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INTERNACIONAL

Estados Unidos e Irán intentan retomar el diálogo con otro encuentro en Pakistán

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Las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra parecían encaminadas a reanudarse este fin de semana con el envío de negociadores de ambas partes a Pakistán, aunque sin garantía de diálogos directos, dos semanas después del fracaso de un intento anterior y en medio de una continua tensión en el estrecho de Ormuz.

La capital de Pakistán, que actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de las conversaciones para un acuerdo final de paz, iniciadas hace dos semanas y suspendidas al cabo de unas horas, aunque el alto el fuego fue prolongado unilateralmente desde entonces por Estados Unidos de forma indefinida.

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El viaje de los delegados de Estados Unidos e Irán hacia Islamabad alimentó las expectativas de una reanudación de las tratativas. Primero lo hizo el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, quien llegó el viernes por la noche a la capital paquistaní.

Araqchi “sostendrá reuniones con altos funcionarios de Pakistán para abordar los últimos acontecimientos en la región así como los esfuerzos en curso a favor de la paz y la estabilidad”, según un comunicado de la cancillería pakistaní, que omite expresamente conversaciones con los emisarios del presidente Donald Trump, aun cuando sus funcionarios -de forma extraoficial- han dicho a los periodistas que las delegaciones se encontrarán de alguna manera.

Pese a ello, la TV estatal iraní informó que el canciller persa no tiene previsto reunirse con los negociadores estadounidenses.

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Luego de que se conociera el viaje del canciller de Irán, la Casa Blanca informó que los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este sábado a Pakistán “con el fin de mantener conversaciones (…) con representantes de la delegación iraní”, según declaró la portavoz del mandatario, Karoline Leavitt, al asegurar que este encuentro había sido solicitado por Teherán.

Contra lo que venía a esas horas informado desde Irán, Leavitt dijo que Trump decidió enviar a Witkoff y Kushner a Pakistán “para escuchar a los iraníes”.

“Sin duda, hemos visto algunos avances del lado iraní en los últimos dos días”, dijo Leavitt. No dio detalles sobre lo que los funcionarios estadounidenses estaban escuchando.

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El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense el 11 de abril, no realizaría el viaje esta vez, pero podría unírseles más adelante en caso de progresos, precisó Leavitt.

Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para “consultas bilaterales” sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní IRNA.

La diplomacia de Islamabad ha tratado de reimpulsar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que no se reanudaron esta semana como se esperaba.

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La posibilidad de que este fin de semana se retome el diálogo se produce mientras gran parte del mundo está en vilo por una guerra que ha complicado las exportaciones de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, ha empañado el panorama económico global y ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio.

Mostrando el entusiasmo de los operadores con las chances de una segunda ronda negociadora, el precio del crudo Brent, el referente internacional, retrocedió este viernes, oscilando entre 103 y más de 107 dólares por barril. Finalmente subió un 0,25% hasta los US$ 105,33 por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1,51%, hasta los 94,40 dólares por barril.

“El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán”, declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.

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Los precios se mantienen actualmente muy por encima de su nivel de antes del conflicto, cuando el crudo cotizaba en unos US$ 70 por barril.

Pakistán ha intentado que funcionarios estadounidenses e iraníes vuelvan a sentarse a la mesa de negociación después de que Trump anunciara esta semana una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, atendiendo la petición de Islamabad de dar más tiempo para las gestiones diplomáticas.

Esto no ha reducido las tensiones en el estrecho por donde pasa una quinta parte del petróleo global. Irán mantiene el control sobre Ormuz y atacó tres barcos esta semana, mientras que EE.UU. sostiene su bloqueo de los puertos iraníes y Trump ordenó a las fuerzas armadas “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que pudieran estar colocando minas.

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Fuente: agencias AFP, EFE, ANSA y AP

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INTERNACIONAL

Elecciones en Colombia: el inédito pedido de una diputada para suspender a Gustavo Petro de su cargo agita la campaña

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El pedido de una congresista para que el presidente Gustavo Petro sea suspendido de su cargo temporalmente ha causado una polémica en Colombia y discusiones jurídicas sobre su alcance, cuando falta poco más de una semana para la segunda vuelta electoral que definirá quién será el jefe de gobierno para los próximos cuatro años.

En el documento se solicita que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se votará la la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el populista de derecha Abelardo de la Espriella, en medio de una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política.

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La medida cautelar fue radicada ante la Comisión de Acusaciones por parte de la diputada investigadora, Gloria Arizabaleta, miembro del partido oficialista Pacto Histórico, aunque varios juristas y especialistas en la Constitución explicaron que la orden debe ser estudiada por esa misma instancia, de manera que no es una decisión en firme y de acción inmediata.

El argumento central para separar de manera temporal del cargo al jefe de Estado, hasta el domingo de la segunda vuelta electoral, obedece a las investigaciones que esa Comisión le adelanta por su presunta participación en política, en el marco de la actual campaña presidencial. La justicia local impone límites a los funcionarios en tiempo electoral para no involucrarse en los comicios con opiniones a favor o en contra de los candidatos en disputa.

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Jorge Alejandro Ocampo, congresista miembro de la Comisión, aclaró en un video divulgado a la prensa que “no hay ninguna decisión tomada contra el presidente” por lo que continúa en funciones. Aseguró que la Comisión se reuniría este miércoles, pero indicó que el documento no está en la agenda a discutir.

Rechazo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la medida al argumentar que jurídicamente la Comisión no tiene la potestad por sí sola de suspender al presidente del país, menos aún cuando es un pedido de una sola congresista. “Sólo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara (baja) actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, explicó en la red social X.

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En el mismo sentido se pronunció el ex presidente Iván Duque (2018-2022), opositor al gobierno de Petro, quien recalcó que un congresista no puede suspender al presidente.

A su vez cuestionó que un pedido de ese calibre coincida con la campaña electoral. “¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?”, publicó en X.

El candidato de la derecha populista, Abelardo de la Espriella, tras la elección del 31 de mayo. Foto: AFP

Según el procedimiento estipulado en las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes. Ahí se estudia la acusación y, si es aprobada, se traslada al Senado que se encarga de enjuiciarlo.

Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial, tras la cual, el Senado puede remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue judicialmente.

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El debate se da en el tramo final de la campaña para el balotaje del 21 de junio, en el que se enfrentarán el líder de derecha Abelardo de la Espriella -quien se impuso con el 43,74% de los votos en la primera vuelta- y el oficialista Cepeda, quien quedó segundo con el 40,90%.

«El día final de mi mandato saldré»

En medio de la polémica, Petro habló este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York. Sin mencionar el pedido de la diputada Arizabaleta, aseguró que al final de su mandato dejará el poder, aunque no sabe a «dónde» irá.

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«Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué», declaró Petro ante el Consejo de Seguridad.

Petro presidió una sesión del órgano de paz de la ONU sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio convocada por Colombia, que este mes ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

Iván Cepeda, el candidato oficialista para las presidenciales en Colombia. Foto: REUTERS

Tras la intervención del secretario general, António Guterres, el mandatario colombiano dejó las funciones de presidente del Consejo para formular su declaración como líder colombiano.

«Asumo el papel que me corresponde a punto de terminar», apuntó.

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Petro aseguró que el próximo 7 de agosto, cuando termina su mandato, se marchará «como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia».

Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

El presidente cargó también contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por apoyar a De la Espriella, algo con lo que, según dijo, está «explícitamente rompiendo su Constitución».

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Petro condenó la violencia que ha tenido lugar en Colombia «en medio de las elecciones» pero celebró que «han sido de las más pacíficas de la historia».

«Veo surgir las amenazas», dijo sobre el proceso electoral al advertir de los riesgos de la inteligencia artificial cuando está «en manos de unos pocos».

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INTERNACIONAL

First on Fox: Trump admin opens new front in fraud crackdown targeting health insurers, drug middlemen

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

FIRST ON FOX: The Trump administration is lifting the hood on federal health benefits programs that cover millions of Americans, ordering insurance carriers to tighten fraud controls as part of a broader crackdown on waste and abuse, Fox News Digital learned.

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«Working alongside the White House Task Force to Eliminate Fraud, OPM is taking additional steps to safeguard the premiums paid by federal employees and taxpayers, protect beneficiaries, and ensure health insurance companies are meeting the highest standards of accountability,» said Office of Personnel Management (OPM) director Scott Kupor to Fox News Digital.

OPM functions as the federal government’s human resources agency, overseeing civilian personnel policy and administering benefits for federal employees, retirees and their families.

OPM, partnered with the White House Task Force to Eliminate Fraud, is sending new compliance expectations on Wednesday to insurance carriers in the Federal Employees Health Benefits and Postal Service Health Benefits programs, directing them to strengthen fraud prevention, payment reviews, pharmacy benefit oversight, subcontractor accountability, audits and reporting, Fox News Digital learned. 

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READ: DR. OZ PUTS ALL 50 GOVERNORS ON NOTICE OVER BILLIONS LOST TO MEDICAID FRAUD

FEHB cost taxpayers about $70 billion and provided more than 8.2 million federal employees, family members, and other eligible individuals in in 2024. (Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images)

The push also targets pharmacy benefit managers, the drug-pricing middlemen that administer prescription drug benefits for health plans and negotiate with drugmakers and pharmacies.

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The FEHB program cost the government and enrollees about $70 billion in fiscal 2024 and covered more than 8.2 million federal employees, family members and other eligible individuals, according to the U.S. Government Accountability Office.

«OPM is a valuable partner and leader on the Task Force. The steps taken today will protect taxpayers and our federal workforce,» White House Task Force Executive Director Scott Brady told Fox News Digital.

OPM is also building a data science and audit team with the agency’s inspector general to review anonymized claims data and detect fraud, waste and overbilling more proactively.

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HOUSE GOP LAUNCHES NEW TASK FORCE, PROBES ALLEGED $250B MEDICAID FRAUD IN OHIO

Vice President JD Vance and Medicare and Medicaid Administrator Mehmet Oz speaking at the Eisenhower Executive Office Building

The White House Task Force has amped up its fraud investigations narrowing in on medical corruption. (Oliver Contreras / AFP via Getty Images)

The Government Accountability Office said in a July 2025 report that OPM should do more to manage fraud risks in the FEHB program, citing risks including benefit card sharing, improper inducements, insufficient or fraudulent documentation, kickbacks, marketing fraud, theft of personally identifiable information, provider ineligibility and self-referrals.

The announcement marks the latest crackdown in medical programs following the launch of a nationwide probe into Medicaid.

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Prescriptions

OPM has given orders to insurance companies handling federal employee health benefits to launch investigations into payments, pharmacy benefit oversights, and subcontractors. (Eric Thayer/Bloomberg via Getty Images)

CMS directed all 50 states to submit plans to revalidate high-risk Medicaid providers, including providers subject to less rigorous enrollment standards or operating without a National Provider Identifier in April.

Vice President JD Vance, who is leading the task force, amplified the call in May, saying during a news conference that states could lose federal funding if they fail to aggressively pursue Medicaid fraud.

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The push comes amid heightened focus on large-scale fraud cases, including Minnesota’s $250 million «Feeding Our Future» scheme, which became a national flashpoint in recent months. 

white house, health care, enforcement, donald trump, jd vance

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INTERNACIONAL

Costa Rica: Comisión de Hacendarios aprueba recorte de unos USD 86.8 millones, al presupuesto de los CEN-CINAI

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Los CEN-CINAI en Costa Rica son centros públicos que brindan servicios de nutrición, educación y atención integral a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, así como apoyo a mujeres embarazadas y madres en comunidades de todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un recorte de ₡40,000 millones (USD 86.8 millones) al presupuesto asignado para 2026 a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI). La decisión, que contó con el respaldo de ocho diputados, forma parte del primer presupuesto extraordinario de la República para el presente año y se justifica por la necesidad de cubrir el déficit presupuestario de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa fue impulsada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) se opusieron a la medida. La bancada liberacionista argumentó que el recorte tendrá consecuencias negativas sobre los sectores más vulnerables, particularmente la niñez que depende de los servicios de los CEN-CINAI.

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El órgano legislativo también aprobó una moción adicional que reduce en ₡30,000 millones (USD 65,1 millones) los recursos que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) gira al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), lo que afecta directamente la financiación de programas de vivienda social y apoyo familiar.

La diputada Ángela Aguilar, vocera del PLN en la Comisión, advirtió que la rebaja de fondos representa el 28,7% del presupuesto 2026 destinado a los CEN-CINAI. “Me preocupa porque los CEN-CINAI enfrentan situaciones relacionadas con órdenes sanitarias y otras necesidades. Además, brindan atención y cuido a niños y niñas”, señaló Aguilar durante la sesión. La legisladora insistió en que el impacto de este recorte podría traducirse en una disminución de cobertura y calidad en la atención que reciben miles de menores en condición de vulnerabilidad en todo el país.

Enfoque en adultos mayores haciendo fila en un banco frente a una ventanilla con el rótulo 'Atención Pensionados', donde una cajera asiste a un cliente.
Los recursos recortados del presupuesto de los CEN-CINAI serán destinados a cubrir el déficit de las pensiones del Régimen No Contributivo, que garantiza un ingreso básico a personas adultas mayores y en condición de vulnerabilidad a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta (PPSO), defendió la decisión y sostuvo que no se deben reducir los recursos destinados a los pensionados del RNC, subrayando que la propuesta cumple con la legalidad vigente. Acosta explicó que el Estado enfrenta una presión fiscal significativa y que, ante la urgencia de financiar las pensiones del régimen no contributivo, se recurrió a la redistribución de partidas presupuestarias. El diputado oficialista enfatizó que se trata de una medida responsable y que el gobierno mantiene el compromiso de atender las necesidades de la población en situación de pobreza extrema.

La fracción del Partido Liberación Nacional consideró que la moción aprobada evidencia una deficiente planificación presupuestaria y cuestionó el procedimiento seguido en la Comisión, al señalar que la aprobación no se ajusta a lo establecido en el Reglamento Legislativo. Además, los opositores recalcaron que la decisión afectará de manera directa a los programas de nutrición, educación y cuido infantil, así como a las familias beneficiarias de proyectos de vivienda social.

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Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio, explicó la negativa de su bancada con la aprobación de esta moción y su impacto en la població2n infantil. Cortesía: Frente Amplio

El recorte a los CEN-CINAI generó preocupación en organizaciones sociales y defensoras de los derechos de la infancia, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en la atención integral a la niñez y la reducción de oportunidades para familias en comunidades vulnerables. Los CEN-CINAI ofrecen servicios fundamentales como alimentación, educación y cuidado a miles de niños y niñas en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales y urbanas de alta exclusión social.

Hasta el momento, las autoridades de la Dirección Nacional de CEN-CINAI no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el impacto que tendrá esta disminución presupuestaria. Diversos sectores sociales y políticos han solicitado una revisión de la medida y la búsqueda de alternativas que no impliquen recortes en programas sociales esenciales para el bienestar infantil y el acceso a la vivienda.

El debate legislativo en torno a la distribución de recursos públicos continúa en un contexto de restricciones fiscales, donde la prioridad del Ejecutivo se centra en asegurar el pago de pensiones y cumplir con las obligaciones del Estado en materia de seguridad social. La discusión sobre el financiamiento de los programas sociales y la protección de los sectores más vulnerables se mantendrá en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas.

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