Luego de ingresar en concurso preventivo tras un fuerte deterioro de su negocio, el mayorista de productos de limpieza Caromar, empezó a delinear un cambio de estrategia para intentar sostener su operación. La Justicia autorizó a la compañía a modificar su objeto social y sumar la comercialización de alimentos, en lo que aparece como un primer paso de reconversión en medio de la crisis.

La decisión fue adoptada en el marco del expediente que tramita en el Juzgado Comercial N°1 y habilita a la empresa a incorporar una nueva línea de negocios, con foco inicial en su sucursal de Rosario. La medida no es menor: implica que la firma, históricamente orientada a limpieza, perfumería y consumo masivo no alimenticio, busca ampliar su oferta para recuperar volumen de ventas.

Según surge de la resolución judicial, la modificación fue avalada tras el análisis de la sindicatura, que consideró que la iniciativa «no afecta los derechos de los acreedores» y que se enmarca en una «reestructuración de las actividades comerciales» de la empresa.

Además, el informe señala que la incorporación de alimentos podría «potenciar sus ventas sin mayores costos de implementación«, aprovechando la infraestructura comercial ya existente.

La autorización quedó formalizada a través de un oficio librado a la Municipalidad de Rosario para su correspondiente habilitación.

De supermercado mayorista tradicional a esquema más flexible

El movimiento refleja un intento de adaptación en un contexto que viene golpeando con fuerza al canal mayorista. Caromar, controlada por la familia Manassero, construyó durante décadas un modelo basado en volumen, rotación y una amplia red de sucursales orientadas a abastecer comercios de cercanía.

Ese esquema, sin embargo, empezó a mostrar fisuras a partir de 2024. La propia empresa detalló en su presentación concursal que la caída del consumo impactó directamente en su actividad, en línea con un mercado donde las ventas de supermercados y mayoristas no logran consolidar una recuperación sostenida.

Los números que aportó en el expediente muestran la magnitud del ajuste: las ventas de mercaderías se redujeron un 41,75% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, en un contexto de menor demanda y mayor presión competitiva.

A ese escenario se sumó un cambio en la dinámica del sector. Según describió la compañía, los competidores comenzaron a bajar precios de forma agresiva, incluso por debajo de sus costos, para sostener participación en un mercado más chico.

El impacto fue directo sobre su estructura. En paralelo al deterioro de ventas, la empresa cerró cuatro sucursales, en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y avanzó con más de 100 despidos, en un proceso de ajuste que también incluyó la salida del negocio industrial.

En el primer semestre de 2024, Caromar decidió cerrar su fábrica de jabón en polvo, una unidad en la que había invertido durante años. Según explicó en su presentación, la operación dejó de ser viable frente a precios de mercado que no cubrían los costos, lo que obligó a desarmar esa parte del negocio.

Concurso de acreedores en marcha

El deterioro no fue sólo comercial. En su presentación ante la Justicia, la empresa también atribuyó parte de la crisis a factores internos y operativos, incluyendo conflictos sindicales y litigios laborales.

En ese sentido, mencionó una «alta conflictividad» con el gremio de Comercio, con asambleas y medidas que, según su versión, afectaron la operatoria diaria. A eso se sumaron dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, que impactaron en su situación financiera.

El quiebre definitivo llegó hacia fines del año pasado, cuando la compañía comenzó a perder capital de trabajo. Según explicó, los proveedores pasaron a exigir pagos anticipados, lo que generó faltantes de mercadería y una nueva caída en las ventas.

Ese circuito, menos stock, menor facturación y mayor presión financiero, terminó por llevar a la empresa a un punto donde no pudo sostener el pago de salarios y obligaciones corrientes, lo que derivó en la presentación en concurso preventivo.

En paralelo, la firma acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones, reflejando el nivel de tensión en su cadena de pagos, mientras que su deuda bancaria asciende a alrededor de $53 millones, de los cuales más de $44 millones, tomados con el Banco Credicoop, se encuentran con incumplimientos.

Reconversión en marcha y apuesta a sostener la operación

En ese contexto, la ampliación hacia alimentos aparece como una de las primeras señales de cómo la empresa intenta redefinir su modelo de negocio mientras transita el proceso concursal.

La lógica detrás del movimiento es clara: sumar categorías de alta rotación que le permitan aumentar el tráfico en sus sucursales y mejorar la utilización de su estructura, sin necesidad de grandes inversiones adicionales.

Desde la sindicatura, de hecho, remarcaron que la iniciativa resulta «razonable» en función del perfil de la compañía y su red comercial, y que puede contribuir a mejorar su desempeño sin afectar a los acreedores.

El proceso concursal, mientras tanto, sigue su curso. El expediente fijó como fecha límite el 28 de mayo próximo para la verificación de créditos, etapa en la que ya comenzaron a presentarse acreedores, incluidos ex empleados que reclaman el pago de indemnizaciones tras los despidos.

Luego se abrirán las instancias de revisión e informes de la sindicatura, en un cronograma que se extenderá hasta 2027, cuando se definirá si el supermercado mayorista logra alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

Madrid, 23 abr (.).- El exdirector de la Asesoría Jurídica de Globalia -al que pertenece Air Europa- Ramiro Campos ha negado este jueves «trato de favor» alguno durante el préstamo otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la empresa y ha asegurado que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no participó «absolutamente en nada».

Campos, que ha comparecido en la Comisión de investigación de la SEPI en el Senado, ha señalado que Air Europa fue la primera compañía en recibir este tipo de préstamos, pero ha subrayado que para ello tuvieron que cesar al consejero delegado, Javier Hidalgo, y, por el camino, han pagado 130 millones de euros en intereses.

«No creo que ninguna otra tuviera que poner a un consejero delegado impuesto para que gestionara la compañía, mientras pensábamos: ’¿Cómo va a devolverlo (el dinero) cuando el nuevo CEO no conoce al equipo?’. De hecho, propusimos bastantes nombres, y no de la familia Hidalgo», ha señalado.

Air Europa recibió en noviembre de 2020 -cuando Campos era director de la Asesoría Jurídica- un préstamo de 475 millones de euros a cargo del Fondo de Solvencia que gestionaba la SEPI para ayudar a empresas estratégicas a hacer frente a la fuerte caída de la actividad derivada de la pandemia.

El exjefe de ese área ha revelado que ese préstamo era «el último recurso», pero ha incidido en que si no hubieran accedido al fondo de solvencia (de la SEPI), hubieran quebrado. «A 31 de octubre de 2020, no teníamos más de 3,5 millones de euros en la cuenta corriente», ha afirmado.

El que fuera director de la Asesoría Jurídica durante el préstamo ha incidido en que llevan dos años «machacados por todo», en relación a las informaciones que se publican en prensa, y ha recalcado las «condiciones abusivas y de control absoluto» del préstamo.

La relación con el Ministerio era «constante, antes y después»

Ha reconocido que la relación con el ministro de Transportes de la época, José Luis Ábalos, era «constante antes y después, como con ministros previos del PP o del PSOE».

«Con el ministro que estuviese nos reuníamos. Quien fuera», ha destacado Campos, además de agregar para corroborar esa visión que cuando firmaron la venta de Air Europa a tanto Javier Hidalgo (CEO entonces de Globalia) como el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, llamaron «a las 6 de la madrugada a Ábalos para comunicárselo».

Campos ha mostrado un certificado que muestra que, a 3 de julio de 2020, ninguna empresa de Globalia contaba con «deudas tributarias», aunque el senador popular José Manuel Hernando ha defendido que eso no prueba que a 31 de diciembre de 2019 no las tuviera, fecha en la que no debían existir pasivos para poder ser seleccionables al préstamo.

Hernando ha afirmado que «por supuesto que tenía que ser rescatada Air Europa», pero «lo que le ha matado (a Globalia) es la soberbia de pensar que tenían que conseguir antes que nadie lo que estaba previsto para todos».

Campos le ha reprochado comparar ese préstamo con el recibido por Plus Ultra: «Con todo el respeto, nosotros teníamos 70 aviones, facturamos 4.000 millones de euros y hemos devuelto el préstamo… no teníamos nada que ver», ha señalado.

«Mantengo que existen enormes irregularidades», ha incidido Hernando, mientras la senadora socialista, Consol Cantenys, ha denunciado que la comisión «solo tiene un objetivo: desacreditar a (la exministra de Hacienda) María Jesús Montero en las elecciones andaluzas.

Este mismo jueves, Javier Hidalgo, exconsejero delegado, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la misma Comisión.

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El problema del acceso a la vivienda en Argentina se refleja en el crecimiento del número de inquilinos que requieren financiamiento externo para cubrir el alquiler mensual. Según el relevamiento nacional realizado por la Fundación Tejido Urbano, 6 de cada 10 personas que alquilan viviendas en el país necesitan pedir créditos, recurrir a familiares o utilizar ahorros para cumplir con este compromiso económico. La situación se agravó en los últimos tres años y mostró un salto notable entre 2022 y 2025.

El porcentaje de inquilinos que se endeudan o utilizan ahorros para pagar el alquiler ascendió del 46,2% en 2022 al 57,6% en 2025. En el Gran Buenos Aires, la cifra trepa al 63,2%. Estas cifras surgen del informe divulgado recientemente y marcan una tendencia preocupante, en la que incluso sectores tradicionalmente estables como la clase media deben apelar al endeudamiento.

El informe detalla que la exigencia principal para los inquilinos es sostener el pago del alquiler mensualmente. La incidencia del gasto en el presupuesto familiar es determinante.

De acuerdo con Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, “el alquiler se lleva entre el 52% y el 63% del ingreso total para el 41% de los inquilinos con ingresos más bajos”. Este grupo apenas logra cubrir otras necesidades básicas y enfrenta la posibilidad de recurrir a estrategias financieras ante la falta de alternativas.

Para cubrir los gastos, un 18,1% recurrió a créditos bancarios en 2025, cuando en 2022 la cifra era del 10,6%. Además, el informe señala un aumento de la morosidad y un creciente uso de préstamos personales, tanto formales como informales.

Araujo explicó en Inofbae en Vivo Al Mediodía que “el 40% tuvo una mecánica de desahorro y el otro 20% recurrió a préstamos familiares o bancarios. Las estrategias se van combinando. Muchos agotan primero los ahorros y luego acuden a algún crédito para cubrir el alquiler“. Esta opción, en muchos casos, implica el acceso a préstamos con tasas de interés elevadas, especialmente entre quienes recurren al mercado informal.

El estudio diferencia entre los sectores que pueden mantener el pago del alquiler sin cambios en su calidad de vida y quienes deben ajustar sus consumos. Un 42% de los inquilinos logra sostener el alquiler sin disminuir otros gastos familiares.

En contraste, el 10% pertenece al grupo de mayores ingresos y no experimenta inconvenientes, mientras que el 41% destina gran parte de su salario solo al pago del alquiler.

Ante la insuficiencia de ingresos, los hogares implementan distintas estrategias. “La mayoría de los inquilinos priorizan pagar la vivienda antes que cualquier otro gasto. Luego distribuyen el resto del ingreso en alimentación y servicios”, remarcó Araujo. Si no logran cubrir las necesidades, optan por morosidad en expensas y, finalmente, el endeudamiento.

El fenómeno de la sobreocupación también creció. «El 19% de los inquilinos vive en condiciones de sobreocupación, mayor al promedio general del 16%“, detalló Araujo. Esto indica que muchos deben compartir la vivienda o volver a residencias familiares para repartir los gastos.

En 2024, la dinámica del mercado de alquileres cambió tras la derogación de la última ley que regulaba el sector. Ahora, la negociación es directa entre inquilino y propietario, lo que genera condiciones muy variables en cada contrato.

El investigador señaló que “desde que se eliminó la ley, el mercado se estabilizó en cuanto a oferta y precio, pero la demanda no disminuyó. El problema es que los salarios no subieron al ritmo de la inflación y el costo de vida aumentó”.

El ajuste de los alquileres ocurre principalmente cada tres meses, salvo excepciones en contratos de seis meses o mes a mes, pero la mayoría se actualiza trimestralmente.

Los plazos de alquiler suelen establecerse en dos años, aunque persisten dudas sobre la capacidad de sostener estos contratos completos, especialmente entre jóvenes. Araujo resaltó: “Cuando aumenta la proporción del salario destinada al alquiler, crece el número de jóvenes que deben volver a la casa de sus padres”.

“La mayor herramienta siempre fue el desahorro, especialmente en la ciudad de Buenos Aires“, afirmó Araujo. Sin embargo, el informe advierte que en 2024 el desahorro tocó un límite: “La ciudad de Buenos Aires se detuvo en el desahorro y empezó a incrementar el crédito bancario”.

Otro aspecto a considerar es que algunos acceden a créditos a través de plataformas digitales, apps fintech y nuevas opciones de financiación para el sector informal, ampliando la oferta pero también exponiéndose a tasas de interés elevadas. Esto profundiza la desigualdad y empuja a más personas hacia situaciones de vulnerabilidad.

La crisis habitacional provocó cambios en la composición de los hogares. Creció el número de personas que deciden compartir vivienda o regresar a la casa familiar. Esta tendencia se observa sobre todo entre jóvenes y en grandes ciudades.

Matías Araujo destacó: “Vemos que cuando el alquiler insume más del salario, muchos jóvenes dejan de alquilar y vuelven a vivir con sus padres o comparten alquiler con otras personas”. Esta modalidad, que se observa en otras grandes capitales del mundo, se profundizó en la Argentina por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.

La cuestión de la confianza también incide en la dinámica habitacional. Según el investigador, la desconfianza en el mercado y entre particulares condiciona la posibilidad de firmar contratos y compartir vivienda, lo que agrava las dificultades para acceder a un alquiler.

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