La ampliación de la base tributaria en el impuesto a las Ganancias es una de esas propuestas que generan la opinión mayoritaria en el gremio de los economistas pero que están prohibidas en términos políticos. De hecho, ya forma parte importante del debate interno el impacto electoral que tendría la sugerencia del Fondo Monetario Internacional.

Y los analistas políticos creen que, tal como está planteada, la reforma implicaría un elevado riesgo electoral para el gobierno de Javier Milei, sobre todo si el debate se da en un contexto de pérdida de los salarios contra la inflación -algo que viene ocurriendo desde septiembre del año pasado-.

Tal como informó iProfesional, desde el Palacio de Hacienda admiten que el escenario económico no tolera otro ajuste. «Toto está preocupado. No quiere ajustar más y el FMI le exige más suba de impuestos», señalaron fuentes oficiales a iProfesional. «No está en los planes aumentar los impuestos que plantea el FMI», agregan las mismas fuentes.

Los antecedentes históricos son elocuentes al respecto. Fue Cristina Kirchner quien pagó el mayor costo, con su derrota en las legislativas de 2013. En aquel momento, como el «piso» a partir del cual se pagaba el impuesto no seguía a la inflación, se llegó a una situación en que el impuesto alcanzaba al 25% de los asalariados.

Es, coincidentemente, una cifra cercana a la que pasaría a tributar ahora si el gobierno de Milei aplicara la recomendación del FMI, en el sentido de dar de baja impuestos distorsivos, y sustituir ese ingreso fiscal por un impuesto a las Ganancias que abarque a mayor cantidad de personas.

La argumentación de quienes apoyan esa reforma es que, mientras en Argentina este impuesto al ingreso de los asalariados aporta un 8% de la recaudación total, en los países desarrollados que forman parte de la OCDE, el porcentaje sube a 24%. Y, si se mide en términos de PBI, en Argentina el impuesto a las Ganancias equivale a sólo un 2% mientras que el promedio de los países ricos recauda más de un 8%.

No faltan incluso los economistas que afirman que si, en vez de aumentar la base de Ganancias, se incrementaran los aportes patronales, el efecto fiscal sería parecido y el salario sufriría de la misma manera -porque los empresarios trasladarían el mayor costo fiscal a la paga de haberes-. Pero que, en ese caso, el cambio sería políticamente más aceptado.

Lo cierto es que pocos temas han sido tan «piantavotos» como el impuesto a las Ganancias, sobre todo porque en su origen se trató de un tributo que afectaría sólo a individuos de altos ingresos, que con el paso de los años terminó alcanzando a la clase media.

Cristina y la disyuntiva peronista

El antecedente del gobierno kirchnerista es claro. Afectada por una caída en otros impuestos más vinculados a la actividad comercial e industrial, Cristina Kirchner se tornaba cada vez más dependiente de lo que Ganancias dejaba en las arcas fiscales.

Contradiciendo a sus críticos, decía que, sin esos ingresos, le resultaría imposible financiar el costo fiscal de ayudas como la Asignación Universal por Hijo. Fue allí cuando surgió el debate respecto de si un verdadero peronista debía defender o combatir el polémico impuesto.

Pero, del lado de enfrente, había tal unanimidad sobre la necesidad de aliviar a los asalariados, que el reclamo unió a dirigentes tan diversos como Mauricio Macri, Sergio Massa y Hugo Moyano.

Se llegó al punto de que cambió la prioridad de reclamos sindicales. Moyano, que lideraba uno de los gremios que más había mejorado el ingreso, empezó a preocuparse más por las Ganancias que por las paritarias, porque sabía que de nada servía ganar algunos puntos porcentuales de aumento que luego serían licuados por el Impuesto.

Fue entre 2012 y 2015 que se produjeron las mayores manifestaciones sobre este tema, bajo el eslogan «El salario no es ganancia».

Y, en buena medida, fue gracias al impuesto a las Ganancias que Sergio Massa tuvo su lanzamiento político, con el triunfo en las legislativas de 2013. En ese momento, tras su derrota en las PASO, Cristina, a regañadientes, terminó accediendo a una mejora que, de los 2,4 millones de contribuyentes que pagaban Ganancias, exoneraba a 1,5 millón por la vía de un súbito aumento del «mínimo no imponible».

En aquel momento, la oposición acusó al gobierno de «robar» una propuesta de los otros partidos. Y Massa fue quien más duramente «chicaneó» a la presidente, a quien desafió a sacar la medida por ley y no por decreto, de manera que se pudiera establecer un mecanismo de indexación automática para que la inflación no termine neutralizando el beneficio. De todas formas, el alivio tardío dejó a Cristina sin recaudación tributaria y con derrota electoral.

A Macri le llegó la factura

El debate se renovó luego, cuando ya con Macri en la Casa Rosada, se trató una nueva ley para Ganancias, y el peronismo le inflingió una derrota en la cámara de diputados. El proyecto opositor reducía a la mínima expresión la base imponible, pero Macri tuvo dos ayudas inesperadas.

La primera fue un error de cálculo cometido por los diputados opositores -con Axel Kicillof a la cabeza-, que habían subestimado el costo fiscal. El número previsto inicialmente por la oposición peronista era de u$s3.000 millones, mientras el gobierno macrista estimaba el triple.

Entonces Macri tuvo la picardía política de hacer lo contrario a lo que todos esperaban: cuando se daba por obvio que vetaría la ley por sus inconsistencias fiscales, avisó que la mantendría tal como saliera del congreso. El mensaje era claro: no estaba dispuesto a regalarle al peronismo la victoria consistente en votar una ley simpática pero infinanciable y luego asumir el costo político de vetarla, de manera que el peronismo disfrutase del rédito de su discurso popular y no asumiera responsabilidad por las consecuencias de ese proyecto.

Entonces llegó la otra ayuda, la de los gobernadores provinciales, en su mayoría peronistas, que no querían perderse su mitad de la recaudación de Ganancias. Y, por lo tanto, le dieron apoyo en el Senado a Macri para mantener una base tributaria amplia.

De todas formas, la alegría de Macri no duró mucho, porque tras su dura derrota en las PASO de 2019, adoptó un paquete de medidas de urgencia, entre las cuales se encontraba el alivio de Ganancias hasta fin de año. Como a Cristina seis años antes, tampoco le alcanzó a Macri para revertir el malhumor.

Contradicciones en el Congreso

Ya durante la gestión de Alberto Fernández, el tema de Ganancias generó una fisura interna. Massa volvió a tomar el tema como bandera, y presentó un proyecto para que los contribuyentes pasaran otra vez a ser el 10% de los asalariados mejor pagos, y con un ajuste por inflación en el mínimo no imponible.

La facción kirchnerista sostenía que esa medida sacrificaría recursos fiscales para favorecer a asalariados de clase media que, de todas formas, nunca votarían al peronismo. Es probable que ese sector haya sentido que su visión era la correcta, dado que el proyecto de Massa se aprobó en marzo de 2021, pero el gobierno igualmente fue derrotado en las legislativas.

Aun así, Massa y la mayoría del peronismo no cambiaron su visión, dado que en 2023, en pleno cierre de la campaña presidencial, se votó otro proyecto que prácticamente eliminó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría -es decir, dejó de afectar a asalariados y quedó sólo como un impuesto para empresas-.

El proyecto fue aprobado, y entre los votantes estuvo el entonces diputado Javier Milei.

Cuando se le cuestionó su voto como una contradicción en su discurso fiscalista -se estimaba que la ley costaría 0,8 puntos del PBI-, Milei ya tenía la respuesta preparada. Dijo que había que cambiar la forma de concebir el equilibrio fiscal: no se trataba de adecuar los impuestos al volumen del gasto público, sino de llevar las partidas presupuestaria al nivel que resultara pagable con la recaudación tributaria.

Una medida difícil

El resto es historia reciente: ni bien asumido en su cargo de presidente, en su primer decreto de necesidad y urgencia, Milei retrotrajo la situación de Ganancias a como estaba antes de la ley que él mismo había votado.

Para todos resultó un debate incómodo. Milei tuvo su primer choque con la justicia, que le exigió sacar el tema por ley. Y la CGT despertó de un letargo de cuatro años para convocar de inmediato a un paro general.

Los gobernadores provinciales -a quienes Massa les había prometido que lo que perdieran por Ganancias les sería compensado con una coparticipación del impuesto al Cheque-, se encontraron con una repentina caída de ingresos fiscales. Esto los llevaba, por un lado, a sentir la presión de apoyar la iniciativa de Milei en el Congreso, pero por otra parte los enemistaba con la cúpula de la CGT, que tenía al tema Ganancias en el tope de su agenda de prioridades.

Lo cierto es que todos quienes votaron la restitución del odiado tributo -rebautizado como impuesto a los Ingresos- sintieron que habían pagado un costo político. Y ahondar en esa reforma, justo en un momento en el que el salario lleva -hasta marzo, último dato del Indec- una saga de siete meses de pérdida contra la inflación, no parece ser la mejor forma de recuperar la simpatía popular.

Precisamente, el objetivo del gobierno es revertir la caída de Milei en las encuestas de imagen. Un reciente sondeo de consultora Zentrix reveló que el 59,5% de la población quiere un cambio en el rumbo económico, y que un 64,4% apenas llega con sus ingresos al día 20 de cada mes.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adelantó en Infobae en Vivo, que ante la crítica situación en las cuentas públicas de la provincia, deberá volver a utilizar la cuasimoneda “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), para el pago de aumentos de sueldo.

Esta medida busca aliviar la situación salarial mientras persiste el contexto crítico que atraviesan las provincias argentinas. De cara al pago de aguinaldos, Quintela sostuvo: “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”.

El mandatario riojano explicó que el bono “Chacho”, que había funcionado previamente como una herramienta de emergencia, regresará bajo la misma denominación y podría comenzar a pagarse con los haberes de julio, que se percibirán en agosto.

La figura del bono “Chacho” surgió como respuesta a las restricciones financieras y originalmente tenía un plazo de vencimiento fijado para diciembre de 2024. Según Quintela, su implementación resultó positiva y ahora se prevé su reanudación para reducir el impacto de la crisis en los salarios provinciales. “No quiero que pierdan, quiero que se pierda lo menos posible”, manifestó el gobernador, en alusión a los trabajadores estatales.

Frente a la consulta sobre si el bono se utilizará para el pago del aguinaldo, Quintela aclaró: “Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento”. Así, el mandatario señaló que la provincia busca alternativas para sostener el poder adquisitivo mientras evalúa las posibilidades de aplicar mejoras salariales durante los próximos meses.

Vale mencionar que el gobierno riojano había solicitado a Nación $85.000 millones en concepto de adelanto de la coparticipación, pero por el momento no hay novedades de parte del Ejecutivo.

En términos generales, sobre la situación del país, contó: “Nos reunimos 10 gobernadores, y la situación es crítica, por el cierre comercios, el cierre de las pymes, la caída de la industria, las pérdidas de puestos de trabajo, la inflación”.

Sobre el encuentro, señaló también que cree que cada gobernador trata de salvarse como puede y que eso es un error: “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”.

“Nosotros lo que estamos procurando es que los recursos vayan a las provincias para generar las condiciones favorables y que nuestra gente viva un poquito mejor”, remarcó Quintela.

Asimismo, aseguró que el RIGI “es una entrega total de nuestros recursos” y aún más el Súper RIGI.

Por otra parte, sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, “no conoce el país”. “Lo único que conoce es la política de beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”, agregó.

En la misma línea, afirmó: “Creo que los argentinos y las argentinas están pasando por un momento muy complejo, muy difícil, inclusive de entender el por qué de esta situación. Hay un presidente que trabaja exclusivamente por un círculo muy minúsculo”.

“Es necesario empezar a hablar de una manera diferente: de cómo desarrollamos el país, de cómo volvemos a industrializar la Argentina y de cómo recuperamos una Argentina potencia. Muchos países miran a la Argentina con una sana envidia por el enorme potencial que posee”, sostuvo.

“Queremos un país autosustentable, fabricar de vuelta aviones, fabricar de vuelta trenes, locomotoras, buques, barcos, armar nuestro propio esquema de defensa”, apuntó Quintela, quien advirtió también por el deterioro de la infraestructura por la falta de inversión, principalmente en rutas.

Mirá la entrevista completa a Ricardo Quintela:

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Pese a la reglamentación de la reforma laboral y a su actual vigencia mientras se dirime en el plano judicial, las grandes compañías que operan en la Argentina no están con ánimo de contratar empleados, y este año dirigirían sus esfuerzos e inversiones a otros aspectos del negocio. La buena noticia: el 68% de las firmas más importantes del país tampoco piensa recortar la dotación.

El 2026 es el año en el que las grandes empresas en todo el mundo pusieron su mayor foco en integrar la inteligencia artificial agéntica no ya como un copiloto accesorio de su operación, sino como una parte central de la misma sobre la cual se reestructura todo el negocio, los procedimientos internos, etc.

En la Argentina esto se da en conjunto con un consumo y una actividad retraídas, lo cual junto con la incertidumbre que rodea la nueva ley laboral, termina de generar una tormenta perfecta para que la inversión no vaya destinada a la contratación de nuevo personal que no sea clave y absolutamente necesario. Esto con la excepción de algunos sectores que, sin ser intensivos en demanda de talento, siguen contratando, como la Energía y la Minería.

El resultado lo mostró la encuesta de Compensaciones y Beneficios de WTW, en la cual el 72% de las 419 grandes empresas y filiales de multianacionales consultadas, asegura que no planea que su nómina crezca en 2026.

Qué perfiles buscan las que contratan

Del 28% que si planea nuevas incorporaciones, la gran mayoría (39%) estima que será del 1% o 2% de la dotación actual. Otro 19% espera que crezca hasta 4%, un 12% arriesga hasta el 10% de la dotación y un 13% espera que sea incluso más que eso.

A la vez, entre los perfiles que serán más buscados este año, estas compañías mencionaron:

• 24% Ventas
• 22% Tecnología
• 19% Áreas de Staff
• 14% Ingenieros
• 11% Análisis de Datos
• 10% Marketing

Profesionales en mayor riesgo

La buena noticia es que el 68% de estas grandes compañías tampoco tiene previsto reducir su nómina este año, por lo que la tendencia general que encontró WTW es la de mantener las dotaciones.

Esto implica un 32% que si anticipa algún recorte de personal, pero en la mayoría de los casos serian en porcentajes menores. Serían del siguiente orden:

• 52% entre 1% y 2% de la dotación
• 17% entre 3% y 4% de la dotación
• 9% entre 5% y 6% de la dotación
• 4% entre 7 y 8% de la dotación
• 8% entre 9% y 10% de la dotación
• 10% más del 11% de la dotación

Grandes empresas que recortarán personal este año

La mayor sorpresa dentro de este grupo es el perfil de los colaboradores que, en caso de efectuar los recortes, serían los más apuntados. Según relevó WTW, la mayoria son profesionales y mandos medios, y en mucho menor nivel los tan codiciados perfles técnicos:

• 18% Profesionales Sr. y Semi Sr.
• 15% Mandos medios
• 15% Personal de convenio
• 14% Empleados
• 10% Gerentes
• 13% Profesionales Jr.
• 9% Técnicos
• 6% Ejecutivos

Reforma laboral: la opinión de las empresas

El pulso que tomó WTW sobre 419 compañías en abril también midió qué piensan hacer frente al nuevo escenario regulatorio. En el capítulo exclusivo sobre la Ley de Modernización Laboral, el relevamiento evidenció que, si bien el mercado monitorea los cambios, la cautela operativa es la regla.

El nuevo sistema de indemnizaciones, que elimina el aguinaldo, los premios y las vacaciones de la base de cálculo y crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), todavía genera alta incertidumbre técnica en las gerencias de finanzas y legales. El 71% de las firmas no logra evaluarlo aún y solo un 14% proyecta que el esquema mejora la previsibilidad general.

Qué puestos serán los más buscados en 2026 y los que más riesgo de despido presentan

Vale la pena recordar que hasta el propio FMI se pronunció sobre el peligro de desfinanciar el sistema previsional para que los aportes que le realizaban las empresas conformaran el famoso «colchón» para pagar eventuales indemnizaciones (FAL). La implementación para crear los fondos que invertirían ese capital se encuentra suspendida hasta noviembre.

El panorama que encontró la consultora es el siguiente:

• Un 52% afirma que aún no puede evaluar el impacto real de la reforma laboral
• Un 16% estima que reducirá significativamente los costos indemnizatorios
• Un 16% espera un impacto moderado
• Un 16% considera que el impacto será mínimo

Sobre la obligatoriedad de incorporarse a los FAL u otros fondos de cese, el 81% de las empresas no contaba con una posición definida en abril pasado. En tanto, la novedad jurídica que permite cancelar las indemnizaciones por vía judicial en cuotas resulta irrelevante para el 63% del mercado corporativo: un 36% dice que no aplicará a su compañía y un 27% prefiere seguir utilizando el formato de pago único.

En general, las áreas corporativas se mueven con extrema prudencia. Un 42% de las empresas aclaró en abril que aún no había iniciado la revisión de sus políticas y contratos para adecuarse al régimen, pero lo tiene previsto, mientras que un 38% directamente no prevé realizar modificaciones. Vale la pena mencionar que la reglamentación de muchos artículos de la Ley de Modernización Laboral se publicaron recién el lunes pasado en el Boletín Oficial, y que es posible que este panorama empiece a adecuarse ahora, una vez conocida la letra chica. 

Banco de horas, período de prueba y vacaciones

La implementación del banco de horas representa una de las herramientas de flexibilización más debatidas. Sin embargo, el 59% de los empleadores mantiene el tema bajo análisis. Un 25% responde de manera contundente y no considera adoptarlo, mientras que apenas un 12% admite que ya utiliza sistemas similares y adoptará el esquema.

En cuanto a la extensión del período de prueba, casi la mitad del panel (49%) asegura que esta herramienta no tendrá un rol estratégico en sus procesos de incorporación de talento. Únicamente el 5% lo define como una herramienta central para contratar.

Por el lado de las vacaciones, las nuevas normas casi no alteran la dinámica del sector privado de gran escala. El 52% prevé un impacto bajo porque ya operan con esquemas similares al legalizado, y un 37% asevera que la modificación no aplica o no presenta un impacto relevante en su actividad.

La Ley de Modernización también habilita esquemas de remuneración variable o productividad. El 44% de las compañías se ubica en fase de análisis, pero un grueso 52% rechaza la idea de plano (un 30% no lo considera adecuado para su cultura empresarial y un 22% no avanzará porque ya cuenta con programas sólidos de bonos por resultados para toda la nómina)