POLITICA
El Gobierno prepara cambios en el financiamiento universitario y busca evitar otro revés en el Congreso
El Gobierno de Javier Milei prepara cambios en el esquema de financiamiento universitario que buscará incorporar al Presupuesto 2027, en un intento por cerrar uno de los principales conflictos que mantiene abierto con las universidades y evitar que la discusión vuelva a convertirse en un obstáculo para la aprobación de la ley de gastos.
El proyecto deberá ingresar a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre y, en la Casa Rosada, ya trabajan en los detalles de la iniciativa. La estrategia oficial apunta a llegar a esa instancia con la mayor cantidad de acuerdos políticos posibles y utilizar la negociación presupuestaria para definir también las partidas destinadas al sistema universitario.
El Gobierno confía en contar esta vez con una mayoría más estable que la que tuvo durante la discusión del Presupuesto 2026. Sin embargo, reconoce que será necesario negociar con gobernadores y bloques dialoguistas para evitar un nuevo revés durante la votación en particular.
Los porcentajes y el mecanismo definitivo todavía no fueron establecidos. La intención del Ejecutivo es negociar durante las próximas semanas con los distintos actores del sistema y vincular la discusión del próximo año con los compromisos que todavía permanecen pendientes de 2024.
El objetivo es evitar que el ejercicio 2027 vuelva a comenzar con una disputa entre el Gobierno, los rectores y los gremios por la ejecución de las partidas presupuestarias.
La discusión tiene como antecedente la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento generó un conflicto judicial entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El conflicto judicial que sigue abierto
La disputa comenzó luego de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Poder Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes.
El CIN presentó entonces un amparo contra la decisión del Gobierno.
La Corte Suprema intervino sobre la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes.
El máximo tribunal rechazó el 25 de junio el recurso extraordinario presentado por el Estado, al considerar que la cautelar no constituía una sentencia definitiva. De esta manera, la Corte no resolvió la cuestión de fondo y el expediente continúa su trámite en las instancias inferiores.
El acuerdo de junio que puede cambiar la negociación
En la Casa Rosada consideran que existe un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó la cautelar: el acuerdo alcanzado el 10 de junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios.
El entendimiento contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Para el Ejecutivo, ese acuerdo permitió absorber una parte importante de los reclamos que habían dado origen a la disputa judicial. Sin embargo, todavía existen diferencias relacionadas con la recomposición correspondiente a 2024 y con distintos aspectos del financiamiento estudiantil.
El financiamiento universitario no es el único tema sensible que podría incorporarse a la discusión presupuestaria.
El Ejecutivo también evalúa introducir modificaciones vinculadas con la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque en este caso el nivel de definición es menor.
La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prorrogarla por un año. La norma contempla pensiones no contributivas, prestaciones y medidas destinadas a los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar un sistema que actualmente se encuentra en ejecución.
El antecedente que preocupa al Gobierno
En el oficialismo todavía tienen presente lo ocurrido durante el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando el Gobierno intentó modificar dentro de la ley presupuestaria los esquemas vinculados con universidades y discapacidad.
El oficialismo no consiguió sostener esos cambios durante la votación en particular. Luego, dentro de la Casa Rosada atribuyeron el resultado a una combinación de exceso de confianza y falta de negociación previa. Esta vez, la estrategia será diferente.
La intención, según publica TN, es comenzar las conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas antes de que el proyecto llegue al recinto y evitar una negociación artículo por artículo durante la sesión.
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POLITICA
El gobernador de Neuquén le otorgó personería jurídica a una comunidad mapuche en medio de un litigio territorial
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, otorgaron personería jurídica a una comunidad mapuche que atraviesa un severo conflicto judicial por la ocupación de las tierras donde reside.
La decisión administrativa se produjo mientras avanza el litigio por un predio ubicado en el paraje El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. En la resolución, los funcionarios mencionaron como domicilio legal de la Lof Melo —la comunidad beneficiada— las tierras que son objeto de la disputa judicial y cuya ocupación fue considerada ilegal por distintos tribunales.
El decreto firmado por Figueroa y Tobares señala que el reconocimiento se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras normativas. Además, avala el estatuto comunitario y sostiene que “no existen impedimentos” para otorgar la personería jurídica.
La decisión del Ejecutivo neuquino genera interrogantes entre las partes del litigio territorial y también dentro del ámbito mapuche. El principal punto de discusión es qué posición adoptará el Gobierno provincial si la Justicia convoca a la Policía de Neuquén —fuerza que depende del Poder Ejecutivo— para ejecutar el desalojo de las tierras ocupadas por la comunidad.
Un reconocimiento en medio de una orden de desalojo
La Lof Melo comparte territorio con la lof Kinxikew, integrada por la familia Quintriqueo. En relación con esta última comunidad, el juez de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, libró la semana pasada una orden para ejecutar el desalojo, según surge del expediente judicial.
La medida tiene en cuenta que la residencia de ambas comunidades en el lugar fue considerada ilegal por magistrados de distintos tribunales. La instancia judicial se encontraría agotada y el desalojo podría concretarse próximamente.
En ese contexto, el otorgamiento de personería jurídica a la Lof Melo podría introducir un nuevo elemento en la causa, aunque su incidencia concreta dependerá de las decisiones que adopten los tribunales. El reconocimiento no implica, por sí mismo, la validación de la ocupación territorial ni la suspensión de una orden de desalojo.
La personería jurídica permite a la comunidad ser reconocida como sujeto colectivo ante la Justicia y la administración pública. También le otorga herramientas para ejercer derechos procesales y sustantivos, como intervenir en un juicio, solicitar medidas cautelares y plantear cuestiones vinculadas con el relevamiento territorial y la consulta previa, en los términos que correspondan.
La decisión política resulta llamativa por el momento en que se produjo: mientras transcurre un litigio judicial en el que está en juego la permanencia de la comunidad en el territorio.
Fuentes con acceso al expediente calificaron el acto del Ejecutivo neuquino como “un verdadero delirio”.
La reacción de la Confederación Mapuche
La Confederación Mapuche de Neuquén también puso en duda el alcance de la medida y se preguntó si el reconocimiento constituye un verdadero acto administrativo de reconocimiento o una maniobra de distracción.
A través de las redes sociales, la organización consideró que la decisión “es tardía”, debido a que se trata de un planteo que la comunidad arrastra desde hace años.
En ese marco, planteó dos escenarios posibles: el primero contempla que, luego del reconocimiento, el Ejecutivo neuquino ponga a disposición las fuerzas policiales para ejecutar el desalojo del territorio. En ese caso, la Confederación sostuvo que la personería jurídica sería “un premio consuelo hipócrita”.
El segundo escenario supone que el objetivo del Gobierno sea “ajustarse a la ley y a la Constitución”. En ese caso, la organización consideró que la Provincia debería intervenir ante el juez que ordenó el desalojo y actuar como garante del derecho territorial de la Lof Melo.
“En cualquiera de los escenarios”, planteó la Confederación, el decreto genera confusión entre las partes, que buscan interpretar el objetivo de la decisión del Ejecutivo provincial.
El antecedente de otras dos comunidades
En julio de 2026, Figueroa y Tobares rechazaron el otorgamiento de personería jurídica a otras dos comunidades mapuche, luego de argumentar que no reunían los requisitos necesarios para obtener ese reconocimiento.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, cuyos integrantes realizaron distintas manifestaciones para expresar su rechazo a la decisión.
Fuentes del Gobierno neuquino señalaron que el rechazo se fundamentó en la falta de acreditación de exigencias previstas en el Decreto N.º 2462/13, relacionado con el convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Entre otras cuestiones, según las mismas fuentes, no se habían verificado una organización comunitaria autónoma, el desarrollo de una economía comunitaria, el ejercicio de prácticas culturales y espirituales ni una convivencia permanente.
El contraste entre ambos casos abre un interrogante político: qué criterios utilizó el Ejecutivo neuquino para reconocer a la Lof Melo mientras rechazó, meses atrás, las solicitudes de otras dos comunidades mapuche.
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POLITICA
La Justicia laboral porteña condiciona su arranque al traspaso de los recursos que acordó con la Nación
El fuero laboral porteño, que tratará todos los casos de juicios laborales individuales, despidos o accidentes de trabajo de empresas cuya sede social se ubique en la Ciudad de Buenos Aires, estará en condiciones de funcionar en abril próximo, dijo a Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño. El funcionario, sin embargo, condicionó ese arranque a que se produzca la transferencia de recursos del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires, estimados en unos 60.000 millones de pesos para la cobertura de los cargos.
“La ciudad está preparada para que el primer trimestre del año esté funcionando el fuero local, sin perjuicio de que estamos esperando el convenio de transferencia de recursos”, dijo Tapia.
La llegada de la justicia laboral porteña es producto del traspaso de la justicia nacional laboral y su progresiva desarticulación. En la justicia laboral nacional tuvo históricamente influencia y poder de lobby el peronismo y los gremios.
La Corte Suprema de Justicia llamó la atención en reiteradas ocasiones, revocando fallos desproporcionados o fuera de toda lógica en perjuicio de los empresarios.
La ley de reforma laboral aprobada por el Congreso determinó que los jueces nacionales laborales quedarán como residuales de los casos individuales que tramiten, mientras que las nuevas demandas laborales, cuando la empresa tenga domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, tramitarán en el fuero laboral local.
Los juicios colectivos por casos relacionados con asuntos gremiales seguirán en la justicia contencioso-administrativa federal o en al, donde se redujo el número de jueces de primera instancia y los camaristas que se van jubilando.
En la Ciudad de Buenos Aires se preparan para este cambio. El Ministerio de Justicia local impulsó una ley que crea diez juzgados laborales porteños y una Cámara de Apelaciones con dos salas de tres jueces cada una. Se aprobó también en la Legislatura un código procesal laboral porteño.
Pero con la nueva ley laboral se dispararon las necesidades. Pues con el progresivo cierre de la justicia laboral nacional, se prevé que el fuero laboral local tramite unas 30.000 nuevas causas.
Para hacerlo no alcanzan los nuevos 10 juzgados, cuyos jueces está designando el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Ya se hicieron los concursos y están los candidatos que en el sistema porteño se designan tras una audiencia pública a realizarse el 18 de septiembre.
El mecanismo de designación de jueces en la Ciudad es diferente al de la justicia federal. En la Ciudad no interviene el Poder Ejecutivo, solo el Consejo de la Magistratura porteño y la Legislatura.
El Consejo le propone directamente un candidato a la Legislatura porteña y es la Legislatura la que designa por mayoría absoluta de sus miembros.
Si la Legislatura rechaza esa propuesta, el Consejo tiene que proponer otro candidato. Si la Legislatura no se expide en 60 días hábiles, la propuesta queda aprobada por el vencimiento del plazo.
50 nuevos juzgados
Para atender a esta necesidad de nuevos jueces, está pendiente de aprobación en la Legislatura una reforma legal que eleve a 50 los juzgados laborales porteños con siete salas y la ley del Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) porteño.
Esto requeriría que se transfieran los recursos nacionales. Tapia ya mantuvo reuniones con el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, con el viceministro Santiago Viola y con Pilar Ramírez, la referente en la Legislatura de Karina Milei.
Se está trabajando en una idea de un convenio de traspaso progresivo de fondos; no importa si la Ciudad debería poner plata en el inicio del proceso, mientras que la Nación lo complete.
Incluso, confiaron fuentes del oficialismo porteño a , se piensa en abrir un “libro de pases” con algunos jueces nacionales en caso de que no se llegue a tiempo con los concursos para cubrir las 50 vacantes en la ciudad.
Lo mismo podría ocurrir con la cobertura de las vacantes de los empleados, que verían reducidas sus tareas en la Justicia Nacional. En ambos casos, de todos modos, la última palabra la tendrá la ciudad a la hora de elegir. Fuentes oficiales dijeron a que se piensa abrir un registro de empleados de la Justicia nacional que se quieran pasar a la Justicia porteña.
En el Consejo de la Magistratura, la otra pata para que este sistema funcione, se está activando la organización de la secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial, Genoveva Ferrero.
“El nuevo esquema de Oficina de Gestión Judicial que buscamos implementar en el fuero laboral propone cambiar el modelo tradicional, siguiendo experiencias de Córdoba y Tucumán. Basado en la oralidad y la celeridad, concentra las gestiones administrativas en una oficina que trabaja para un grupo de jueces, para que los magistrados puedan enfocarse en su función jurisdiccional y, especialmente, en las audiencias. El objetivo es una Justicia más ágil, que le ahorre tiempo al ciudadano y mejore su acceso a la Justicia”, dijo Ferrero a .
El Consejo de la Magistratura local ya alquiló un edificio moderno en Alsina 833/845, a cuatro cuadras de Plaza de Mayo, donde funcionarán los juzgados, la Cámara, las salas de audiencias y tendrán sus oficinas los peritos. Son más de 3100 metros cuadrados.
Se prevé una organización denominada de “gestión judicial asociada”, donde oficinas centralizadas, por ejemplo de audiencias o de trámites, canalicen las tareas y cada juzgado se dedicará solo a la labor jurisdiccional. Es decir, dictar sentencias, no organizar audiencias o llevar una contabilidad interna o gestionar personal.
La idea es estandarizar procesos que atiendan las necesidades de gestión de varios juzgados.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad ya mandó en julio pasado los pliegos para cubrir los primeros cargos y los tratará la Legislatura en la audiencia del 18 de septiembre.
Antes ya se había aprobado el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que previamente fue aprobado por el Congreso Nacional.
Los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura a jueces de Cámara son: Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau (exfuncionario de Macri y Milei en el Ministerio de Trabajo) y Gabriela Inés Fernández.
Para la Fiscalía de Cámara fue propuesto Germán Helvio Queipo, mientras que para los diez juzgados de primera instancia los postulantes son María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
Por otra parte, para las dos fiscalías de primera instancia fueron propuestas Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla, mientras que Damián Natalio Ariel Corti se postula como candidato a asesor tutelar de Cámara y Federico Kaimakamian Carrau para el cargo de asesor tutelar ante los juzgados de primera instancia.
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POLITICA
En medio de la tensión con la Argentina, el Reino Unido renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de las Malvinas
En plena tensión con la Argentina, Reino Unido renovará su flota militar en las Islas Malvinas. El gobierno británico confirmó el reemplazo de los cuatro aviones Typhoon de la primera fase que prestan servicio en el Escuadrón 1435 del archipiélago, en medio de la disputa entre ambos países por la soberanía de las Islas. Serán sustituidos por otros cuatro aviones de la segunda fase, que tienen radar y armamento más avanzados.
En los últimos días el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió este sábado que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas sería un “desastre potencial”. En su gira por Dublín, el presidente de Estados Unidos señaló ante periodistas que podría resolver la disputa territorial en caso de que alguno de los países pidiera su ayuda.
El líder republicano dijo: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. Planteó que la Argentina y el Reino Unido son dos países que actualmente están “enfadados” entre sí. A fines de agosto, además, sugirió que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas.
Noticia que está siendo actualizada.-
Islas Malvinas
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