Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le vendieron a Manuel Adorni el departamento en el que vive, en el barrio porteño de Caballito, y aceptaron postergar el cobro de 200.000 dólares como parte de la operación, declaran este miércoles como testigos en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Sbabo llegó a los tribunales de Comodoro Py pasadas las 7 de la mañana. El trámite de su declaración se extendió hasta casi las 11, cuando salió escoltada por efectivos de la Policía Federal y a la fiscalía de Gerardo Pollicita ingresó Viegas.

Sbabo sostuvo ante el fiscal que no recordaba los detalles de la operación, de la que se encargó Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. La mujer afirmó que confiaba en Feijoo, que este conocía a Adorni y que además la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias.

Sostuvo también que el dinero con el que compró el departamento de Caballito provenía de sus ahorros, según una fuente al tanto de la declaración.

Tal como informó , en el Registro de la Propiedad Inmueble consta que cada una de las mujeres se convirtió en acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación.

La compraventa, firmada en noviembre del año pasado, se registró por un valor total de 230.000 dólares, de los cuales Adorni pagó solo 30.000.

Las mujeres le habían comprado el departamento, unos meses antes, al exfutbolista Hugo Morales, quien confirmó la operación cuando declaró en la causa, ratificó el precio declarado (200.000 dólares) y dijo que las jubiladas estuvieron siempre acompañadas por dos hombres.

Una de las jubiladas, Viegas, le dijo a , que le tocó el portero eléctrico de su casa, que no conocía a Adorni.

La del departamento de Caballito es solo una de las operaciones que investiga el fiscal Pollicita en busca de determinar si el funcionario lleva una vida acorde a sus ingresos. Con ese objetivo, pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, una medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo.

En la causa también declararon ante el fiscal dos mujeres policías que figuran como acreedoras del jefe de Gabinete, Graciela Isabel Molina de Cancio (ya retirada de la fuerza) y Victoria María José Cancio. Confirmaron en sede judicial que el préstamo fue de 100.000 dólares en efectivo, con una hipoteca que el jefe de Gabinete y su esposa realizaron sobre su departamento de Parque Chacabuco, en el que vivían antes de mudarse a Caballito.

El préstamo se concretó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que la mujer de Adorni compró una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Las operaciones y sus metodologías también fueron confirmadas por la escribana de Manuel Adorni, Adriana Nechevenko, que intervino en cada una de ellas.

La mujer ratificó que el préstamo que las mujeres que hoy declaran le hicieron a Adorni fue sin interés y a pagar en noviembre de este año. Indicaron que el funcionario aún les debe 70.000 dólares.

Noticia en desarrollo

La Justicia reforzó el equipo de contadores que está peritando las cuentas de las empresas Hotesur y Los Sauces para avanzar con más celeridad en ese estudio, pero el tribunal que debe juzgar por ese caso a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo por lavado de dinero rechazó una vez más ponerle fecha al juicio oral y público hasta que no concluya ese análisis.

La decisión fue de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni que dijeron que no pueden poner fecha al juicio hasta que no concluya esta etapa de instrucción suplementaria.

No obstante, exhortaron al colegio de peritos que está analizando las cuentas de las empresas de los Kirchner a que estimen una fecha probable para concluir su tarea y así poder comenzar el juicio.

Vale recordar que el caso Hotesur y Los Sauces está elevado a juicio desde hace 5 años. El tribunal oral, con otra integración y los votos de Adrián Grunberg y Daniel Obligado, absolvió a todos los acusados sin juzgarlos.

Esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a Florencia Kirhcner.

La Corte Suprema de Justicia el 17 de diciembre de 2024 dejó firme el fallo e impulsó a que se haga el juicio oral. Fue de las últimos fallos que votó el juez Juan Carlos Maqueda antes de jubilarse. Firmaron allí Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Desde entonces la causa está en el tribunal oral, sin que se fije fecha con el argumento de que debe concluir el peritaje contable que debe determinar si el dinero de Lázaro Báez y el de Cristóbal López, ambos con negocios con el Estado durante el kirchnerismo, terminó en manos de las empresas Hotesur y Los Sauces.

El fiscal Diego Velasco, que mantuvo viva la causa con apelaciones ante su cierre, es el que viene insistiendo con que le pongan fecha de inicio al juicio oral y que exhorten a los peritos a que terminen su trabajo.

Pero Michilini y Machado Peloni rechazaron su pretensión.

Velasco recurrirá ahora ante la Cámara de Casación para que sea ese tribunal el que termine ordenando que se le ponga fecha al juicio.

La pretensión del fiscal de que el juicio arranque cuanto antes es acompañada por la defensa del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y se oponen el resto de los acusados, incluida Cristina Kirchner. El argumento es que deben estar todas las pruebas concluidas antes de iniciarse el juicio.

Michilini escribió con acidez criticando al fiscal. Dijo que además el argumento de la trascendencia pública del juicio no es conducente. “No se advierte en el presente caso razón alguna que nos motive y permita adoptar una decisión que en contrario a lo establecido por el legislador”, le expresó. Y sostuvo que “la trascendencia pública” no debe trasladarse “al proceso de toma de decisiones” en “detrimento a las garantías procesales que rigen nuestra materia. Acceder a lo peticionado por el fiscal, resultaría violatorio de las normas procesales vigentes”, le dijo, como si su reclamo implicara un incumplimiento de la ley.

Hay antecedentes de otras causas en las que se le puso fecha de inicio al juicio mientras se estaban llevando adelante los peritajes. Y en última instancia puede reprogramarse el inicio del proceso, si falta terminar de elaborar algún estudio determinante.

“Se correría el riesgo de sacrificar garantías esenciales en aras de una pretendida celeridad o utilidad, invirtiendo indebidamente la lógica del sistema, cuyo eje no es otro que la tutela efectiva del derecho de defensa en juicio y la preservación de un proceso regular, válido y constitucionalmente adecuado”, dijo Michilini.

Machado Pelloni acompañó su postura y exhortó a que los peritos le pongan fecha de finalización al peritaje contable.

Para colmo, uno de los peritos oficiales pidió licencia hasta el 16 de junio y desde ese día se va a acoger a la jubilación. Se trata del contador Guillermo Abel Britos, de larga experiencia en el cuerpo.

Ahora la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte, designó entonces a Mario Wolberg, con la intención de imprimir celeridad al caso.

El nuevo profesional ya se puso en contacto con el secretario del tribunal oral Emanuel Hachmanian para coordinar las tareas del cuerpo pericial.

Pareciera que solo resta relevar algunsas pocas informaciones para tener una fecha estimativa de las conclusiones de su estudio.

Asimismo, se dispuso colocar más asistentes a disposición del cuerpo pericial para que terminen el estudio lo antes posible y pueda arrancar el juicio oral.

La expresidenta, que ya fue condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, deberá enfrentar entonces este nuevo juicio, que se suma al que tiene pendiente por la firma del memorándum con Irán y al que afronta por el caso de los cuadernos de las coimas.

La causa Hotesur y Los Sauces se inició en 2014 por denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

El caso Hotesur-Los Sauces está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner en Hotesur millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate.

También forma parte de la causa Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo y transfirió dinero a los Kirchner a Los Sauces como pago por el alquiler de departamentos.

Un peritaje parcial exhibido por la fiscalía en audiencias previas al juicio oral prueba que Báez cobró del Estado por sus obras, sumas similares por hasta 20 millones de dólares, en las mismas fechas en las que luego las transfirió a la sociedad de la familia presidencial Hotesur.