Los datos del mercado de cheques en la Argentina mostraron en abril de 2026 una señal de alivio. Por primera vez en el año, la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos registró una caída mensual significativa, aunque el nivel sigue siendo marcadamente superior al de un año atrás. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el dato en su informe mensual de pagos minoristas, que reúne las principales variables del sistema financiero de pagos del país.

El dato del cuarto mes del año rompe con la tendencia ascendente de rechazos. En concreto, en abril de 2026 se rechazaron 103.233 cheques por falta de fondos, lo que representa una caída del 8,1% respecto a los 112.000 registrados en marzo. Se trata del primer retroceso mensual relevante del indicador en lo que va del año. En la comparación con abril del año pasado, sin embargo, el nivel sigue siendo un 60,7% más elevado.

El monto involucrado en esos rechazos ascendió a $312.903 millones en términos nominales, con una baja mensual del 12,5%. Medido en términos reales -es decir, descontando el efecto de la inflación-, el monto deflactado cayó un 14,7% respecto a marzo. En la comparación interanual, el monto deflactado también muestra un alivio: la variación real frente a abril de 2025 se ubica en niveles que, si bien todavía son positivos en algunos segmentos, reflejan una desaceleración respecto a lo que mostraba el indicador meses atrás.

La tasa de rechazo sobre el total de cheques compensados se mantuvo en 2,2% en cantidades, sin cambios respecto a marzo. En montos, la relación bajó levemente: pasó del 1,6% al 1,4%, una reducción de 0,2 puntos porcentuales, según precisó el BCRA en su informe.

Para dimensionar el cambio, se debe poner en perspectiva lo que ocurrió en los meses previos. En marzo, los rechazos por falta de fondos habían crecido un 24,4% respecto a febrero y acumulaban una suba interanual que superaba el 100 por ciento. En ese momento, el sistema compensaba cheques a un ritmo mensual más elevado y la tasa de rechazo sobre montos era del 1,6 por ciento.

Abril marca lo que parece ser un quiebre de esa dinámica. La caída mensual del 8,1% en cantidades y del 14,7% en términos reales, sugiere que la presión sobre la cadena de pagos se redujo durante el mes, aunque sin desaparecer. El indicador interanual, que en marzo superaba el 100%, se moderó al 60,7% en abril, lo que representa una mejora comparativa aunque sigue siendo una cifra elevada en términos históricos.

Además de los rechazos por falta de fondos -que son los que el BCRA sigue con mayor atención por ser indicativos de la capacidad de pago de los emisores-, el informe también registra el total de cheques rechazados por cualquier motivo. En abril, esa cifra fue de 148.509 operaciones, con una baja mensual del 3,5% y una variación interanual del –11,4 por ciento. El monto nominal asociado a esos rechazos fue de $454.273 millones, con una caída deflactada del 10% mensual y del 21,2% en términos reales interanuales.

La diferencia entre ambas categorías es relevante: mientras que el total de rechazados bajó tanto en cantidad como en valor real respecto al año pasado, los rechazados específicamente por falta de fondos todavía se ubican un 60,7% por encima del nivel de abril de 2025.

El informe del BCRA también permite observar el comportamiento del mercado de cheques en su conjunto. En abril se compensaron 4,7 millones de cheques en pesos -tanto físicos como electrónicos- por un total de 22,2 billones de pesos. La cantidad compensada cayó un 6,8% respecto a marzo, mientras que el monto real bajó 3,4% mensual.

Dentro de ese total, el cheque electrónico (Echeq) siguió consolidando su posición dominante. Según el BCRA, el Echeq representó el 62,5% de los cheques compensados en cantidades —unos 2,9 millones de unidades— y el 83,9% en montos, con 18,6 billones de pesos. Esos porcentajes implican aumentos de 8 puntos porcentuales y 4,7 puntos porcentuales, respectivamente, frente a abril de 2025, lo que refleja una migración sostenida desde el cheque físico hacia el formato digital.

El informe también menciona un dato novedoso vinculado a la implementación del Echeq en dólares: en abril se compensaron 156 cheques electrónicos en moneda estadounidense por un monto total de 21 millones de dólares.

El gobierno de Javier Milei anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto para modificar la ley de Sociedades mediante una serie de cambios al régimen vigente que apuntan a reducir la injerencia estatal y simplificar los trámites para la constitución y reorganización de empresas.

La iniciativa, que según el jefe de Gabinete Manuel Adorni será presentada este viernes en el Poder Legislativo, fue elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación y Transformación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.

En efecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, detalló que “el proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”.

En tal sentido, Sturzenegger precisó que “las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”. El funcionario remarcó que las restricciones estatales serán excepcionales y deberán interpretarse de manera restrictiva. Además, los registros públicos no podrán emitir resoluciones que limiten derechos previstos en la ley vigente.

Otro de los cambios destacados es la eliminación de trabas burocráticas en los registros. El texto propone que el objeto social de las sociedades pueda ser amplio y plural, sin la obligación de conexidad entre las distintas actividades. “Si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”, señaló el ministro, quien argumentó que esta flexibilidad resulta esencial ante la acelerada transformación de los mercados.

El proyecto incorpora también los llamados instrumentos de inversión convertibles. Esta figura permitirá que un inversor aporte capital a una sociedad sin convertirse en socio ni asumir responsabilidad por las deudas, hasta el momento en que decida ejercer su derecho de participación. Según las definiciones oficiales, esta modalidad busca estimular la llegada de capital de riesgo y brindar mayores alternativas de financiamiento a las empresas.

A la vez, contempla la habilitación de la renovación automática del plazo de duración de las sociedades. Además, los mandatos de directores y síndicos pasarán a ser por tiempo indeterminado, salvo que el estatuto disponga lo contrario.

La reorganización empresaria también resultará más simple. Si una sociedad posee el ciento por ciento del capital de otra, el órgano de administración podrá absorberla directamente, sin requerir resoluciones asamblearias duplicadas. La iniciativa apunta a establecer lo que el ministro calificó como “burocracia cero para los grupos societarios”.

Al mismo tiempo, el texto oficial reconoce a la “Sociedad Automatizada”, que funciona con algoritmos o inteligencia artificial y no necesita empleados para sus tareas habituales, y a las “DAO”, que pueden ser totalmente o en parte autónomas, usan tokens y registran sus operaciones en blockchain. Las dos tendrán personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.

En concreto, una sociedad automatizada es una empresa que funciona de manera completamente autónoma mediante un algoritmo o inteligencia artificial, sin intervención humana en sus operaciones diarias. Esta firma puede desarrollar actividades comerciales para un tercero y, en caso de causar algún daño, responde únicamente con su propio patrimonio.

“Las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai. En Dubai las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina”, detalló Sturzenegger.

• Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite.
• Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita.
• Las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero y pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la justicia ordinaria.
• Se permitirá la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa.
• La Ley regula la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
• Se incorporan los instrumentos de inversión convertibles, se habilita la renovación automática del plazo de duración de la sociedad y se establece que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado por defecto, salvo pacto en contrario.
• Se simplifica la reorganización empresaria: si una sociedad es titular del 100% de otra, el órgano de administración puede absorberla directamente, sin necesidad de trámites adicionales.

El negocio de la logística naval atraviesa un período de concentración a nivel mundial entre grandes empresas, muchas de ellas integradas como la danesa, Maersk que ya no es solo una naviera tradicional, sino un proveedor logístico global que controla toda la cadena de suministro de «puerta a puerta» (end-to-end), incluyendo transporte marítimo, terrestre, aéreo, almacenamiento y aduanas, operando como un único proveedor. 

Siguiendo su ejemplo, la compañía China Cosco, también avanza en la misma línea. Cosco (China Ocean Shipping Company) es una compañía estatal china y una de las navieras más grandes del mundo. Sigue una estrategia similar a Maersk, ya que también practica la integración vertical para abarcar desde la operación de enormes puertos y terminales (incluyendo inversiones y participaciones en España y Europa) hasta el transporte de contenedores y la logística terrestre.

En España acaban de obtener un jugoso contrato junto a un grupo económico argentino. Cosco y el grupo argentino PTP, de los hermanos Guillermo y Daniel Misiano, desarrollarán una nueva terminal multipropósito en el Puerto de Tarragona, en España, con una inversión superior a los 116 millones de euros.

La alianza formada por la empresa china Cosco Shipping y el grupo logístico argentino PTP, que posee terminales logísticas y la concesión de la Zona Franca Santafesina (Zofravilla) en Villa Constitución, Santa Fe y trabaja con proyectos portuarios de gran escala en la Hidrovía, como el puerto franco en Nueva Palmira, anunció una inversión de más de 116 millones de euros para construir y operar una nueva terminal polivalente en el Puerto de Tarragona, en el noreste de España.

Pues bien, además, Cosco abrió oficinas comerciales en Buenos Aires en Paseo Colón 221 piso 1ª y espero con mucho interés que avance el proyecto del ministro más ambicioso y desregulador de la economía que tiene la administración de Javier Milei, Federico Sturzenegger.

Un proyecto que no le cierra a muchos integrantes del Gobierno

En medio de las nuevas alianzas hiper carnales con los Estados Unidos el simple hecho de que una empresa china como Cosco, que pertenece al Estado de la República Popular China, es propiedad del Consejo de Estado de China y está supervisada directamente por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC), encendió todas las alarmas en otra emblemática dirección de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Colombia al 4.300, sede de la embajada de los Estados Unidos.

Porque la obstinación del ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en abrir a la competencia la navegación comercial de los ríos y el mar argentino, tiene un peligro inminente para el gobierno de Milei, en la oportunidad que se le ofrece a la empresa Cosco.

Según los expertos de la Liga Naval Argentina, Cosco maneja en la actualidad el 11% del comercio marítimo mundial, con una flota estimada en 1500 buques entre portacontenedores y tanqueros. Su capacidad de expansión es cada vez mayor no solo en los mares sino además en tierra firme con la operación de grandes terminales portuarias. Y, se encuentra entre las grandes empresas del sector como la citada Maersk pero, también, MSC, CMA y CGM.

En Sudamérica, Cosco es bien conocida, es la constructora y operadora del complejo portuario de Chancay el que ha revolucionado el comercio marítimo en la ruta Asia Pacífico encendiendo varias alarmas en el propio Salón Oval de la Casa Blanca desde donde se dirge la guerra arancelaria contra China.

Desde el año 2023, Sturzenegger insiste con esta idea de abrir el cabotaje fluvial y marítimo al capital internacional para reducir costos y fomentar la competencia, a pesar que ninguna potencia marítima mundial realizó esa medida o la aconsejó. Arriar el pabellón nacional va contra la experiencia de los países más importantes del mundo con intereses marítimos propios.

Pero la senadora Patricia Bullrich ya avisó que ese proyecto tendrá muchas, muchísimas, dificultades para ser aprobado en el Senado.

Apertura naval: el riesgo comercial y la amenaza de dumping chino

La diferencia entre atender operaciones de exportación e importación de manera esporádica y establecer una flota permanente de cuatro o cinco buques cargueros y petroleros en territorio argentino es sustancial. Aunque el proyecto de ley sobre apertura del cabotaje aún no ha sido presentado oficialmente, expertos del sector naviero ya anticipan consecuencias significativas.

Según administradores navieros consultados con reserva por iProfesional, «una vez abierto el cabotaje marítimo, resultaría prácticamente imposible establecer restricciones sobre qué banderas pueden operar en el Atlántico Sur, quedando el país expuesto a una eventual guerra comercial entre potencias como Estados Unidos y China».

El análisis del sector revela una realidad contundente: operar cabotaje en Argentina presenta desafíos únicos que lo hacen poco atractivo para operadores internacionales convencionales. Los volúmenes de carga doméstica carecen de relevancia en el contexto del comercio marítimo global, mientras que la ubicación geográfica del país lo mantiene distante de las principales rutas comerciales internacionales.

Fuentes navieras señalan que cualquier empresa interesada en este mercado debe establecerse físicamente en el territorio y conformarse, como máximo, con abastecer de manera alternativa algunos tráficos regionales limitados.

La preocupación central radica en la posible estrategia que podría implementar la naviera estatal china Cosco. Esta compañía cuenta con capacidad operativa para desplegar los buques necesarios para cubrir los tráficos cargueros y petroleros nacionales, aplicando su reconocida táctica de penetración de mercados mediante dumping.

Analistas temen que «COSCO ofrezca fletes deliberadamente bajos durante un período prolongado, provocando que las navieras argentinas actuales abandonen definitivamente la actividad ante la imposibilidad de competir».Eso se llama dumping.