ECONOMIA
Seguridad jurídica e inteligencia artificial: cómo la Argentina puede atraer inversión de calidad
La reciente Carta Encíclica Papal del santo padre León XIV (Magnifica Humanitas), fechada en Roma el día 15 de mayo de 2026 y titulada “La custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial”, sirve como puntapié para traer a debate en Argentina un tema de máxima actualidad a nivel mundial: la mirada de un país frente a la inteligencia artificial como tecnología transformadora dentro de una economía digital en la que, la persona humana, ocupa múltiples y antagónicos roles (de proveedor de tecnología versus usuario de tecnología).
La Encíclica grafica –de manera bíblica– cómo el desarrollo tecnológico podría traer progreso, o por el contrario, daño a la humanidad. Y para ello, sitúa del lado de la imagen de la torre de Babel a la deshumanización, y del lado de la reconstrucción de Jerusalén a la humanización. No propicia la elección entre un ‘sí’ o un ‘no’ respecto del uso de la tecnología sino, por el contrario, plantea la discusión entre construir Babel o Jerusalén al momento de discernir sobre cómo vivir con responsabilidad en la era de la inteligencia artificial (IA).
Las inquietudes más relevantes que creo plantea la encíclica sobre la inteligencia artificial son: a) la IA está más “cultivada” que “construida”; b) la IA no debe equipararse a la “inteligencia humana” ya que no vive una experiencia, ni percibe dolor ni tampoco siente alegría; c) la IA no tiene una conciencia moral; d) la IA nunca es un hecho puramente técnico; e) la IA no es moralmente neutra; f) es necesario delimitar la responsabilidad de quienes intervienen en todas las etapas; y g) es preciso identificar quién debe “rendir cuentas” de las decisiones, así como motivarlas, controlarlas y cuestionarlas, y remediar los daños que deriven de ellas.
Ahora bien, uno de los retos que desde el punto de vista regulatorio plantea la encíclica es la necesidad de adoptar instrumentos normativos adecuados capaces de salvaguardar la justicia y que permitan contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. En este punto surge el interrogante sobre qué postura podría la Argentina adoptar, en función de la recomendación papal, ya que actualmente estamos ante un vacío legal en materia regulatoria por no existir una ley nacional sobre Inteligencia Artificial (más allá de la existencia de la Disposición n.º 2/2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros denominada “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable”, la que tiene carácter de soft law).
Ahora bien, limitar el debate a la mera necesidad de sancionar una ley nacional sería quedarnos en la superficie de la advertencia papal. El desafío de construir “Jerusalén” en lugar de “Babel” exige ir un paso más allá de la técnica jurídica y plantear una pregunta que cala hondo en la organización misma del Estado: ¿puede la estructura institucional actual afrontar los desafíos que plantea la IA?
En sintonía con las inquietudes de la encíclica, la Unión Europea adoptó un marco jurídico uniforme para sus Estados miembros: el Reglamento de Inteligencia Artificial (UE) 2024/1689. Su premisa rectora es promover la adopción de sistemas de inteligencia artificial que se centren prioritariamente en el ser humano, que resulten fiables y que, por sobre todas las cosas, garanticen la protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Para lograrlo, el Reglamento estructura las obligaciones en función de cuatro niveles de riesgo —inaceptable, alto, limitado y mínimo—, de modo que las exigencias legales se endurecen a medida que aumenta el peligro potencial del sistema.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿es realmente eficaz regular la Inteligencia Artificial basándose en una categorización estática del riesgo? Para abordar este interrogante resulta sumamente ilustrativo recurrir a Friedrich Hayek. El Premio Nobel de Economía revolucionó la teoría institucional al advertir sobre el problema del “conocimiento disperso”: los legisladores no poseen, ni pueden concentrar, la infinidad de información y variables que se generan dinámicamente en la sociedad como para realizar un cálculo ético y regulatorio eficiente sobre lo que está bien y lo que está mal.
El desarrollo de la IA no tiene por qué enfrentar la regulación con la innovación
Si extrapolamos este postulado a la complejidad de la Inteligencia Artificial, la limitación del Estado se hace aún más evidente. La realidad es que ningún organismo centralizado puede asegurar que una etiqueta estática como “alto riesgo” se condiga de manera invariable con la amenaza real del sistema, la cual muta según el contexto específico en el que se aplique.
Sin lugar a dudas, el foco del Reglamento está basado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, un enfoque que se alinea en definitiva con las recomendaciones humanistas de la encíclica. Sin embargo, surgen dilemas operativos insoslayables: ¿cómo garantizar el cumplimiento simultáneo de todos los derechos de la Carta en cada sistema de IA? ¿Cómo ponderar o hacer un cálculo ético, por ejemplo, entre el derecho a la vida y la protección de datos personales? Estas complejas encrucijadas son las que configuran el núcleo de lo que hoy conocemos como la ética de la IA.
La recomendación papal de adoptar instrumentos normativos adecuados junto con las premisas europeas, podrían resultar sumamente orientativas –en materia de adopción regulatoria para Argentina– a efectos de hacer efectiva la protección de la dignidad humana frente a la revolución de las infraestructuras digitales. En concreto, una de las medidas preventivas papales que se propone, sería la clara asignación de las responsabilidades que tendrá cada uno de los actores que intervienen en todo el proceso de desarrollo de un sistema de IA, lo que se traduce en: lograr identificar quiénes deberán rendir cuentas, y quiénes tendrán que remediar un daño cuando el mismo se ha producido por distintos factores (por ejemplo, cuando existe un error en el funcionamiento del sistema lo que provoca un output equivocado, defectos en el diseño del algoritmo, sesgos discriminatorios, comportamientos autónomos no previstos combinado con el uso de cajas negras, brindar información falsa, uso incorrecto del operador, delegación total en el sistema, fallas de ciberseguridad, etc.).
Identificar a los responsables y reparar los daños causados por estas tecnologías exige, sin embargo, desentrañar una complejidad técnica que desafía las capacidades del derecho tradicional. Dentro del campo de la IA, en una relación de género a especie, encontramos el aprendizaje automático o Machine Learning (ML) —con sus métodos supervisados, no supervisados y por refuerzo— y, en su núcleo más complejo, el aprendizaje profundo o Deep Learning (DL). Este último utiliza redes neuronales profundas que operan bajo el fenómeno de las “cajas negras” (Cfr. Alfonso Delgado de Molina Rius).
Identificar a los responsables y reparar los daños causados por estas tecnologías exige desentrañar una complejidad técnica que desafía las capacidades del derecho tradicional
Como sostiene calificada doctrina local, comprender la distinción entre ML y DL es crucial, ya que la naturaleza de las cajas negras dinamita la posibilidad de dar una trazabilidad absoluta al proceso que genera un resultado, volviendo la tarea de “rendir cuentas” un verdadero laberinto técnico (Cfr. Corvalán, Nanclares, Díaz Dávila, Simari). Esta opacidad algorítmica nos devuelve inevitablemente a la advertencia de Hayek: si los operadores y diseñadores se enfrentan a un proceso que no pueden auditar enteramente en tiempo real, el legislador centralizado queda completamente a ciegas, desprovisto del conocimiento necesario para dictar una regulación estática y eficaz.
Sin lugar a dudas, el desafío que enfrenta la Argentina para garantizar un uso ético de la IA radica en no caer en la trampa de los catálogos estáticos de riesgo que ya criticamos, sino en combinar de forma armónica dos pilares esenciales: por un lado, el compromiso de diseñar marcos jurídicos adaptables y dinámicos y, por el otro, el compromiso indeclinable de una supervisión humana y profesional continua desde el diseño inicial del sistema hasta su puesta en marcha.
Para ello, calificada doctrina extranjera (Elen Irazabal Arana) advierte la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios de profesionales (tales como Head of Data, Data Scientists, Data Engineers, Data Architects, Data Visualization Specialists y Lawyers). Esta aproximación es, fundamentalmente, la respuesta institucional y práctica a la tesis de Friedrich Hayek en su célebre ensayo “The Use of Knowledge in Society” (El uso del conocimiento en la sociedad). Si el regulador centralizado es incapaz de encasillar el riesgo real de un algoritmo debido a la opacidad de las cajas negras, la solución no es una etiqueta legislativa fija, sino el aprovechamiento del conocimiento disperso y especializado de estos expertos, quienes deben intervenir tanto en la fase de desarrollo del plan y creación del modelo, como en el seguimiento continuo del proyecto.
El desarrollo de la IA no tiene por qué enfrentar la regulación con la innovación. En el escenario global contemporáneo, las reglas claras, la previsibilidad y los marcos jurídicos competitivos no ahuyentan el capital; al contrario, atraen la inversión de calidad. La seguridad jurídica genera una doble ventaja: protege a la persona frente a la incertidumbre de un sistema tecnológico que el propio Estado no puede predecir y, simultáneamente, le ofrece al inversor el terreno firme que toda decisión de largo plazo necesita. Un marco enfocado en la gobernanza dinámica y la responsabilidad profesional no es, entonces, un freno al progreso, sino la única vía para poner la innovación al servicio de la dignidad humana. Es, en definitiva, la herramienta institucional para asegurar que el desarrollo tecnológico en nuestro país sea el andamiaje de nuestra propia Jerusalén, y nunca los cimientos de una nueva Babel.
El autor es abogado, LLM –Master of Laws– y especialista en Derecho Empresario, Nuevas Tecnologías y Finanzas
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ECONOMIA
Se toma menos y resignando calidad: el consumo per cápita de vino sigue cayendo y está en el mínimo histórico
El vino argentino sigue atravesando un período de caída de consumo en el mercado interno que parece no tener fin. Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el dato que resume la magnitud del fenómeno es el del consumo per cápita. Tras un 2025 marcado por un récord histórico negativo, el 2026 continúa mostrando una tendencia a la baja.
Para entender este fenómeno, resulta interesante primero repasar lo ocurrido en el pasado inmediato. En 2025 los argentinos tomaron 16,1 litros de vino por habitante, la cifra más baja de toda la serie histórica. Ese registro profundiza una caída que viene de arrastre desde hace varias décadas. Sin ir más lejos, en apenas veinte años, el promedio se redujo a poco más de la mitad.
Lo que más preocupa a la industria es que el arranque de 2026 no muestra señales de que esa tendencia se revierta. El acumulado de los primeros cinco meses del año arrojó un consumo de 6,07 litros per cápita, contra los 6,11 litros en el mismo período de 2025.
Es un dato que debe leerse con cuidado: la comparación corresponde al acumulado enero-mayo de ambos años y no debe confundirse con el consumo total del año pasado completo, que fue el de 16,1 litros mencionado anteriormente. Son magnitudes de distinta naturaleza, ya que una corresponde a cinco meses y la otra a los doce del año. Pero sí queda claro que, mes a mes, el ritmo de consumo viene por debajo del de 2025, que a su vez ya había sido un año de mínimos históricos.
Al observar el detalle mensual del INV se advierte que la comparación no fue pareja a lo largo del cuatrimestre. Enero y marzo de este año mostraron un consumo per cápita levemente superior al de igual mes de 2025, mientras que febrero, abril y -sobre todo- mayo marcaron retrocesos más marcados.
En el quinto mes del año, el consumo per cápita fue de 1,22 litros por habitante, frente a los 1,30 litros del mismo mes del año pasado, una baja de 5,6 por ciento. Ese resultado terminó de inclinar el acumulado a la baja y explica buena parte de la diferencia entre los primeros cinco primeros meses de ambos años.
El comportamiento del consumo per cápita está directamente asociado a la evolución del mercado interno, que también mostró un año arranque flojo. En mayo de 2026 se comercializaron 568.853 hectolitros en todo el país, un volumen 5,5% menor al de igual mes de 2025. Ese resultado también implicó una caída de 2,2% respecto de abril de este año, lo que muestra que la demanda no logró sostener el repunte que había mostrado en marzo.
En el acumulado de los cinco meses, el mercado interno totalizó 2.821.143 hectolitros, una baja de 0,4% frente a igual período de 2025. Se trata de una diferencia más acotada que la registrada en el mes de mayo aislado, lo que indica que hubo meses del cuatrimestre previo con mejor desempeño relativo, como marzo, que había crecido 8,8% interanual.
Detrás de esos números agregados también se observan corrimientos en el tipo de vino que eligen los consumidores. En el acumulado a mayo, los vinos sin mención varietal crecieron 12,8% frente a 2025, mientras que los varietales cayeron 26,3% en el mismo período.
Los vinos blancos, por su parte, aumentaron 4,9% en lo que va del año, en contraste con los vinos de color, que retrocedieron 2,1%. Ese desplazamiento hacia productos de menor valor relativo convive con la caída general del volumen comercializado y forma parte del mismo proceso de ajuste que atraviesa el consumo interno.
En cuanto a los envases, la tendencia también se sostuvo: el tetra brik creció 7,7% en el acumulado a mayo y ya representa más de un tercio de las ventas totales, mientras que la botella, que sigue siendo el formato mayoritario, retrocedió 3,8% en el mismo lapso. Entre ambos envases concentran más del 97% de lo que se despacha en el mercado interno, por lo que cualquier variación en sus proporciones termina definiendo el comportamiento general de las ventas de vino en el país.
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Luego de varias semanas de análisis y negociaciones políticas, el Gobierno prepara una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca modificar el esquema aprobado anteriormente y generar mayores incentivos para que los contribuyentes incorporen fondos que todavía permanecen fuera del circuito formal.
El proyecto será debatido en la Cámara de Diputados después del receso por las vacaciones de invierno y el oficialismo apunta a repetir la alianza legislativa que permitió aprobar la primera versión de la norma, con respaldo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Innovación Federal y sectores provinciales.
Sin embargo, más allá de la discusión política, el punto central de la iniciativa pasa por los cambios que propone sobre el régimen tributario y la relación entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El objetivo oficial es reducir los obstáculos que, según el Gobierno, todavía generan temor entre los ahorristas que tienen dólares no declarados o bienes que permanecen fuera del sistema financiero.
En qué consiste la nueva Ley de Inocencia Fiscal y las diferencias con el blanqueo
La Ley de Inocencia Fiscal busca modificar la forma en la que el fisco analiza determinadas inconsistencias entre los ingresos declarados por una persona y la evolución de su patrimonio.
La idea central del Gobierno es otorgar mayor previsibilidad a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y reducir el nivel de incertidumbre que, según el oficialismo, desalienta a muchos contribuyentes a formalizar sus ahorros.
En este sentido, la iniciativa apunta principalmente a dos cambios. Por un lado, ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias y, por otro lado, modificar el margen de diferencia patrimonial que puede habilitar una revisión por parte del organismo recaudador.
A diferencia de un blanqueo tradicional, donde el Estado establece un mecanismo excepcional para declarar activos no registrados bajo determinadas condiciones, el esquema busca modificar reglas permanentes del sistema tributario.
El objetivo oficial es que una mayor cantidad de fondos ingresen al circuito formal mediante bancos, inversiones y consumo registrado.
En lugar de partir de la sospecha sobre el ciudadano, el esquema busca que sea el Estado el que deba acreditar la existencia de irregularidades cuando pretenda cuestionar una declaración.
En otras palabras, cambia el paradigma: el contribuyente deja de ser considerado potencialmente infractor por defecto y pasa a contar con una mayor presunción de exactitud de sus declaraciones juradas.
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que todavía existe una importante cantidad de dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal.
Según estimaciones oficiales mencionadas durante la presentación de la iniciativa, el monto podría ubicarse en torno a los u$s170.000 millones, una cifra que el Gobierno busca incentivar para que vuelva a circular dentro de la economía.
Qué cambia en el régimen simplificado de Ganancias
Uno de los principales cambios que impulsa el proyecto está vinculado con el régimen simplificado de Ganancias, una herramienta que actualmente tiene un alcance limitado. Según la normativa vigente mencionada por el Gobierno, el beneficio está destinado a contribuyentes que cumplen determinados parámetros de ingresos y patrimonio.
En concreto, pueden acceder quienes registran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio total que no supera los $10.000 millones.
La modificación propuesta busca ampliar el universo de personas alcanzadas para que más contribuyentes puedan adherir al esquema simplificado.
La lógica oficial es que, al contar con reglas más claras y menos exposición a revisiones posteriores, más personas tengan incentivos para declarar sus activos y mantenerlos dentro del sistema formal.
Quiénes podrían quedar excluidos del nuevo régimen simplificado
La posibilidad de ampliar el régimen simplificado de Ganancias también abrió un debate sobre quiénes deberían poder acceder a ese beneficio.
En ese contexto, Unión por la Patria planteó que los funcionarios públicos y sus familiares, considerados contribuyentes políticamente expuestos, queden excluidos del esquema.
La propuesta surgió luego de que trascendiera que el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó la Ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada patrimonial.
A partir de ese caso, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto paralelo que prohíbe a los funcionarios de los tres poderes del Estado adherir al régimen simplificado de Ganancias mientras permanezcan en funciones.
Por el momento, esa restricción no forma parte del proyecto impulsado por el Gobierno, sino que constituye una iniciativa presentada por la oposición y deberá debatirse durante el tratamiento legislativo.
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ECONOMIA
Reservas, meta fiscal y el desafío de 2027: las claves de la visita de la titular del FMI a la Argentina
Este lunes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el martes y llega en un momento particular para la relación entre el organismo y el Gobierno: con un programa vigente que exhibe avances concretos, pero también con señales de advertencia que empiezan a correr el eje de las preocupaciones desde el frente cambiario hacia el fiscal, en medio de un año marcado por el calendario electoral.
La agenda todavía no fue confirmada de manera oficial ni por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, aunque desde el propio FMI precisaron que Georgieva permanecerá en el país durante esos dos días. Fuentes del Gobierno adelantaron que la funcionaria búlgara mantendrá un encuentro con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Hacienda y dará una charla en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. También se descuenta una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ese tramo de la agenda no fue confirmado con precisión.
El otro punto saliente del recorrido es la visita a Vaca Muerta, prevista para el martes. Georgieva llegará hasta Loma Campana, en la provincia de Neuquén, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. Se trata de la única actividad confirmada por fuera de los encuentros protocolares en Buenos Aires, y su inclusión no es casual: la formación neuquina es hoy uno de los pilares del programa económico oficial, tanto por su capacidad exportadora como por el rol que se le asigna en la generación de divisas genuinas.
El último contacto presencial entre Caputo y Georgieva se produjo en abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. En esa oportunidad, el equipo económico argentino cerró las negociaciones de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que después se integraron al esquema financiero proyectado hasta 2027. Milei y Georgieva, en cambio, no se ven cara a cara desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York y repasaron el impacto del swap por USD 20.000 millones que el gobierno de Donald Trump le otorgó a la Argentina.
El telón de fondo de la visita es el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, el número 23 en la historia de pactos entre la Argentina y el FMI. El programa fijó como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, con desembolsos por unos 20.000 millones de dólares. Hasta el momento se giraron USD 15.800 millones, luego de que en mayo el directorio aprobara la segunda revisión pese a un nuevo incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. La deuda total de la Argentina con el organismo asciende a USD 57.870 millones, lo que la convierte en el mayor deudor del Fondo, con el 34,6% del total de créditos pendientes de cobro en todo el mundo. Para lo que resta de 2026, el país debe cancelar vencimientos por 2.745 millones de dólares.
Durante gran parte del programa vigente, el frente que concentró los mayores desvíos fue el de las reservas. Ese cuadro empezó a modificarse este año: el Banco Central lleva comprados más de 13.000 millones de dólares en 2026 y logró cumplir el objetivo de acumulación del primer semestre. En ese contexto, la atención del organismo empezó a desplazarse hacia las cuentas fiscales, justo cuando el dato de junio encendió una luz amarilla.
El sexto mes del año cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, con un pago de intereses netos de 328.049 millones de pesos. Fue el primer resultado deficitario del año y llevó a un incumplimiento leve de la meta comprometida con el Fondo: según el Staff Report de mayo, el Gobierno se había obligado a acumular un superávit primario de $6,86 billones en el primer semestre y terminó consiguiendo 6,29 billones de pesos. Desde la consultora EconViews señalaron que “la distancia no es enorme” y que “el organismo probablemente conceda un waiver”, aunque advirtieron que el episodio es una señal de que el margen de maniobra es menor al de años anteriores.
Si el frente fiscal aporta la principal duda de cara a la visita de Georgieva, el frente cambiario ofrece una lectura más favorable. El programa financiero presentado por Caputo a comienzos de julio había fijado que el Tesoro le compraría al Banco Central 6.700 millones de dólares a lo largo del año, dentro de un esquema de fuentes por 22.900 millones de dólares destinado a cubrir vencimientos por 19.200 millones. Esa meta ya fue superada: entre enero y julio, el Tesoro acumuló compras por 6.875 millones de dólares, unos 175 millones por encima de lo previsto.
Desde el Ministerio de Economía atribuyeron el excedente a una decisión prudencial, tomada ante la falta de certeza sobre el momento exacto en que llegarían los desembolsos de los préstamos con garantía de organismos multilaterales y ante eventuales diferencias en la cotización de los bonos denominados en euros utilizados para el pago de intereses. El resto del esquema de financiamiento contempla garantías del Banco Mundial y el BID, desembolsos del propio FMI por USD 1.900 millones, otros USD 2.800 millones de organismos internacionales, y emisiones locales por USD 6.000 millones, de las cuales ya se colocaron USD 4.000 millones a través de los bonos Bonar 2027 y 2028. El colchón resultante entre necesidades y fuentes previstas se estima en 3.700 millones de dólares.
El desafío mayor, coinciden los analistas del mercado, está puesto en 2027: el Tesoro proyecta comprarle al Banco Central otros USD 4.900 millones de dólares y colocar USD 5.000 millones adicionales en el mercado de capitales local, en pleno año electoral.
Otro tema central en el marco de la relación con el FMI es la incertidumbre sobre qué pasará con el rumbo económico después de las elecciones. La semana pasada, Moody’s hizo referencia a la importancia de ese punto en particular. Tras elevar la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3, el vicepresidente de la calificadora de riesgo, Jaime Reusche, explicó que la nota argentina podría haber subido más de un escalón de no haber existido un riesgo político que todavía condiciona el análisis.
Según Reusche, el organismo evalúa si las políticas actuales pueden transformarse en una “política de Estado que trascienda al gobierno de turno”, algo que recién podrá confirmarse después de la elección.
Reusche remarcó además que la brecha entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado también refleja esa cautela: los inversores, dijo, todavía tienen presente el intento de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo, y por eso exigen una prima adicional. Como referencia, comparó la situación argentina con la de El Salvador, un país con calificación similar pero riesgo país más bajo, justamente por tener un riesgo político menor.
Es en ese cruce de señales, entre una meta fiscal que se complicó pero no descarriló, un frente de reservas que exhibe resultados por encima de lo comprometido y una incógnita electoral que condiciona cualquier lectura de largo plazo, que se enmarca la llegada de Georgieva a la Argentina.
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