POLITICA
Extorsión y fraude en planes sociales: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una megacausa judicial
El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de “coacción y extorsión” contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y “defraudación a la administración pública”, por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este le suministraba, para otros fines.
Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, MTR Histórico, y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras.
Ya se realizaron 24 allanamientos, en los que se secuestraron:
- 104.000 unidades de alimentos sin distribuir.
- Dos toneladas y media de alimentos en mal estado.
- $500.000 en efectivo.
- Un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9mm.
- 47 equipos informáticos y celulares.
- 100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos.
Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya.
Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes.
Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los “indignó”.
En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta por la cual van a ser indagados los sospechosos en cuanto se procese la totalidad de la información y se terminen los peritajes. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia estremecen:
- Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.
- Los obligan a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaban para asistirlos.
- La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.
- Los amenazaban con bajarlos del plan.
- Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas “nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”.
- Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.
- “Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal”.
- La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los “referentes” que abusaban de su poder.
- Después de identificarlos llegaron a decir que “por esto me pueden llegar a matar”.
- Los referentes retenían la mercadería “que bajaba nación, la municipalidad y provincia”. Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.
- Hay víctimas que mencionan que “los referentes”, para inscribirlos en los programas sociales o como una “formalidad para entrar a la orga”, les pedían las claves de Mi Argentina, ANSES, y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.
La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre “las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas”. Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas.
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
Una mujer aseguró: “Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Una segunda relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.
Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles.
No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.
POLITICA
Diego Santilli, jefe de Gabinete: “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos”
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, criticó este domingo al peronismo y se mostró confiado en el respaldo electoral al presidente Javier Milei. “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos”, afirmó durante una entrevista en La Cornisa (LN+), en la que pronosticó que los distintos sectores peronistas terminarán unidos pese a sus diferencias.
Consultado sobre la reunión de Sergio Massa con Cristina Kirchner, el funcionario puso en duda que los referentes de ese espacio mantengan posiciones separadas. “Creo que cuando llegue el momento final, van a estar juntos”, señaló. En ese sentido, insistió: “Se muestran separados, van a terminar juntos”.
Santilli calificó al peronismo como “el tren fantasma” y rechazó la posibilidad de volver al pasado. Frente a ese escenario, sostuvo que los argentinos “están mirando hacia adelante” y vinculó esa mirada con el debate sobre la delincuencia. “Los argentinos no están discutiendo si los delincuentes son víctimas sociales”, expresó.
Noticia en desarrollo.
Diego Santilli,,Conforme a
POLITICA
Martín Llaryora habló de la interna dentro del peronismo: “Entendemos el Justicialismo distinto a como lo entiende el kirchnerismo”
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba y precandidato a la reelección, cuestionó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía la falta de medidas para las pymes y propuso un esquema desarrollista para el país
La confirmación llegó al comienzo de la charla. Ante la consulta sobre una postulación para un segundo mandato en las próximas elecciones provinciales, Llaryora respondió: “Confirmalo”.
En una entrevista con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, el mandatario describió las bases del cordobecismo y marcó sus diferencias con el kirchnerismo y el gobierno de Javier Milei.
“Nosotros somos un justicialismo que conforma un frente que se llama cordobecismo”, sostuvo Llaryora. También explicó que su espacio tiene una concepción propia: “Creemos que entendemos el justicialismo de una manera distinta a cómo lo entiende, por ejemplo, el kirchnerismo”.
El cordobecismo
El gobernador ubicó al cordobecismo dentro de una tradición orientada a la producción y el trabajo. “Somos un partido, le decimos de sentido común, lo que por lo general denominan de centro”, afirmó.
Para Llaryora, la creación de empleo debe ordenar la gestión pública. “Gobernar es generar trabajo”, señaló, antes de enumerar condiciones que, según dijo, permiten sostener al sector privado: acuerdos con la industria, la producción, el campo y reglas que se mantengan en el tiempo.
El mandatario asoció la seguridad jurídica con la previsibilidad de las decisiones oficiales. “No es solo una Justicia independiente, sino que es que se cumpla lo que uno se compromete y promete”, expresó.
En ese marco, mencionó la inversión en infraestructura como una herramienta para sumar competitividad. “Córdoba tiene la mejor infraestructura en materia de ruta, eléctrica”, afirmó, y la relacionó con la radicación industrial, las universidades y la formación de profesionales.
Llaryora sostuvo que la provincia aporta más recursos fiscales de los que recibe de la Nación. “Le aporta a la Argentina cuatro mil millones de dólares extra de lo que la Argentina le aporta a Córdoba”, dijo al referirse al balance entre los impuestos generados en el distrito y la coparticipación.
El gobernador cuestionó de forma particular las retenciones. “Ni Putin sostuvo las retenciones”, afirmó, y señaló que esos derechos de exportación perjudican especialmente a Córdoba y Santa Fe.
También remarcó la condición mediterránea de la provincia y su efecto sobre el modelo productivo. “Córdoba es una provincia totalmente mediterránea”, explicó. Según planteó, esa ubicación exige pensar de manera permanente en desarrollo industrial y generación de empleo privado.
Llaryora señaló que el cordobecismo reúne dirigentes de distintas procedencias partidarias. “Acompaño a una intendenta que proviene del radicalismo. Tenemos ministros del PRO, tenemos ministros que vienen del socialismo”, enumeró.
Sobre esa composición, sostuvo que existe un objetivo compartido: “Córdoba tiene que ser un motor productivo y generador de empleo”. A la vez, contrapuso ese modelo con la polarización nacional: “En Córdoba no ha entrado la grieta”.
El gobernador mencionó las pruebas educativas para describir resultados de las políticas provinciales. “Córdoba salió primera en educación, en materia de lengua y matemáticas”, afirmó sobre las evaluaciones Aprender. También indicó que la provincia ocupó el primer lugar nacional entre los distritos evaluados en PISA.
Las críticas al Gobierno nacional
Consultado sobre el impacto del rumbo económico nacional en la industria cordobesa, Llaryora sostuvo que la falta de intervención estatal también constituye una decisión. “La no política industrial es una política industrial”, respondió.
El mandatario planteó que la administración de Milei prioriza las variables macroeconómicas sin atender la situación de las empresas. “Tiene un grave problema en no pensar en la microeconomía y en las líneas de desarrollo”, afirmó.
Para el gobernador, esa orientación repercute sobre el entramado productivo. “Es lo que está generando esta caída de pymes y esta caída del empleo formal, de una manera tremenda”, expresó.
Llaryora vinculó esa situación con las características laborales de Córdoba. “Cuando vos tenés una provincia que tenés la menor cantidad de empleados públicos de la Argentina, ¿qué necesitás? Empleo privado”, reiteró.
Al ser consultado por la pérdida de puestos de trabajo, aclaró que no contaba con el indicador mensual actualizado. Sin embargo, explicó que Córdoba representa cerca del 9% de la masa laboral nacional y aludió a un registro de “doscientos treinta mil puestos” en la discusión sobre el deterioro del empleo.
El gobernador también se refirió al cierre de empresas. “Cerraron treinta mil pymes”, afirmó, y ubicó a la industria metalmecánica entre los sectores afectados por la caída de la actividad.
Llaryora diferenció las medidas para las grandes inversiones de las herramientas destinadas a comercios y pequeñas empresas. “El actual tiene unas medidas macro, que ha generado un RIGI para las grandes inversiones, pero para la política micro y pyme no hay”, sostuvo.
El mandatario reconoció que existía consenso sobre la necesidad de estabilizar la economía. “Había que estabilizar la macroeconomía, había que bajar la inflación”, dijo. Aun así, señaló que los gobiernos subnacionales absorbieron parte de las consecuencias sociales del ajuste.
“En nuestro caso fuimos amortiguadores para la crisis”, afirmó Llaryora. Como ejemplo, mencionó la eliminación de subsidios nacionales al transporte en el interior: “A Córdoba le bajaron todos los subsidios al transporte”.
Según explicó, la provincia sostuvo con recursos propios el boleto educativo. “Nosotros subsidiamos, en definitiva, lo que la Nación dejó de subsidiar”, señaló.
También relató la situación de Marcos Juárez, donde cerró una clínica que brindaba atención a afiliados de PAMI. “Dejó cinco mil quinientos abuelos sin atención”, afirmó.
Frente a ese escenario, dijo que la Provincia debió reforzar su sistema hospitalario. “Triplicamos en Córdoba la atención a los abuelos de PAMI”, aseguró, y sostuvo que los recortes nacionales terminan por trasladarse a la salud pública provincial.
Al ser consultado por los dichos del secretario de Trabajo sobre el crecimiento de modalidades autónomas de empleo, cuestionó que se equiparen con la caída del trabajo registrado. “No podés comparar una cosa con otra”, respondió.
Llaryora sostuvo que la recesión utilizada para bajar la inflación derivó en un deterioro que requiere una nueva respuesta. “Esa recesión prolongada en el tiempo te está causando una pérdida del trabajo”, afirmó.
Consultado sobre si el Gobierno nacional está a tiempo de cambiar el rumbo, respondió: “Sí, yo creo que sí”. Para argumentarlo, recordó su gestión durante la pandemia: “Vino la pandemia. Cambió todo el programa de gobierno que teníamos, porque la situación te hace cambiar”.
El gobernador advirtió que, si el actual esquema se sostiene sin modificaciones, habrá consecuencias sociales y políticas. “La situación social se va a deteriorar y naturalmente la situación social te va a llevar después a que no puedas seguir sosteniendo políticamente este programa de gobierno”, expresó.
Llaryora sostuvo que la administración nacional apuesta a la baja de la inflación como principal activo. “Están jugados a que su bandera sea sostener ese nivel inflacionario”, afirmó.
Propuestas e ideas
Al analizar cómo las provincias sostienen obras y servicios ante la caída de transferencias, Llaryora descartó que una suba de impuestos sea una salida viable. “Hoy aumentar impuestos es imposible”, afirmó.
El gobernador describió un escenario de deterioro para hogares y empresas. “La sociedad argentina ya no da más, no se llega a fin de mes, está totalmente endeudada, hay una caída del empleo, están las pymes cerrando”, enumeró.
A partir de ese diagnóstico, reclamó un cambio en la estrategia del Gobierno nacional. “Tiene que entender la situación social en la cual está inmersa la Argentina”, sostuvo.
Llaryora cuestionó además el uso de recursos provenientes de los combustibles. “Hay un impuesto que se destina a ruta, pero no se arregla una ruta en Argentina”, dijo.
El mandatario detalló algunas medidas aplicadas en Córdoba para contener la caída del consumo. “Hemos puesto una tarjeta para comprar seis cuotas de alimento y seis cuotas a la farmacia”, señaló sobre un esquema de financiamiento a tasa de 0%.
También mencionó créditos para pequeños comercios y emprendimientos. “Hemos generado un crédito para las pymes más pequeñas, hasta diez millones de pesos para una panadería, para una pizzería”, afirmó.
Sobre los ingresos de la Provincia, sostuvo que hubo más de diez meses con deterioro de las transferencias. “Creo que de los diez meses, ocho con caída de transferencias”, expresó.
El gobernador vinculó esa merma con el freno de la actividad económica. “La actividad económica está parada y está muerta”, afirmó.
Ante la discusión por el superávit fiscal nacional, Llaryora no negó la existencia de un resultado positivo, aunque cuestionó la forma en que se alcanza. “Vos podés tener un superávit achicando continuamente o no pagando”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el reclamo por fondos destinados a la Caja de Jubilaciones provincial. “A nosotros no nos pagan la plata de la caja de jubilaciones”, afirmó, y señaló que existen procesos judiciales aún pendientes.
Llaryora planteó que el equilibrio fiscal debe combinarse con medidas de reactivación. “A veces, cuando tenés una política contractiva, tenés que hacer una política anticíclica”, expresó.
Su propuesta consiste en sostener el orden macroeconómico con medidas de impulso productivo. “Nosotros creemos que se puede sostener el nivel inflacionario, pero haciendo cosas a la par para sostener la situación social”, dijo.
El mandatario resumió su posición con una definición: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
Llaryora diferenció esa fórmula del mileísmo y del kirchnerismo. “Hay uno que cree que el Estado tiene que ser todo y otro que el mercado tiene que ser todo”, señaló.
Al mencionar una alternativa presidencial para su espacio, respaldó a Juan Schiaretti. “Yo creo que Juan Schiaretti, con la experiencia de haber sido tres veces gobernador, conduciría este país por la línea de la sensatez”, afirmó.
El mandatario provincial también destacó la construcción de 15 sedes universitarias en el interior cordobés. “Están desfinanciando el sistema universitario y nosotros estamos construyendo quince sedes universitarias en el interior de Córdoba”, dijo.
Frente a una hipótesis electoral entre Axel Kicillof y Javier Milei, Llaryora rechazó que la discusión nacional quede limitada a esos nombres. “¿Por qué no puede ser Schiaretti? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando en los extremos?”, preguntó.
Consultado sobre una nueva candidatura presidencial del exgobernador, respondió: “Sí, claro”.
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POLITICA
La Justicia espera un peritaje en el caso Chocolate del Senado bonaerense y diez exlegisladores se desligaron
La investigación judicial de un caso de dinámica similar al que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau en la Cámara de Diputados bonaerense se desarrolla con la Cámara de Senadores provincial como escenario principal. El expediente, activo desde comienzos de 2024, registró novedades en las últimas semanas, con declaraciones testimoniales de diez exsenadores que se desligaron de los nombramientos de 39 empleados sospechados de ser “ñoquis”, que aceptaron o fueron inducidos a entregar sus sueldos a un recaudador, a cambio de hacerse de cobertura de obra social y de aportes jubilatorios.
En simultáneo, en la Justicia provincial se aguarda un peritaje económico de resultado próximo que permitiría avances en la causa, por la que están en la mira dos encargados de retirar el dinero de los salarios mediante tarjetas de débito en cajeros automáticos de La Plata, como lo hacía Rigau hasta ser detenido.
Las dos personas investigadas como recaudadores son Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado. Sus identidades se difundieron a comienzos de 2024, en registros que los mostraban retirando dinero con tarjetas de débito de empleados del Senado bonaerense, cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario (Partido Justicialista).
Muguerza tiene vinculaciones con la Unión Cívica Radical (UCR) y con Pro. Fue subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, cuando gobernaba Julio Garro (Pro, ejerció dos mandatos, entre 2015 y 2023). Desde la UCR, reconocieron que Muguerza es afiliado, aunque algunas fuentes subrayaron que no milita más en el partido.
En una seguidilla que comenzó hace dos semanas y se extendió hasta fines de la semana pasada, declararon como testigos diez exsenadores provinciales, que formaban parte del bloque Juntos (que integraban el radicalismo y Pro, y que actualmente no existe). Lo hicieron ante el fiscal Juan Mennucci, que está a cargo del expediente. Les consultaron si conocían a alguno de los 39 empleados que figuraban como titulares de las tarjetas de débito y todos contestaron que no.
Los exsenadores citados fueron Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla (actual intendenta de General Arenales), Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto (actual director del Banco Provincia), Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagaran y David Hirtz.
Según pudo saber , el fiscal los citó con sus mandatos ya cumplidos para evitar posibles pasos administrativos del Senado para autorizarlos mientras eran legisladores. En su artículo 14, el reglamento interno del Senado indica que “toda requisitoria o informes de cualquier naturaleza, provenientes de otros poderes u organismos de la constitución, tanto nacionales como provinciales, relacionados con la función de los Señores Senadores y Funcionarios de ley, para proceder, deberá contar con resolución favorable adoptada por la mayoría del Cuerpo señalada en el artículo 98 de la Constitución Provincial”.
A los senadores bonaerenses citados como testigos, además, se les mostró un modelo de decreto de designación de altas y se les consultó por el procedimiento. “La Cámara no informa a los legisladores [sobre esa designación de altas]. A los senadores se les da un determinado cupo, ellos designan a su equipo y lo envían”, dijo a una fuente legislativa que sostuvo que el control de los senadores llega hasta ese punto y no más allá. “No firman los nombramientos”, afirmó una informante que está al tanto de lo declarado por los senadores. El Senado, en tanto, le informó al fiscal que las planillas no son un acto administrativo, por lo que no las guarda.
Según se calculó al comienzo del caso, el perjuicio para las arcas públicas de la provincia de Buenos Aires rondaría los $300 millones. El delito investigado es peculado.
El fiscal Mennucci, según pudo saber este diario, aguarda los resultados de un peritaje económico en el que pueda constar alguna transferencia previa al descubrimiento de la trama, con la que pueda determinarse para quiénes recaudaban Muguerza y Ortellado. Los titulares de las tarjetas de débito tenían cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA, la obra social del Estado bonaerense) y aportes jubilatorios, pero no percibían el salario. En la Justicia provincial, sospechan que el mecanismo estaba vigente desde hacía unos 15 años.
Los teléfonos celulares de Muguerza y Ortellado fueron peritados, sin que se hallaran datos relevantes. Hay otro celular por analizar, de un tercero, al que los peritos aún no lograron tener acceso, aclaró una fuente judicial a . Se trata de un aparato cuyo potencial contenido genera expectativas en la pesquisa.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
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