El Gobierno está en una situación ambivalente. Las encuestas muestran que la declinación de su imagen frente a la opinión pública se detuvo. Pero aquel debilitamiento, que parece haber tocado un piso, dio origen a una nueva administración. Existen cambios que se produjeron durante los últimos meses que dan la sensación de que difícilmente el oficialismo siga siendo el mismo. Aunque revierta la caída.

Una encuesta elaborada por la consultora de Hugo Haime, con base en el índice de aprobación y desaprobación de la gestión Milei, exhibe una leve suba en el nivel de aceptación: pasó de 34 a 35% entre los meses de abril y mayo. Mientras tanto, el rechazo a la administración libertario cayó de 63 a 61% en el mismo período.

El escenario se repite en la evaluación de las expectativas sobre la Argentina de acá a un año, que es una pequeña muestra del pensamiento del electorado sobre la capacidad del Gobierno para resolver problemas. En abril, quienes consideraban que el país iba a estar mejor representaban al 32% de los encuestados. Un mes más tarde, esa cifra trepó a 33%, frenando la caída que el índice experimentaba desde diciembre. El mismo fenómeno se tradujo en quienes aseguraban que estaríamos peor: pasaron del 50 a 48%. Se trata así de pequeños movimientos que dan la idea de que la dinámica de deterioro del oficialismo se ha detenido.

Estos pequeños datos se encuadran en un marco en el que aparecen fenómenos que dan cuenta de modificaciones más estructurales. Por ejemplo, quién es el principal responsable de los problemas económicos de la Argentina. En los dos primeros años del desembarco de Milei en el Ejecutivo, La Libertad Avanza podía responsabilizar por las dificultades a la herencia recibida, y con mucha lógica. Aquel paradigma cambió. Hoy es Milei el culpable de aquella dimensión: el 42% de los encuestados imputan las dificultades materiales a su política económica. Por el contrario, un 33 por ciento todavía atribuye la responsabilidad al kirchnerismo.

No es la única variación molesta para el Presidente. Dentro de un ranking de conocimiento y evaluación de dirigentes nacionales, la senadora Patricia Bullrich tiene una imagen positiva del 41,7% contra una imagen negativa del 55%. Milei, mientras tanto, se encuentra en el orden del 38,7% y 60,9% respectivamente, cifras que se presentan como un obstáculo en un eventual balotaje. Hay un significado oculto en esta comparación: el universo de la opinión pública oficialista -el no peronismo- ubica a Bullrich por encima del jefe de Estado, lo que lleva a la exministra de Seguridad a emitir señales de diferenciación.

Cristina Kirchner goza de un 42,7% de imagen positiva y un 56,4% de imagen negativa, convirtiéndose en la figura con mejor concepto en el país. Dichos números son prueba del marcado nivel de polarización política en la Argentina. Aquellos que no comulgan con las ideas del mandatario se miran mejor en el espejo del peronismo y ven en la ex presidenta a la principal líder opositora. Hay quienes interpretan que esta circunstancia se debe, en cierta medida, a su silencio. Le va mejor cuanto menos aparece.

Estos números impactan de lleno en la estrategia discursiva del Gobierno, con un Milei que se aferra al peligro kirchnerista para diluir diferencias de matiz existentes con Mauricio Macri o Pro. Así lo demostró, entre otras tantas oportunidades, al dar inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso, a través de un discurso insultante contra la bancada kirchnerista. Las palabras del Presidente contrastan con el discurso de Luis Caputo, ministro de Economía, quien pretende dejar en claro ante los inversores que no existe riesgo alguno sobre la vuelta del kirchnerismo.

Si bien la polarización no resulta inconveniente para el líder de LLA, sí lo es para Axel Kicillof, quien se encuentra por debajo de Cristina Kirchner -39,5% de imagen positiva y 52,9% de imagen negativa-, con quien comparte electorado. Se trata de un dilema para el gobernador bonaerense respecto de su carrera electoral, que todavía no lanzó.

Otro dato interesante: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostiene una brecha de 40,5% entre imagen positiva y negativa -26,3 y 66,8 respectivamente-, lo que agiganta la incertidumbre sobre por qué tanto Javier como Karina Milei continúan sosteniéndolo. Adorni era la gran apuesta del oficialismo y quien representaría al Gobierno en la gran batalla por el electorado de la Capital Federal. Ese trono hoy está vacante, con otros aspirantes a ocuparlo. Una de ellas, que todavía no asomó la cabeza, es Pilar Ramírez, líder del bloque libertario en la Legislatura porteña y ojos y oídos de la Secretaría General de la Presidencia en la política de la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de Milei opera en otro contexto. Ya no es lo que era y enfrenta otros demonios. Uno de ellos es el proceso de sustitución de liderazgos ante la opinión pública, que el propio Presidente deberá analizar si es capaz de revertir. Tendrá, por ejemplo, que superar a Bullrich, a quién no saben dónde ubicar. La candidatura a vicepresidente estaría escriturada para Martín Menem. Ramírez se quedaría con la Jefatura de Gobierno en Ciudad. Se le endilga al Gobierno ser responsable también por la situación económica. No tiene resto para usar la carta de la herencia recibida. Del otro lado, un kirchnerismo amenazante que puede complicar la llegada de inversiones. El panorama necesita de una nueva interpretación.

Dentro de este mundo hay un inconveniente central, sistemático e inocultable: la corrupción. Estalló la semana pasada un complejo caso vinculado a Arsat, la empresa encargada dentro del Estado del tendido de fibra óptica. La “niña de los ojos” de Julio De Vido generó durante el kirchnerismo 36.000 kilómetros de fibra óptica, contra 18.000 y 16.000 de Telecom y Telefónica. Es una gran perla para cualquier privatización o tercerización de funciones.

El escándalo se debe a que se descubrieron depósitos en los que se robaban dispositivos que compraba Arsat. Producto de la pericias de teléfonos y llamadas, apareció en escena Gerardo Boschin, que había trabajado para la compañía de telecomunicaciones y actualmente se desempeña como gerente de contrataciones y compras.

Es una clara ilustración de la falta de reflejos por parte del oficialismo. Mientras se desata la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, y Adorni gasta su vida en acomodar los números para elaborar un declaración jurada que nunca llega, Boschin es el protagonista de un escándalo que lleva semanas siendo investigado. Pero hasta el lunes mantenía su cargo.

Sin embargo, no es el único involucrado ni el más llamativo. La pesquisa también salpicó a Facundo Leal, quien era llamado en broma “Facundo Leal a José Luis Manzano”, por su gran dependencia con el empresario y su socio Daniel Vila.

Leal es un funcionario de Arsat, que pasó por varias funciones dentro del Estado, a quien le allanaron dos domicilios: un departamento en Palermo y una casa en Mendoza. Le encontraron, sumados en ambos domicilios, aproximadamente US$2.400.000 en distintas monedas, en efectivo. A este funcionario del Gobierno de Javier Milei le encuentran también cantidades de cocaína, ketamina y éxtasis. Y balanzas para pesar esas drogas.

Este es un dato muy importante. No desde el punto de vista médico o sanitario. Es muy importante desde el punto de vista político. Porque Facundo Leal, que tiene, dicen quienes lo conocen, una gran adicción a las drogas pesadas, más o menos desde el año 2010, hoy está preso. Es una bomba de tiempo. En el Gobierno muchos se preguntan con temor cuánto aguanta la presión de la Justicia, la indagación de un fiscal, alguien con semejante nivel de adicción y en una situación de abstinencia y, obviamente, de estrés, como cualquiera que está pasando por un proceso judicial tan complicado.

Facundo Leal es un mendocino que llegó a la ciudad de Buenos Aires, al Gobierno nacional, de la mano de un dirigente de la provincia de Mendoza llamado Rodolfo Gabrielli, que fue gobernador de Mendoza, ministro del Interior en la época de Duhalde, titular de la Casa de la Moneda en la época de Kirchner, de donde se fue en medio de un escándalo, y estuvo también en Arsat, una empresa de tendido de fibra óptica y tecnología, muy ligada a las telecomunicaciones. Leal estuvo allí durante el gobierno de Alberto Fernández. Está muy ligado, por la vinculación con los mendocinos, a Sergio Massa. Pasó después a la Agencia de Control de Aeropuertos, el Orsna. Pero seguía estando en Arsat. Porque, astuto, logró que el sindicato de telefónicos lo nombre delegado de la empresa, con lo cual, informalmente, porque esto no está previsto en los estatutos, él tenía un lugar en el directorio, que lo tiene hasta ahora.

Su paso por el Orsna fue bastante escandaloso porque muchos empresarios de la construcción, que hacían obras en aeropuertos de distintos lugares del país, se quejaban de que algunos delegados de Leal pedían, hasta donde se sabe, coimas del 5% para que el Orsna habilitara determinadas obras para esas empresas constructoras. Esto se sabía, era vox populi en el mundo aeroportuario. Ocurría en un bar del Aeroparque Jorge Newbery, a la vista de todo el mundo.

A pesar de todo esto, a Leal lo pasaron desde el área del Orsna a Transporte. Ahí trabajó con otro funcionario al que despidieron junto con Leal: Luis Pierrini, también mendocino, vicepresidente de Independiente Rivadavia, el club que controla Daniel Vila. Todo tiene que ver con todo y, por lo tanto, hay un vínculo entre Pierrini, Leal y el fútbol, a través de Vila.

¿Cómo llega Pierrini al gobierno nacional? De la mano de Juan Pazo. Era el secretario de Coordinación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Fue después titular de ARCA. Pero, durante el gobierno de Macri, era superintendente de Seguros. ¿Por qué esto es importante? Porque Pierrini es el dueño de la compañía de seguros Triunfo, con sede en Mendoza. Dicen los que conocen el sistema financiero que cuando Pazo y Luis Caputo no estaban en la función pública, manejaban un fondo, Anker, y colocaban títulos en la aseguradora Triunfo de Pierrini. Todo este sistema, Transporte, Arsat, componen una órbita del Estado donde se tramitan infinidad de negocios, controlada por el “Mago del Kremlin” Santiago Caputo. Esto es inquietante porque hay negocios que se realizan a la sombra del asesor presidencial -licitaciones, contrataciones, todos estos escándalos- que en alguna medida rozan al ministro de Economía, Luis Caputo.

Santiago Caputo tiene una enorme influencia en el Ministerio de Economía, y la acaba de reforzar en estas horas. Fue desplazado de allí José Ignacio García Hamilton, un gran funcionario, muy prestigioso dentro en el mundo legal del Gobierno. Fue reemplazado por Juan Ignacio Stampalija, que hasta hoy fue el subprocurador general del Tesoro. Un muy buen abogado, especialista en derecho internacional, que tuvo mucho que ver con el caso YPF en la Cámara de Nueva York, donde se dio vuelta el caso con argumentos que ya venían trabajando ante la Justicia neoyorquina los abogados del Estado desde la época de Bernardo Saravia Frías.

Quiere decir que, a partir de hoy, el mago del Kremlin controla plenamente el área de Legales del Ministerio de Economía, porque Stampalija depende de María Ibarzabal, mano derecha e izquierda de Santiago Caputo, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. En definitiva, hay todo un esquema, que es el esquema de la abogacía del Estado, crucial en muchísimos casos, que también está bajo la dependencia política de Santiago Caputo, “el Mago”.

Echaron a Pierrini, el jefe de Leal en Transporte. Echaron a Leal. ¿Por qué los echaron? De nuevo, el fútbol. Los echaron, dicen, por estafas. Hay una gran cantidad de versiones. No: los echaron porque iniciaron un viaje de “placer” a Barcelona y a Ibiza en el avión que se le imputa a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. No hay que aclarar quién es porque está envuelto, no en uno, sino en cien escándalos.

Viajaron en ese avión de Toviggino, piloteado por el crucial Gustavo Carmona. Dicen que el día que Carmona hable se cae el universo. Piloto del avión que se atribuye a Toviggino, Carmona es compañero de tenis en el Club San Juan con Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, y con su segundo, el secretario de Justicia, Santiago Viola.

Toda la familiaridad que hay, ya conocida, entre el mundo del Gobierno y la AFA. Tema del que no sabemos qué opina Milei, que siempre fue un abanderado en contra de esa especie de ¿mafia? que hay dentro de la conducción del fútbol.

A todo este universo de funcionarios ligados, sobre todo, empresarios mendocinos, hay que sumar nada menos que a Diego Chaher, que es el responsable de las privatizaciones del Gobierno. También viene de las empresas de Vila y Manzano. Y en Trenes siempre se habló de una dependencia de Pierrini y de Leal, que es el que está más complicado por los US$2.400.000, por las drogas, etcétera, del empresario Leonardo Scatturice, que es una especie de otro yo, jefe, socio, no se sabe muy bien qué, también del “Mago” Caputo.

Scatturice vive en Miami y manejaría, desde ese lugar, algunos negocios del Estado. Por ejemplo, hay empresarios que quisieron entrar en un concurso para el tendido de fibra óptica en estaciones de tren, a quienes desde las inmediaciones de Santiago Caputo les dijeron que no, que “eso lo maneja Scatturice desde Miami, por lo tanto tienen que ir a hablar allá.” Se produjo el viaje. Scatturice es dueño de Flybondi, empresa con problemas. Es importante porque toda el área de aeronavegación también la maneja Santiago Caputo.

¿Qué es lo importante de todo esto? Primero, el drama que significa para un Gobierno que venía a combatir la corrupción que le aparezca un caso de corrupción de gran dimensión, todas las semanas. Que aparezca un sector empresarial de “expertos en mercados regulados”, como diría Antoni Brufau, el presidente de Repsol, cuando presentó a su nuevo socio Enrique Eskenazi. Empresarios que no viven de competir en el mercado. Empresarios que viven del contacto político, de la proximidad con el poder, que están todo el tiempo escaneando el Estado para ver dónde encuentran al funcionario que les abra la puerta para un negocio.

En un Gobierno —esto es importante, parece un detalle técnico pero no lo es— que ha ampliado mucho el monto correspondiente a adjudicaciones directas. Ya son montos muy impresionantes, por los cuales se pueden cerrar negocios sin hacer licitaciones internacionales públicas y competitivas. Hay, entonces, una contradicción entre un Gobierno envuelto en la bandera de la desregulación, del mercado para todo, como pretende Federico Sturzenegger, con este otro Gobierno, donde en áreas como la energía, el transporte y las telecomunicaciones parecería estar todo ya atado y asignado por alguien como Santiago Caputo.

Estamos en el reino de las anomalías. Una anomalía es algo que se desvía de lo que dice la ley o de lo que marca tradicionalmente la costumbre. Acá hay una anomalía muy curiosa que pasa como natural. Negocios importantísimos del Estado que los estaría decidiendo, y nadie lo desmiente, Santiago Caputo, con un poder extraordinario, pese a que no es funcionario y no tiene firma. Firman sus subordinados. Entre él y su hermano Francisco se deciden las operaciones del Estado, pero no tiene responsabilidad administrativa. Es un asesor del Presidente que tiene apenas un contrato de locación de servicios en la Secretaría General de la Presidencia. Curiosamente, en la oficina de su enemiga, Karina Milei.

Esta es una gran rareza que tiene que ver con un Gobierno que, por su procedencia, por haber llegado desde las afueras del Estado y de la política, se podría decir que carece de cultura cívica. Y donde aparentemente hay una estrategia de alguien, tal vez del propio Caputo, que como pretende manejar toda esta área del Estado e influir en la adjudicación de determinados negocios, no quiere ser funcionario. Tal vez se cuida de, después, tener que prestar declaración en tribunales, como le pasa al pobre Adorni, o a otros funcionarios, como Leal, que hoy está preso.

Milei ya se ve obligado a tomar una definición sobre este problema, que es el orden de preocupaciones que ve hoy la sociedad como cuestiones principales a resolver en el país. En la encuesta de Haime aparece como primer problema la corrupción, con un 39%. Había sido un problema secundario hasta ahora. La lista de problemas la encabezaba la inflación. Por un éxito del Gobierno, la inflación fue desplazada.

No es solamente la corrupción de la licitación pública ni de quién se queda con Arsat o qué negocios se organizan para proveer de mercaderías a esa empresa. La corrupción también implica la presencia en la Argentina, cada vez más frecuente, de redes mafiosas.

Todos vemos con espanto el asesinato de Agostina Vera en Córdoba. Es parte de esto. El público lo identifica como parte de un país donde hay poco control de muchos delitos complejos. Delitos pesados. En estas horas hay una pregunta que circula en voz baja en Córdoba: ¿Es cierto que hay otra chica desaparecida, de 17 años, desde hace más o menos tres días? No tenemos más datos que éste, que la pregunta. Pero es una pregunta que se la hace gente muy bien informada en Córdoba.

¿Cómo reacciona el Gobierno frente a esta agenda? Un gobierno que dice tener a la corrupción como enemigo y a la moral como política de Estado. Ningún funcionario habla de estos casos que están apareciendo dentro del Gobierno. Solo hay cuentas fantasmas de un sector que se tira con causas judiciales y delitos contra otro sector dentro de la feroz interna que enfrenta a Karina Milei y los Menem con Santiago Caputo y su grupo, “Las Fuerzas del Cielo”.

La misma encuesta que nos muestra el ranking de políticos nos devuelve a este problema para el Gobierno: Patricia Bullrich. El Gobierno encara todo este drama con impugnaciones contra el periodismo y un intento de manipulación de la Justicia. Milei sostiene que el 95% del periodismo es corrupto. Ese 95% habla de estos temas. El 5% del periodismo transparente los ignora. Es rarísimo.

Ataques al periodismo y manipulación judicial confluyeron en un caso que se va transformando día a día en un escándalo: el de la candidata a jueza en un Tribunal Oral Federal de La Plata, María Verónica Michelli. El Ministerio de Justicia y el Presidente mandaron al Senado el pliego de esa candidata a integrar ese tribunal para que le diera su acuerdo. Y de golpe lo retiran cuando ya había una mayoría en la comisión de Acuerdos que había firmado para darle el visto bueno.

Esto es un dato técnico muy importante porque hay una discusión constitucional acerca de si, una vez que el Senado intervino, se puede retirar el pliego. Porque la aprobación de un juez es un acto complejo donde intervienen distintos poderes. Entonces, si el Gobierno ahora retira el pliego, como lo ha querido retirar, se expone a un problema constitucional porque estaría avasallando un poder de otro órgano del Estado.

El retiro del pliego lo decidió Karina Milei. Lo decidió porque se enteró tarde de que Michelli era la cuñada de Hugo Alconada Mon, a quien obviamente el Gobierno detesta por las investigaciones que lleva adelante sobre algunos escándalos importantes dentro del propio Gobierno, empezando por el caso $LIBRA.

La decisión supone, obviamente, una discriminación para la cuñada de Alconada, que ahora ve frenada su carrera por el solo hecho de ser cuñada. Y es, además, un ejercicio tácito, indirecto, subliminal, de censura sobre Alconada y sobre el resto del periodismo. Porque un periodista tiene derecho a preguntarse si avanzar en alguna investigación que moleste a Milei o a Karina Milei puede generar problemas para la carrera de algún pariente.

El caso Michelli confirma que el oficialismo de La Libertad Avanza es liberal en determinadas políticas de mercado -no en las que tienen que ver con contrataciones como las que manejaban Pierrini, Leal o Boschin- y muy poco republicano en su concepción del poder. Por eso se lo caracteriza como un populismo de derecha.

Este lunes el problema escaló porque Patricia Bullrich, que está mejor que Milei y mucho mejor que Karina Milei en el ranking de imagen pública, emitió un tuit de un voltaje inesperado: “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Micheli a jueza federal. Conozco y respeto la facultad del Presidente de proponer y retirar pliegos. Soy parte de este proyecto. Hablé con él para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. No me vean como diferenciándome. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda la vida”.

Aparentemente, en el caso de la jueza Michelli, Bullrich encontró algún tipo de contradicción entre el proyecto y sus principios. Y por eso emite este tuit, que es un cañonazo en la nave de Karina Milei. En los próximos días se verá cómo se procesa este conflicto, porque la hermana del Presidente también tiene su carácter y es quien decidió retirar el pliego, muy mal asesorada por el ministro de Justicia. Habrá que ver los costos que están dispuestos a pagar. Es una pregunta misteriosa en este Gobierno, porque, también en el caso Adorni, aparecen costos infinitos. Habrá que ver también cómo sigue el conflicto porque este tuit de Bullrich va al corazón de la sala de máquinas del Gobierno, donde está instalada, manejando las palancas, Karina Milei.

Un Gobierno que frena su caída. Un Gobierno que tiene que revertir esa caída. Pero que ya es otro Gobierno. Ya no es el que conocimos hasta hace tres o cuatro meses. Ha cambiado la identidad del Gobierno de Milei.

La Justicia dio un paso adelante para identificar la red de intermediarios que se movían alrededor de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, y lograban acceder de manera exprés al Sistema de Importaciones de la República Argentina, más conocido como SIRA. El fiscal Franco Picardi identificó a “Pato”, una de las personas que aparece en los chats del financista. De acuerdo a las pruebas que hay en el expediente, se trata de Patricio Guido Marre, un asesor inmobiliario de la zona de Nordelta a quien Migueles habría conocido a través de una expareja. Tras la identificación, el fiscal pidió analizar todas sus llamadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Sospecha que puede ser un nexo con exfuncionarios.

Migueles tenía agendado a Marre como “Pato Juli” en alusión al nombre de la inmobiliaria donde trabaja, propiedad de su mujer. “Cuando empiezan a salir las grandes arreglamos un porcentaje porque vos obviamente te movés para conseguir el cliente, yo me muevo para laburar con la mina esta, y Pato obviamente nos hizo el vínculo”, dice Migueles en un audio enviado en marzo de 2023 a otro de sus contactos. En esa misma conversación, discuten sobre el reparto de las comisiones.

A través de los mensajes de Migueles, el fiscal logró reconstruir una reunión que habría tenido lugar el 18 de enero de 2023 en un reconocida parrilla de Nordelta. En ese encuentro estuvieron “Pato” y Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, otro de los intermediarios. “Los diálogos posteriores al encuentro permiten inferir no sólo que la reunión efectivamente se concretó, sino también que habría resultado altamente positiva para los intervinientes”, sostuvo Picardi al pedir nuevas medidas de prueba.

Entre esas medidas, el fiscal pidió los registros de llamadas entrantes y salientes y mensajes SMS, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, tanto de “Pato” como de Caputto. “La información solicitada resulta idónea para el avance de la investigación, en tanto permitiría corroborar vínculos, secuencias temporales y patrones de interacción relevantes para la reconstrucción de los hechos pesquisados”, argumentó Picardi.

Los investigadores siguen tratando de identificar a “la vieja del Central” y a “la señora”, otros dos intermediarios que conseguían dólares baratos o facilitaban el sistema de las importaciones. Fuentes que conocen la trama apuntan a una exfuncionaria del Central que se jubiló y ya no trabaja en la entidad. Otros apuntan a la contadora Valeria Fernández, que integraba el Registro de Auditores Externos del BCRA y tenía llegada a todos los financistas.

Picardi pretende escalar en la cadena de responsabilidades. Por eso, insistió en las últimas horas para que la Aduana identifique a los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante todo 2023. Puntualmente, el fiscal quiere saber sobre los funcionarios que intervinieron en los procesos de autorización a NEMES S H de Fuentes N y Mazza, TEFASA y Fizika SRL. Los nombres de esas tres empresas también surgen de los chats de Migueles.

Dólar blue y rulo

El otro tramo de la causa tiene que ver con el “rulo financiero”, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Ahí se apunta a la posible connivencia entre los “cueveros” y los funcionarios del Banco Central. Hasta ahora hay solo cinco funcionarios imputados y allanados. Todos de segunda línea.

Para avanzar, Picardi le pidió al Banco Central que identifique a todos los funcionarios de jerarquía que tenían injerencia en el control de las casas de cambio, entre 2020 y 2023. Y que se detalle “los circuitos internos de autorización, validación, control y reporte existentes en relación con el acceso al mercado oficial de cambios”.

El fiscal también solicitó una copia de los sumarios en trámite contra las casas de cambio investigadas y un informe “pormenorizado” sobre los pesos que se utilizaban para fondear las cuentas de esas agencias. “Deberá establecerse la identificación de las personas humanas y jurídicas que inyectaron los pesos con los que se inició el circuito de adquisición. Asimismo, se deberá establecer la trazabilidad de las divisas adquiridas en el marco de las operaciones descriptas en los sumarios de las entidades mencionadas durante el año 2023″, reclamó mediante un oficio.

El Banco Central tiene en marcha al menos cuatro sumarios que investigan operaciones de aquella época. Uno de esos casos es el de Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles. Entre enero y diciembre de 2023, esa agencia compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.

Piccirillo es un actor central en la causa. De hecho, todo comenzó por unos audios que grabó el financista y terminó aportando el expolicía Carlos “El Lobo” Smith, que amagó varias veces con ampliar su declaración como arrepentido. Picardi pidió en su momento la detención de Piccirillo en el country “El Yacht” de Nordelta. El financista se escapó del lugar, a la vista de los efectivos de la Prefectura. Los investigadores sospechan que en esa maniobra descartó su teléfono celular.

El fiscal volvió sobre esa línea de investigación. Acaba de pedirle a la Asociación Vecinal Nordelta un listado de todas las personas que ingresaron a la casa de Piccirillo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Coincide, en parte, con el período que compartió junto a Jesica Cirio en esa propiedad. Picardi también quiere la información sobre los movimientos en la casa que ocupaba Martín Migueles dentro de ese barrio. En ese lugar se dio una reunión clave entre Piccirillo y Smith la noche posterior a la emboscada que terminó con la detención de Francisco Hauque. El expolicía reveló que esa madrugada, Cirio tuvo “una crisis de nervios”.