El avance de la tecnología en el ámbito laboral de Argentina muestra una tendencia de crecimiento sostenido que convive con una inquietud cada vez más marcada entre los trabajadores respecto a la estabilidad de sus puestos frente a la automatización. Según el estudio anual sobre inteligencia artificial de Bumeran, el 57% de los empleados en el país usan IA para realizar su trabajo, lo que representa un incremento de dos puntos porcentuales en comparación con los registros de 2025.

Esta adopción progresiva no es un fenómeno aislado, sino que se integra en un contexto donde la gran mayoría de los profesionales reconoce la utilidad práctica de estas innovaciones. Actualmente, un 99% de los encuestados califica a la inteligencia artificial como una herramienta útil o muy útil para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, la mayor familiaridad con la tecnología ha traído consigo una percepción más aguda sobre los riesgos potenciales que implica para el empleo humano.

Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, analiza que el estudio sugiere que la inteligencia artificial está cada vez más integrada en el mundo del trabajo. “En comparación con el año pasado, el uso de IA por parte de los trabajadores aumentó dos puntos, un crecimiento que, aunque es moderado, refuerza una tendencia sostenida. Además, los datos demuestran que la IA no solo es un recurso cotidiano, sino que cuenta con una validación positiva por parte de los profesionales”, comentó.

A pesar de esta valoración técnica positiva, el temor al desplazamiento laboral ha ganado terreno en la conciencia de los trabajadores argentinos. Las cifras indican que el 41% de los empleados cree que la inteligencia artificial llegará a reemplazar la labor humana en el futuro cercano. Este sentimiento de desprotección o incertidumbre muestra una evolución ascendente, ya que en el relevamiento del año anterior la proporción de quienes sostenían esta creencia era del 36%.

En el ámbito de la gestión de personal, la visión de los especialistas en recursos humanos también es de alerta. Un 68% de estos profesionales considera que ciertos perfiles laborales específicos serán reemplazados por sistemas inteligentes en el corto o mediano plazo. Si bien esta proyección es alta, la implementación actual de reemplazos directos es todavía limitada, con solo un 16% de las organizaciones locales que admiten haber sustituido roles humanos por soluciones tecnológicas hasta el momento.

Los puestos que se perciben como más vulnerables ante este cambio de paradigma son aquellos relacionados con el marketing y la publicidad, donde un 19% de los casos ya reporta afectaciones por la IA. Los perfiles administrativos siguen de cerca con un 18%, mientras que tareas vinculadas a la redacción, la atención al cliente y el reclutamiento de personal registra un impacto del 9%.

Ante este escenario, la respuesta de los trabajadores parece orientarse hacia la adaptación y la formación continua. El 92% de los empleados argentinos manifestó su intención de capacitarse para mantenerse actualizado en su área de especialización, mientras que un 95% busca adquirir nuevas habilidades que le permitan complementar el uso de la tecnología en lugar de ser sustituido por ella.

Entre los desafíos más mencionados por los propios usuarios argentinos aparece la preocupación por no depender de manera absoluta de la tecnología, un punto señalado por el 55% de los consultados. Además, un 45% enfatiza la importancia crítica de conservar el criterio humano al momento de tomar decisiones finales o ejecutar tareas sensibles. La seguridad de los datos también figura como una inquietud relevante para el 38% de los trabajadores que ya conviven con la inteligencia artificial en sus oficinas.

Finalmente, las desventajas percibidas por los empleados locales refuerzan la idea de una convivencia compleja con la máquina. Un 49% teme los errores derivados de la falta de información precisa por parte de los sistemas, y el mismo porcentaje advierte sobre el riesgo de generar una dependencia excesiva que merme la autonomía profesional. La pérdida de empatía e intuición humana es otro factor de peso para el 38% de los consultados, quienes ven en estos atributos la principal defensa del trabajo humano frente al avance tecnológico.

El perfil de quienes ya utilizan estas herramientas en Argentina muestra una mayor concentración en el segmento de edad que va de los 31 a los 50 años, quienes representan el 60% de los usuarios activos de esta tecnología en sus puestos de trabajo. Por el contrario, los trabajadores más jóvenes, de entre 18 y 30 años, constituyen solo el 11% de quienes declaran usarla de forma habitual. En términos de áreas profesionales, los sectores de Administración y Finanzas lideran la implementación con un 16%, seguidos por los rubros comercial, tecnología y marketing.

Los beneficios identificados por los usuarios se centran principalmente en la eficiencia operativa. El 61% de los trabajadores destaca que el uso de estas aplicaciones agiliza significativamente sus tareas, mientras que un 60% valora el ahorro de tiempo que permite la automatización de procesos repetitivos. No obstante, estas mismas ventajas operativas alimentan las dudas sobre la necesidad de mantener estructuras de personal humano en funciones que la tecnología puede ejecutar con rapidez.

El economista Juan Carlos de Pablo, cercano al presidente Javier Milei, se refirió al índice de inflación de marzo difundido por el INDEC, que marcó un 3,4%, y planteó que el análisis oficial podría estar dejando afuera un componente clave en la dinámica de precios.

El economista comparó el comportamiento local con lo ocurrido en Estados Unidos en un contexto atravesado por tensiones geopolíticas recientes, y sostuvo: «Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra«, sostuvo en una entrevista televisiva en LN+.

Energía y conflicto internacional en el centro del análisis

Para De Pablo, el dato difundido «no es para festejar» y señaló que el salto del petróleo a nivel global todavía no fue plenamente incorporado en las estimaciones. En ese sentido, insistió en que «hay que tener cuidado» al interpretar la evolución del IPC.

De Pablo explicó que, en febrero, sin el impacto del conflicto, la inflación había sido del 2,9%, mientras que en marzo ya se ubicó «de tres para arriba», marcando una aceleración.

El efecto internacional que aún no se refleja en Argentina

Según su análisis, la economía local todavía no absorbió de forma directa las consecuencias del enfrentamiento en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que sí generó efectos en otros países a través del encarecimiento del crudo, especialmente por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

En esa línea, contrastó con el caso estadounidense, donde —según detalló— la inflación pasó de niveles cercanos al 0,2% mensual a 0,9%, con una suba interanual del 2,4% al 3,3%. «La energía aumentó 10,9% y el gasoil 21,2%«, precisó.

La moraleja es la energía

De Pablo resumió su lectura señalando que el fenómeno observado en Estados Unidos muestra cómo el componente energético puede alterar fuertemente los índices generales.

«La moraleja es que tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de energía, lo que en la Argentina no ocurrió. Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas», planteó.

Consumo, deuda y hábitos de gasto

En otro tramo de la entrevista, el economista puso en duda algunas lecturas sobre el comportamiento de los hogares y el supuesto endeudamiento para cubrir alimentos.

«¿Seguro que, de todos los gastos, el único que no podés cambiar es la demanda de alimentos? Tengo dudas porque la tasa de interés más cara en todos los lugares del mundo, incluida la Argentina, es la tarjeta de crédito», expresó.

Lectura sobre la reacción oficial

También se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei tras conocerse el IPC, quien calificó el dato como «un número malo», pero lo contextualizó dentro de factores estructurales.

De Pablo consideró razonable esa postura, aunque aclaró que no ve al Gobierno desbordado por la situación. «Su reacción es lógica, no puede estar contento con una tasa de inflación del 3% mensual. Tampoco lo veo desesperado. No tiene que meter la gamba dibujando el Indec, prohibiendo las importaciones, congelando precios o moviendo la banda para abajo», señaló.

El informe del INDEC confirmó que la inflación de marzo alcanzó el 3,4% y encadenó diez meses consecutivos sin descensos, con fuerte incidencia de tarifas, educación y el impacto indirecto del petróleo. En el acumulado del primer trimestre, el índice trepó al 9,4%, en tanto la variación interanual llegó al 32,6%.

El dato oficial y la mirada del Gobierno

Desde el Ministerio de Economía, Luis «Toto» Caputo había anticipado que el número de marzo superaría el 3%, pero sostuvo que el proceso general apunta a una desinflación gradual.

En ese marco, destacó que, pese al incremento del IPC, se observó una desaceleración en la Canasta Básica Alimentaria, que bajó de 3,2% en febrero a 2,2% en marzo, mientras que la Canasta Básica Total también mostró una leve reducción en su ritmo de aumento.

Con la mira puesta en los vencimientos de deuda en moneda extranjera, el gobierno de Javier Milei avanza en el armado de un andamiaje financiero para juntar hasta USD 10.000 millones sin apelar a los mercados internacionales. La cifra alcanzaría para cubrir los compromisos con privados de julio de 2026 y enero y julio de 2027 por unos 9.000 millones de dólares.

Además de mantener reuniones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el desembarco del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington tuvo como objetivo sellar el financiamiento garantizado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 2.550 millones en total.

En concreto, tanto el Banco Mundial (USD 2.000 millones) como el BID (USD 550 millones) ofrecerán garantías -una suerte de “seguro” para futuros prestamistas- destinadas a refinanciar una parte importante de la deuda de Argentina, disminuir los costos de financiamiento y generar condiciones más favorables para atraer inversiones privadas tanto locales como extranjeras.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado», sostuvo Caputo desde Washington.

A propósito de la tasa de interés que se aplicará a la operación, el funcionario argentino calculó que rondará entre 5,5% y 6,5% anual para un período de seis años, aunque aclaró que ese aspecto sigue en discusión. Se trata de un rendimiento inferior a lo que Argentina podría obtener si emitiera deuda en los mercados internacionales. Con el nivel de riesgo país actual, una hipotética colocación de deuda soberana argentina requeriría tasas anuales superiores al 9% en dólares, un rendimiento poco atractivo para el Gobierno.

En tal sentido, el equipo económico apunta a que el indicador elaborado por JP Morgan, que surge de comparar la rentabilidad de los bonos soberanos locales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, profundice su tendencia bajista para que se abarate un eventual regreso al financiamiento externo.

El propio titular de la cartera económica reconoció que a fines del año pasado, cuando el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, se evaluó la posibilidad de regresar a los mercados internacionales, pero finalmente se descartó esa opción. A la vez, calificó el nivel actual del riesgo país como “exagerado” y lo atribuyó a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de títulos soberanos, así como a la volatilidad propiciada por el conflicto en Medio Oriente.

Según Caputo, la asistencia del Banco Mundial le permite al Gobierno “acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada”. “Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, precisó.

Sobre los vencimientos de deuda de Bonares y Globales previstos para julio, el jefe del Palacio de Hacienda explicó que de los USD 4.300 millones que deben pagarse cada seis meses, USD 3.000 millones corresponden a capital, que es el monto que el Gobierno busca refinanciar. Los intereses, por unos USD 1.300 millones, se cubrirán con el superávit primario.

El andamiaje de los USD 10.000 millones

Además, el ministro de Economía agregó que la estrategia también contemplará el programa de licitaciones locales por un total de USD 4.000 millones, a través de bonos con vencimiento en 2027 (AO27) y 2028 (AO28) que se licitan cada quince días y cuyas tasas se mueven entre 5% y 8 por ciento.

En tanto, el nuevo esquema pactado con el Banco Mundial permitiría sumar entre USD 3.000 y 4.000 millones en total. De esta manera, el equipo económico reuniría USD 8.000 millones para afrontar el pago de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y quedaría un excedente de USD 2.000 millones para eventuales compromisos futuros.

El monto total se eleva a USD 10.000 millones al sumar los USD 2.000 millones que el Gobierno aspira a recaudar mediante la venta de activos públicos. Se prevé que los principales ingresos provenientes de privatizaciones se concreten en la segunda mitad de 2026, en relación con las empresas públicas contempladas en la Ley de Bases.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), encabezada por Diego Chaher, está a cargo de este proceso. Intercargo y AySA encabezan la lista de compañías que avanzan en su traspaso al sector privado. La normativa aprobada dispone la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y la concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sofse y Corredores Viales.

A comienzos de diciembre de 2025, el Gobierno se aseguró ingresos superiores a USD 706 millones a través de la concesión de las cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, en Neuquén y Río Negro. Este monto surge de las ofertas finales recibidas para los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Esos recursos se utilizaron para abonar el compromiso con bonistas de enero de 2026. La idea es replicar este mecanismo con los próximos vencimientos de deuda externa.

“La magnitud de esta estrategia cobra relevancia al considerar el calendario de vencimientos: hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda extranjera por cerca de USD 9.000 millones. Por eso el fondeo fuera del mercado internacional, todavía oneroso, es vital: la combinación de asistencia multilateral, con la colocación total de los Bonares (AO27 y AO28) y los USD 2.000 millones proyectados por privatizaciones ubicaría el esquema total en torno a USD 10.000 millones”, remarcó un informe de GMA Capital.

En este contexto, los analistas de la ALyC anticiparon una modificación en la estructura de la deuda. Actualmente, el stock de deuda bruta representa el 78,4% del Producto Interno Bruto (PIB). De ese monto, un 21,8% corresponde a préstamos de organismos internacionales y un 34,2% al sector privado. Un mayor financiamiento proveniente de organismos internacionales aumentaría su peso dentro del total, reduciendo la relevancia relativa de la deuda con tenedores privados.

“Ahora bien, este tipo de financiamiento no es neutral. Los organismos involucrados condicionan su apoyo a la implementación de reformas orientadas a ‘fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo’. En la práctica, esto suele traducirse en ajustes regulatorios, acumulación de reservas, disciplina fiscal y una reducción del costo del crédito”, concluyeron.