POLITICA
Extorsión y fraude en planes sociales: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una megacausa judicial
El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de “coacción y extorsión” contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y “defraudación a la administración pública”, por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este le suministraba, para otros fines.
Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, MTR Histórico, y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras.
Ya se realizaron 24 allanamientos, en los que se secuestraron:
- 104.000 unidades de alimentos sin distribuir.
- Dos toneladas y media de alimentos en mal estado.
- $500.000 en efectivo.
- Un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9mm.
- 47 equipos informáticos y celulares.
- 100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos.
Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya.
Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes.
Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los “indignó”.
En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta por la cual van a ser indagados los sospechosos en cuanto se procese la totalidad de la información y se terminen los peritajes. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia estremecen:
- Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.
- Los obligan a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaban para asistirlos.
- La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.
- Los amenazaban con bajarlos del plan.
- Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas “nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”.
- Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.
- “Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal”.
- La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los “referentes” que abusaban de su poder.
- Después de identificarlos llegaron a decir que “por esto me pueden llegar a matar”.
- Los referentes retenían la mercadería “que bajaba nación, la municipalidad y provincia”. Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.
- Hay víctimas que mencionan que “los referentes”, para inscribirlos en los programas sociales o como una “formalidad para entrar a la orga”, les pedían las claves de Mi Argentina, ANSES, y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.
La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre “las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas”. Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas.
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
Una mujer aseguró: “Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Una segunda relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.
Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles.
No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.
POLITICA
La Sala D de la Cámara Civil, el tribunal que blinda a la AFA desde hace años y que volvió a favorecerla
La Sala D de la Cámara Civil, para no tener casi jueces, es bastante eficiente blindando a la AFA ante sus problemas judiciales. Lo viene haciendo desde 2024 y ahora, con los mismos jueces que entonces, volvió a solucionarle sus problemas.
Hay un solo camarista titular en la Sala D de la Cámara Civil. Es Gabriel Rolleri, designado por un decreto de Alberto Fernández, pero su nombre lo acercó a oídos de Cristina Kirchner un abogado cercano a la AFA.
Pertenece a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, cercana al peronismo. Allí están sus padrinos judiciales.
El Senado le prestó acuerdo con el mensaje PE N° 28/21, en el mismo lote en que también avaló la designación de Maximiliano Caia, el otro camarista que como suplente acompañó a Roleri en el voto de hoy y que lo viene acompañando en favor de la AFA desde 2024.
Esta vez -con un tercer voto del subrogante Juan Manuel Converset– la Sala D de la Cámara Civil evitó que la Inspección General de Justicia, que es el organismo que controla a las empresas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, pudiera analizar sus balances, que están cuestionados en la justicia penal por supuesta administración fraudulenta.
La solución para quitar del medio a la IGJ y prohibirle a sus veedores que controlen a la AFA fue reconocer el domicilio de la organización en un terreno baldío de Pilar, provincia de Buenos Aires, en jurisdicción de Axel Kicillof, y no del control de un organismo del gobierno nacional.
La AFA tiene su sede en la calle Viamonte 1366, como sabe todo el mundo que camina por la ciudad y pasa frente al edificio histórico cuyo capitel está adornado con el escudo de la organización e identificado con un cartel que dice Asociación del Fútbol Argentino, en grandes letras mayúsculas blancas.
El fallo de la sala D de la Cámara Civil se precipitó luego de que quedara firme la decisión para que sea la justicia en lo penal económico con el juzgado de Verónica Straccia, la que investigue el supuesto fraude en la AFA.
Antes de que sea la justicia penal la que pida los balances y empiece un largo peritaje, la Cámara Civil decidió sacarle esa posibilidad a los veedores de la IGJ, que en tres semanas podrían haber producido un informe que echara luz sobre las irregularidades denunciadas en los libros de la organización.
No había tiempo para que se completara la Sala D de la Cámara Civil con otro de los jueces titulares ya elegido. Es que a Rolleri lo acompañará como camarista —cuando el Senado le dé acuerdo y Javier Milei lo designe— Agustín Raúl Rubiero, exintegrante del tribunal de disciplina de la AFA, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y que llegó como candidato desde el lugar 22 de la lista de mérito en el concurso del Consejo de la Magistratura. Rubiero era fiscal laboral, no especialista en derecho civil.
Rolleri participó del Concurso N° 405, donde estaba en el puesto 12 del orden de mérito (con 157,25 puntos), y quedó en segundo lugar de la quinta terna. Es doctor de la UBA, subdirector del Posgrado en Derecho Sucesorio allí y profesor en esa universidad y en La Plata, Lomas, Palermo y la UCA, entre otras.
Su colega, subrogante en este fallo, fue Maximiliano Caia, que fue designado también pror decreto de Alberto Fernández. En el concurso 405 estaba en el segundo puesto en el orden de mérito (con 185,45 puntos), y era el primero de la segunda terna.
Viene de carrera del fuero y tiene actividad académica y numerosas publicaciones, Caia tiene la carrera judicial más larga dentro del tribunal; toda su trayectoria transcurrió en la Cámara Civil.
Converset es el único de los tres con presencia activa en redes sociales, donde se presenta como juez y docente. También expone su pertenencia a Independiente de Avellaneda.
La futura llegada de Rubiero a la Cámara Civil -donde fue propuesto por el ministro Mahiques, es mirada con lupa. Llegó desde la lista complementaria del concurso tras la renuncia de uno de los postulantes de la terna, Alejandro José Laje.
Rubiero había quedado en el puesto 22 del orden de mérito general del Concurso 405, en la lista complementaria con 134 puntos. Mahiques aprovechó la renuncia de Laje para colocar a Rubiero desde la lista complementaria. No consideró a los otros dos de la terna.
Los fallos de la polémica
Rubiero integró el Tribunal de Apelaciones de la AFA, que revisa las sanciones disciplinarias de la entidad desde diciembre de 2021.
El primer conflicto llegó a la Sala D después de que la IGJ, bajo la conducción de Daniel Vítolo, impugnara la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024, realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza.
Talleres de Córdoba —opositor a Tapia, presidido por Andrés Fassi— había presentado una denuncia ante la IGJ cuestionando la convocatoria para la renovación anticipada del mandato: Tapia intentaba reelegirse un año antes del vencimiento de su período.
La IGJ declaró la “irregularidad e ineficacia total” de la asamblea y limitó los puntos que se podían tratar; prohibió la reelección, la reforma estatutaria y la mudanza a la provincia de Buenos Aires.
La AFA ignoró la resolución y realizó la asamblea de todas formas: Tapia fue reelecto hasta 2028 con 44 votos sobre 45 posibles, con Pablo Toviggino como tesorero y Juan Román Riquelme como vicepresidente.
Rolleri y Caia otorgaron el recurso de apelación de la AFA con efecto suspensivo, lo que dejó en pie todo lo actuado en la asamblea mientras se resolvía el fondo.
Tres semanas después, la Sala D dictó el fallo de fondo donde declaró la nulidad de la resolución de la IGJ que invalidaba la asamblea y convalidó la reelección de Tapia hasta 2028.
El fallo sostuvo que la asamblea aprobó todo “por unanimidad del voto de los delegados” sin que ninguno de los presentes “estimara cercenado alguno de sus derechos”. Sobre Talleres, los camaristas calificaron sus argumentos como “meramente subjetivos” y señalaron que el club cordobés no había presentado lista de candidatos, por lo que sus objeciones constituían “una mera expectativa”.
La cuestión de si la AFA tenía derecho a adelantar las elecciones un año antes del vencimiento del mandato quedó sin respuesta.
Además, los descensos de la Liga Profesional fueron eliminados y la mudanza a Pilar fue convalidada como decisión asamblearia.
Ahora, a comienzos de mes, la misma sala dictó una medida cautelar para proteger los balances de la AFA y la Superliga. Frenaron la intimación de la IGJ para acceder a los libros del período 2022-2025.
La resolución de Caia, Converset y Rolleri llegó horas antes del inicio del Mundial. La cautelar bloqueó el acceso de los veedores a la documentación contable en un momento en que el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Gerchunoff, había detectado indicios graves: señaló que la posible falsedad de los balances “está funcionalmente conectada con una maniobra defraudatoria más amplia, consistente en una posible administración infiel de fondos pertenecientes a la AFA”, vinculada a la empresa estadounidense Tourprudenter LLC.
Gerchunoff advirtió además que el cambio de domicilio a Pilar no podía ser analizado “como un hecho aislado, sino como parte del mismo patrón de opacidad, fragmentación y resistencia a la fiscalización”.
Y así se llega al fallo de hoy, el definitivo, donde la Sala D anuló la Resolución Particular 140/2026 de la IGJ y la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 16 de marzo de 2026 por Mahiques, que había ordenado una intervención en grado de veeduría por 180 días hábiles.
El tribunal dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y declaró que el control de legalidad corresponde en adelante a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
El fallo calificó la actuación de la IGJ como “arbitraria”, extralimitada en sus competencias y afectada por “graves defectos de motivación”.
Señaló que la IGJ “desatendió palmariamente la oportuna decisión de este Tribunal” y que se colocó “por encima” de su par provincial. Blindaje total.
Hernán Cappiello,Conforme a
Fernando Banderet, intendente de Añelo, solicitó públicamente a las familias que no migren a la localidad neuquina porque la llegada de grupos completos generó saturación en las escuelas y el sistema de salud.
El jefe comunal aclaró que la ciudad “recibe a todo el mundo con los brazos abiertos”, pero recomendó que quienes lleguen lo hagan con una oportunidad laboral asegurada y no con toda la familia, ante la falta de infraestructura preparada para absorber el crecimiento demográfico.
Añelo se encuentra en el corazón de Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país. El desarrollo del sector energético atrajo en los últimos años una fuerte migración, principalmente de familias provenientes del norte argentino, en especial de Salta y Tucumán.
Según los datos del municipio, en 2024 llegaron 1.400 personas; en los primeros meses de 2025 se registraron 1.700 y en lo que va de 2026, ya se contabilizaron 546. Además, existe un porcentaje cercano al 20% de personas que aún no efectuaron el cambio de domicilio en el registro civil.
En declaraciones al programa Buenas Tardes China, Banderet sostuvo: “Hoy no se vengan con la familia. El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”.
El intendente explicó que la migración “nos generó saturación” y que “la migración ha generado un trasfondo en la infraestructura y desarrollo para la que el Estado no está preparado”. Agregó que muchos de los que llegan buscan trabajo en la actividad petrolera, pero los puestos disponibles son especializados y de difícil acceso.
“Recibimos trabajadores que vienen a buscar una nueva oportunidad y cuando llegan se ve reflejado que es casi imposible acceder a la actividad petrolera y que dependen de las obras públicas y privadas y que muchas veces tienen que volver a sus lugares”, señaló.
El jefe comunal también destacó que el municipio defiende el empleo local y que “hay gente local que se dedica a eso y no es tanto el trabajo que hay para todos”.
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En cuanto a los servicios públicos, Banderet mencionó que “nuestras escuelas y aulas quedaron superpobladas, el sistema de salud con una alta demanda de asistencialismo” y que tanto el gobierno provincial como el municipio debieron trabajar para dar respuesta a esa problemática.
Respecto de la situación habitacional, afirmó que “nosotros no permitimos que haya gente en situación de calle, ni permitimos que se instalen sobre la vía pública” y que se brinda asistencia inmediata para el retorno de quienes se detectan en esa condición.
Vaca Muerta, Añelo, Neuquén, TNS
POLITICA
El Gobierno cerró la paritaria estatal, que impacta en los sueldos de los funcionarios: UPCN aceptó y ATE no
El Gobierno cerró este jueves los incrementos paritarios que tendrán los trabajadores públicos hasta agosto, con el aval del gremio mayoritario UPCN y las quejas de ATE, uno de los sindicatos más beligerantes contra la gestión de Javier Milei, que rechazó el ofrecimiento.
Entre junio y agosto de este año, los estatales recibirán un incremento de 6,64%, dividido en tres tramos: 2,4% en junio; 2,2% en julio; y 1,9% en agosto. Asimismo, en agosto se sumará un bono de $50.000 por única vez, con carácter remunerativo.
En la Argentina, durante los primeros cinco meses de 2026 la inflación acumula 14,7%, mientras el Gobierno espera que continúe en un camino descendente. La última medición fue la de mayo, que dio 2,1%.
ATE denunció que en lo que va de la era Milei los empleados públicos perdieron 43% de poder adquisitivo en los sueldos con respecto a la inflación.
UPCN coincide con que la pérdida salarial de los trabajadores que están en el Convenio Colectivo General -es decir, todos los públicos- es de aproximadamente 40%, a la vez que ubican en 35% la caída para aquellos empleados que se rigen con el sueldo del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) -o sea, los que cumplen tareas en ministerios y organismos descentralizados-.
El Gobierno calcula que para los trabajadores del Sinep la pérdida fue de 32%.
El impacto de la paritaria también repercutirá en el sueldo de los funcionarios nacionales. El artículo 3 del Decreto 931/2025 del 2 de enero de este año determinó que, desde ese momento en adelante, los porcentajes de incremento que se homologuen producto de lo acordado en la comisión negociadora del convenio colectivo para la administración pública nacional sean aplicables a las retribuciones de ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
Por el contrario, Presidente y vice siguen con el salario congelado desde que asumió Milei.
El sueldo de mayo (que se cobró a principios de junio) del jefe de Gabinete y los ministros fue en bruto de $8.020.866; el de los secretarios, de $7.346.575; y el de los subsecretarios, de $6.672.510.
Quejas de Aguiar desde Rusia
Desde Rusia, el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, trinó por la paritaria para los estatales. De acuerdo a información del gremio, Aguiar -uno de los máximos detractores de la gestión libertaria- se reunió con sindicalistas en Moscú, junto a colegas suyos de Latinoamérica, y acordaron “estrategias que terminen con las políticas de Milei”.
Desde ATE -gremio que nunca avaló los incrementos paritarios propuestos por esta administración- se mostraron a disgusto con el ofrecimiento de la Secretaría de Trabajo, al mando de Julio Cordero, que sí selló UPCN, comandado por Andrés Rodríguez.
“Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”, planteó Aguiar y denunció un “empobrecimiento planificado” para el sector.
“Este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales”, afirmó el líder gremial y avisó que esta paritaria acelerará la conflictividad con el Gobierno.
Desde el desembarco de Milei, Aguiar tuvo una relación híperfriccionada con la Casa Rosada, sobre todo motivada por los despidos en las filas públicas y por el ajuste que afectó los sueldos de los empleados estatales.
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