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ECONOMIA

Cuáles son las provincias con mayor cantidad de juicios por accidentes y enfermedades laborales

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Las provincias clasificadas con alto nivel de riesgo concentran el 70,6% de los trabajadores del país y el 71,2% del total de juicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la aprobación de la reforma, un informe reciente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojó que en 2025 hubo 127.700 juicios laborales, lo que implicó un sobrecosto de USD 2.140 millones para el conjunto del sistema.

Se destacó que ese monto equivale a 2 millones de salarios mensuales o el ingreso anual de 154.000 trabajadores, 9,2 millones de salarios mínimos, 9,1 millones de jubilaciones mínimas o 1,6% de la masa salarial.

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La SRT clasificó a las provincias según su nivel de riesgo en función de la cantidad de juicios y su costo económico. Los datos muestran una fuerte concentración territorial de la litigiosidad dentro de la categoría de alto riesgo concentran el 70,6% de los trabajadores y el 71,2% de los juicios. Si se suman las de riesgo medio, estos valores ascienden a 90,4% del empleo y 86,2% de los litigios.

“Si se incorpora la composición de la judicialidad (rechazos + 0% de incapacidad + no denunciados) al nivel de riesgo, el análisis se enriquece porque no solo muestra dónde hay más juicios, sino también qué tan ‘sanos’ o ‘distorsionados’ son dichos juicios”, precisó la SRT.

“Varias jurisdicciones de riesgo alto presentan además valores muy elevados de composición, lo que sugiere una fuerte presencia de juicios especulativos: CABA (90%), Buenos Aires (88%), Chubut (79,5%), Jujuy (85%), Mendoza (92,9%), Santa Fe (92,6%)”, añadió.

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Tabla de datos mostrando la provincia, el nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo) y el porcentaje de composición judicial para veinticuatro provincias argentinas
Composición judicial y nivel de riesgo por provincias (SRT)

En algunas provincias con bajo nivel de riesgo, como Catamarca (75,7), Corrientes (76,7), La Rioja (74,4) y Río Negro (71,6), se registra igualmente una alta proporción de juicios que terminan sin incapacidad, son rechazados o no fueron denunciados previamente.

Esto sugiere que, aunque la cantidad de litigios o su impacto económico es menor, una parte significativa de los casos presenta un posible componente especulativo.

Entre las jurisdicciones con mayor impacto económico o sobrecosto por los juicios laborales se destacan:

  • Provincia de Buenos Aires: USD 892 millones
  • CABA: USD 517 millones
  • Santa Fe: USD 162 millones
  • Mendoza: USD 153 millones
  • Córdoba: USD 108 millones
  • San Luis: USD 94 millones
  • Neuquén: USD 64 millones
  • Chubut: USD 53 millones
  • Entre Ríos: USD 34 millones
  • Jujuy: USD 33 millones
Tabla con datos de sobrecosto y litigiosidad por jurisdicción en Argentina, detallando costos laborales, índice judicial y riesgo
Sobrecosto laboral y la litigiosidad por jurisdicción (SRT)

Según el informe, las provincias con mayor cantidad de litigios, en términos absolutos de juicios en 2025, son Buenos Aires (49.100) , CABA (25.061), Santa Fe (18.324), Mendoza (9.096) y Córdoba (7.845).

Por regiones, el informe también muestra grandes disparidades entre provincias, a partir de dos indicadores clave: el índice de judicialidad (cantidad de juicios) y el sobrecosto por trabajador (en dólares). Los números evidencian comportamientos muy distintos incluso dentro de una misma región.

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En Cuyo, San Luis aparece como el caso más extremo del país: registra 337 de judicialidad y USD 837 de sobrecosto por trabajador, muy por encima de San Juan (60 y USD 65) y también de Mendoza (212 y USD 360). Esta brecha lo posiciona como el distrito más atípico tanto por cantidad de juicios como por costo por caso.

En la misma región, Mendoza también presenta niveles elevados (212 de judicialidad y USD 360 por trabajador), claramente por encima del promedio regional, aunque lejos del pico que muestra San Luis.

En la Patagonia, Chubut se destaca con 371 de judicialidad y USD 328 por trabajador, más que duplicando a Neuquén (170 y USD 249) y superando ampliamente a Río Negro (58 y USD 69).

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En este contexto, Neuquén aparece como un caso intermedio dentro de una región con comportamientos muy dispares.

En el NOA, Jujuy rompe el patrón regional: con 238 de judicialidad y USD 461 por trabajador, se ubica muy por encima de provincias como Salta (6,6) y Tucumán (25,8), donde tanto la litigiosidad como los costos son significativamente más bajos.

En la región Centro, Santa Fe lidera con 267 de judicialidad y USD 263 por trabajador, superando a Córdoba (138 y 178) y Entre Ríos (120 y 126), lo que la posiciona como la jurisdicción más crítica de ese bloque.

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Por su parte, en el AMBA se observan dos dinámicas distintas: Buenos Aires registra 164 de judicialidad y USD 284 por trabajador, con menos juicios pero mayor costo relativo; mientras que CABA, con 249 de judicialidad y USD 248 por trabajador, presenta más litigios, aunque con menor impacto económico por caso.

La SRT señala que la solución pasa por aplicar la normativa vigente. En ese sentido, la Ley 27.348 establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses en las provincias, integrados por especialistas en medicina laboral, honorarios no atados al resultado del juicio y la intervención obligatoria en todos los casos.

Además, la Ley 27.802 (modernización laboral) fija plazos y facultades específicas para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con el objetivo de avanzar en la implementación del sistema.

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ECONOMIA

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

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El Banco Central sumó más de USD 6.700 millones en compras de divisas en el primer cuatrimestre del año

Luego de un parate en febrero y marzo, y a pesar de las tensiones internacionales, el financiamiento externo dio signos de recuperación en abril, lo que marca un horizonte para que continúen las compras de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en lo que va del año ya superaron el 67% de la meta anual (USD 10.000 millones). A este escenario se suman posibles nuevas emisiones por parte de una provincia que ya recibió la autorización del Ministerio de Economía para salir a colocar deuda en Wall Street.

La consultora Invecq señaló que el financiamiento externo registró signos de reactivación en abril, tanto en el segmento corporativo como en el de deuda sub-soberana, pese a la persistencia de tasas elevadas y a un riesgo país que se mantuvo en torno a los 500 puntos básicos (pb).

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Entre las operaciones recientes, la provincia de Chubut concretó la semana pasada una colocación internacional por USD 650 millones bajo legislación extranjera, con una tasa anual del 9,45 por ciento.

Según el análisis de Invecq, la operación mostró gran interés inversor: la demanda se acercó a USD 2.000 millones, triplicando el monto adjudicado y respaldada por la garantía adicional de regalías hidrocarburíferas, que refuerza la capacidad de pago. Del total colocado, cerca de 42% (USD 270 millones) se destinó a la cancelación anticipada de vencimientos del bono Bocade, lo que alivió el perfil financiero de corto plazo. El resto, USD 380 millones, irá a obra pública con foco en infraestructura, para fortalecer el sector energético y atraer inversiones. Lo que se traduce en una fuente de oferta de dólares para que el BCRA pueda comprar reservas en los próximos meses.

Luis Caputo - Ignacio Nacho Torres
Chubut colocó USD 650 millones con un bono a 10 años y tres de gracia.

Este regreso a los mercados se suma a emisiones de otras jurisdicciones: Córdoba (USD 725 millones al 9,75% a siete años), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 600 millones al 8,13% a ocho años), Santa Fe (USD 800 millones al 8,10% a nueve años) y Entre Ríos (USD 300 millones al 9,55% a siete años). El conjunto de emisiones provinciales alcanzó USD 3.875 millones en la actual gestión.

Los dólares de Chubut se sumarán a los que en el BCRA esperan que giren las empresas. En la presentación ante inversores en Washington, el número dos de la entidad, Vladimir Werning, expuso que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses.

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infografia

“En abril, en tanto, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”, destacaron en el informe de Invecq.

Para la consultora, la continuidad de este proceso dependerá de la evolución del riesgo país y del contexto internacional. La reciente suba del riesgo país, junto con el conflicto geopolítico mundial, moderaron el ritmo de emisiones, aunque una eventual compresión podría reactivar las colocaciones en carpeta, como la de provincia de Neuquén y Mendoza.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales de Neuquén, la provincia ya tuvo la autorización del Ministerio de Economía para colocar deuda en Wall Street. Ante la consulta al Palacio de Hacienda sobre ese visto bueno, no hubo respuesta al cierre de esta nota, como tampoco en el caso de Mendoza.

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Si Neuquén y Mendoza salen a colocar deuda en el mercado internacional, se trataría de más dólares que el BCRA podría eventualmente comprar, además de los USD 3.200 millones que restan de las obligaciones negociables por parte de empresas que no se giraron y los USD 650 millones. Son razones para que Economía apruebe esas operaciones, aunque en su momento Caputo criticó la dependencia de las provincias de Wall Street.

“Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó Caputo con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa. Pero ahora parece que la postura oficial respecto de la dependencia de las provincias cambió. Por cierto, le resulta más conveniente para la compra de reservas del BCRA.



LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),South America / Central America,Buenos Aires

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ECONOMIA

El oro se mantiene estable mientras el dólar fluctúa en medio de tensiones con Irán y expectativas de la Fed Por Investing.com

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Investing.com- Los precios del oro se movieron en un rango estrecho el lunes mientras el dólar fluctuaba en medio de algunas esperanzas de una desescalada entre Estados Unidos e Irán, y mientras los mercados esperaban una reunión de la Reserva Federal a finales de esta semana.

El lingote registró algunas ofertas después de registrar una fuerte caída la semana pasada, ya que un informe durante el fin de semana mostró que Irán ofreció una nueva propuesta a Estados Unidos que implica la reapertura del Estrecho de Ormuz.

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El oro al contado se mantuvo estable en 4.711,0 dólares la onza, mientras que los futuros del oro cayeron un 0,3% a 4.725,94 dólares/onza a las 8:01 (hora española).

Otros metales preciosos también se movieron poco el lunes, con la plata al contado estable en 75,6975 dólares/onza, mientras que el platino al contado subió un 0,5% a 2.023,54 dólares/onza.

Las conversaciones entre EE.UU. e Irán se tambalean, Teherán ofrece propuesta para reabrir Ormuz – informe

Los planes para más conversaciones entre Estados Unidos e Irán fracasaron durante el fin de semana después de que funcionarios iraníes abandonaran Pakistán, mientras que Washington canceló los planes de enviar una delegación a Islamabad.

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Trump dijo que Teherán podría llamar si quería hablar, y reiteró su postura de que Irán no puede tener un arma nuclear, lo que ha sido citado como un importante motivador de la guerra.

Pero un informe de Axios generó algunas esperanzas de desescalada, afirmando que Irán dio a Estados Unidos una nueva propuesta sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz y el fin de la guerra.

Un punto clave de la propuesta era posponer las discusiones sobre las actividades nucleares de Irán para una fecha posterior, un punto que puede enfrentar resistencia de Washington.

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Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantuvieron en gran medida el lunes, con un bloqueo naval contra Irán permaneciendo en su lugar, mientras Teherán continuaba manteniendo el Estrecho de Ormuz en gran parte cerrado.

El cierre de Ormuz hizo subir bruscamente los precios del petróleo, generando preocupaciones sobre una inflación global persistente y bancos centrales más restrictivos. El dólar se fortaleció con esta noción, mientras que activos sin rendimiento como el oro tuvieron dificultades.

Se espera reunión de la Fed para obtener más señales

La atención esta semana se centra completamente en una reunión de la Reserva Federal, donde se espera ampliamente que el banco central . La atención se centrará en las perspectivas económicas de la Fed ante la mayor incertidumbre sobre la guerra con Irán.

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Se espera que la reunión de esta semana sea la última bajo el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo.

Kevin Warsh, el nominado de Trump para reemplazar a Powell, testificó ante el Congreso la semana pasada que no había hecho compromisos para recortar los tipos de interés. Warsh también fue visto como una elección menos moderada de lo que los mercados esperaban.

Ahora se espera que su confirmación como presidente de la Fed proceda después de que el senador republicano Thom Tillis retirara su oposición. Esto ocurrió después de que el Departamento de Justicia abandonara su investigación criminal contra Powell, una investigación que fue ampliamente criticada por intentar coaccionar al banco central para que recortara los tipos de interés.

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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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ECONOMIA

El Gobierno limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

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De acuerdo a la Resolución 14/2026 publicada en el Boletín Oficial, se actualizan el esquema tarifario de AySA y se limitan los aumentos mensuales hasta agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.

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La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área.

La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos. La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.

De acuerdo con los considerandos, el marco regulatorio vigente fue aprobado en 2007 y ordenado por decreto en 2025. Desde entonces, el ERAS ejerce funciones de control y regulación sobre la prestación del servicio, el aspecto económico de la concesión y la atención de los reclamos de los usuarios.

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La revisión tarifaria tuvo su punto de partida en 2024, cuando AySA presentó una propuesta de adecuación ante la Secretaría de Obras Públicas. Aunque el marco regulatorio no exigía audiencia pública, la autoridad aplicativa resolvió convocar a la ciudadanía para escuchar opiniones sobre la propuesta de incremento y sus fundamentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ajuste efectivo no podrá superar el cuatro por ciento (4%) mensual entre enero y abril de 2026 y desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del tres por ciento (3%) por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de este mecanismo buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.

El proceso de convergencia tarifaria avanzó con la presentación, por parte de AySA, de informes que reconocieron la existencia de un atraso tarifario y la necesidad de alcanzar los niveles previstos. Por esto mismo, se acordó que la empresa renunciara a los ingresos no facturados durante 2025 y asumiera el costo de la gradualidad en 2026, lo que se reflejará en el balance de la compañía.

A su vez, AySA debe presentar un informe de la situación económico-financiera correspondiente al primer trimestre de 2026, y otro al cierre del segundo trimestre. Estos reportes serán clave para evaluar la sostenibilidad del esquema y la evolución de los ingresos, gastos e inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Transición aprobado para el período 2024-2026.

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En los reportes más recientes, la empresa advirtió que la inflación registrada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 superó las previsiones, lo que redujo el ritmo de cierre de la brecha tarifaria y elevó el déficit proyectado. Frente a este escenario, AySA solicitó la continuidad del proceso de convergencia bajo los mismos parámetros hasta alcanzar la convergencia plena, postura que el organismo regulador decidió matizar con una reducción del tope de aumento mensual a partir de mayo.

El Programa de Tarifa Social permanece como un resguardo para los hogares con menores ingresos, manteniendo descuentos y neutralizando el impacto de las subas para quienes más lo necesitan. El ERAS dispone que los beneficios alcanzarán tanto a quienes ya sean beneficiarios como a los que se incorporen en lo sucesivo, hasta la fecha de renovación o cese del subsidio.

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