El Gobierno defendió la Emergencia Ferroviaria que se declaró en el año 2024 después de un accidente entre trenes en Palermo. Justamente, las formaciones involucradas en aquel siniestro eran del ramal San Martín, que recientemente fue objeto de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en donde se ponía en foco las irregularidades que tenía esta línea.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, señaló en un comunicado difundido en los últimos días que la medida impuesta por el Decreto 525/2024, publicado en junio del 2024, está “orientada a priorizar inversiones y acelerar intervenciones sobre los componentes más sensibles para la seguridad y la confiabilidad de los servicios”.

En ese sentido, describieron que se realizaron más de 300 acciones en el sistema ferroviario, “concentrando los recursos en infraestructura crítica, material rodante, señalamiento, comunicaciones, sistemas de seguridad y mantenimiento”. Luego tomaron un punto sobre el informe de la AGN y respondieron: “Las cuestiones difundidas públicamente coinciden, en gran medida, con los problemas estructurales que la actual gestión identificó desde el inicio y que motivaron la implementación de este programa integral de recuperación ferroviaria”.

Según el informe que publicó el organismo estatal, se detectaron deficiencias en los mecanismos de fiscalización del mantenimiento y las prácticas operativas del Tren San Martín.

Desde la Secretaría sostuvieron además que las acciones impulsadas avanzan en el mismo sentido que muchas de las recomendaciones formuladas por la AGN, orientadas a fortalecer los mecanismos de control, el mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, la actualización de la normativa técnica y la modernización de los sistemas de seguridad y señalamiento.

En ese marco, el organismo concluyó que las observaciones del ente de control “no contradicen el rumbo adoptado por esta gestión, sino que reafirman la necesidad de continuar profundizando las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria”.

En el caso particular de la Línea San Martín, durante este período se impulsaron distintas acciones orientadas a fortalecer la operación y mejorar las condiciones de mantenimiento. Entre ellas se destaca la adquisición de tres nuevas locomotoras, la primera compra de este tipo realizada para la línea desde el año 2015, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de material tractivo y brindar un servicio más confiable. Actualmente, dos de esas unidades ya fueron incorporadas a la operación.

Asimismo, se avanzó en los procesos de adquisición de repuestos críticos y equipamiento técnico destinado al mantenimiento ferroviario. En paralelo, se ejecutan intervenciones vinculadas a la implementación del sistema de frenado automático ATS, la modernización de sistemas de señalamiento, la recuperación de material rodante y la ejecución de obras prioritarias sobre infraestructura ferroviaria.

Respecto de algunos indicadores difundidos públicamente, la Secretaría aclaró que los mismos comprenden distintas categorías de eventos operativos y que su evolución “no implica necesariamente un incremento de los eventos de mayor gravedad para la seguridad ferroviaria, como choques o descarrilamientos”.

También señalaron que parte de las variaciones registradas responden a hechos externos a la operación ferroviaria y que gran parte de las inversiones en curso comenzaron a desarrollarse a partir de la declaración de la emergencia, por lo que sus resultados deberán analizarse a medida que avance el proceso de recuperación.

Las observaciones de la AGN surgen de una auditoría realizada sobre la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), focalizada en la Línea San Martín durante el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Entre sus conclusiones, la AGN determinó que las medidas ejecutadas para revertir los incumplimientos detectados tuvieron una efectividad limitada.

El escrito reconstruyó el funcionamiento del sistema sancionatorio vigente hasta 2023 y destacó que las observaciones formuladas por la CNRT no lograban generar cambios efectivos en la conducta de los operadores ferroviarios estatales. El propio organismo regulador había advertido que el régimen de control constituía “un monótono y constante proceso administrativo que culmina en ‘Llamados de atención’ semestrales por cada especialidad y por cada línea ferroviaria”, medidas que en la práctica “no permiten la configuración de datos objetivos concretos en los que puedan sustentarse políticas públicas, ni decisiones regulatorias válidas”.

La CNRT también sostuvo que el procedimiento representaba “un dispendio administrativo”, y concluyó que el sistema impulsado por la Resolución 2210/15 “no resultaría eficaz para la fiscalización y control de cuestiones referidas al mantenimiento, seguridad y accidentes del sistema ferroviario nacional”. La auditoría reveló además que el cambio normativo introducido en 2023 dejó sin efecto expedientes sancionatorios acumulados durante varios años: en la Línea San Martín quedaron archivados 43 expedientes vinculados con sanciones impuestas entre 2017 y 2022 que habían sido recurridas por la operadora ferroviaria estatal.

El régimen sancionatorio fue reemplazado por un esquema denominado Control Evaluativo Integral, que eliminó las penalidades previamente dictadas y pasó a centrarse en mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño. La AGN observó, no obstante, que la nueva normativa tampoco establece consecuencias concretas cuando las anomalías detectadas durante las inspecciones no son corregidas, y que el régimen vigente se limita a indicar que “se promoverán las medidas que se consideren necesarias para lograr la regularización de las mismas o las medidas de mitigación que correspondan”.

La AGN concluyó que persisten debilidades regulatorias e institucionales que limitan la capacidad del Estado para asegurar que las observaciones de los organismos de control se traduzcan en mejoras concretas sobre la operación ferroviaria. El ente auditor advirtió que las herramientas disponibles para corregir irregularidades continúan siendo insuficientes para garantizar cambios efectivos en la conducta de los operadores y fortalecer la seguridad del servicio.

Sin embargo, desde la Secretaría de Transporte, concluyeron: “Hoy existe un plan de acción concreto, obras en ejecución y una estrategia integral orientada a recuperar infraestructura crítica, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. La Emergencia Ferroviaria no fue una reacción ante un hecho puntual. Fue una decisión estratégica para reordenar las prioridades de inversión del sistema ferroviario argentino, concentrando los recursos disponibles en lo más importante: garantizar la seguridad, mejorar la operación de los trenes y recuperar la infraestructura ferroviaria”.

En medio de la Copa del Mundo y luego de que Argentina lograra una agónica clasificación a octavos de final, la UCR aprovechó el clima deportivo para hacer una chicana futbolera a un gobernador peronista. “No había nacido Messi y Gildo Insfrán ya estaba en el poder”, aseguró el presidente del radicalismo, Leonel Chiarella, al arribar a Formosa capital.

Sucede que los radicales reclamaron que la Suprema Corte resuelva el planteo que hizo la presidenta de la UCR provincial, Agostina Villaggi, contra la reelección indefinida que Insfrán aprobó el año pasado en una reforma constitucional. Dicha norma fue objetada y será el máximo tribunal nacional el que defina su futuro.

Chiarella hizo estas declaraciones en un video que publicó en las redes sociales de la UCR junto a la secretaria General del partido, Piera Fernández y Villaggi. Además, denunció que la titular del partido en Formosa fue agredida por llevar adelante el reclamo.

“Agostina es legisladora provincial, ella lideró con mucho coraje esta presentación judicial, fue golpeada, atacada por una patota y sin embargo no bajó los brazos, por eso hoy venimos a Formosa para respaldarla”, añadió Chiarella.

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Su visita a la capital provincial formoseña se enmarca en la recorrida por todo el país que viene llevando a cabo desde que asumió el cargo. Según indicaron en su entorno, tendrá encuentros con vecinos, una reunión con la Federación Agraria de Formosa y otra con jóvenes radicales.

Chiarella llegó a Formosa junto a Piera Fernández, el titular de la Organización de Trabajador Radicales (OTR), Luis Cerini y el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia. Además de ser presidente de la UCR es intendente de Venado Tuerto (en el sur de Santa Fe). Es el presidente más joven de la historia del partido y en sus primeros seis meses de gestión recorrió la mitad de las provincias argentinas.

Se trata de una elección inusual en el partido, acostumbrado a optar por nombres de más trayectoria. Pero también responde a una necesidad de la UCR: mostrarle a la sociedad un proceso de renovación.

Chiarella es un dirigente joven (36 años) y gobierna la tercera ciudad más grande de Santa Fe. “Gobierna con superávit desde hace seis años y fue reelecto con el 83 por ciento de los votos en 2023″, indicaron desde uno de los sectores del radicalismo que impulsaron su nombre. Y un dato no menor: es un hombre de Pullaro.

UCR, Gildo Insfrán, Formosa

Ya con Abel Furlán desplazado, el interventor judicial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, avanza con fuertes decisiones para garantizar la transparencia en la nueva votación a la que convocará antes de fin de año en la Seccional Zárate-Campana.

El abogado, que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene previsto citar a veedores de la CGT y de la ONG Transparencia Electoral para que fiscalicen las elecciones en esa filial del gremio metalúrgica, que se hicieron en marzo pasado y fueron anuladas dos meses después por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante serias irregularidades del oficialismo liderado por Furlán.

El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de Zárate-Campana, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González tomaron la misma decisión con la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio.

Los jueces fundamentaron su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en aquella seccional bonaerense y aseguraron que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Biglieri es interventor tanto a nivel seccional como nacional, tiene a su cargo la administración del sindicato y de la obra social, y se le otorgó un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical.

Para ayudarlo en su tarea, el interventor designó algunos asesores con pasado en la función pública. El más conocido es Omar Yasín, el primer secretario de Trabajo libertario que provenía del equipo de Jorge Triaca y duró un año en el cargo, o Carlos Galina, jefe de asesores de Biglieri, que en el gobierno de Mauricio Macri tuvo el mismo puesto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En la obra social de la UOM figura otro ex funcionario: Sandro Taricco, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde había llegado con Graciela Ocaña en la gestión de Cristina Kirchner y luego volvió con Cambiemos, entre 2017 y 2018.

Cerca del interventor afirmaron que su plan de gestión al frente de la UOM contempla cuatro pasos y el primero fue presentar en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios que, sugestivamente, son 5 dirigentes distanciados de Furlán: Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución).

Una vez que Trabajo reconozca a los nuevos delegados paritarios metalúrgicos, el segundo paso trazado por Biglieri será justamente la negociación de aumentos salariales con los empresarios para la rama siderúrgica (que no pacta incrementos desde hace 2 años) y la metalúrgica en general. “Tenemos más del 40 por ciento de los trabajadores cobrando un básico por debajo de la línea de pobreza -dijeron a Infobae fuentes sindicales-. No podemos esperar a terminar con la intervención judicial para salir a discutir los salarios”.

“Entre abril de 2025 y mayo de 2026 tenemos una pérdida contra el IPC de 12,9 puntos”, sostuvo otro dirigente metalúrgico, que recordó que el último aumento salarial para el sector se acordó en abril pasado.

En este escenario salarial, cruzado por la interna en el sindicato, se destacó la postura de Bonetti, quien encabezó este lunes un acto en memoria del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor al cumplirse 57 años de su asesinato, porque volvió a criticar al desplazado jefe de la UOM: tras mencionar que existe “un contexto muy adverso para los metalúrgicos, con salarios por debajo de la línea de pobreza, pérdida del poder adquisitivo, paritarias aún sin resolver y la UOM intervenida”, señaló que » el Gobierno ataca a los trabajadores y a la industria, pero también hay una responsabilidad de Furlán, cuya conducción carece de la capacidad y grandeza de Vandor, quien supo liderar en peores circunstancias y nunca entregó derechos”.

Las tratativas salariales que pilotearán Bonetti y sus colegas podrían darles un protagonismo interno que será clave cuando finalmente se llame al congreso nacional del sindicato para volver a elegir a su conducción.

En esa instancia, hay otra resolución de Biglieri que incidirá de manera directa en el proceso de designación del nuevo jefe nacional de la UOM en reemplazo de Furlán, que tendrá lugar luego de los comicios en Zárate-Campana. Es que los titulares de las seccionales se eligen por el voto directo de los afiliados, pero la conducción nacional metalúrgica surge de un congreso del que participan delegados que envía cada seccional en forma proporcional a la cantidad de afiliados que tiene.

Eso significa que los metalúrgicos no eligen directamente a quienes los van a representar a nivel nacional en el sindicato sino a los electores que son los que, en definitiva, tomarán esa crucial decisión.

Pero el problema detectado por el interventor es que los padrones de las seccionales están inflados y no reflejan en muchos casos la pérdida de afiliados por la crisis del sector metalúrgico, lo que distorsiona la representación verdadera de los electores al congreso de la UOM.

Las cifras oficiales de los padrones en varios casos terminaron favoreciendo a los oficialismos leales a Furlán: el ejemplo más notorio, resaltaron cerca de Biglieri, es el de la Seccional San Martín, una de las más importantes y manejada por el furlanista Osvaldo Lobato, que aportó 19 delegados al congreso de la UOM, pero según sus afiliados reales debería haber llevado sólo 6.

Una curiosidad: Lobato es secretario Gremial de la CGT en representación de la UOM, a propuesta de Furlán durante el congreso cegetista de noviembre pasado. ¿Cómo hará la CGT para mantener la imparcialidad enviando veedores a la votación metalúrgica de Zárate-Campana, donde se jugará el futuro de Furlán, si tiene como virtual número 3 a un dirigente fiel a éste?

El tercer paso de la intervención será, en palabras del entorno de Biglieri, será ver cómo se va conformando este “nuevo mundo del trabajo” a partir de la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y el cuarto, la adecuación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que, según advirtieron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno no habilitará mientras se mantenga la intervención judicial en la UOM.

Algunos metalúrgicos lo celebran porque de esa forma los convenios que rigen la actividad deberán ser rediscutidos por dirigentes legitimados por los votos, pero para otros es una mala noticia: “Hay que renegociar lo antes posible, no podemos tener un convenio del año 75″, enfatizó un experimentado sindicalista del sector.

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