POLITICA
La reforma electoral tensiona la “mayoría oficialista” en el Senado, en medio de una creciente desconfianza en el Gobierno

La reforma política no llega en el mejor momento del oficialismo en el Senado. El índice de inflación, que acumula 10 meses de alzas, y la interminable saga de problemas que tienen como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son dos pesados lastres con los que la bancada que conduce Patricia Bullrich (Capital) tendrá que lidiar si quiere reeditar el paso victorioso con el que el Gobierno caminó durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Más allá de que Bullrich es una optimista empedernida y que se muestra confiada en que podrá retomar la senda triunfante, lo cierto que en las últimas semanas la marcha de la agenda oficialista en el Senado había mostrado una fuerte desaceleración, en coincidencia con la aparición de las complicaciones patrimoniales de Adorni.
Tampoco parece ayudar la superpoblación de iniciativas que la administración de Javier Milei busca colocar en el centro de la escena para que se deje de hablar de las interminables internas de la Casa Rosada y del impacto del estancamiento económico en las fuerzas dialoguistas.
“Patricia ha mostrado muñeca y es buena haciendo malabares, pero tener tantas pelotitas en el aire podría terminar en que, al final, no salga nada”, le confió a este diario un senador libertario al tiempo que enumeraba, ayudándose con los dedos de una mano, los proyectos que el Gobierno ha enviado al Senado en el último mes.
La lista muestra una pesada carga legislativa. Antes que la reforma política, que entró el miércoles, el Poder Ejecutivo había enviado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica seis leyes; una serie de modificaciones a la ley de salud mental, el acuerdo de pago con los dos últimos grupos de tenedores de bonos de 2001 y más de un centenar de pliegos de jueces nacionales y federales.
Como si toda esta carga fuera poca, el Gobierno envió un proyecto que busca penalizar el fraude con pensiones por invalidez. Sin embargo, detrás del título se esconde un intento de burlar el cumplimiento de la ley de emergencia en materia de atención a la discapacidad que el Congreso aprobó en dos oportunidades el año pasado y que se convirtió, junto a la de financiamiento universitario, en el Waterloo legislativo de la gestión libertaria durante 2025.
“Volvieron los errores del año pasado: envían proyectos sin consultar a nadie y se piensan que nosotros podemos hacer magia con 21 votos”, se quejó un operador oficialista en referencia a la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno como parte de la reforma política.
Tal como informó , la eliminación de las primarias suma fuertes rechazos y es muy difícil que se pueda concretar. La UCR, el peronismo en todas sus vertientes y algunos bloques independientes no quieren saber nada con quitar de la cancha una herramienta que les podría servir para ordenar sus internas de cara a las elecciones del año próximo.
“Esto sólo le sirve al Gobierno”, le dijo a este diario la radical Carolina Losada (Santa Fe), quien siempre sostiene que su llegada al Congreso fue producto de las internas abiertas. “Sin internas primarias deciden las cúpulas partidarias, estoy en contra”, se sumó su correligionario Maximiliano Abad (Buenos Aires) cuyo voto suele funcionar como una suerte de “souvenir del clima” que anticipa si al oficialismo le esperan cielos despejados o tiempos tormentosos en el tratamiento de sus iniciativas.
A pesar de los malos augurios y de los contratiempos, la jefa de los senadores oficialistas mantiene su optimismo. Aunque sabe que los números variarán según el tema, confía en que podrá armar una mayoría para cada uno de los desafíos que le plantea la Casa Rosada.
Las cuentas de Bullrich se basan en un universo de 42 senadores integrado por 21 oficialistas, 10 radicales, tres de Pro y otros ocho de fuerzas provinciales y bloques independientes. Quedan afuera de sus cálculos 28 peronistas de declarado perfil anti-Milei y los dos senadores por Santa Cruz −José María Carambia y Natalia Gadano−, que no comulgan con las ideas del gobierno nacional, aunque sin las estridencias ni el rechazo a libro cerrado cerril del kirchnerismo.
Para aprobar la reforma electoral, el oficialismo necesita de 37 votos afirmativos obligatorios y Bullrich cree tenerlos. Considera que las nuevas reglas de juego para conformar partidos serán compartidas por las grandes fuerzas y coaliciones, y que también contará con el respaldo de los provinciales, porque no juegan en la cancha nacional.
Sin embargo, hay algunos puntos que permanecen en la oscuridad. Al rechazo inicial de la eliminación de las PASO se le suma el capítulo que le abre la puerta al financiamiento privado, tema siempre tabú a la hora de discutir reformas electorales.
A favor de Bullrich juega su flexibilidad. Desde que llegó al Senado, en diciembre del año pasado, mostró una gran capacidad y paciencia para sentarse a negociar con la oposición dialoguista. No sólo para escuchar, sino también para atender los reclamos y trasladarlos a la Casa Rosada.
“Hay una diferencia notable con los vecinos de Diputados. Mientras a Martín Menem se le caen capítulos del Presupuesto en pleno recinto porque no se anima a discutir las órdenes de la Casa Rosada, la Bullrich logró que la escuchen cuando les dice que tienen que cambiar algo porque no están los votos”, destaca un senador peronista.
Fue lo que pasó en la reforma laboral y la reducción del impuesto a las ganancias. Tras tres semanas de negociaciones, Bullrich logró que la Casa Rosada aceptara que no estaban los votos para aprobarlo y fue eliminado del texto antes de que se discutiera en el recinto.
“¿Cuántos votos tenía para Ganancias?”, le preguntó a la senadora libertaria la misma noche que la reforma laboral se discutía en el Senado. “Ninguno”, respondió Bullrich, riéndose con picardía y dando a entender que nunca pasó de tener más que los 21 votos del oficialismo. Se había guardado esa carta para jugarla en la Casa Rosada el martes previo a la sesión.
Los debates que se vienen en el Senado obligarán a Bullrich a poner en juego esa capacidad para convencer a Javier y Karina Milei de que siempre hay que ceder algo para llevarse el premio mayor. También necesitará que la economía empiece a dar señales de reactivación y que Adorni deje de hacerle daño al Gobierno, pero esas son variables que exceden a los senadores oficialistas.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
En Colombia, los dinosaurios siguen en pie. Crónica de una ciudad que, a dos meses del terremoto, todavía se derrumba

CALI, Colombia.- Los dinosaurios están en una repisa exhibidora. Son 29. Veintitrés de ellos siguen ubicados en sus compartimentos correspondientes, todos parados sobre sus minúsculas patitas de plástico. Un tiranosaurio con la boca abierta, uno de cuello largo, otro con placas en el lomo, de esos que se compran en cualquier juguetería y que un chico ordena con una seriedad que los adultos no le dedicamos a casi nada. Ninguno se cayó.
Es la imagen del dormitorio de un niño. Una postal que pudimos observar porque su habitación, de un segundo piso, ya no tiene pared. El terremoto se la llevó y la dejó abierta a la calle, como una casa de muñecas, en un edificio partido que Cali va a tener que demoler. Los juguetes están intactos.
El lunes 10 de agosto, a las 7.34, la tierra empezó a moverse en San José del Palmar, en el Chocó, a unos 100 kilómetros de profundidad. Fue un sismo de magnitud 7,4, el más fuerte que registró Colombia en lo que va del siglo. Golpeó de lleno al occidente del país: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia. El epicentro estuvo del otro lado de la cordillera, pero la ciudad con más muertos fue Cali, con 154. Llegamos a ella casi un mes después, el 7 de septiembre, acompañando a Enrique Piñeyro, fundador de la ONG Solidaire, a entregar donaciones de la Cruz Roja.
Como había sucedido en La Guaira, Venezuela, algunas semanas atrás, edificios enteros se desplomaron en segundos con familias adentro. Las calles se llenaron de escombros, de sirenas, de gente buscando a los suyos con las manos. Uno imagina que a esa altura una ciudad ya está en otra etapa, juntando los pedazos, reparando. Pero no. Cali todavía está rompiéndose.
Lo primero que desconcierta en Cali es la arbitrariedad. No hay una zona arrasada y otra a salvo, una línea clara que separe a los que perdieron de los que no. Hay un edificio de pie, con sus ventanas enteras y la ropa tendida en el balcón, y al lado otro que ya no existe. Mismo barrio, misma cuadra, mismo sacudón de las 7.34. Una zona intacta, con gente comprando en el almacén y, en la siguiente, un edificio inclinado, sostenido por quién sabe qué, rodeado de cintas.
Uno se vino abajo con familias adentro y el otro amaneció como cualquier lunes. Recorrer Los Cámbulos o Pampalinda es caminar por una lotería que nadie eligió jugar. Es el mismo sinsentido del estante de los dinosaurios, pero en escala de ciudad: lo que quedó en pie y lo que no parece repartido al azar.
Y el azar se agranda cuando se mira el mapa entero. El epicentro estuvo en el Chocó, del otro lado de la cordillera. Cali, más lejos, fue la ciudad con más muertos del país. En Armenia, con un impacto sísmico parecido, no murió nadie. La tierra se movió para todos más o menos igual. La pregunta es por qué no cayó igual para todos. Y ahí la injusticia deja de parecer azar.
El mismo día que llegamos, otro edificio más se había venido abajo. Esta vez, por decisión de la alcaldía. Después de un terremoto hay meses, si no años, de destrucción antes de la reconstrucción. Cuando llegamos, los cálculos de los especialistas en conjunto con el estado arrojaban por lo menos 765 construcciones que tenían que ser demolidas por completo.
Cada edificio que se demuele arrastra la misma pregunta: ¿por qué este sí y el de al lado no? Colombia tiene código sismorresistente desde 1984. Parte de lo que se cayó es anterior a esa norma, o se levantó a toda velocidad entre los 80 y los 2000, sin planificación, en parte durante los años del cártel de Cali. Pero también se cayeron edificios relativamente nuevos. Los ingenieros que recorren la zona hablan de normas antisísmicas que no se cumplieron y de materiales, cemento y hierro que no eran los que tenían que ser. A lo que creció sin planificación se suma la informalidad: una de cada tres viviendas construidas en el país entre 2005 y 2018 no tuvo licencia, ni control técnico. Debajo, además, el suelo de esta zona es más blando, algo que una microzonificación sísmica pendiente debería haber advertido.
Un terremoto es impredecible. No se puede evitar que suceda, pero sí que mate tanto. Por eso la Alcaldía abrió un peritaje para determinar si hubo corrupción, atajos en la obra o falta de inspección. Las curadurías aprobaban los planos. Nadie parece haber verificado que se construyera lo que decía el papel. Los nombres de los muertos ya están grabados en una placa. Los de los responsables, todavía no. Y cuando terminen las demoliciones y las topadoras se lleven el último escombro, va a quedar la tentación de llamarlo desastre natural. La falla fue natural. Lo demás, no.
En el Hospital Departamental, se derrumbó una parte del edificio donde estaban los bebés. “Tuvieron que sacar a todos los niños y atenderlos afuera, en carpas”, me contó un caleño que nos acompañó. “Hubo muertos porque no los pudieron sacar”. En un hotel donde se hospedaban unos músicos, todo quedó ahí: las camas, las valijas, una estadía que no terminó. Todo quedó detenido en el tiempo.
Lo más extrañamente perturbador es la intimidad expuesta. En los edificios partidos, las casas de familia se ven por dentro, como si alguien hubiera arrancado la tapa de una caja: un dormitorio con la cama sin hacer, un baño con el cepillo de dientes en el vaso, un placard abierto, una foto todavía colgada en una pared que ya no da a ningún lado. Una casa es, antes que nada, el lugar donde uno puede cerrar la puerta. Es lo que nadie más ve: cómo dormimos, qué dejamos tirado, qué guardamos.
Sin esas imágenes, la magnitud del desastre se queda en cifras que nadie siente. Pero cada plano de un dormitorio expuesto es también la intimidad de alguien que no eligió exhibirla y que probablemente nunca sepa que la estamos mirando. No es una curiosidad del recorrido para documentar. Es la prueba más concreta de lo que se rompió.
Al momento de este recorrido, 45.139 familias habían sido desplazadas. Muchas de ellas siguen viviendo en refugios, o buscan cualquier departamento con una ayuda estatal de 875.000 pesos colombianos para alquilar. Hay tanta gente sin casa que no alcanzan las viviendas, y muchas terminan en hoteles con convenio, llenos de familias en lugar de turistas.
La mayoría de los caleños con los que hablé destaca que la respuesta del Estado fue rápida y eficiente, un contraste fuerte con la vecina Venezuela. Hoy, a casi dos meses, Colombia suma 335 muertos, más de 4500 heridos, más de 750 edificios colapsados y más de 36.000 viviendas destruidas en 16 departamentos. Casi medio millón de personas afectadas. Cali tiene 154 muertos, más de 1600 heridos y al menos 24 edificios caídos por completo. Unas 20.000 familias caleñas siguen fuera de sus casas. El alcalde calcula tres años de recuperación.
Los dinosaurios seguían ahí, en fila, mirando una ciudad que antes no podían ver. Alguien los había acomodado con paciencia, uno al lado del otro, bien parados, cada uno en su lugar. Esa dedicación, la de un chico que cuida lo suyo como si de eso dependiera todo, es la que faltó a las paredes que los rodeaban.
LA NACION,Política,El lunes 10 de agosto, a las 7.34,La Guaira, Venezuela,Camila Dolabjian,A Fondo,Conforme a
POLITICA
Ricardo Lorenzetti habló tras el fallo por la Ley de Tierras: “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti analizó durante la tarde de este viernes el fallo del máximo tribunal que suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros. En ese sentido, resaltó que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.
En una entrevista con A24, el magistrado justificó la medida basándose en “tres aspectos”: “Uno, los hechos concretos. El otro es la cuestión ambiental, los recursos naturales. Y el tercero es algo que para mí es muy importante, que es el debilitamiento de la participación social en el Estado democrático, en el Estado de derecho”.
“Nadie puede sorprenderse porque yo firme una medida cautelar en materia ambiental. Tampoco pueden sorprenderse de que la Corte lo haga”, esgrimió Lorenzetti.
El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.
La decisión se tomó con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci y suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023. Dicho artículo disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.
En ese sentido, la Corte resaltó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente)”.
El fallo de la Corte remarcó que el primer deber de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y señaló que la confianza en el Poder Judicial requiere la aplicación razonable de las normas “a las circunstancias particulares de cada caso”. Por lo tanto, agregó, la decisión en el expediente “Árbol de Pie” respondió “específicamente a los planteos de los actores”, vinculados con la protección del ambiente.
“Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental. En este caso, el doctor Rosatti y yo interpretamos que la ley ambiental, en el artículo 32, permite que los jueces tomen medidas aun cuando no hay una petición de parte. Es decir, nosotros hemos considerado que como este proceso no había sido tratado, se afectó el derecho de una organización, que en este caso es una organización ambiental. Entonces, hay una relación con la protección de los recursos naturales y por eso nosotros hemos interpretado, en base a este artículo 32 de la ley ambiental, que era procedente una cautelar frenando este artículo que ustedes mencionan del decreto de necesidad y urgencia, porque como no lo trataron en primera instancia, toda esta asociación quedó desprotegida durante todo ese tiempo”, argumentó su voto Lorenzetti.
La decisión se tomó con el voto de dos conjueces, ya que los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar, por lo que el tribunal los convocó para desempatar.

En esta ocasión, Rosenkrantz no adhirió al criterio de sus colegas. Sin embargo, Lorenzetti consideró que la posición de su colega “también es legítima”.
Rosenkrantz firmó en disidencia. Entendió que, si bien la legitimación de la asociación actora difería de la de CECIM, la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina. Por lo tanto, sostuvo que debía remitirse la causa a la justicia federal de Bariloche sin dictar ninguna medida a fin de que allí se diese trámite a la causa, por lo que en los hechos implicaría dejar vigente la derogación de la ley de tierras.
“La posición del doctor Rosenkrantz también es legítima, porque él tiene una opinión más restrictiva. Es decir, esto no significa nada. Al contrario, es bueno que haya distintas opiniones en la Corte. No es que signifique un conflicto, me parece bien. Son dos opiniones diferentes, pero siempre hay una mayoría y una minoría. Yo creo que ahí se termina el asunto”, cerró el tema.
En ese sentido, Lorenzetti insistió en que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.
El juez, luego, manifestó su sorpresa porque a pesar de la repercusión mediática y en redes sociales del tema, solo se presentaron dos medidas cautelares ante la Justicia. Lo atribuyó a un “debilitamiento de la participación social” e instó a los ciudadanos a recurrir a los métodos oficiales de protesta y disidencia: “Hay que expresarse más en medidas cautelares, en acciones judiciales y en el Congreso, que son las instituciones. Este es un tema muy importante y nos llamó mucho la atención que en este caso prácticamente no hubo acciones”.
POLITICA
La idea de autorizar listas colectoras vuelve a la mesa de negociación entre el Gobierno y las provincias

Enfocado en lograr la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Casa Rosada analiza por estas horas la posibilidad de autorizar listas colectoras en los frentes electorales, con el objetivo de aumentar el apoyo entre los gobernadores.
Así lo confirmaron a diferentes fuentes del oficialismo.
La posibilidad de que el proyecto de reforma política incluya colectoras ya había sido barajada inicialmente en la negociación, pero luego se desestimó.
Ahora, la idea volvió a ser analizada, pero bajo la modalidad de una única colectora por frente.
Una lista colectora es una herramienta que permite que dos o más partidos diferentes presenten sus propias listas para determinados cargos, por ejemplo, para diputados, pero todas llevan “enganchado” o “colgado” al mismo candidato para un cargo ejecutivo superior, como puede ser presidente o gobernador.
“Está la posibilidad”, ratificó una de las fuentes consultadas. “Adhesión, sería la palabra”, agregó otra, en referencia a cómo sería el mecanismo. En la práctica, es similar. La lista “adhiere” al candidato de otra fuerza para un cargo superior.
“La idea es que no haya PASO el año próximo y poder incorporar una sola colectora por frente electoral”, agregó otro miembro de la Casa Rosada.
Se trata, fundamentalmente, de un pedido del sector del radicalismo. “Al peronismo también le sirve porque si no hay PASO podría utilizarla”, explicó otro miembro del oficialismo.
El Gobierno trabaja a contrarreloj para lograr los votos para conseguir la aprobación del proyecto, que esperan poder comenzar a tratar durante octubre.
Por eso, tras su viaje a París, Francia, por la Argentina Week, en el que llevaron a 13 gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada, el Gobierno aceleró los contactos con mandatarios provinciales. Allí también se habló del tema de la posible incorporación de una colectora por frente, aseguraron las fuentes consultadas y por eso su evaluación volvió a escena con más fuerza en los últimos días.
Tras la vuelta del viaje, Karina Milei y Diego Santilli, principal interlocutor con los gobernadores, estuvieron este martes en Salta junto al mandatario de esa provincia, Gustavo Sáenz, y Raúl Jalil, de Catamarca.
Santilli recibió este jueves a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y este viernes a Juan Pablo Valdés, de Corrientes.
Las negociaciones seguirán en los próximos días y la mira está puesta fundamentalmente en cuándo se reunirá Santilli con el radicalismo, por la cantidad de votos que representan en el Senado y podrían terminar inclinando la votación.
Tanto en el radicalismo y en Pro había reservas para acompañar el proyecto, pero en el Gobierno se muestran cada vez más optimistas.
Por eso en las últimas horas se aceleraron las reuniones.
En el corazón libertario se muestran expectantes de lo que puede suceder durante los próximos días y también en lo que puede pasar el martes próximo, cuando vuelva a reunirse la mesa política, en la que se aborda el manejo del tema, junto a otros objetivos de la agenda legislativa.
Allí, encabezados por Karina Milei, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se dan cita todos los martes al mediodía los principales estrategas del Gobierno en las diferentes áreas: Patricia Bullrich, en el Senado, Martín Menem, en Diputados; Fabián Fernández en Comunicación y Medios; Luis “Toto” Caputo, en Economía; Eduardo “Lule” Menem; responsable del armado político libertario; Santiago Caputo y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.
Cecilia Devanna,Conforme a
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