POLITICA
Tierra del Fuego: la Justicia anuló la convocatoria a una reforma constitucional que habilitaba la re-reelección de Melella
La Justicia electoral de Tierra del Fuego anuló hoy el llamado a elecciones constituyentes que había impulsado el gobernador Gustavo Melella para avanzar con una reforma constitucional. La Legislatura ya había rechazado la convocatoria a principios de mayo, pero el Ejecutivo vetó la resolución parlamentaria y anticipó que seguiría adelante con su iniciativa.
Con la modificación de la Carta Magna, la administración provincial buscaba limitar las reelecciones indefinidas de los legisladores fueguinos, pero en la oposición sospechaban que la iniciativa respondía a las ambiciones personales del gobernador. Es que el proceso de reforma abría la posibilidad de que Melella fuera por una re-reelección, si la Convención Constituyente tomaba el mandato en curso como su primero.
Ahora, la Justicia cerró esa posibilidad al anular la convocatoria a una elección constituyente. Según consta en la resolución del Juzgado de Primera Instancia Electoral Provincial, a cargo de la jueza Mariel Zanini, el llamado impulsado por Melella vía decreto carecía de validez dado que violaba una resolución judicial anterior.
En agosto de 2024, el diputado de Somos Fueguinos, Jorge Andrés Lechman, había objetado ante el Superior Tribunal de Justicia la constitucionalidad de la reforma y solicitó una medida cautelar para frenar el avance del proceso.
La resolución llegó un año más tarde, en agosto de 2025, cuando el tribunal resolvió a favor de Melella y otorgó al gobierno un plazo de 210 días para convocar a elecciones de convencionales constituyentes. Ese lapso de tiempo empezaría a regir una vez que el fallo quedase “firme”.
Frente al revés judicial, Lechman presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado por el tribunal provincial. Luego, insistió con un recurso de queja. El náximo tribunal del país aún no se expidió sobre esta última presentación.
Por este motivo, la jueza electoral Zanini interpretó que el fallo aún no está firme -dado que no se agotaron todas las instancias de apelación- y, por ende, la convocatoria a elecciones constituyentes impulsada no tiene validez alguna.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, celebró el fallo de la Zanini y pidió por un cambio en las prioridades del gobierno provincial. “La decisión de la Justicia Electoral de declarar nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes vuelve a poner en evidencia que Tierra del Fuego es perjudicada, es dañada por seguir en una discusión alejada de lo importante, de lo urgente, de la gente”, sostuvo.
El jefe comunal recordó, además, el revés que ya había sufrido la iniciativa de Melella en el parlamento local.
La Legislatura fueguina ya había rechazado el proceso de reforma constitucional hace casi un mes. El gobernador había firmado, el pasado 29 de abril, el decreto que convocaba a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, amparado en la ley N°1529 que había aprobado el parlamento provincial en 2025 y habilitaba el llamado a modificar la Carta Magna.
Apenas un día más tarde, la oposición se unió en la legislatura para rechazar la iniciativa del gobernador y derogó la norma que habilitaba la convocatoria. Esperaban frenar, así, el proceso de reforma para evitar que la provincia incurriera en gastos extraordinarios en medio de la crisis económica que afecta, entre otras cuestiones, la paritaria docente y el financiamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
Melella había vetado la decisión parlamentaria, lo que profundizó el conflicto entre la administración provincial y dirigentes de la oposición como el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Al igual que Pérez, Vuoto se había manifestado en contra de modificar la Carta Magna.
Ahora, según pudo saber , el gobierno provincial tiene previsto apelar también la resolución de la Justicia electoral para destrabar el proceso de reforma.
Reelecciones en disputa
La reforma apuntaba a 70 de los 211 artículos de la Constitución provincial. Entre otras cuestiones, Melella buscaba terminar con la reelección indefinida de los legisladores y poner un máximo de dos mandatos consecutivos, como ya aplica para el Ejecutivo. Además, esperaba limitar el sueldo que cobran diputados y funcionarios para evitar que superen el ingreso del propio gobernador.
En la oposición, sin embargo, sospechaban que, detrás de la reforma, se ocultaba una pretensión del gobernador de ir por un tercer mandato al frente de la provincia. Sucede que el proceso de modificación de la Carta Magna podía abrir la puerta para una re-reelección.
Es un debate que ya había tenido lugar en Formosa, cuando el año pasado se avanzó con una reforma de la Carta Magna en la provincia. En el terruño del caudillo peronista Gildo Insfrán, se había discutido si el mandato actual del gobernador -bajo el cual se aprobaron los cambios- debía ser tomado como el primero o debían contabilizarse también los que precedieron a la modificación del texto constitucional.
En Formosa, como el oficialismo tenía mayoría, se terminó aprobando una cláusula transitoria que establecía que debían desestimarse los mandatos anteriores y empezar a contar de cero a partir del mandato actual. Es decir, el gobernador -que conduce la provincia desde 1995- podría volver a competir por el Ejecutivo en 2027.
En Tierra del Fuego, la oposición temía que ocurriera algo similar: que los convencionales tomaran el mandato actual de Melella como el primero (pese a que ya lleva casi siete años al frente de la provincia austral) o que no se expidieran al respecto y dejaran un vacío que el gobernador pudiera utilizar a su favor.
En el entorno del mandatario fueguino, sin embargo, descartan que tenga intenciones de ir por un tercer mandato y aseguran que plantea la necesidad de avanzar con una reforma constitucional desde antes de desembarcar en el Ejecutivo provincial.
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POLITICA
Cierran Puerto Madero por una reconstrucción clave del caso Piccirillo y crecen las sospechas de un beneficio
Elías Piccirillo tacha los días. Los que lleva en prisión domiciliaria en un departamento modesto en Banfield y los días que faltan para que empiece el Mundial.
La Justicia fijó la reconstrucción de la “cama” a su exsocio Francisco Hauque, por la que está procesado, para el 10 de junio, un día antes del Mundial. La sospecha y el temor de la querella es que sea un guiño para dejar al ex de Jesica Cirio en libertad durante el Campeonato de la Copa del Mundo.
Leé también: Un exsocio de Piccirillo podría ser arrepentido en la causa del dólar blue y rulo financiero
El fiscal Franco Picardi pidió el operativo con el aval del juez Ariel Lijo. La Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal (PFA) advirtió que la medida exige una logística demencial: bloquear al menos 12 accesos clave al barrio de Puerto Madero, con un masivo despliegue de efectivos.
La reconstrucción arrancará a las 9 y estiman que puede estirarse hasta las 23. Para hacer el simulacro, se necesita un auto idéntico al del caso: un Audi Q8 55 TFSI Tiptronic Quattro, año 2020. Pero no hay plata.
El Ministerio Público Fiscal dejó por escrito que no tiene dinero para pagar el alquiler del auto de lujo. La PFA tuvo que salir a rastrear agencias. Dieron con una concesionaria en Acassuso que los deja ir a tomar medidas del auto y sacar fotos, mientras consultan las especificaciones técnicas con el service oficial de Audi.
En definitiva, la fiscalía supeditó la realización del peritaje a que la propia defensa aporte el vehículo ese día.
Mientras la defensa de Piccirillo presiona por el vencimiento de los plazos, la fiscalía ratificó la extrema complejidad de la causa por la cantidad de procesados y la existencia de arrepentidos.
La querella sospecha que el operativo en la calle es la antesala de un guiño judicial para que pase el Mundial en libertad antes de que la campaña electoral largue de lleno.
Piccirillo es clave en la causa del rulo financiero y la política busca no tener sobresaltos: después del Mundial arranca la campaña.
A fines de febrero, TN anticipó que Hauque había desistido de impulsar un recurso en la Justicia para que Piccirillo volviera a la cárcel de Ezeiza, donde fue derivado desde que fue detenido en marzo de 2025. “El fiscal ya sabe por qué”, dice una fuente para explicar las razones de una aparente tregua entre Piccirillo y Hauque.
Los exsocios son investigados por la Justicia por el rulo financiero. Quedaron involucrados por los audios que aportó en un pen drive Carlos “El Lobo” Smith, un ex agente de la Policía Federal que secundaba a Piccirillo en “la cama” contra Hauque y se adhirió a la figura de “arrepentido”.
Leé también: Buscan el destino final de U$S3000 millones que pasaron por las casas de cambio de Migueles y Piccirillo
El juez Daniel Rafecas, que está reemplazando a la jueza María Servini hasta el viernes, rechazó la unificación de las causas que están en los despachos de Lijo y Servini.
Para la jueza Servini, el perjuicio al Estado durante la gestión de Alberto Fernández fue de 607 millones de dólares. Dictó un embargo de $859.516 millones sobre los financistas y las casas de cambio involucradas. El dinero provenía de extracciones en efectivo que terminaban directamente en las cuevas del mercado paralelo.
Las casas de cambio en la mira por el rulo financiero
- Arg Exchange: La firma de Elías Piccirillo y Martín Migueles -el novio de Wanda Nara– compró y vendió más de US$ 250 millones en un año. La Justicia detectó que hacían un “pasamanos” de pesos y dólares sin justificación económica.
- Mega Latina: Es el caso más emblemático del expediente. Vendió US$ 466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023. Detrás operaban Juan Ignacio Agra y la contadora Valeria Fernández. También se investiga a Gallo Cambios, Arg Exchange, Stema Cambios y Ars Cambios.
SIRA y la pista política
La causa que tiene el fiscal Picardi incorporó el circuito paralelo de las autorizaciones SIRA. Los chats del teléfono secuestrado a Martín Migueles (exsocio de Piccirillo) revelan que cobraban un “rédito” de entre el 10% y el 15% de cada importación gracias a “la gente de adentro”.
El fiscal pidió identificar formalmente a los funcionarios sospechosos que operaban dentro de las estructuras que comandaban Matías Tombolini (Secretaría de Comercio), Carlos Castagneto (exAFIP), Guillermo Michel (Aduana) y Miguel Ángel Pesce (BCRA).
“La Osa se siente mal, me tengo que ir”
La trama Piccirillo-Hauque tiene aristas increíbles. En la última cena, de la supuesta traición con el operativo trucho en el Palacio Duhau, armada por Piccirillo para que la policía detuviera a Hauque y su esposa Anahí Aquino con un arma y dos kilos de cocaína, un detalle llamó la atención de los investigadores.
Piccirillo dijo que Cirio llegaría de un momento a otro. Ya el mozo le había traído el salmón. Pero Piccirillo atendió el celular y dijo que hablaba con su esposa, que no está imputada en la causa: “Osa, ya voy para allá”, se excusó ante la pareja. “La Osa se siente mal, me tengo que ir”, les dijo a Hauque y Aquino. Le pidió al mozo que le arme un paquetito con el salmón y Piccirillo salió por el subsuelo del Palacio Duhau.
Elías Piccirillo, Puerto Madero
POLITICA
Narcojuez: el contador que compartían un magistrado federal y un jefe narco aceptó ser arrepentido y hundió a Bailaque
ROSARIO.– La audiencia en la que se define si el exjuez federal Marcelo Bailaque va a juicio oral por connivencia con el narcotráfico empezó con una bomba. Gabriel Mizzau, el contador que trabajaba para las empresas del narcotraficante Esteban Alvarado y que al mismo tiempo le manejaba las cuentas personales al magistrado que debía investigar al jefe criminal, aceptó una condena y se presentó como imputado colaborador.
Es el tercer arrepentido que hunde a Bailaque. Mizzau va a revelar, en teoría, cómo creció a nivel patrimonial el exmagistrado, que está actualmente detenido en su domicilio.
La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario, donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno en el que reconoce su culpabilidad, con pena definida y a homologar más adelante, además de un convenio de colaboración como imputado en el marco del artículo 41 ter del Código Penal, que admite el aporte de información relevante a cambio de una reducción de la pena.
Esta causa se originó después de que revelara el 11 de junio de 2024 que Bailaque compartía contador con el jefe narco que debía investigar, y que, además, el hijo de Mizzau había ingresado a trabajar en el juzgado federal N°4, a cargo de este exmagistrado, que tenía a su cargo una pesquisa por lavado de dinero contra Alvarado. Esta revelación provocó que los fiscales empezaran a investigar a Bailaque.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Iglesias. La audiencia de control de acusación contra Mizzau, en consecuencia, fue declarada abstracta: ya no tiene sentido discutir si hay mérito para ir a juicio cuando el propio acusado admitió su responsabilidad.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014 en adelante. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales, el jefe criminal pretendía blanquear su economía. Acumuló una fortuna a partir de que Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primer condena contra Alvarado fue en el fuero provincial, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reseñaran toda la red de violencia y de distribución de droga que tenía montada Alvarado desde hacía más de una década.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas. Todo eso, mientras le llevaba al mismo tiempo las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota publicada por en 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura, que ya había abierto un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. En paralelo, los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de ese año se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por 90 días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros.
Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Acorralado, el exmagistrado presentó su renuncia en junio de 2025. El gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en quebrarse. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. El objetivo era extorsionarlo: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los amigos del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado permitió el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra −Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau−, el cerco sobre Bailaque se cierra. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, que supera las 200 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina, que fue asesinado en diciembre de ese año. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Esa pasividad fue clave para que Alvarado consolidara su poder criminal. En esos nueve años en que la Justicia federal no avanzó contra él, Alvarado acumuló una fortuna, controló el negocio del narcotráfico en Rosario y dejó un tendal de asesinatos.
Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial y su carrera criminal estaba en ruinas, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas. El hombre que durante años operó en la zona gris donde convergían la justicia y el narcotráfico ahora habla. Lo que diga tiene el potencial de revelar ramificaciones que exceden la figura de Bailaque e iluminan un sistema de funcionamiento que contaminó durante años a la justicia federal de Rosario.
El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio. La causa que empezó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco terminó exponiendo una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
11 de junio de 2024,Germán de los Santos,Rosario,Justicia Federal,Narcotráfico,Conforme a,Rosario,,Como Notre Dame y el Coliseo Romano. Aplican el mismo sistema de restauración que se usó en en Europa para un monumento del país: cuál es,,Todo un éxito. Furor por el menú patrio del papá de Mauro Icardi: cocinó junto a Wanda Nara y agotó stock en tiempo récord,,»Lo necesito, trabajo mucho». Un intendente de Santa Fe se pidió licencia para ir al Mundial
POLITICA
Toma en los colegios: el Nacional Buenos Aires volverá a clases, mientras que el Carlos Pellegrini sostiene la medida de fuerza
El Colegio Nacional de Buenos Aires dio por terminada la toma que sus estudiantes habían iniciado el martes por la noche y confirmó que todas las actividades académicas y administrativas se reanudan este jueves 28 de mayo. La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP), en cambio, permanece bajo ocupación estudiantil, con sus actividades suspendidas hasta que se garantice el normal funcionamiento del edificio.
Ambos establecimientos, dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), habían resuelto la toma el martes en asambleas con decenas de alumnos, con el reclamo central de que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada en octubre de 2025 pero con aplicación suspendida por la vía judicial.
El Poder Ejecutivo apeló los fallos que ordenaban su puesta en marcha y promueve en el Congreso un nuevo proyecto que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.
La decisión de levantar la medida en el Nacional Buenos Aires llegó tras una jornada de tensión. El establecimiento se limitó a informar, en un comunicado escueto, que “concluida la medida llevada adelante por las y los estudiantes, se restablecen todas las actividades académicas y administrativas de la institución a partir de mañana, jueves 28 de mayo”. Sin mayores explicaciones, la institución cerró ese capítulo —al menos por ahora.
Distinta fue la situación en la ESCCP, donde el equipo de conducción emitió un comunicado con un tono más extenso. Las autoridades del colegio informaron que, frente a la ocupación, tanto las autoridades de la UBA como las del propio establecimiento se ofrecieron a permanecer dentro del edificio para mantener un contacto directo con los estudiantes.
La representación estudiantil rechazó la propuesta. Ante esa negativa, las autoridades suspendieron todas las actividades académicas, extracurriculares y administrativas, y solicitaron a las familias el retiro de sus hijos del establecimiento, advirtiendo que no podían garantizar la integridad física de los alumnos durante la medida. El calendario escolar será readecuado para compensar las jornadas perdidas.
El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, había precisado en declaraciones a A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil “es visibilizar la crisis y defender la educación pública”, y anticipó que la continuidad de la ocupación se evaluaría en asambleas diarias.
La toma se desarrolló bajo una modalidad que no implicaba la interrupción total de clases: cada alumno podía optar por adherirse a la medida, mientras que en paralelo se organizaron clases públicas en el marco de la protesta.
El reclamo tiene como trasfondo una brecha salarial que afecta a los docentes de los colegios preuniversitarios. Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y profesor de la UBA, señaló en diálogo con Infobae que los docentes de esos establecimientos cobran un 30% menos que sus pares de las escuelas comunes de la Ciudad de Buenos Aires, una relación que se invirtió respecto de años anteriores.
“Cuando yo era rector cobraban un 30% más. Hoy cobran un 30% menos”, afirmó. Zorzoli, quien históricamente se opuso a las tomas como primera medida de protesta, reconoció que en este caso no puede pedirles a los alumnos que negocien. “El Congreso aprobó una vez, hubo veto, aprobaron otra vez, la justicia dijo que sí”, argumentó ante Infobae, y reclamó que la Corte Suprema se expida: “Tiene tiempos políticos, una responsabilidad política y tiene que responder ante la falta de clases en el Colegio Nacional Buenos Aires”.
Pitrola, por su parte, sostuvo que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública” y calificó la situación como “límite”. El dirigente estudiantil también cuantificó la diferencia salarial: “Los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad“, dijo en declaraciones a A24, y recordó que “históricamente, los docentes de los colegios preuniversitarios ganaban un 30% más que sus pares de la ciudad”.
La protesta estudiantil se enmarca en un conflicto más amplio que involucra al conjunto del sistema universitario. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de 24 horas para este viernes, con el reclamo de convocatoria urgente a paritarias y recomposición salarial. Los sindicatos Conadu y Conadu Histórica se suman a la medida. La Fedun sostiene que los salarios del sector perdieron un 52,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Este martes, docentes y no docentes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir una definición de la Corte Suprema sobre la ley.
Zorzoli también alertó ante Infobae sobre la pérdida de recursos humanos en el sistema público. “Un docente hoy en la ciudad de Buenos Aires tarda en promedio siete años en recibirse y va a tener un sueldo bastante pobre”, dijo, y advirtió que los mejor formados terminan migrando al sector privado. La situación, precisó, es particularmente grave en las áreas de Matemática, Física y Química.
Desde 2024, estudiantes y trabajadores del sector universitario encabezaron al menos cuatro movilizaciones federales. La promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario en octubre de 2025 no destrabó la situación, ya que su implementación quedó supeditada a la asignación de fondos en el Presupuesto, mientras el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa que no contempla recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
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