POLITICA
La CIDH le otorgó medidas cautelares al argentino Germán Giuliani y alertó por torturas durante su detención en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Germán Darío Giuliani, el último argentino secuestrado por el régimen chavista, y exigió a Venezuela que informe de inmediato dónde está detenido, cuál es su estado de salud y bajo qué condiciones permanece privado de su libertad. El aspecto más grave de la resolución no es solo el reclamo diplomático: el organismo incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas, amenazas de desaparición y presuntas torturas sufridas durante su cautiverio.
La decisión, identificada como Resolución 32/2026, fue adoptada el 27 de abril en Washington, D.C., después de que la Comisión concluyera que Giuliani atraviesa una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
Según el expediente, Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025. Fue arrestado entre el 21 y el 23 de ese mes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada junto a tres ciudadanos venezolanos en aguas del estado Anzoátegui. La presentación sostiene que, al advertir su acento argentino, fue detenido de inmediato.
Torturas y desaparición forzada
El documento de la Comisión incluye declaraciones públicas de Diosdado Cabello, dirigente del oficialismo venezolano, quien afirmó que Giuliani fue capturado “en alta mar, en un velero, con unos venezolanos” y que “iba a buscar a un narcotraficante en alta mar”. Según la denuncia, desde entonces se lo vinculó con acusaciones de terrorismo y narcotráfico, aunque no existen precisiones judiciales públicas conocidas.
Uno de los apartados más delicados del informe refiere a los primeros doce días posteriores al arresto: la familia no recibió ninguna información oficial sobre su paradero y calificó esa etapa como una desaparición forzada inicial. Más tarde supieron que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, luego trasladado a Yare II y posteriormente a Yare III, aunque sin confirmación institucional estable.
La CIDH destacó que, incluso en la actualidad, los allegados desconocen la ubicación exacta de Giuliani dentro del Complejo Penitenciario de Yare, así como sus condiciones reales de detención.
El núcleo central de la resolución está conformado por las denuncias de apremios físicos y coacciones. Según el testimonio de familiares citado por la CIDH, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”.
La esposa del detenido afirmó que sufrió “tormentos físicos” durante los primeros meses de encierro, incluyendo haber sido colgado de las esposas durante períodos prolongados y haber sido presionado para firmar documentos.
La resolución incorpora el testimonio de un periodista excarcelado que compartió celda con Giuliani en Las Acacias. Según relató, lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”, y presentaba “la marca de una venda y la piel estaba quemada”.
Ese mismo testigo señaló que Giuliani le contó lo ocurrido tras la detención: “vine como turista y en Puerto La Cruz me secuestraron, me lanzaron contra la pared y me amarraron de manos y pies. Me golpearon para confesar delitos y como no lo hice me amenazaron con desaparecerme en el mar”.
El documento agrega que durante varios días habría sido sometido a interrogatorios de dos o tres horas, donde le mostraban fotos de dirigentes opositores venezolanos e intentaban que incriminara a referentes políticos.
Según el testimonio recogido por la CIDH, le ofrecían: “si grabas un video con lo que queremos te mandamos hoy mismo para Argentina”. De acuerdo con esa versión, también le exigían involucrar a la Premio Nobel de la Paz y dirigente opositora, María Corina Machado. La Comisión encuadró el caso en el contexto de persecución política monitoreado en Venezuela.
Otro tramo relevante del informe corresponde a noviembre de 2025. El ex detenido afirmó que Giuliani fue llevado dos veces a un cuarto de tortura denominado “El Tigrito”, donde “lo colgaron de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro”. Tras esos episodios, habría regresado con “morados en sus muñecas y ojos desenfocados”.
La denuncia agrega que esos castigos se producían cada vez que solicitaba atención médica o asistencia jurídica.
Condiciones de detención y respuesta institucional
La CIDH no emite una condena penal sobre estos hechos, pero los consideró indicios suficientes para justificar una medida urgente. En uno de sus párrafos centrales, sostuvo que observa “con preocupación” las alegaciones sobre las condiciones de detención y los presuntos tormentos sufridos por Giuliani.
El organismo también calificó como alarmante que, según los testimonios reunidos, agentes penitenciarios le habrían advertido que debía cuidarse “porque la orden era desaparecerlo”.
La resolución describe un régimen extremo de incomunicación. Las llamadas con la familia eran esporádicas, sin aviso previo, supervisadas, grabadas y de no más de dos minutos. No existía posibilidad de videollamadas ni de envío de fotografías.
La CIDH recogió que, cuando Giuliani intentaba hablar de algo no permitido, la comunicación era interrumpida de inmediato. En ocasiones, transcurrieron meses sin contacto alguno. En esas conversaciones, la familia lo percibía angustiado, sin margen para explicar qué ocurría, ya que —según la denuncia— se escuchaba una voz censurando a su lado. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental.
Las condiciones materiales de detención también fueron objetadas. El expediente menciona que dormía en una colchoneta en el piso, con escasa agua, sin salidas al aire libre y dependiendo en ciertos períodos de la ayuda de otros detenidos para comer. Además, la CIDH exigió acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada.
Otro dato relevante es que el régimen venezolano no respondió el requerimiento de información formulado por la Comisión el 16 de abril. El plazo venció sin contestación oficial.
Para la CIDH, esa falta de respuesta impidió conocer si existían medidas estatales para proteger a Giuliani o si el riesgo había sido mitigado.
Medidas ordenadas y repercusiones internacionales
La Comisión Interamericana resolvió ordenar a Venezuela que adopte medidas urgentes para resguardar la vida, integridad y salud de Giuliani; confirme formalmente dónde está detenido; garantice condiciones compatibles con estándares internacionales; permita la comunicación con familiares, abogados y autoridades consulares argentinas; informe si fue imputado por algún delito y ante qué tribunal; evite amenazas o agresiones, y disponga una evaluación médica inmediata con tratamiento especializado.
La CIDH también solicitó que se investiguen los hechos denunciados que motivaron la cautelar y se evite su repetición.
Como es habitual, el organismo aclaró que la resolución no implica prejuzgamiento sobre una futura denuncia de fondo contra Venezuela. No obstante, representa un pronunciamiento internacional contundente: reconoce que existe un riesgo actual y concreto para un ciudadano argentino detenido por el régimen chavista.
El caso de Germán Giuliani suma un componente diplomático relevante para Argentina, pues la CIDH incluyó expresamente el derecho a recibir asistencia consular y recordó la obligación estatal de garantizar ese contacto.
La atención internacional permanece ahora sobre la respuesta de Caracas. La resolución está vigente y el foco internacional es saber si el régimen venezolano revelará el paradero exacto de Giuliani, permitirá acceso a sus representantes y cumplirá con las medidas ordenadas.
Para la familia de Giuliani, después de casi un año de incertidumbre, silencio oficial y denuncias de torturas, ese punto se volvió decisivo.
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El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria mediante la resolución 551/2026 en Boletín Oficial. Se trata de una iniciativa que busca reforzar el control migratorio en el país y combatir los ilícitos.
Mediante una publicación en redes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, contó que “el objetivo es seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza”. A partir de esta iniciativa, se crearon las Unidades de Seguridad Migratoria para reforzar los controles, prevenir delitos y enfrentar a las organizaciones criminales.
El programa tiene siete componentes. El primero apunta a la actualización de la formación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa misma lógica a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para que puedan cumplir con mayor eficacia su rol de Policía Auxiliar Migratoria. El tercero prevé la mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto apunta a una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas. El quinto es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, tal como lo mencionó la funcionaria en el video. Los dos restantes contemplan la modernización de equipamiento e infraestructura y la ampliación de la cooperación internacional.
“Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria y que básicamente apunta a una capacitación especial, a procedimientos específicos de actuación. Muchas gracias a las fuerzas porque, como siempre, serán los que integrarán esta capacitación”, indicó Monteoliva.
De acuerdo con la reciente resolución, las Unidades de Seguridad Migratoria se crean en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina. Según establece la resolución, estas unidades tendrán un rol meramente funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras organizativas. Su misión abarcará la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden público en zonas de frontera, la detección e investigación de ilícitos y las tareas subsidiarias de control migratorio. El personal que cumpla funciones dentro del programa llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, independientemente de su dependencia de revista.
La norma establece que se deberán actualizar los mecanismos de actuación para que, en forma subsidiaria o ante situaciones de emergencia, esas fuerzas puedan llevar a cabo un control migratorio eficiente, con respeto por las responsabilidades primarias de cada institución. “El trabajo será realizado teniendo en cuenta las responsabilidades primarias de cada entidad, la eficacia, la complementación y el uso eficiente de las capacidades de las citadas instituciones”, reafirmaron en el texto oficial.
“Nuestro propósito es claro, nuestro propósito es firme. Quien no cumple la ley, no entra. Lo venimos diciendo, lo venimos afirmando. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad horas antes de que se formalice la medida. Bajo este propósito, instruyeron a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional a implementar la formación del personal.
Los refuerzos comenzaron a materializarse luego de que el Gobierno publicó la Reforma Migratoria mediante el decreto 366/2025. La misma endureció los criterios para la residencia de extranjeros y facilitó los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país. También estableció mayores controles en las fronteras y regularizó la situación de inmigrantes, entre otros puntos.
Incluso, la puesta en marcha de este nuevo programa se conoció después de que la ministra anunciara la expulsión de 14.000 extranjeros del país en los últimos seis meses.
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POLITICA
El Gobierno hizo oficial la privatización de la Hidrovía y anunció que generará una baja del 13% en los costos logísticos
El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que operará la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años.
La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución que puso fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales y por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales.
Según la documentación presentada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión.
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Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. De acuerdo con la oferta, el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%.
Desde el Gobierno destacaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, permitirá poner en marcha una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable. Entre las obras previstas figuran trabajos de profundización del canal, mejoras operativas e incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico.
El Ministerio de Economía sostuvo además que la nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.
Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, mientras que la recuperación económica del proyecto comenzaría en la segunda etapa del contrato.
El organismo también destacó que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. En ese sentido, señaló que la adjudicación contó con el respaldo de distintos actores vinculados a la actividad, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región.
Como parte de las condiciones establecidas en el pliego, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico, presentar garantías por US$40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato y otra garantía especial por US$35 millones antes de la firma definitiva.
La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales.
Desde el Gobierno definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y sostuvieron que la medida marca el inicio de una etapa basada en la inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones de regulación y control sobre la infraestructura estratégica.
Hidrovía, Gobierno, Transporte
En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.
De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.
Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.
En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.
Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.
De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.
Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.
Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.
Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.
Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.
Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.
Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.
El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.
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