POLITICA
Vialidad: la Justicia avanza con el trámite para el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal 2 envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un oficio para que especifique si dispondrán de alguno de los bienes que serán decomisados a Cristina Kirchner.
La Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte deberá informar al TOF si alguno de los inmuebles de la expresidenta será “afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
Con esta presentación, que lleva la firma del juez Rodrigo Giménez Uriburu, el TOF avanza con el decomiso de los 111 bienes identificados en la causa, que corresponden a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones, también condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta a través de la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.
En paralelo, la expresidenta presentó un recurso extraordinario federal contra la resolución de Casación, que confirmó el decomiso tanto para ella como para sus hijos. Ahora, la Cámara deberá resolver si concede o rechaza el planteo. En caso de una negativa, la defensa solo podrá recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema.
Por su parte, Máximo y Florencia Kirchner solicitaron conservar 19 bienes, entre ellos 10 departamentos, dos casas en Río Gallegos y varios terrenos ubicados en Lago Argentino.
Al apelar la decisión del TOF2, la defensa de Máximo y Florencia argumentó que los hijos de la expresidenta no fueron condenados en la causa y, por lo tanto, sus propiedades no deberían ser incluidas entre los bienes a decomisar.
Además, sostuvo que la medida implica “una lesión al derecho de propiedad” y una vulneración de “los principios de inocencia y debido proceso”.
Los bienes identificados por la Justicia
Uno de los activos más relevantes se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un terreno de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007. En esa misma zona aparecen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año, entre ellos uno de 44.106 y otro de 87.046 metros cuadrados respectivamente.
En el lista del decomiso, se encuentra también el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos: uno propiedad de la firma Los Sauces SA, donde se levanta la “Casona”, y otros dos predios —identificados como 42-C 5-j y quinta 10A— que integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.
La expansión en El Calafate incluyó además otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, algunos de los cuales fueron comprados a valores bajos y luego revalorizados con el desarrollo turístico. Entre ellos figura un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, en el que posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.
En Río Gallegos, la lista incluye un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos más relevantes es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades, que fue adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle —Mitre al 500— que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
A esos inmuebles se suma una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, comprada el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en la capital santacruceña.
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El listado se completa con otros terrenos en El Calafate adquiridos a fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de ellos, comprado el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado con la adquisición de otra parcela el 20 de febrero del año siguiente.
El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Báez—como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los calzo y Del Curto— y de otros condenados, que podrán ser ejecutados si los activos principales no alcanzan para cubrir el monto fijado.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la marcha universitaria y los nuevos pliegos judiciales
Una multitud acompañó este martes la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia la Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Milei, cumplí la ley”, decían esta vez los carteles con los que la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario habían copado la Avenida de Mayo.
La convocatoria se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de , participaron unas 120.000 personas. Las columnas comenzaron a moverse al mediodía. La Universidad de Buenos Aires (UBA), como siempre, avanzó desde la Plaza Houssay. A las 17 sonó el Himno Nacional. “Patria sí; colonia no”, se alentó luego desde el escenario en la Plaza de Mayo. “Universidad y democracia” rezaban otras banderas en los laterales. Había fuegos artificiales.
POLITICA
El Senado comenzará a debatir la reforma electoral y los aliados demandarán Ficha Limpia por separado
En un clima de tensión sólo explicado por la orden tajante de la Casa Rosada de no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que había sido acordado entre oficialistas y dialoguistas en el Senado y que no reviste mayores complicaciones, la comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a analizar, desde las 16, la amplia ley libertaria de reforma política, que incluye varias modificaciones en distintas áreas y un premio mayor: dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La reunión estará a cargo de Agustín Coto (Tierra del Fuego). A veces dubitativo al comandar convites o plenarios -ya tuvo que asistirlo la también oficialista neuquina Nadia Márquez, que demostró mayor temple ante observaciones kirchneristas-, tendrá que amortiguar las seguras intervenciones de aliados clave para el Gobierno, que pedirán explicaciones.
El texto del Ejecutivo está lejos de tener votos asegurados. Por caso, la eliminación de las PASO no se acerca aún a las adhesiones necesarias. Al referirse al campo electoral, este tipo de normas requieren la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 afirmativos. La Libertad Avanza tiene 21 soldados. Por eso la importancia de la UCR, el PRO y silvestres provinciales, entre otros.
Para las PASO, desde diversos bloques ya deslizaron la intención de quitar la “O” de “obligatorias” y derivar a un régimen optativo, por citar el caso del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes). En el articulado libertario vuelve a aparecer un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).
Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.
Además, algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas– perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca, es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.
El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.
Más comisiones
Durante la jornada de hoy, la comisión de Acuerdos ejecutará una nueva audiencia pública para continuar con el tratamiento de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. En las últimas horas ingresaron más y, en la sesión de mañana -15-, tomarán estado parlamentario. Hay varios guiños hacia el interior del país, algo que reclamaban aliados y mandatarios locales.
En tanto, dos bicamerales más se conformarán: la de seguimiento y control del Ministerio Público; y la de Reforma del Estado y Privatizaciones. Otra ya activada, la Mixta Revisora de Cuentas -enlace predilecto con la AGN, que revisa los gastos-, tendrá temario a debatir entre legisladores. Es comandada por el ex presidente de la bancada oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche.
La Cámara alta dará luz verde a otras dos comisiones: la de Coparticipación Federal de Impuestos; y la de Población y Desarrollo Humano. En medio de la agitada actividad, nada se dijo de la ley que “blinda” el derecho a la propiedad privada. La iniciativa está bastante cerrada entre libertarios y dialoguistas, aunque un intento de dictamen quedará postergado, de mínima, para la semana próxima.
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POLITICA
El Gobierno dispuso que los deudores de cuotas alimentarias no puedan ingresar a partidos de fútbol
El Gobierno incorporó a las personas que hayan incumplido con las cuotas alimentarias dentro de los supuestos que podrán derivar en una prohibición de ingreso a estadios de fútbol. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y pasará a aplicarse a través del programa Tribuna Segura cuando exista una orden judicial o administrativa vigente.
La normativa modificó el artículo 2° de la Resolución 354/2017, que regula el régimen de Restricción de Concurrencia Administrativa a espectáculos futbolísticos. Según el texto oficial, la decisión apunta a adecuar el funcionamiento del programa a situaciones que comenzaron a registrarse en distintas jurisdicciones del país, donde jueces ordenaron impedir el ingreso a estadios a personas que incumplen el pago de cuotas alimentarias.
La resolución agregó un nuevo grupo dentro de los casos alcanzados por las restricciones de acceso. Por lo que, a partir de ahora, también podrán quedar impedidas de ingresar a estadios aquellas personas sobre las que pese una medida judicial o administrativa fundada en su inscripción en un Registro Público de Alimentantes Morosos o en sistemas equivalentes previstos por normativas locales.
El texto aclara que la restricción continuará vigente mientras permanezca la situación que originó la medida. La incorporación de este supuesto se suma a otros ya contemplados por el régimen, vinculados con hechos de violencia, alteraciones del orden público y delitos cometidos en el contexto de espectáculos deportivos.
Entre los fundamentos de la decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo que la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos recibió numerosos oficios judiciales que ordenaban incorporar personas a la base de datos de Tribuna Segura debido a sanciones relacionadas con incumplimientos alimentarios. Según explicó la cartera, esas resoluciones disponían restricciones de ingreso a estadios deportivos o a determinados clubes como mecanismo complementario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La norma menciona específicamente la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta. En el caso porteño, recordó que la Ley 269 creó el Registro Público de Alimentantes Morosos y dispuso que los organismos encargados del control de acceso a estadios rechacen el ingreso de las personas inscriptas en ese registro durante partidos organizados por entidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la FIFA o la Conmebol.
Respecto de Salta, la resolución señaló que la Ley 7411 creó un Registro de Deudores Alimentarios que prohíbe el ingreso a estadios para asistir a espectáculos deportivos o culturales pagos. Además, indicó que existen registros similares en otras jurisdicciones del país con medidas equivalentes.
La modificación también mantuvo y reordenó el resto de las causales previstas para aplicar restricciones de concurrencia. Entre ellas figuran las personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de la Ley 23.184 sobre violencia en espectáculos deportivos; quienes enfrenten causas por delitos dolosos y representen un riesgo para la seguridad pública; y quienes protagonizaran hechos violentos antes, durante o después de encuentros futbolísticos.
El listado incluye además a personas involucradas en actuaciones contravencionales relacionadas con partidos de fútbol, participantes de incidentes durante traslados de parcialidades y quienes alteren el orden público o afecten la seguridad y el tránsito tanto en espectáculos deportivos como en manifestaciones o concentraciones realizadas en la vía pública.
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