La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Germán Darío Giuliani, el último argentino secuestrado por el régimen chavista, y exigió a Venezuela que informe de inmediato dónde está detenido, cuál es su estado de salud y bajo qué condiciones permanece privado de su libertad. El aspecto más grave de la resolución no es solo el reclamo diplomático: el organismo incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas, amenazas de desaparición y presuntas torturas sufridas durante su cautiverio.

La decisión, identificada como Resolución 32/2026, fue adoptada el 27 de abril en Washington, D.C., después de que la Comisión concluyera que Giuliani atraviesa una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

Según el expediente, Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025. Fue arrestado entre el 21 y el 23 de ese mes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada junto a tres ciudadanos venezolanos en aguas del estado Anzoátegui. La presentación sostiene que, al advertir su acento argentino, fue detenido de inmediato.

Torturas y desaparición forzada

El documento de la Comisión incluye declaraciones públicas de Diosdado Cabello, dirigente del oficialismo venezolano, quien afirmó que Giuliani fue capturado “en alta mar, en un velero, con unos venezolanos” y que “iba a buscar a un narcotraficante en alta mar”. Según la denuncia, desde entonces se lo vinculó con acusaciones de terrorismo y narcotráfico, aunque no existen precisiones judiciales públicas conocidas.

Uno de los apartados más delicados del informe refiere a los primeros doce días posteriores al arresto: la familia no recibió ninguna información oficial sobre su paradero y calificó esa etapa como una desaparición forzada inicial. Más tarde supieron que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, luego trasladado a Yare II y posteriormente a Yare III, aunque sin confirmación institucional estable.

La CIDH destacó que, incluso en la actualidad, los allegados desconocen la ubicación exacta de Giuliani dentro del Complejo Penitenciario de Yare, así como sus condiciones reales de detención.

El núcleo central de la resolución está conformado por las denuncias de apremios físicos y coacciones. Según el testimonio de familiares citado por la CIDH, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”.

La esposa del detenido afirmó que sufrió “tormentos físicos” durante los primeros meses de encierro, incluyendo haber sido colgado de las esposas durante períodos prolongados y haber sido presionado para firmar documentos.

La resolución incorpora el testimonio de un periodista excarcelado que compartió celda con Giuliani en Las Acacias. Según relató, lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”, y presentaba “la marca de una venda y la piel estaba quemada”.

Ese mismo testigo señaló que Giuliani le contó lo ocurrido tras la detención: “vine como turista y en Puerto La Cruz me secuestraron, me lanzaron contra la pared y me amarraron de manos y pies. Me golpearon para confesar delitos y como no lo hice me amenazaron con desaparecerme en el mar”.

El documento agrega que durante varios días habría sido sometido a interrogatorios de dos o tres horas, donde le mostraban fotos de dirigentes opositores venezolanos e intentaban que incriminara a referentes políticos.

Según el testimonio recogido por la CIDH, le ofrecían: “si grabas un video con lo que queremos te mandamos hoy mismo para Argentina”. De acuerdo con esa versión, también le exigían involucrar a la Premio Nobel de la Paz y dirigente opositora, María Corina Machado. La Comisión encuadró el caso en el contexto de persecución política monitoreado en Venezuela.

Otro tramo relevante del informe corresponde a noviembre de 2025. El ex detenido afirmó que Giuliani fue llevado dos veces a un cuarto de tortura denominado “El Tigrito”, donde “lo colgaron de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro”. Tras esos episodios, habría regresado con “morados en sus muñecas y ojos desenfocados”.

La denuncia agrega que esos castigos se producían cada vez que solicitaba atención médica o asistencia jurídica.

Condiciones de detención y respuesta institucional

La CIDH no emite una condena penal sobre estos hechos, pero los consideró indicios suficientes para justificar una medida urgente. En uno de sus párrafos centrales, sostuvo que observa “con preocupación” las alegaciones sobre las condiciones de detención y los presuntos tormentos sufridos por Giuliani.

El organismo también calificó como alarmante que, según los testimonios reunidos, agentes penitenciarios le habrían advertido que debía cuidarse “porque la orden era desaparecerlo”.

La resolución describe un régimen extremo de incomunicación. Las llamadas con la familia eran esporádicas, sin aviso previo, supervisadas, grabadas y de no más de dos minutos. No existía posibilidad de videollamadas ni de envío de fotografías.

La CIDH recogió que, cuando Giuliani intentaba hablar de algo no permitido, la comunicación era interrumpida de inmediato. En ocasiones, transcurrieron meses sin contacto alguno. En esas conversaciones, la familia lo percibía angustiado, sin margen para explicar qué ocurría, ya que —según la denuncia— se escuchaba una voz censurando a su lado. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental.

Las condiciones materiales de detención también fueron objetadas. El expediente menciona que dormía en una colchoneta en el piso, con escasa agua, sin salidas al aire libre y dependiendo en ciertos períodos de la ayuda de otros detenidos para comer. Además, la CIDH exigió acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada.

Otro dato relevante es que el régimen venezolano no respondió el requerimiento de información formulado por la Comisión el 16 de abril. El plazo venció sin contestación oficial.

Para la CIDH, esa falta de respuesta impidió conocer si existían medidas estatales para proteger a Giuliani o si el riesgo había sido mitigado.

Medidas ordenadas y repercusiones internacionales

La Comisión Interamericana resolvió ordenar a Venezuela que adopte medidas urgentes para resguardar la vida, integridad y salud de Giuliani; confirme formalmente dónde está detenido; garantice condiciones compatibles con estándares internacionales; permita la comunicación con familiares, abogados y autoridades consulares argentinas; informe si fue imputado por algún delito y ante qué tribunal; evite amenazas o agresiones, y disponga una evaluación médica inmediata con tratamiento especializado.

La CIDH también solicitó que se investiguen los hechos denunciados que motivaron la cautelar y se evite su repetición.

Como es habitual, el organismo aclaró que la resolución no implica prejuzgamiento sobre una futura denuncia de fondo contra Venezuela. No obstante, representa un pronunciamiento internacional contundente: reconoce que existe un riesgo actual y concreto para un ciudadano argentino detenido por el régimen chavista.

El caso de Germán Giuliani suma un componente diplomático relevante para Argentina, pues la CIDH incluyó expresamente el derecho a recibir asistencia consular y recordó la obligación estatal de garantizar ese contacto.

La atención internacional permanece ahora sobre la respuesta de Caracas. La resolución está vigente y el foco internacional es saber si el régimen venezolano revelará el paradero exacto de Giuliani, permitirá acceso a sus representantes y cumplirá con las medidas ordenadas.

Para la familia de Giuliani, después de casi un año de incertidumbre, silencio oficial y denuncias de torturas, ese punto se volvió decisivo.

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