POLITICA
Uno por uno, los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares
La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.
Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.
Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.
Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.
En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.
Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares
- Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
- Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”. Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
- Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
- Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley. Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°. En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
- Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
- Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
- Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
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De aprobar el Senado la modificación de la ley de zonas frías, que obtuvo media sanción en Diputados esta semana, los beneficiarios del subsidio al gas natural ya no se determinarán en función del lugar donde viven, sino a partir de los criterios que se aplican en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) vigente desde este año.
Este nuevo esquema de subsidios fue implementado mediante el decreto decreto 943/25 del 31 de diciembre de 2025. Establece una reducción en la tarifa de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos para hogares que cumplan determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad.
Para recibir la ayuda estatal, exige acreditar ingresos por hogar que no superen tres Canastas Básicas Totales ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec). También pueden acceder aquellos con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Con este nuevo esquema, el Gobierno buscó reducir la masa de subsidios económicos destinados a los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, los subsidios a la tarifa del agua, energía y el transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual, mientras que, en paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594%.
El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados reemplazó la segmentación N1, y la N2 y N3 – que representaban aproximadamente el 60% de los hogares residenciales del país -por la categoría de hogares considerados “vulnerables”.
Quedaron excluidos los que superen las tres Canastas Básicas Totales; posean un patrimonio considerado incompatible con el beneficio; o presenten indicadores de capacidad contributiva, como tres o más inmuebles; vehículos de menos de tres años; embarcaciones o aeronaves; o activos societarios.
Hoy, con este nuevo esquema, hay 9.601.181 usuarios de gas natural que reciben el SEF en el país, según los datos analizados por Infobae del Anexo de la respuesta a la Pregunta 314 del informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enviado el 29 de abril a la Cámara de Diputados.
Esta cifra equivale a una tasa de 20.921 beneficiarios cada 100.000 habitantes, si se considera el total de la población argentina que, según el último Censo 2022, es de 45.892.285 residentes en el país.
El subsidio se descuenta de manera directa en la factura del servicio. En el caso del gas por red, es del 50% y se aplica durante los meses de mayor consumo, y no se otorga en períodos de menor demanda.
En 2026, se sumó una bonificación extra del 25% en enero, que disminuye en forma gradual hacia fin de año. Para quienes adquieren garrafas de 10 kilos, el descuento se aplica directamente en la compra, siempre que el pago se realice de manera electrónica.
En cuanto a los usuarios que reciben el SEF en la tarifa de energía eléctrica suman 16.472.523 en todo el territorio nacional, según la información provista por el jefe de Gabinete, en base a datos de la Secretaría de Energía, discriminada por provincia. Esta cantidad implica una tasa de 35.894 beneficiarios por cada 100.000 habitantes.
En electricidad, la bonificación general es del 50% sobre un bloque de consumo especificado.
Por provincia
La provincia con mayor cantidad de usuarios con el SEF al gas es Buenos Aires, con 4.147.794 hogares beneficiarios. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con 1.432.190; Córdoba, con 849.644; Santa Fe, con 755.834; y Mendoza, con 441.742 viviendas que tienen su factura de gas subsidiada. Estos números están en línea con la mayor densidad poblacional de estos cinco distritos.
En cuanto a los hogares con subsidio focalizado a la energía eléctrica, se repite el mismo patrón, aunque con una cantidad de beneficiarios superior: Buenos Aires con 6.317.997; Ciudad de Buenos Aires con 1.621.941; Córdoba con 1.528.810; Santa Fe con 1.336.633; y Mendoza con 593.998 usuarios con subsidios SEF.
Empresas con más subsidios
En cuanto a las empresas prestadoras del servicio del gas, la que registra mayor cantidad de clientes que ayuda estatal para el pago de su factura es Metrogas, la distribuidora de gas más grande del país que opera en CABA y en varios partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires, con 2.361.306 hogares. Es casi la totalidad de su clientes ya que, según informa en su web, tiene más de 2,4 millones.
Le sigue Naturgy BAN, que brinda servicio en 30 partidos del norte y oeste del Gran Buenos Aires, con 1.632.036 hogares subsidiados.
Luego aparece Camuzzi Gas Pampeana, que opera en gran parte del interior de la provincia de Buenos Aires (excepto el AMBA y el extremo sur bonaerense), y en la provincia de La Pampa, con 1.411.251 usuarios con subsidio estatal.
A continuación se ubican Distribuidora de Gas del Centro, que presta servicio en Córdoba, Catamarca y La Rioja, con 797.301 usuarios con subsidio; Litoral Gas, que distribuye en toda la provincia de Santa Fe, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, con 793.868 cliente cuya factura está subsidiada; y Camuzzi Gas del Sur, que distribuye en Neuquén, Río Negro Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, con 740.324 clientes con el SEF.
En cuanto a las prestadoras del servicios eléctrico, lideran el ranking de las que tiene mayor cantidad de clientes con subsidio Edenor (3.022.177) y Edesur (2.437.555).
Le siguen EPSF, encargada de la distribución de electricidad en Santa Fe, con1.191.169 usuarios con subsidio; EPEC, de Córdoba, con 1.063.397; y EDEA, prestadora del servicio en la Costa Atlántica y el interior de la Provincia de Buenos Aires (542.458); y EDET, de Tucumán (538.474 hogares con ayuda estatal).
Visualizaciones: Daniela Czibener
Chequeo de datos: Desiré Santander
El jefe de gabinete Manuel Adorni sería citado a prestar declaración indagatoria antes de las vacaciones de invierno de los tribunales, previstas para las últimas dos semanas de julio próximo, según anticiparon fuentes judiciales a .
La medida está a estudio del juez federal Ariel Lijo, quien junto al fiscal Gerardo Pollicita, investigan los gastos de Adorni.
La declaración indagatoria es un acto de defensa del imputado que el juez decide cuándo tiene elementos de prueba suficientes como para considerar que el sospechoso está incurso en el delito y debe ser interrogado.
No implica que sea culpable.
“El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación”, dijo una fuente judicial que indicó que ello ocurrirá antes de las vacaciones de invierno, previstas entre el 20 y el 31 de julio.
En Comodoro Py 2002 evalúan que el juez Lijo, si decide llamarlo a indagatoria, es porque casi seguro decidirá su procesamiento. En la justicia federal es raro pensar en otro desenlace.
Por lo tanto, el horizonte judicial de Adorni se encamina a ensombrecerse todavía más.
Adorni es investigado en este tramo de la causa, que lo pone al borde de la indagatoria, por supuesto enriquecimiento ilícito. Se analizan el viaje a Punta del Este, Uruguay, junto al productor televisivo Marcelo Grandío y las reformas que realizó en su casa de fin de semana, por más dinero que el valor de la vivienda.
La indagatoria sería para responder por su relación con el productor Grandio, dueño de la productora Imhouse.
La firma tiene seis contratos de coproducción con la TV Pública y habría realizado transferencias de dinero a Manuel Adorni antes de que este asumiera como funcionario.
Además, Adorni viajó a Punta del Este con su familia en el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado. Dijo que el pasaje lo pagó con su dinero; sin embargo, la Justicia sospecha que ese vuelo lo pagó Grandio.
Estos vínculos entre Adorni y su amigo podrían complicarlo con imputaciones de negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.
La última medida de prueba que ya dispuso el juez Lijo y que espera tener completa para definir su indagatoria es una serie de cruces de llamadas entre el teléfono de Grandio, los de Adorni y el de Horacio Silva, socio fundador de Imhouse
Grandio es amigo de Adorni y lo considera “casi como un hermano menor”, como le dijo a LN+. El productor creó Imhouse en abril de 2016 junto al empresario Silva y se desempeñó como presidente de la entidad hasta 2020, cuando -según consigna en el Boletín Oficial- dejó la conducción de la entidad en manos de su socio fundador y su hijo Juan Grandio.
Más allá de abandonar la conducción de la empresa, Marcelo Grandio no rompió lazos con la firma que —según consta en redes sociales— produce algunos de los programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.
En la investigación de los contratos firmados entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo dispuso el cruce de llamadas.
No se obtendrán los contenidos de las comunicaciones, sino si hubo contactos y en qué fecha para determinar si se corresponde con la firma de los acuerdos y determinar si existieron intercambios con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
También se analiza la geolocalización de los teléfonos en ese momento.
“En Ciccone, los cruces de llamadas fueron clave para la condena de Amado Boudou”, recordó un veterano empleado judicial.
Lijo dispuso que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) realice esta tarea en busca de datos y cotejarlos con los seis contratos de coproducción.
Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.
Imhouse asume los costos de producción (incluidos personal, equipamiento y derechos de autor) y también eventuales reclamos judiciales, mientras que accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.
Los contratos incluyen el programa radial “La caja de Pandora”, firmado en abril de 2024, y otros envíos como “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”.
En el streaming de la señal estatal también se emite Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich.
Es el nexo más reciente del periodista cercano al jefe de Gabinete con los medios públicos: se estrenó a mediados de febrero. Aunque en el sitio oficial de la productora Imhouse no figura como un proyecto propio, en su cuenta de Instagram se suelen compartir recortes de la transmisión en formato de reels.
Previo a su desembarco en la TV Pública, la empresa de Grandio ya contaba con estrechos vínculos con el jefe de gabinete: eran la productora detrás de su programa de entrevistas Dos en Pausa, que se transmitía en 2022 por canal Metro y también el canal 7 de Punta del Este.
El vínculo entre la firma de Grandio y ese proyecto no figura en el portfolio de la productora publicado en su página web, pero sí en su cuenta de Instagram y las redes sociales del programa.
Así presentaban el proyecto en redes sociales: “En un momento delicado del país, Manuel Adorni recibe en el living a diferentes políticos y personalidades destacadas con el fin de conversar y entender un poco más la situación actual de Argentina. El economista y conductor de radio te invita a intercambiar ideas y escucharte sin prejuicios”.
En este programa de 2022 a cargo de la productora Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Milei, que por entonces ejercía como diputado nacional por La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel.
Grandio, además, en 2024 fue parte de un programa de radio que se emitió de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero”, dijo a una fuente al tanto de la producción de ese ciclo.
La Justicia está convencida que el vuelo de Adorni con su familia a Punta del este lo pagó Grandio. El piloto al que le facturaron el vuelo privado en el que Adorni volvió a Buenos Aires declaró como testigo y dijo que a la reserva y al vuelo los pagó Grandio
Agustín Issin Hansen, quien, en calidad de broker, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares. Uno de esos vuelos, el que usó Adorni, fue vendido a Grandio.
Precisó que el vuelo de ida lo pagó el periodista y fue facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri). Respecto al de vuelta, afirmó que fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue vendido a Grandío por 3.000 dólares.
La factura del vuelo, dada a conocer por TN la semana pasada, está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez en LN+ del vuelo, que había ocurrido tres semanas atrás.
Cuando se supo que el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando formaba parte de un paquete de viajes facturados a su nombre, Issin le dijo a : “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”. Adorni había afirmado que al viaje lo pagó él.
La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje.
Adorni declaró: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”. Sin embargo, ni la factura del viaje de ida ni la de la vuelta están a nombre de él y no explicó por qué.
La empresa Alpha Centauri, a requerimiento de la Justicia, informó además que el vuelo de ida costó 4830 dólares, que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse, la productora de Grandio.
El caso de Grandio es lo que coloca a Adorni a las puertas de la indagatoria.
En paralelo, Lijo con Pollcita llevan la causa de supuesto enriquecimiento ilícito. Allí el foco está puesto no tanto en si el funcionario puede justificar sus gastos en función de sus ingresos, sino en que en dos años adquirió dos propiedades que no están declaradas.
Además, el otro foco es que las hipotecas tomadas como saldo de deuda fueron comprometidas cuando, a simple vista, los ingresos declarados no permitirían abonarlas.
El verdadero problema, según el análisis que realizan funcionarios judiciales que deben decidir sobre Adorni, es la compra de la casa de fin de semana del country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua.
Allí, Adorni escrituró la casa en noviembre pasado en unos 120.000 dólares. Además, la investigación señala que Adorni habría pagado unos 5000 dólares de ingreso al country y luego unos 245.000 en refacciones integrales y todo en negro, es decir sin facturarlo.
Esas refacciones incluyeron, por ejemplo, bienes muebles, como los 51 muebles a medida que no están incluidos en la declaración jurada.
Es decir, entre compra y remodelación, el gasto total mencionado en la causa rondaría los 370.000 dólares aproximadamente; una suma que está muy por encima del valor de esa propiedad en ese lugar.
Uno de los investigadores judiciales acostumbrado a tratar con asuntos económicos especuló con que, más allá del supuesto enriquecimiento ilícito, la conducta podría encuadrarse en el delito de lavado de dinero.
Y un último hecho está bajo la mirada judicial. Un informe televisivo mostró imágenes de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina apostados en el ingreso de Indio Cuá.
Según la nota, el operativo se habría desplegado después de una movilización realizada el 31 de marzo en las inmediaciones del barrio privado. El periodista Nicolás Wiñazki exhibió además capturas del chat interno del country y sostuvo que vecinos cuestionaron el uso de recursos federales para custodiar la vivienda particular del funcionario.
Para la justicia, si se confirma que estos efectivos estaban para custodiar el lugar, podría además configurarse el delito de peculado, que castiga con hasta 10 años de prisión al funcionario que use en beneficio personal recursos públicos que debe administrar.
Boletín Oficial,Victoria Villarruel,Hernán Cappiello,Conforme a
Domingo por la tarde. Javier Milei en la Quinta de Olivos recibe mensajes de WhatsApp que se reproducen en su teléfono. En paralelo observa que la tendencia en X por las acusaciones entre el espacio de Santiago Caputo y Martín Menem no deja de escalar. Esa red social es la obsesión presidencial. Quienes le mandan mensajes son hombres que responden a Caputo, que estuvieron con el Presidente desde el inicio de la aventura política cuando llamaba la atención en los canales de televisión. Le hicieron saber de los tuits de la supuesta cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, contra Caputo y su equipo. Algunos, inclusive, contra el propio Presidente. Milei recibió las presuntas pruebas. “No estaba contento, para nada”, señaló alguien que constató el diálogo con uno de ellos ante Infobae. ¿Pasará algo? Difícil.
Milei buscó evitar más ruido el martes por la noche: “Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo en declaraciones al streaming oficialista Neura. Y agregó: “Si quieren, les paso el video que armó (Santiago) Oría donde explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema”, insistió.
Tampoco eligió la crítica para sus subordinados: “Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria”, remarcó.
Distinto a lo que había dicho horas atrás Daniel Parisini (Gordo Dan en X): “Ahora, al menos, sabemos quien es quien”, disparó. Todos coinciden en que la disputa de poder entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y Caputo llegó a un punto imposible de sostener. El riojano desmintió el hecho tuitero ante el bloque de los diputados libertarios y el Gabinete. Envió el mismo mensaje a ambos grupos. Tiró la responsabilidad sobre alguien que funciona como community manager. En el chat de ministros, solo se apuró a responder Juan Bautista Mahiques, de Justicia (quien debió salir a decir que no estudian completar la Corte Suprema).
La mayor bronca de Caputo vino por un tuit específico. “Acá preocupado por el enojo de SLYT (NdeR: Secretaría Legal y Técnica) que laburó al pedo 6 meses. No pasa nada campeón”, rezaba el mensaje de la cuenta anónima que vinculan a Menem. El asesor contó que esa frase solo pudo saberla Menem y el interlocutor con el que habló por teléfono aquel día. Esa vez, Caputo dijo: “No te podés cagar en 6 meses de trabajo de legal y técnica”. Desde Las Fuerzas del Cielo dicen estar hartos de las operaciones cruzadas. “Tiran con cuestiones personales todo el tiempo. Eso no se hace. Se creen los grandes gestores del triunfo de octubre y lo concreto es que si Santiago no lograba el tuit de Scott Bessent (secretario del Tesoro de Estados Unidos) era derrota absoluta”.
Lo cierto es que ya no se ocultan esas acusaciones. Y cada uno dispara con lo que quiere. El último ejemplo lo dio Nicolás Promanzio, comunicador libertario de “Las Fuerzas del Cielo” y panelista del streaming “Carajo”, donde se agrupan todos los que tienen a Caputo como jefe político. Promanzio tuvo un fugaz paso como funcionario del ministerio de Defensa. Allí el ministro, Carlos Presti, reporta directamente a Karina Milei. En medio de las denuncias por supuestas licitaciones a medida con sobreprecios en ese área, el libertario tuiteó ayer por la tarde: “No busquen el N° de proceso 84/13-0785-LPR26 en el portal Se refería a un expediente con el nombre descriptivo: “Permuta TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet”.
Para detener la hemorragia política el Gobierno busca frenar la escalada con una reunión de Gabinete el próximo lunes 25 tras el Tedeum patrio. Esa reunión sería sin Caputo ni Menem por no ser ministros. Tampoco Patricia Bullrich, senadora con voz propia y apuntada por Karina por filtraciones a la prensa. El martes 26 sí se realizaría la postergada reunión de “mesa política”, aunque a confirmar. “Salvo que X diga lo contrario”, respondió con un mensaje incómodo uno de los operadores de Casa Rosada.
El problema de sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa. Si bien algún peronista en soledad pidió la interpelación, como Hugo Moyano (h) en Infobae a las Nueve, el resto del bloque parece más tranquilo con dejarlo naufragar de a poco en el cargo. El asunto no terminó. Se instalaron dos cuestiones preocupantes para el Gobierno. La primera, que Adorni podría ser llamado a indagatoria antes del inicio del Mundial de fútbol. La segunda, que el silencio de muchos funcionarios se debe a que habrían realizado algunas tareas con el jefe de Gabinete más allá de la gestión estrictamente oficial. Es decir que Adorni, en caso de caer del todo, sería un peligro penal, además del político. “Voy a ser original, no voy a hablar de Manuel Adorni”, dijo Guillermo Francos en el almuerzo del Rotary Club el pasado jueves. El ex jefe de gabinete esbozó una crítica en Infobae sobre la reacción de Casa Rosada por el asunto y salió una versión interna de que podrían sacarlo del directorio de YPF. Parece haber sido la última advertencia.
Hoy el Gobierno tendrá una oportunidad de oro para retomar la conversación. Es que la oposición convocó a una sesión en Diputados a las 11 para interpelar al ministro coordinador. El oficialismo se movió rápido y convocó una sesión una hora antes (10 AM) para tratar la Ley Hojarasca y reformar el régimen de Zona Fría. La decisión tiene dos objetivos. El primero, aprobar iniciativas que Javier Milei considera clave y pondrán a prueba la alianza con gobernadores cercanos, sobre todo los del sur que podrían acompañar una medida que lejos está del apoyo social. El segundo, frenar esa interpelación, ya que si hay quórum (casi garantizado) se deberá levantar la convocatoria opositora.
Dentro de la oposición, la ex presidenta Cristina Kirchner sigue sin encontrar un candidato competitivo para plantarle al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El experimento Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, parece más una aventura para ganar tiempo que algo concreto de cara al 2027. Cristina y su entorno entienden que sin un candidato con chances, la negociación con Kicillof será en desventaja, al menos para aportar al vicepresidente. El ex ministro de Economía polariza directamente con Milei, salteando a La Cámpora en la discusión. Ante ese escenario, la agrupación de Máximo Kirchner no encuentra contendiente.
Por eso los gritos a la CGT, escuchados a la distancia por la central obrera y minimizados ante Infobae. “Nos tira para buscarnos. Muestra debilidad innecesaria”, dijo a este medio uno de los triunviros. ¿Piensa Cristina un acuerdo a cambio de tener al candidato a sucederlo? Es una de las tantas hipótesis. No hay espacio allí para Sergio Massa, quien no muestra sus cartas y se mantiene en silencio -salvo contadas ocasiones por la elección legislativa del 2025- desde que asumió Milei. Quienes lo vieron en las últimas semanas lo notaron interesado en entender el avance del fiscal Franco Piccardi en la investigación por las SIRA que comenzó a moverse de manera sostenida. El ruido interno en la interna peronista viene por la cercanía del fiscal con Eduardo “Wado” De Pedro, uno de los posibles candidatos de La Cámpora a gobernador de Buenos Aires.
Esta vez (¿será?) los intendentes quieren algo más que migajas que caigan de la mesa. A la espera de una decisión política o judicial que habilite una reelección más (negocios son negocios), las reuniones en la calle Suipacha en la zona de Retiro se repiten cada vez más. Son muchos los miércoles donde se vio a intendentes del conurbano como Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar) y el ministro de Infraestructura de PBA, Gabriel Katopodis. Alguna vez, también, el de La Matanza, Fernando Espinoza.
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