POLITICA
La fuerte respuesta del vicerrector de la UBA al Gobierno por haber intimado a las universidades a garantizar las clases

Luego de que el Ministerio de Capital Humano intimara a los rectores de las universidades públicas nacionales a que detallen los planes de contingencia para garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes y no docentes, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió a responder.
“Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”, comenzó en un comunicado que publicó en sus redes sociales.
Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno Nacional “no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que, además, desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia”.
De la misma manera, Yacobitti señaló que “la garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.
Asimismo, aseguró que “las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes”. “Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”, insistió.
Sobre el final, envió un mensaje al Ejecutivo: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones”. También ratificó la marcha del 12 de mayo y completó: “Vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.
El Gobierno intimó a las universidades a garantizar las clases y pidió planes de contingencia ante los paros
El planteo del Gobierno se formalizó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con foco en la continuidad del ciclo lectivo y el acceso de los estudiantes, a días de una nueva marcha federal universitaria.
En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello dijo que “observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país” y, en ese marco, pidió a las autoridades universitarias que presenten las medidas previstas para sostener el funcionamiento del sistema.
El requerimiento incluye que los rectores informen qué herramientas prevén implementar y como alternativas menciona las modalidades virtuales, reprogramaciones de clases y esquemas que contemplen a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza.
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Según el comunicado, el objetivo es que los estudiantes pierdan la regularidad y mesas de examen. También pone el foco en el rol de las autoridades universitarias ante los paros prolongados, al señalar que en algunos casos las medidas “abarcan semanas enteras”. La intimación apunta a que cada institución detalle cómo garantizará la continuidad en ese escenario.
Financiamiento y funcionamiento
El ministerio vinculó el planteo con el uso de los recursos públicos destinados a las universidades. En el comunicado sostuvo que “los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone”.
A partir de esa premisa, advirtió que el sostenimiento financiero requiere como condición “la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. La referencia aparece en un contexto de tensión con el sector universitario por el financiamiento.
El pedido del Gobierno se da mientras las universidades nacionales avanzan en la organización de una nueva movilización.
La protesta del 12 de mayo tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso. Desde el sector universitario plantean que la norma debe implementarse para garantizar salarios, becas y programas de investigación.
La convocatoria se presenta como la cuarta movilización del sector en lo que va de la actual gestión.
Ministerio de Capital Humano, Emiliano Yacobitti, universidades
POLITICA
Santiago Caputo apuntó contra Horacio Rosatti: “Necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”

El asesor presidencial, Santiago Caputo, apuntó hoy contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Fue después de que el juez advirtiera sobre la inconstitucionalidad de la emisión indiscriminada durante su participación en el evento ExpoEFI 2026, que se realizó ayer en el Centro de Convenciones y Exposiciones (CEC).
Luego de que acompañara a Manuel Adorni a su exposición en el Congreso, Caputo, quien supo estar a cargo de la interlocución con la Corte y los tribunales hasta que el Presidente le dio el control del área a su hermana, Karina Milei, utilizó su cuenta oficial en la red social “X” para atacar a Rosatti.
Es sabido que el consejero todoterreno del Presidente tiene un vínculo cercano con Ricardo Lorenzetti. De hecho, fue Lorenzetti quien le acercó a Caputo el nombre del controvertido juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte.
A través de sus redes, Caputo se hizo eco del discurso de ayer de Rosatti en ExpoEFI 2026, en el que había destacado la importancia de que los gobiernos mantengan una “relación razonable y prudente entre la base monetaria y las reservas”.
“Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”, escribió Caputo. El consultor parece hacer referencia al quiebre que generó en la Corte Suprema el proyecto impulsado por Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz para cambiar cómo se elige a los jueces. Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo de la Magistratura, se opuso a apalancar esa iniciativa con el argumento de que se requerían mayores consensos.
Ayer, Rosatti remarcó que se deben tener en cuenta las cláusulas de la Constitución Nacional que refieren a cuestiones económicas. En este sentido, argumentó que “es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda”.
“Es sano que no se emita indiscriminadamente, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión institucional. Y la Constitución está por encima de todos nosotros”, puntualizó.
Hace una semana, Caputo ya había apuntado contra Rosatti cuando atacó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte. En otro tuit, Caputo hizo referencia a un artículo del portal de noticias Lapolíticaonline que relataba una presunta reunión entre Mauricio Macri, líder de Pro, y Lorenzetti. Según la información consignada por ese medio, Macri le habría sugerido a Lorenzetti alternarse en la presidencia de la Corte con Rosenkrantz para aislar a Rosatti.
Caputo retomó ese artículo y escribió: “Linda operación de Robles para ensuciar a la mayoría de la CSJN en beneficio de Horacio Rosatti. Me pregunto quién más estará detrás”.
Ayer, Rosatti remarcó que se deben tener en cuenta las cláusulas de la Constitución Nacional que refieren a cuestiones económicas. En este sentido, argumentó que “es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda”.
“Es sano que no se emita indiscriminadamente, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión institucional. Y la Constitución está por encima de todos nosotros”, puntualizó.
En los Tribunales creen que Caputo traslada su interna con la hermana del Presidente al tablero de la Corte Suprema. Es decir, que apunta contra Rosatti y Robles porque sospecha de su supuesta relación con los Menem, aliados internos de Karina Milei.
Inquieta por el avance de la causa $LIBRA o Andis, la secretaria general de la Presidencia le arrebató a Caputo el control del área de Justicia. Fue cuando impuso a Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cúneo Libarona y desplazó al caputista Sebastián Amerio como vice de Justicia para designar en su lugar a Santiago Viola, un abogado de su confianza.
En esa puja interna, Caputo se inclinaba por nombrar al exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro como nuevo ministro. Finalmente, el Presidente le dio el gusto a su hermana y oficializó el desembarco de Mahiques. Para consolar a su asesor, puso a Amerio al frente de la Procuración del Tesoro.
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Diego Spagnuolo se negó a declarar en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó en Comodoro Py hoy, citado en el marco de la causa que investiga el manejo de fondos del organismo y dará inicio a la ronda de indagatorias. En total, son 34 los imputados por presuntas maniobras de corrupción que involucran cifras millonarias y un entramado de funcionarios y empresarios.
El exfuncionario se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, pero se negó a declarar. Tampoco presentó un escrito y, a su vez, reclamó que se realice el peritaje a los audios por los cuales comenzó a ser investigado.
La indagatorias continuaron con quien fuera el segundo a cargo de la ANDIS, Daniel María Garbellini, quien también se negó a declarar. Al igual que Spagnuolo, él tampoco presentó un escrito.
“Se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. Simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”, señala la resolución del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó las citaciones.
El magistrado también decretó la inhibición general de bienes de las personas y empresas involucradas. “Las hipótesis delictivas investigadas permiten advertir la posibilidad de maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos u objeto de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”, sostuvo.
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Aunque la causa ya tenía varios procesados desde febrero, en los últimos meses la investigación avanzó sobre un segundo circuito de desvíos dentro de la ANDIS. Según el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, se detectaron más de $75 mil millones devengados “en favor de un reducido grupo empresarial”.
“Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”, sostuvo Picardi en su pedido de indagatoria.
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En la causa se investigan una serie de maniobras ilícitas que se habrían desarrollado, en principio, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la Agencia, que en ese período dependía del Ministerio de Salud de la Nación. “Durante ese lapso, distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios de la ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI)”, explicaron los fiscales en su dictamen.
Diego Spagnuolo, Justicia, Corrupción
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Fue denunciado por incluir citas falsas con Inteligencia Artificial en un libro, pero está tercero en un concurso para ser camarista federal

El Consejo de la Magistratura analizará mañana la postulación del presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Miguel Licht, quien quedó tercero en el concurso para camarista contencioso administrativo federal a pesar de haber sido impugnado y denunciado por usar citas falsas con Inteligencia Artificial (IA) en un libro de su autoría.
Las impugnaciones a la candidatura de Licht, que determinaron que pasara del segundo al tercero lugar en el concurso, serán analizadas mañana por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.
Las impugnaciones se basan en que el candidato no tendría la antigüedad requerida en la docencia para que le computen puntos por esa actividad. Esas impugnaciones fueron admitidas. Y otras objeciones fueron rechazadas.
Licht asegura que tiene la antigüedad necesaria y que envió las constancias de ello, por lo que sostiene que fue relegado en el concurso injustamente.
El candidato se mostró activo en la últimas horas y llamó a algunos consejeros para contarles que tenía las constancias de sus cargos docentes, que no fueron consideradas, y buscar que lo repongan en el lugar que tenía en el concurso.
Sin embargo, en las impugnaciones no hubo cuestionamientos por las denuncias efectuadas luego de que se conoció que publicó un libro de 1000 páginas, elaborado con ayuda de herramientas de IA, que incluían citan falsas de libros jurídicos. Sucede que las impugnaciones se presentaron en el año 2021, durante el concurso, y el libro fue publicado en 2025.
Los cuestionamientos se dan en el Concurso 457, destinado a cubrir vacantes en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El informe que se tratará ahora resuelve las impugnaciones presentadas en el año 2021, cuando no existía este libro. El informe fue elaborado por la subcomisión que integra el juez y concejero Diego Barroetaveña.
En este concurso fue excluido el juez Civil y Comercial Federal Patricio Maraniello, a raíz de los procedimientos disciplinarios en contra que tiene abiertos en el propio Consejo por denuncias de abuso y maltrato laboral. Maraniello, que cobró notoriedad al conceder una medida cautelar en favor de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para prohibir la difusión de audios grabados en la Casa Rosada, estaba primero en el orden de mérito provisorio.
Luego de las impugnaciones, todos los candidatos principales deben pasar por la instancia de las entrevistas personales. Allí se le asignará un puntaje a cada uno y se elaborará el orden de mérito definitivo y las ternas que serán votadas por la Comisión de Selección.
Esas ternas serán luego sometidas a la votación del plenario del Consejo de la Magistratura y las que sean aprobadas se elevan al Poder Ejecutivo para que el Gobierno envíe un nombre de esos tres al Senado, que analiza el pliego y, si lo aprueba, el candidato se convierte en juez.
En el caso de Licht, su puntuación en el concurso se redujo por falencias en las constancias para acreditar la antigüedad en los cargos docentes que declaró. Su nota fue impugnada por la actual jueza contencioso federal Alejandra Biotti.
El deber de los concursantes de acreditar sus antecedentes con las constancias respectivas surge del reglamento actual de concursos del Consejo. También está previsto en la propuesta de reglamento que realizaron los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, informaron en el Consejo.
Licht declaró que era profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en la Universidad de Belgrano desde hace más de diez años. Sin embargo, no acompañó constancias emitidas por esas universidades. Sus únicas constancias indican que fue designado para el ciclo lectivo 2011 en la UCA, pero no más que eso.
Además, informó que fue profesor adjunto en la UCA, pero indicó que no pudo entregar a tiempo el certificado. También, que fue profesor asistente en esa universidad, pero acompañó una constancia expedida por otra casa de altos estudios.
En los concursos para jueces no basta con declarar los antecedentes profesionales y académicos, también es necesario probarlos con los certificados correspondientes, señalaron en el Consejo.
Su puntaje se reducía tanto bajo el régimen actual como si se aplicara la propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti.
En 2018, además, Licht fue excluido de un concurso interno de la Corte Suprema, a pedido de uno de los jueces, por falsear su curriculum vitae.
Licht fue considerado por el gobierno de Javier Milei como candidato para la Corte Suprema. Cuenta con el apoyo de sectores de la comunidad judía y del embajador argentino ante Israel, Axel Wahnish, rabino y consejero del Presidente.
Licht es un asiduo tuitero y sus últimos mensajes estuvieron dirigidos a respaldar a Milei y a criticar al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien encabeza también el Consejo de la Magistratura, por sus afirmaciones con respecto a la inconstitucionalidad de la emisión monetaria.
Licht anunció en redes que presentaría un “Tratado de interpretación constitucional: aportes de la Halajá en la interpretación jurídica”, un libro jurídico en clave confesional, cuya aparición fue interpretada como un guiño hacia el presidente Javier Milei, de estrecho vínculo con el judaísmo.
De acuerdo a lo que identificaron en redes sociales distintos juristas de renombre, el extenso tratado de Licht contiene errores y la mención de libros inventados, dos de ellos atribuidos al juez de la Corte Rosenkratz.
“Revisando el listado de citas de un libro sobre interpretación jurídica y sin profundizar demasiado, noto que está lleno de libros y artículos inventados, que no conocen ni sus autores. Esto ya supera la chantada”, marcó en las redes sociales el abogado Ricardo Ramírez-Calvo.
En un descargo que ofreció luego por la misma vía, Licht reconoció la asistencia de la Inteligencia Artificial en la elaboración de su libro. “La desprolijidad, el apuro y alguna intervención poco feliz de la IA pudieron jugarme una mala pasada”, afirmó, para agregar luego que el libro fue escrito con “honestidad intelectual”.
En ese momento, el abogado Fernando Miguez se presentó ante el Consejo de la Magistratura para denunciar al postulante y afirmar que “no es la primera vez que Licht fragua información”.
“Entre sus antecedentes −marcaba aquella la denuncia− se recuerda el haber puesto en su currículum que había salido primero en el concurso para el Tribunal Fiscal, cuando en verdad había sido otra persona (Gustavo Naveira) quien ocupó ese lugar. Para peor, lo hizo en un concurso interno de la Corte Suprema de la que entonces era secretario letrado”, sostuvo Miguez.
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