconocida por Adorni? ¿Cómo?
“Lo primero que hay que ver es si hay papeles, si es acreditable”, señaló la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción. Para ello, revisar la declaración jurada de Feijoo ante ARCA puede ser una alternativa de los investigadores.
Por otra parte, las refacciones en la casa del country Indio Cua también podrían tener un lugar en la declaración jurada. El contratista Matías Tabar sostuvo en sede judicial que los gastos ascendieron a US$245.000.
La fuente que trabajó en la Oficina Anticorrupción explicó que las mejoras a un inmueble pueden tener distintos modos de “exposición” en la declaración. Una alternativa es agregar “mejoras del inmueble” y el valor. Otra posibilidad es que dichas refacciones estén incluidas dentro del importe total que se le asigna a la propiedad.
Por su parte, el especialista en compliance indicó que este tipo de erogación también puede aparecer en la línea sobre gastos, siempre y cuando se trate de operaciones realizadas por Adorni. En caso que todo esto haya sido encarado por Angeletti podría estar en el anexo reservado.
De acuerdo con el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción, “la técnica de declaración indica que si las mejoras son iguales o superan el 20% del valor de compra de la propiedad deben declararse dentro del valor total del inmueble, o el valor del inmueble y el valor de la mejora”. Si fuesen menores a ese 20% podría incorporarse en un rubro de gastos.
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Imagen inédita de Cristina Kirchner: su departamento se “transformó” en la Casa Rosada y salió a saludar a la militancia

Dentro de dos semanas se cumplirá un año del arresto domiciliario de la expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, tras haber sido condenada por la Causa Vialidad. En este contexto, y ante la presencia de cientos de militantes, la dirigente salió al balcón de su departamento en San José 1111 durante la proyección de un video que transformó la fachada del edificio en una réplica visual de la Casa Rosada.
La iniciativa surgió del intendente de Hurlingham, Damián Selci, referente de La Cámpora. Junto a numerosos militantes, se ubicó frente al domicilio de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, para llevar adelante la intervención audiovisual. Selci calificó la acción como “una inmensa demostración de amor y lealtad”.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió imágenes del evento y expresó: “De Hurlingham a San José. De San José a la Casa Rosada”. Y agregó que acompañaron a Cristina junto a miles de vecinos y reafirmó el respaldo del distrito: “Hurlingham siempre con Cristina”.
La escena se completó cuando la también exvicepresidente saludó desde el balcón, mientras la proyección creaba la ilusión de que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. El encuentro incluyó cánticos de “Vamos a volver”, globos azules y carteles que exigían su liberación y proclamaban su inocencia. “Con Cristina hasta la luna”, enfatizó Selci en otra publicación.

La manifestación se realizó cinco días después de la última aparición pública de Kirchner, quien el 25 de mayo saludó a quienes la acompañaron para celebrar el Día de la Patria y el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, en 2003.
A lo largo de ese día, los organizadores compartieron mensajes en redes sociales en los que llamaban a “liberar a Cristina para liberar la Patria” y convocaban a la militancia para que el próximo 25 de mayo la exmandataria esté en libertad.
El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, ratificando la pena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pocos días más tarde, el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso el arresto domiciliario de Kirchner, quien fijó su residencia en el departamento de la calle San José. Desde entonces, el lugar se transformó en un punto de encuentro para militantes que, durante todo el año, se concentraron para pedir su liberación.
A partir de esta semana, y durante la extensión de todo el mes de junio, dirigentes cercanos y militantes tienen previsto organizar actos frente a su domicilio. Además, el 20 de junio, Día de la Bandera, se planea una movilización desde Parque Lezama.

“El indulto a Cristina Kirchner no es un programa de gobierno”
Quien se expresó sobre la situación judicial de la expresidente en Infobae en Vivo fue el Presidente de la Auditoría General de la Nación y referente peronista, Juan Manuel Olmos.
En este sentido, Olmos diferenció entre soluciones institucionales y políticas: “Yo creo que Cristina es inocente, esa es mi percepción. La salud institucional de la Argentina necesita que una expresidenta tenga las garantías del debido proceso penal”.
Sin embargo, rechazó la idea de que el indulto sea un eje de campaña: “Eso es una condición política que tiene que tener el peronismo de hacerse cargo de esa situación.Ahora, eso no es un programa de gobierno. El programa tiene que ser cómo vamos a sacar a los argentinos de esta situación”.

Y determinó, en relación a las internas dentro del peronismo: «Si discutimos ideas, se pueden llevar adelante. Si discutimos modelos de país, políticas públicas, cómo se gobernaría, ahí está la solución del problema. Si vamos a discutir desde lo personal, no vamos a tener ninguna chance en el 2027“.
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