El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su repudio al fallo de la semana pasada que absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por, entre otras acciones, bloquear la empresa Rey Distribución SRL, ubicada en San Pedro. La entidad consideró “escandaloso” el criterio jurídico del juez que firmó el fallo, Alejandro Gabriel López.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó “su rechazo al escandaloso criterio jurídico adoptado por el juez Alejandro Gabriel López, del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, en la sentencia del 14 de octubre de 2026 que absolvió al dirigente del sindicato de camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados”.

“El referido magistrado reconoció la existencia del bloqueo por reclamos sindicales que, mediante personas y un colectivo del sindicato, impidió durante cuatro días el ingreso y egreso de los camiones de la empresa. Sin embargo, encuadró arbitrariamente ese bloqueo en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y, sobre esa base, descartó su carácter antijurídico”, reprochó la entidad, que preside Fernanda Miérez.

Al rechazar el criterio del juez que absolvió a Cabaleyro, el Colegio recordó que es “ilegal” el “bloqueo extorsivo a una empresa o comercio, aun cuando pudiera haber un reclamo laboral o sindical legítimo”. La entidad subrayó: “Parece insólito tener que recordar que el derecho a manifestarse no es absoluto, por lo que su ejercicio debe desarrollarse dentro del marco legal y respetar los derechos de terceros, en particular el derecho de propiedad, la libertad de comercio y la libre circulación/tránsito”.

“Un precedente como el expuesto debilita el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, condiciones necesarias para la generación de empleo y el desarrollo del país. Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera indispensable que ese absurdo criterio sea corregido en las instancias judiciales de revisión”, se subrayó en el comunicado del Colegio.

Cabaleyro fue absuelto el miércoles pasado. El fallo se basó en que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos de parte de los empresarios en maniobras de extorsión. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad.

El fallo del juez López derivó en amplios repudios, que incluyeron un pedido de jury que presentó Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás y actual diputado bonaerense. Además, se expresaron contra la decisión judicial numerosas entidades.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las instituciones que repudiaron el fallo del juez López. “Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.

La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró el fallo “un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) consideró que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución de Cabaleyro. “La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, se indicó en un comunicado de la entidad.

El oficialismo se encamina esta noche a aprobar en Diputados un proyecto de ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos, en busca de desactivar uno de los frentes políticos más sensibles para el gobierno de Javier Milei.

Tras una serie de reuniones a contra reloj y negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y modificaron fuertemente la iniciativa original, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y del peronismo.

Con la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado al frente de las conversaciones, coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem, el oficialismo hizo circular desde temprano el borrador del dictamen al que le fue incorporando numerosos ajustes mientras avanzaba la megasesión de este miércoles.

En un giro inesperado, Machado, junto a su par libertaria Gisela Castelnuovo, activaron el diálogo con representantes de UP, entre ellas, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever la intención de una parte de Unión por la Patria de respaldar el dictamen si se tomaban en cuenta una serie de cambios.

La bancada que conduce Germán Martínez quedó ante la disyuntiva de acompañar o no una propuesta que termina por recoger los reclamos del colectivo de discapacidad, quienes esta tarde expresaron su aval a la propuesta oficialista.

Hasta ayer, el sector todavía se inclinaba por la prórroga de la emergencia en discapacidad que apuntalaba el bloque UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda.

Los cambios

Entre las modificaciones más resonantes el proyecto establece por ley los requisitos, que hasta el momento era dispuestos por el Poder Ejecutivo, para acceder a las pensiones por discapacidad. Entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica, no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

El texto también mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. A su vez, se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.

Otro de los puntos centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que actualmente rondan los $278.323 millones, este último un reclamo expreso de Pro.

En cuanto a las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. Asimismo, garantiza la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación, que había sido eliminado en el proyecto del presupuesto.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque de Argentina Federal, fue el encargado de capitalizar todos los reclamos en un dictamen que presentó ante el recinto y en el que plasmó los aportes que él mismo había conseguido incorporar a la iniciativa original de LLA. A estos se sumaron nuevas concesiones durante la tarde, que terminaron por inclinar la balanza a favor del Gobierno.

Al momento de presentar su dictamen, Herrera Ahuad envió un mensaje al Gobierno y le reclamó que se comprometa a retirar el capítulo VI del proyecto de presupuesto, que incluye una serie de derogaciones y modificaciones contrarias a la iniciativa que venían impulsando las principales figuras legislativas del oficialismo: Menem, Rodríguez Machado, Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici.

En concreto, el proyecto presupuestario propone derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores l Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este fue uno de los reclamos más reiterados durante el debate por los bloques más críticos, que exigieron al Ejecutivo dar marcha atrás con las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027.

“Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente”, advirtió la diputada Sabrina Selva, al reclamar la eliminación expresa de los artículos cuestionados.

Presión de la Iglesia

Según pudo saber , autoridades del Episcopado se reunieron ayer a última hora con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.

La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.

La presión se hizo aún más evidente este miércoles cuando la Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad tras los contactos que mantuvo con los distintos legisladores, en la que expresó su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.