POLITICA
Uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar
Este viernes se conoció el fallo de la Cámara de Casación, a cargo de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que dispuso ejecutar todos los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo: alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar.
La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.
La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.
Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca uno ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.
El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.
También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, y a otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.
A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.
En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.
La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.
El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.
El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.
La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.
La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes.
Según lo reconstruido por Infobae, esta acción respondió al avance de causas como la de “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia acabó por dictar embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos.
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LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof asumió formalmente esta tarde la presidencia en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en un cónclave cerrado donde la nota destacada fue la ausencia de Máximo Kirchner, titular saliente del partido.
Del encuentro sí participan consejeros de La Cámpora como Mayra Mendoza, enfrentada con Kicillof, y el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco.
Bianco reconoció, al llegar, que aún hay serias diferencias en el partido: “El peronismo llega como llega tras dos derrotas nacionales”, dijo. “Para cualquier fuerza política no es gratuita y placentera. En cualquier fuerza política genera discusiones y debate sobre las responsabilidades sobre las decisiones que se tomaron”.
Por el contrario, Kicillof evitó profundizar las diferencias y bajó las expectativas respecto de un aval a su candidatura presidencial para 2027: “Vamos a hablar de afiliaciones y de formación”, señaló el mandatario, pese a que ayer había dicho estar resuelto a ser una alternativa nacional a Javier Milei, durante un acto del Movimiento Derecho al Futuro.
En igual sentido Bianco aseguró: “No hay una candidatura de Kicillof presidente. Por ahora. El año de las candidaturas es 2027. Este es año de construcción política. Veremos para el año que viene si hay una figura de consenso o si hay varios candidatos. Hay varios compañeros que tienen legítimamente tiene ganas de ser candidatos a presidente. Se respeta”.
El gran ausente de la asunción de Kicillof fue Máximo Kirchner, quien se mostró en Santa Fe en otra reunión simultánea de armado nacional paralela a la renovación de autoridades en el PJ Bonaerense. “No estaba formalmente invitado”, dijo Bianco. “Es su decisión política”, agregó.
A kilómetros de distancia del partido que dejó de presidir, Kirchner dijo en Santa Fe: “Vengo a escuchar a los compañeros. Estamos acá para escuchar” lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar, y para poder desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saca a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada”.
“No tenemos que pensar en espacios que sean simplemente antiMilei, ni antinada- dijo Kirchner desde el municipio de María Teresa, al sur de Santa Fe-. Tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría.”
La convocatoria formal del Partido Justicialista Bonaerense es para la “distribución de cargos” y análisis de la situación política actual. Se descuenta que habrá un documento en contra del gobierno de Milei.
La reunión es a puertas cerradas y bajo un clima de máxima tensión donde se ven las caras los distintos espacios que mantienen un enfrentamiento. En particular los seguidores de Cristina Kirchner y de Kicillof como socios antónimos de un mismo espacio político.
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POLITICA
El Gobierno se despega del funcionario que reconoció que tiene departamentos y sociedades sin declarar en EEUU
En el Gobierno hay quienes no salen de su asombro. En los últimos días se conoció que el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, una suerte de controller de las secretarías de Transporte y Obras Públicas, omitió detallar la compra de siete departamentos en Miami en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la ARCA.
No hay dudas de que las propiedades son suyas porque lo admitió ante el periodista Nicolás Wiñaski, que reveló la información en A24 y Clarín. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, le confesó, agregando que además de pagar impuestos por los departamentos en Estados Unidos, ahora lo hará en Argentina.
Cinco de estas propiedades fueron confirmadas por el registro oficial inmobiliario del condado de Palm Beach, según consignó La Nación. Estas se habrían vehiculizado parte de estas adquisiciones a través de dos sociedades constituidas en Delaware, una jurisdicción reconocida por el bajo nivel de transparencia fiscal y societaria en Estados Unidos. Genova LLC y Waki LLC fueron inscriptas en 2021 y 2025, respectivamente, con Frugoni como titular y beneficiario final. Estas tampoco no fueron anoticiadas ni ante los organismos correspondientes.
De acuerdo a un desglose elaborado por el periodista Hugo Alconada Mon, entre los inmuebles destaca por su documentación directa el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en Delray Beach, adquirido el 1 de julio de 2021 por USD 215.000. El detalle de las propiedades abarca el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, Lantana (valuado en USD 187.000); una unidad en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach (USD 216.000); el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach (USD 193.000) y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach (USD 212.000).
Ante las revelaciones, Frugoni enfrenta acusaciones judiciales por la omisión de las propiedades, una situación que podría implicar sanciones penales y administrativas en virtud de la ley de Ética Pública.
La primera presentación la realizó el abogado Alejandro Díaz Pascual, siendo sorteada en el juzgado federal que preside el juez Daniel Rafecas. Quien también hizo una denuncia fue el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, en donde detalla que las adquisiciones se realizaron entre 2020 y 2022, superando el “millón y medio de dólares”.
Frugoni trabajó en AUSA —la empresa porteña de autopistas— desde 2008, primero como gerente general y luego presidente, cargo que ocupó hasta inicios del año pasado. En la denuncia de Del Gaiso se detalla que su evolución patrimonial da lugar a interpretaciones sospechosas. En su declaración jurada de 2019 registraba 98.000 dólares en caja y 3 millones de pesos en acciones, mientras que tras la compra de los inmuebles en Miami y nuevas inversiones, su patrimonio creció en un corto plazo hasta superar 40 millones de pesos en acciones en 2023.
“Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $ 200. Tenía depositados fondos propios en Estados Unidos, y está acreditado en una escritura, 400.000 dólares, cobrando el sueldo como presidente de AUSA”, publicó Del Gaiso en su cuenta de X.
La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) lo multó en más de una ocasión a lo largo de los últimos años por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Su sanción administrativa lo inscribe actualmente en el registro de sujetos incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la ciudad, por lo que está inhabilitado a postularse a cargos públicos en la administración porteña.
El Ministerio de Economía tiene tal magnitud que Luis Caputo creó áreas de coordinación para articular de manera más eficiente las distintas secretarías que están bajo su órbita. La de Infraestructura se creó en enero de este año, materializando la llegada de Frugoni en reemplazo de Martín Maccarone, que mantuvo el mismo rol pero sin ser designado. El área tiene una importancia estratégica central porque tiene un rol central en las políticas de obras públicas, los servicios de transporte y las concesiones viales.
Infobae consultó a voceros autorizados del Ministerio de Economía para obtener comentarios sobre el caso, pero no recibió respuesta hasta la publicación de esta nota. Si bien no corren rumores de un desplazamiento, el caso no es tomado a la ligera por otros sectores del Gobierno. En rigor, el secretario de Coordinación de Infraestructura no es conocido para quienes no circulan el Palacio de Hacienda.
Un funcionario de alto rango de la Casa Rosada opinó que lo revelado por estos días configura “un hecho gravísimo” y que “tiene que explicarlo”. “Es raro que se le haya olvidado. Lo único que me imagino que pudo haber sido es que haya pensado que por tener propiedades en Estados Unidos no hacía falta inscribirlas en Argentina”, agregó.
El caso de Frugoni se inscribe en una secuencia de cuestionamientos recientes a miembros del Gobierno por la omisión de bienes en declaraciones juradas. En Balcarce 50 se encargan de marcar una frontera entre el caso de Frugoni y el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, dijo a Infobae una fuente inobjetable que cuenta con acceso directo al despacho presidencial. Otro funcionario que camina por los pasillos de la Casa de Gobierno opinó en igual sentido: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.
El titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recibió un nuevo revés judicial. El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó su pretensión de cerrar la causa donde está acusado de apropiarse de los aportes de empleados, a cambio de una “reparación integral” económica.
La estrategia de la defensa consistía en lograr el sobreseimiento definitivo en la causa que investiga la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. El argumento de los representantes de Tapia era que la AFA ya había cancelado en su totalidad las deudas reclamadas por la ARCA y sus intereses.
Sin embargo, Amarante desbarató los argumentos del dirigente deportivo. El juez dejó en claro que el pago extemporáneo no puede funcionar como un salvoconducto para evitar las acusaciones por evasión y apropiación de aportes.
Amarante respondió que el Régimen Penal Tributario tiene su propio mecanismo específico de extinción penal (artículo 16), el cual fue diseñado con un “alcance limitado y excepcional”.
El juez explicó que se excluyó deliberadamente de este beneficio a los delitos de apropiación indebida de aportes cometidos por “agentes de retención o percepción”, como en este caso.
Permitir que utilicen la regla general del Código Penal para sortear la prohibición específica de la ley tributaria implicaría “desnaturalizar el régimen especial diseñado por el legislador y vaciar de contenido la opción normativa adoptada”, dijo el magistrado.
Al retener indebidamente los impuestos y aportes de la seguridad social se erosiona la capacidad del Estado para financiar sus objetivos básicos, por lo que “la reparación dineraria no resulta idónea para recomponer el interés lesionado”.
Amarante advirtió sobre las consecuencias prácticas que tendría habilitar este “perdón” judicial. Dijo que, de admitirse, se permitiría que cualquier agente de retención de aportes se quede con el dinero, lo invierta, y si es descubierto o denunciado, utilice el rédito obtenido para pagar el capital y los intereses, de modo que la causa penal desaparezca.
Esta conducta, dijo, “sacaría de eficacia la persecución de estas conductas y debilitaría la tutela del bien jurídico comprometido”.
El juez Amarante señaló que la Ley de Inocencia Fiscal, promovida por el gobierno de Javier Milei, lejos de dar luz verde a las extinciones por pago en estos delitos, introdujo un artículo explícito estableciendo que la reparación prevista en el Código Penal “no resultará de aplicación” para el régimen tributario.
Con esta decisión, Amarante rechazó cerrar el caso donde Tapia y Pablo Toviggino están procesados a la espera del fallo de la Cámara en lo Penal Económico, que debe decidir si confirma o no esas resoluciones.
Mientras, a 50 días del mundial, ambos tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.
Diego Amarante,Hernán Cappiello,Conforme a
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