La flexibilización de reglas para ingresar kits de ensamblaje desde Asia busca incentivar la inversión y mejorar la competitividad de la industria local

21/04/2026 – 17:00hs

El Gobierno eliminó el derecho antidumping que pesaba sobre las zapatillas deportivas desmontadas provenientes de China. La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 531/2026.

Los calzados deportivos desmontados de origen chino quedan así excluidos de pagar un valor mínimo de importación. Hasta ahora, cada par debía respetar un precio FOB (Free On Board) de al menos u$s15,70.

La decisión apunta a bajar los costos de producción local para marcas como Puma y Topper, reducir los precios finales y modernizar la oferta tecnológica en el mercado interno.

Desde 2021 hasta hoy, todas las zapatillas provenientes de China debían cumplir con ese piso. Con esta modificación, los kits de ensamblaje utilizados por las principales terminales radicadas en el país quedan fuera de esa restricción.

El cambio permitirá una reducción directa en los costos de los insumos que las fábricas locales necesitan para armar el calzado deportivo.

Por qué se eliminó la medida antidumping y cómo impacta

La decisión se basa en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). El organismo detectó un cambio de circunstancias en el mercado, especialmente en el segmento deportivo.

Según el reporte oficial, el sector evolucionó hacia productos de alta performance que integran innovaciones en diseño, materiales y tecnología para el rendimiento deportivo.

Argentina es competitiva en calzado de cuero y moda urbana. Pero en el segmento deportivo existe una brecha tecnológica significativa, reconoció la CNCE.

Mientras la producción nacional se basa en procesos convencionales y materiales tradicionales, el calzado de alta performance ensamblado a partir de kits importados incorpora materiales y tecnologías avanzadas cuya producción local es inexistente.

Con este panorama, la CNCE concluyó que mantener las trabas a los kits no protegía a la industria. Por el contrario, la encarecía.

El organismo argumentó que la importación de calzado de deporte desmontado puede favorecer esquemas de integración productiva local. Lejos de desplazar la producción nacional, esta estrategia permite sostener el segmento deportivo en términos de empleo y mejora del producto físico por trabajador.

Topper y Puma pidieron levantar la restricción a las zapatillas

La eliminación de esta medida antidumping fue solicitada por actores centrales de la industria local. Topper y Puma Sports Argentina presentaron el pedido formal ante las autoridades.

Estas empresas adoptaron un modelo de producción basado en el ensamblado de piezas importadas. El texto oficial destacó que esta estrategia ha permitido sostener el segmento deportivo nacional.

No solo en términos de niveles de empleo. También mediante la mejora del producto físico por trabajador, posibilitando la presencia de marcas locales en una categoría que, de otro modo, dependería exclusivamente de la importación de productos terminados.

La medida se alinea con la reciente baja del Derecho de Importación Extrazona (DIE) para diversos productos. La CNCE sostuvo que la eliminación del antidumping resulta plenamente consistente con esta orientación de política económica.

La exclusión aplica específicamente al calzado deportivo desmontado con suela o parte superior distinta del cuero natural. El calzado de vestir de alta gama y el calzado de seguridad industrial siguen bajo los esquemas de protección vigentes para la industria del cuero.

El objetivo oficial es permitir una mayor oferta de modelos avanzados a precios más competitivos en el mercado local. Las marcas locales podrán competir con tecnología de punta sin depender exclusivamente de la importación de productos terminados.

Investing.com- informó el miércoles de una caída en el beneficio neto del primer trimestre, ya que unos impuestos más altos compensaron los sólidos ingresos y la producción récord.

El beneficio neto se situó en 374 millones de dólares para los tres meses hasta marzo, frente a los 453 millones de dólares del año anterior, según informó la productora noruega de petróleo y gas.

El beneficio antes de impuestos aumentó a 1.410 millones de dólares desde los 1.280 millones de dólares del año anterior, mientras que el beneficio operativo subió a 1.310 millones de dólares, respaldado por unos precios realizados del petróleo y el gas más fuertes y una mayor producción.

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Los ingresos totales aumentaron a 2.670 millones de dólares desde los 1.870 millones de dólares en el mismo período del año pasado, ya que los ingresos petroleros saltaron a 2.660 millones de dólares.

La producción promedió un récord de 406.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd), un fuerte aumento desde los 272.000 boepd del año anterior, reflejando un mejor rendimiento en activos clave y la aceleración de proyectos.

La compañía mantuvo un dividendo de 300 millones de dólares para el primer trimestre y orientó hacia un pago similar en el segundo trimestre.

El director ejecutivo Nick Walker dijo que la compañía estaba «bien posicionada en mercados volátiles», citando operaciones estables a pesar de las tensiones geopolíticas y su papel como proveedor clave de energía desde Noruega.

La firma reiteró la guía de producción para el año completo de 390.000 a 410.000 boepd y espera que los costes de producción se mantengan alrededor de 10 dólares por barril.

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La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.

Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA.

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.

Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.

Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.

Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.

En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.

Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.

En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.

En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).