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POLITICA

Boleta Única: el proyecto está trabado en el Senado y preocupa al Gobierno por el futuro de la Ley Ómnibus

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Pasó una semana desde que el proyecto de Boleta Única obtuvo dictámenes en el Senado y el panorama para su aprobación sigue siendo complicado. Las trabas que encontró la iniciativa electoral despertaron alertas en la Cámara Alta sobre el escenario que podría esperarle eventualmente a la Ley Ómnibus, que se discute ahora mismo en Diputados, donde todavía debe pasar una prueba de fuego.

Victoria Villarruel, pese a estar formalmente a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, se concentra en la agenda parlamentaria. En su entorno aseguran que mantiene diálogo constante con los distintos bloques parlamentarios para intentar destrabar la aprobación de la Boleta Única. En los bloques opositores son menos optimistas.

Leé también: El Gobierno analiza introducir cambios en la reforma jubilatoria para asegurarse el apoyo a la Ley Ómnibus

La semana pasada, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Cambio Federal (exsenadores de JxC y legisladores ligados a gobernadores), Unidad Federal (peronismo disidente) y Por Santa Cruz (dos senadores que responden al mandatario de esa provincia) firmaron un dictamen de mayoría para tratar el proyecto sin cambios como fue aprobado hace ya un año y medio en Diputados. Este grupo, en una eventual votación en el recinto, podría juntar 36 senadores.

La Boleta Única se discutió en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado (Foto: Senado).
La Boleta Única se discutió en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado (Foto: Senado).

Pero la senadora Mónica Esther Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, elaboró un dictamen con modificaciones, para que la boleta única sea por categorías y se elimine la posibilidad de votar boleta completa, como establece el texto original, que perjudicaría a fuerzas provinciales en las elecciones nacionales. El problema es que si el proyecto recibe cambios, debe regresar a Diputados, donde en el contexto actual podría quedar otra vez cajoneado.

El dictamen de Silva fue acompañado, en una jugada sorpresiva, por Unión por la Patria -que directamente rechaza que se debata el proyecto en este momento- y por el Frente Renovador misionero (dos senadores que responden al gobernador de esa provincia, o más bien al jefe provincial del espacio, el exmandatario Carlos Rovira). Este grupo, en una eventual votación en el recinto, también podría juntar 36 senadores.

Como se trata de una reforma electoral, que requiere mayoría absoluta de 37 senadores (mitad más uno de los miembros de la Cámara) ninguno de los dos dictámenes podría prosperar en una votación en el recinto.

“Hoy estamos en 36 y medio, hay algo de luz por el lado misionero. Se está conversando, pero por ahora difícil”, resumía un senador de LLA, donde reconocen que incluso con 37 votos asegurados podría ser muy riesgoso realizar una sesión en la que cualquier baja supondría una derrota política.

“Nosotros, más de lo que hicimos para conseguir la mayoría contra el kirchnerismo para la elección de autoridades y la conformación de las comisiones, no podemos hacer. Que se caliente un poco el Gobierno y el oficialismo si de verdad quiere, que después son los que salen de los diarios si hay un triunfo acá en el Senado”, señalaba un senador de la UCR.

Victoria Villarruel, presidenta del Senado. Foto: Télam
Victoria Villarruel, presidenta del Senado. Foto: Télam

Un discurso muy parecido sostienen legisladores del PRO y otros ex Juntos por el Cambio, donde también hay quienes advierten de la necesidad de explorar, tal vez, una negociación por modificaciones que también pueda garantizar luego su aprobación en Diputados.

Sin contar al PJ-K, que busca resistir cualquier proyecto oficialista, como los otros tres senadores que firmaron el dictamen con cambios responden a mandatarios y fuerzas provinciales, en la oposición colaborativa advierten que debería ser el Ejecutivo el que active una negociación con esos gobernadores.

“Tiene que haber una estrategia política de parte del Ejecutivo, con el ministro del interior, Guillermo Francos, incluido, no depende de nosotros ya. Y esto vale para Ley Ómnibus y para el DNU. Los gobernadores te hacen valer un peso en el Senado mucho más importante que lo que parece el número a simple vista: uno solo senador hoy es clave”, señala una importante senadora opositora.

Boleta Única: ¿Una señal de alerta para la Ley Ómnibus?

La discusión por la Boleta Única dejó en claro que la mayoría de 39 senadores que lograron todos los bloques para dejar Unión por la Patria sin autoridades de la Cámara Alta y en minoría en las comisiones, aunque fue un logro político y una buena señal para el Gobierno, sigue siendo circunstancial y el oficialismo deberá negociar ley por ley con la oposición.

La última semana, la atención de la política estuvo en Diputados, donde el Ejecutivo busca un dictamen para el paquete de reformas conocido como Ley Ómnibus. En general, es poco común que haya trabajo coordinado entre los bloques de ambas cámaras parlamentarias sobre un proyecto que se está debatiendo en una de ellas, pero las olas de ese debate llegaron al Senado.

Así, por ejemplo, las organizaciones y sectores “afectados” por el megaproyecto que venían manteniendo encuentros con los bloques opositores en Diputados, ya empezaron a tener reuniones con los bloques del Senado.

Se reactivó la liga de gobernadores patagónicos en rechazo al mega DNU y la Ley Ómnibus (Foto: Captura de X/
@gustavomelella).
Se reactivó la liga de gobernadores patagónicos en rechazo al mega DNU y la Ley Ómnibus (Foto: Captura de X/
@gustavomelella).

Cómo quedó demostrado con la Boleta Única en el Senado, donde los números son tan justos que dos legisladores pueden cambiar una votación y donde el oficialismo solo tiene 7 de los 37 necesarios para el quorum, los gobernadores provinciales tienen especial influencia en lo que sucede en la Cámara Alta.

“La mayoría de 39 fue para que el kirchnerismo no desestabilizara el Senado; el resto es construcción todos los días”, advierten en el PRO. “Lo que pasó con la BUP es una alerta, hay que ver cómo viene masticada desde Diputados la Ley Ómnibus, pero ya deberían tener en cuenta como es el panorama acá”, advertían en la UCR.

“Los gobernadores ya están presionando en Diputados. Conversan entre sí, fíjate lo que sucedió con el tema de la pesca o las señales de las provincias petroleras. Si afectan, por ejemplo con las retenciones, a las economías regionales, ya es muy difícil que salga en Diputados, pero acá es directamente imposible”, advertía un senador “federal”. Todavía sin aprobación en la Cámara Baja, la discusión parecía lejana en la Cámara Alta, pero no tanto.



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Las 27 tareas que tendrá el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes a la medianoche la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que estará a cargo de Federico Sturzenegger, cuya designación quedó estipulada también en la última edición del Boletín Oficial, y precisó cuáles serán las 27 funciones «particulares» que tendrá la cartera que se sumará a las de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad; Salud; y Capital Humano

«Compete al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público», expresa uno de los artículos que se incorpora a la Ley de Ministerios según lo dispuesto por el Decreto 585/2024.

Federico Sturzenegger, de asesor presidencial a ministro del gobierno de Javier Milei. Foto: Clarín.

Según lo que indica ese documento, al ministerio le competen, «en particular», las siguientes funciones:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional.

3. Entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado.

4. Entender en la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas, con la intervención de las áreas competentes.

5. Entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

6. Impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

7. Participar, junto con las áreas con competencia en la materia, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía.

8. Impulsar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, reformas estructurales que impulsen la creación de empleo privado, el desarrollo económico, la equiparación de las estructuras tributarias y la eliminación de los privilegios.

9. Entender en la elaboración de propuestas para la reorganización del Sector Público Nacional con el objeto de lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.

10. Proponer a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión y el gasto público.

11. Entender en el diseño de políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y propender a una administración pública moderna y eficiente.

12. Coordinar y controlar las acciones relativas a la reforma, transformación y modernización del Estado que se desarrollen en todos los Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.

13. Entender en la definición y monitoreo de los temas vinculados a la simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y organismos desconcentrados, con especial foco en aquellos concernientes al sector productivo nacional en coordinación con las áreas sustanciales en la materia.

14. Impulsar los principios de calidad regulatoria y la aplicación de estándares internacionales en materia de simplificación y desburocratización de trámites y procesos del Sector Público Nacional.

15. Promover, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional, en coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas.

16. Proponer el dictado de reglamentos para modificar y/o eliminar trámites y normativas que establezcan una carga administrativa excesiva o que incumplan con la política de calidad regulatoria vigente.

17. Entender en la transformación, modernización y desarrollo de la política de gestión del empleo público tendiendo a la optimización y fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, junto con las áreas competentes en la materia.

18. Diseñar e implementar el régimen de ingresos del personal, a través de parámetros para el diseño de una carrera pública conforme las negociaciones colectivas de trabajo.

19. Entender en la implementación de las políticas relativas a la mejora estratégica de los recursos humanos y su capacitación, la política salarial del sector público, la promoción y el desarrollo de carrera de los agentes de la Administración Pública Nacional y en la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

20. Entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia.

21. Colaborar con las áreas competentes de cada Ministerio en la sistematización de los procesos de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, como la liquidación de salarios, justificación de inasistencias, otorgamiento y convalidación de licencias y protección de la salud en el trabajo.

22. Intervenir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas de fortalecimiento institucional y en la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con los organismos del Estado Nacional con competencias en la materia.

23. Coordinar junto con las áreas competentes, la estrategia y los estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Pública Nacional.

24. Impulsar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del Sector Público Nacional.

25. Promover, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, la implementación de los canales y plataformas digitales a fin de alcanzar un gobierno digital y tecnológico al servicio del ciudadano y del sector productivo.

26. Participar en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del Estado Nacional.

27. Promover acuerdos con organismos provinciales y locales, en el ámbito de su competencia.

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