POLITICA
Pidieron al Consejo de la Magistratura la suspensión y remoción del juez que frenó la reforma laboral

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral, y solicitó su suspensión y remoción.
Según consta en la presentación ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la denuncia fue interpuesta por Juan Méndez, presidente del MEAB, quien la semana pasada denunció penalmente a Ojeda, acusándolo de cometer abuso de autoridad.
El escrito detalla una serie de conductas atribuidas al juez Ojeda en su intervención en la causa iniciada luego de una denuncia de la CGT por inconstitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La presentación del MEAB sostiene que Ojeda asumió competencia sobre la causa pese a que, según considera, el objeto del proceso excede el alcance de la Justicia Nacional del Trabajo. Agrega que la acción involucra a una ley nacional y al Estado como parte demandada, lo cual, sostiene, corresponde a la justicia federal y no al fuero laboral. Y destaca que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 se declaró competente el 10 de abril pasado, pero que Ojeda desconoció o rechazó esa decisión y continuó interviniendo en el expediente.
Entre las irregularidades señaladas, el MEAB destaca la supuesta omisión del magistrado de pronunciarse sobre planteos esenciales de jurisdicción, como la inexistencia de un “caso” o controversia concreta y la falta de legitimación activa de la parte actora.
También se señalan numerosos pasos procesales que, a criterio del denunciante, evidencian apartamiento de garantías procesales básicas, como el mantenimiento del expediente con acceso restringido, la selección de trámite sumarísimo sin fundamentación, la falta de traslado de documentos a la defensa y la configuración de instancia colectiva sin cumplir los requisitos de certificación de clase fijados por la Corte Suprema.

Un punto central de la denuncia es la medida cautelar dictada por Ojeda el 30 de marzo pasado, que suspendió con alcance colectivo varios artículos de la Ley N°27.802. Según el texto presentado por Méndez, la decisión fue tomada en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales y jurisprudenciales para medidas de tal alcance sobre leyes sancionadas por el Congreso.
El denunciante señala, además, que la cautelar afectó a artículos de la ley que no habían sido pedidos explícitamente en la demanda y que la decisión fue concedida antes de definirse la competencia jurisdiccional definitiva, generando, según el MEAB, un riesgo de decisiones contradictorias entre distintos tribunales.
Para el MEAB, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó el efecto del recurso de apelación contra la cautelar, otorgando el carácter suspensivo y expresando la “especial entidad” de la medida por afectar normas dictadas por el Congreso de la Nación.

Dentro de las actuaciones atribuidas al magistrado, la denuncia menciona una resolución del 17 de abril en la que el juez excluyó al Procurador y a los Subprocuradores del Tesoro de la Nación del patrocinio letrado del Estado Nacional, bajo el argumento de falta de matrícula profesional. Méndez sostiene que esa interpretación contradice la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que señala que esos funcionarios, en ejercicio propio de sus cargos, no requieren esa matrícula.
El MEAB aporta como prueba material judicial, documental y registros administrativos de las actuaciones, así como la transcripción y grabación de una entrevista radial en la que el juez Ojeda habría hecho manifestaciones sobre causas en trámite, señalando la tramitación de “20 o 30 amparos” promovidos por sindicatos contra la misma ley, con la expectativa de que “tendrán su medida cautelar en su momento”.
El escrito de MEAB considera que, en su conjunto, las conductas atribuidas al titular del juzgado laboral N° 63 configuran un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad, afectación de la defensa en juicio, interferencia en la esfera del Poder Legislativo y vulneración del principio de división de poderes.
Entre los pedidos formulados al Consejo de la Magistratura de la Nación, el MEAB solicita la apertura y la tramitación del expediente disciplinario, la prueba informativa de todas las actuaciones señaladas y la suspensión preventiva de Ojeda, con la posterior formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
POLITICA
“Argentina y sus derechos humanos”: el libro escrito por la SIDE en plena dictadura para denunciar una “campaña de desprestigio”

Como parte del proceso de desclasificación de archivos históricos de la SIDE que está encarando el Gobierno, este martes se dio a conocer una segunda entrega, compuesta por 17 documentos, en un archivo digitalizado de 1419 páginas. Dentro del material revelado, se encuentra la publicación, en 1978, de un libro escrito por la propia central de inteligencia, en plena dictadura, para denunciar una “campaña de desprestigio” internacional.
Tras una primera entrega en la que se destacaron, entre otras revelaciones, la de los formularios utilizados para censurar libros y películas y cómo se organizaba la oscura Comisión Asesora de Antecedentes de la SIDE en la dictadura, en esta nueva tanda “se incluyeron decretos, informes y resoluciones que permiten profundizar la reconstrucción histórica” durante el período 1946 – 1983, destacó Cristian Auguadra, secretario de Inteligencia del organismo.
Lo más destacado de las nuevas revelaciones es que se hallaron las pruebas de que fue la propia SIDE la que en 1978 se encargó de la producción de Argentina y sus derechos humanos, un libro a través del cual, desde la fachada de la ficticia Asociación Patriótica Argentina, se denunciaba una presunta campaña de desprestigio internacional contra el gobierno militar.
En una guía que acompaña la difusión del material desclasificado, se informó que fueron halladas en el Fondo Documental SIDE dos ediciones del mismo libro, con “ciertas diferencias puntuales” entre ellos, pero con un contenido y formato similar.
La confección de la obra, escrita en castellano, inglés y francés, fue ordenada desde la oficina de Interior como parte del denominado “Operativo Editorial”.

El equipo de investigación del Archivo Histórico halló un Sumario Administrativo gracias al cual “pudo determinar que el Sr. Subsecretario ‘A’ (8-Interior) encomendó a un agente de la SIDE la confección, elaboración, edición y distribución de un libro relacionado con ‘el accionar de la subversión en el mundo y sus implicancias en la República Argentina’, denominado Argentina y sus Derechos Humanos.
Ello “implicó que un agente, bajo un nombre supuesto, integrara una asociación civil denominada Asociación Patriótica Argentina, actuando como secretario de prensa”.
“Para ello, se le brindó documentación personal y tarjetas institucionales. El agente, con esta cobertura, realizó entrevistas y mantuvo correspondencia con ‘familiares de fallecidos por la subversión’, organismos de derechos humanos, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, imprentas, editoriales, medios de comunicación, dependencias estatales, etc. Según se desprende del sumario, el ‘Operativo Editorial’ tuvo asignada una partida presupuestaria entre 1979 y 1983″, se detalló.
Un mensaje que precede a la primera edición, fechado en septiembre de 1979, asegura que en la publicación “se hallan debidamente documentados los más significativos atentados terroristas que ha padecido la República Argentina desde 1969″ hasta ese momento.
“Se hace referencia también a algunos aspectos de la campaña que desde el exterior se realiza para desprestigiar a nuestro país, campaña que se desarrolla con gran despliegue publicitario; muy oneroso por cierto, pero con deformación maliciosa y mendaz de la actualidad y del pasado reciente”, afirma el texto firmado por “LOS EDITORES”.

El objetivo, según sus palabras, era el de “contrarrestar los injustificados ataques” que llegaban desde el exterior. “El pueblo argentino no merece el agravio que se le infiere”, explicaban.
Finalmente, en ese prólogo advertían a “otras naciones del mundo” sobre “quienes usan el terrorismo para instaurar gobiernos adictos a las ideologías marxistas”.
El oscuro libro: acusaciones, nombres y el gobierno en el lugar de la víctima
Ya en el inicio del libro, aparece un mensaje perturbador: “El producto neto de la venta de este libro será destinado a atender la educación de los huérfanos de padres víctimas de la delincuencia terrorista en la República Argentina».
La obra escrita desde y por la central de inteligencia está dedicada “a los héroes y mártires que ofrendaron el tributo generoso de sus vidas como testimonio de supremo renunciamiento en aras de un irrenunciable ideal de libertad”. Y también “a sus madres, a sus viudas, a sus inocentes huérfanos”.

En ese mismo sentido, el primer contenido informativo es una “lista de civiles asesinados por terroristas”, diferenciados en “políticos”, “empresarios”, “gremialistas”, “periodistas”, “funcionarios”, “diplomáticos”, “abogados”, “empleados”, “dirigentes estudiantiles” y “profesor universitario”.
La nómina no se queda allí, sino que se pone más específica, con las categorías “víctimas de atentados terroristas en lugares públicos”, “subversivos ‘ajusticiados’ por intentar desertar de Montoneros al comprobar el engaño en que habían caído”, “esposas de militares asesinadas junto a sus maridos” y “niños”. En algunos de los casos mencionados, con duras descripciones de las muertes mencionadas, sobre todo de las de los menores de edad.
Siguiendo con los listados de víctimas, luego aparecen las del “Ejército”, la “Marina”, la “Fuerza Aérea”, la “Policía Federal Argentina”, la “Policía de la provincia de Buenos Aires”, “Policía de otras provincias”, “Servicio Penitenciario Federal” y Gendarmería. El total de asesinados mencionados con nombre y apellido en esa primera edición del libro es de 649 -en la segunda, solo figuran los nombres, sin descripciones ni cifras totales-.
El prólogo con el que sigue el libro comienza con una mentira que oculta tanto a los autores reales como sus intenciones: “Indignados, hartos de comprobar cómo cierta prensa extranjera deforma permanentemente la realidad de nuestro país, un importante grupo de ciudadanos nucleados en la Asociación Patriótica Argentina presenta a la opinión pública mundial este documento. Pretendemos que se sepa cuál es la verdadera historia del terrorismo en la Argentina”.
“Generosamente pretendemos transmitir a todos los pueblos hermanos y, en especial, a aquellos que han empezado a sufrir en sus propios suelos la agresión de la subversión marxista internacional, la triste experiencia que nos tocara vivir a los argentinos, gracias a Dios ya superada”, continúa.
El mensaje, en el que ya comienza a vislumbrarse cómo se apunta contra organismos de derechos humanos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, sigue: “Creemos en la verdad y que ella termine por imponerse a todo, aunque se trate, en lo que a la Argentina respecta, de una insidiosa conjura basada, en la deformación sistemática de los hechos, deformación que es alimentada por los mismos delincuentes terroristas que se pasean por el mundo con sus bolsillos repletos de dólares, luego de haber huido de nuestro país”.

Para los ghost writers de la SIDE, “la falsificación inventada por la propaganda marxista ha producido confusión y cierta agitación internacional”, y apuntaron que “una vez más el imperialismo rojo utilizó su arma psicológica predilecta; la ciencia de la discordia, el arte de la descomposición, la técnica de la mistificación”.
Con citas textuales de Lenin y Mao Tse-Tung, afirmaron: “Todas las bandas terroristas que intentaron hacer estallar nuestro país se jactaron, sin ningún embozo, de su pertenencia ideológica al marxismo-leninismo, como lo continúan haciendo sus órganos clandestinos de propaganda”.
“Por lo tanto, el presente documento que ofrece la Asociación Patriótica Argentina ha sido impreso con el propósito de aportar con crudeza las evidencias de una experiencia similar a las padecidas por los rehenes asesinados en la embajada Saudita de Kartum y las víctimas de la matanza de Múnich y de la masacre del aeropuerto de Lod. Y que, de no conjugarse a tiempo, hubiera finalizado en genocidios como los de Katyn, Auschwitz y Hungría”, compararon sin sonrojarse en el final del prólogo.
Ya oficialmente en el cuerpo del libro, el inicio plantea un panorama referido al “terrorismo en el mundo”, con ejemplos de atentados en otros países y utilizando como eje palabras del papa Paulo VI, con una frase que se refería a ese convulsionado tiempo como la “tempestad de la Historia de la Humanidad”.
Incluyen mapas y hasta una “sinopsis del terrorismo marxista en el mundo”, que comienza en 1920 e incluye, año por año y para cada país latinoamericano, los nombres de las organizaciones que consideraban “movimientos subversivos”. También hay una lista de “organizaciones terroristas que actualmente conmueven al mundo”.
Un breve repaso del “terrorismo en Argentina” comienza contando que “en 1959, los sectores marxistas liderados por John William Cooke en el peronismo ya mantenían directos contactos con Cuba” y el inicio de lo que consideraron el inicio del desarrollo de las organizaciones subversivas armadas en el país.
En la segunda edición, esa “historia terrorista” estaba más desarrollada y culminaba con un listado de “principales responsables (aún prófugos) del genocidio argentino”. Solo mencionaban a políticos y miembros de organizaciones armadas que combatían a la dictadura.

Con un título irónico, el libro prosigue con un “Curso abreviado para destruir la imagen de un país” y los “requisitos a cumplir para preparar una buena campaña de desprestigio de un país”.
Entre esos “requisitos”, los más destacados eran:
- “Saber inventar historias de torturas, violaciones en las más variadas formas, etc.. Cuanta mayor imaginación se tenga más truculenta resultará la historia y más despiadadamente aparecerán agraviados los derechos humanos”.
- “Crear organizaciones de carácter internacional y nacional para que se ocupen de ‘defender’ los derechos humanos. Si ya están creadas, asegurarse su ‘colaboración’”.
- “Lograr un buen apoyo de agencias de noticias y corresponsales extranjeros”.
Para los autores, el objetivo de “los delincuentes subversivos” era “impedir que se concrete el Proceso de Reorganización Nacional” encarado por las Fuerzas Armadas en el país.
En ese sentido, hacían mención, por primera vez en el libro, del aprovechamiento del Mundial de 1978 como “acontecimiento de repercusión internacional para difundir lo más ampliamente posible una imagen negativa del país”, una “imagen que dé sensación de inseguridad, temor y de constantes peligros para el que nos visite como turistas o para quienes estén dispuestos a radicar industrias o invertir capitales en nuestro país”.
Desde la SIDE (encubierta como Asociación Patriótica Argentina) les apuntaron principalmente como responsables de la “campaña de desprestigio” al Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja se ha convertido en un polo aglutinador del ‘frente de familiares de presos’ terroristas, con el fin de acumular fuerzas para lanzar contra Argentina ataques de nivel crecientes bajo el pretexto de denunciar violaciones a los llamados ‘derechos humanos’”, se denuncia en el libro.
Pero fueron más allá: sin el más mínimo cuidado por ocultar los trabajos de inteligencia realizados contra las personas apuntadas, publicaron las fotos y hasta los domicilios en Buenos Aires de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja Rolf Jenny, Teresa Muñoz y Romaine Tissiere, así como también de varios de sus colaboradores.
“Nunca se supo que Rolf Jenny o Walter Meyer o Teresita Muñoz o Romaine Tissiere o el Comité Internacional de la Cruz Roja o la misma Cruz Roja Argentina se preocuparan por los derechos humanos de las víctimas de la subversión ni por sus huérfanos ni por sus viudas. Ni por sus padres. Ni por sus hogares destrozados”, escribieron en mayúsculas, en un agresivo mensaje.
Desafiaban directamente “a Rolf Jenny y a toda su pandilla”.
El texto creado en la central de inteligencia estatal continuaba describiendo atentados y hasta “ajusticiamientos de terroristas por parte de otros terroristas”.
No siempre en el libro los agentes encubiertos lograron disfrazar su lugar dentro del gobierno, como en este párrafo escrito insólitamente en primera persona: “Así es como nacen y se difunden escalofriantes y tremebundas historias cuya autoría nos adjudican. Así es como surgen las incongruentes movilizaciones en favor de los derechos humanos (únicamente de los terroristas y no de los de las otras personas que ellos asesinan) y contra la imagen de un gobierno que, precisa y ansiosamente, desea asegurarle a su pueblo una sociedad donde el crimen, la violencia, el atropello no formen las bases de la vida diaria; donde la circulación de las balas no sustituya el libre flujo del pensamiento; donde los triunfos electorales no se obtengan a expensas de las ideas, sino a partir de ellas”.
El libro acusa incluso a Naciones Unidas de haberles brindado 3,2 millones de dólares a “terroristas” en calidad de “refugiados”.
“El auge del terrorismo a nivel mundial hace necesario un estudio profundo de cada uno de los problemas tanto en lo que respecta a los derechos humanos como al problema de los refugiados, para no caer ingenuamente en el juego de la subversión marxista-leninista”, acusaban.
Fotos de cadáveres y relatos de terroristas
En un apartado de la obra de la SIDE, se observa una serie de fotografías de cadáveres de víctimas de atentados cometidos por grupos armados. Son imágenes crudas, sin filtro, con el único fin de impactar al lector, de horrorizarlo.
También se incluyen fotos de algunas de las “cárceles del pueblo” de Montoneros, donde mantenían secuestrados, “juzgaban” y ejecutaban a militares y enemigos.
Por otro lado, compartieron el relato de Mario Firmenich y Norma Arrostito del asesinato del Teniente General Pedro Eugenio Aramburu en la revista de Montoneros La causa peronista.
Pero el golpe más bajo de la publicación llega con el nombre “Inocentes criaturas víctimas de la demencial furia homicida de los terroristas argentinos”.
Allí, se cuentan historias de niños muertos en medio de atentados terroristas, como el caso de Juan Eduardo Barrios, de 3 años. “Un niño que aún no había aprendido a deletrear la palabra Patria y mucho menos la palabra Justicia, porque la seguridad, para él, era simplemente la mano de su madre”, lo presentaron.
La mención al “boicot” al Mundial de 1978

“Para llamar la atención del mundo, los terroristas marxistas asesinaron al presidente del Comité Organizador del Mundial 78, General Ornar ACTIS. Este episodio tuvo una sola explicación. Muy clara. Muy directa. El terrorismo subversivo buscó con ese asesinato sumar argumentos negativos a la campaña de desprestigio internacional para la Argentina, tratando de demostrar que en nuestro país se vive un clima de terror e inseguridad. Con ello, obviamente, se persiguió el objetivo de lograr que el país perdiera la condición de sede de tan importante evento deportivo mundial”, se indica.
Si bien el asesinato de Actis fue adjudicado de manera inmediata a Montoneros por la dictadura, la organización armada negó siempre la acusación. Distintas investigaciones posteriores incluso apuntan a un posible enfrentamiento interno en la cúpula militar y que podría haber sido la Armada, con Carlos Alberto Lacoste, la responsable del homicidio.
En el libro, cuentan que “un tiempo después del mencionado asesinato, numerosos funcionarios argentinos y extranjeros de variados niveles comenzaron a recibir una curiosa tarjeta. Se trata de una imitación del logotipo adoptado por los organizadores para identificar el Mundial 78, con agregados que delatan la mano de la subversión. En efecto, las tarjetas, de costosa impresión y a varios colores, llevan leyendas agresivas enmarcando el logotipo con alambre de púas atado. Estas tarjetas preferentemente fueron despachadas desde Italia”.
Luego, al referirse a dirigentes socialistas europeos, como el francés François Miterrand, dejaron mensajes amenazantes tras invitarlos a visitar el país y a no creerles a los “asesinos que se han escapado de nuestro país”: “¡Por amor de Dios! ¡Cuídense…! ¡…no vaya a ser que cualquiera de estos días los secuestren y aparezcan en un camino con el cuerpo acribillado a balazos!“.
También se desarrolla la idea de intentos de boicot a un Congreso Internacional de Cancerología convocado por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y al Mundial de Hockey sobre césped que se realizó en el país en 1978, unos meses antes que el de fútbol.
POLITICA
Carlos Maslatón apuntó contra Manuel Adorni: “Quedó como alguien que se apropia de fondos públicos”

Manuel Adorni enfrenta este miércoles una sesión especial en el Congreso argentino, donde debe presentar el informe de gestión de la administración nacional. La reunión parlamentaria se lleva adelante en medio de una investigación que abarca su patrimonio, la actividad de su cónyuge y una tensión política y mediática donde el gobierno de Javier Milei busca sostener la gobernabilidad. Más de 2.000 preguntas formales fueron entregadas a la Jefatura de Gabinete por la oposición, enfocadas tanto en aspectos de transparencia como de gestión.
Carlos Maslatón, analista financiero, visitó los estudios de Infobae en Vivo y analizó el contexto en el que se lleva adelante la asamblea legislativa. “Para mí, ante la opinión pública está quemadísimo”. Maslatón sostuvo que la percepción de “apropiación de fondos públicos” pesa sobre la figura de Adorni y sobre las posibilidades políticas del oficialismo. “Eso queda para siempre, aun cuando ya no sea más funcionario, quedó como una persona que se apropia de los fondos públicos”, afirmó.
Interna libertaria, militancia y toma de decisiones
El impacto político de la gestión de Javier Milei se observa más allá de la coyuntura de Adorni. Las internas dentro de La Libertad Avanza pasan por el control estricto de la toma de decisiones y la gestión de la militancia.
En este sentido, Maslatón puso énfasis en la mecánica interna. “Karina Milei toma el poder en La Libertad Avanza apenas terminan las elecciones parlamentarias del 2021. Ella toma el poder ahí. Dice: ‘Yo no voy a permitir que estos chicos quieran ser iguales a mí o que quieran ser iguales al presidente,…’”, expresó el analista.
La relación con los sectores provenientes del peronismo, la disciplina política y la exclusión de integrantes con alto perfil en redes sociales marcan el rumbo del oficialismo.
Condiciones económicas, política exterior y perspectivas
El debate sobre la economía ocupa un lugar central en el análisis político. Según Maslatón, “la economía real está para abajo, con cantidades enormes de personas que van quedando afuera, inclusive empresarios, chicos, medianos, grandes”.
De forma continua advirtió que la inflación sigue en alza: “La cantidad de moneda que hay en Argentina en circulación ahora, entendiendo por moneda los billetes físicos, los depósitos y la expansión de la deuda pública en pesos, es cinco veces más que el día que asumió Milei. Milei multiplicó por cinco la cantidad de moneda en el país”.
Respecto al escenario financiero y la proyección de inflación, enfatizó: “Si alguien cree que la inflación va a ir al cero, no se le va a dar eso. La inflación es para arriba”.
En cuanto a aspectos positivos, Maslatón destacó que “la política exterior argentina le ha dado buenos resultados prácticos”, señalando la relación con Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, valoró el aspecto de la seguridad. “El mensaje de seguridad no es que bajó tanto la inseguridad, pero por lo menos el gobierno ha dicho de entrada que la víctima de un delito no es el culpable”.
El juicio de YPF fue mencionado como tema sensible, aunque Maslatón aclaró: “En absoluto, no fue por influencia política. Es el criterio de la Cámara, que revocó un fallo de primera instancia en forma no unánime. Ahora están apelando esto. No está cerrado el caso, pero yo niego que esto sea influencia política”.
Medios de comunicación, opinión pública y campaña
La jornada en el Congreso coincide con debates sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Según Carlos Maslatón: “Ustedes pueden contar lo que quieran y pueden opinar en la tonalidad que quieran. Esto es una cosa sagrada de la política, argentina y mundial”.
Y agregó: “Es más, la tolerancia que hay que tener hacia el periodismo es mayor. Las injurias y calumnias no existen en el periodismo. Vos tenés que tener el derecho a decir cualquier cosa. Estás para eso, a favor o en contra”.
Maslatón insiste en que la influencia de los medios sobre el electorado es limitada, aludiendo a casos internacionales y recientes elecciones argentinas.
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POLITICA
PAMI destapó una red de fraude en ópticas y oftalmología: recetas truchas y cobros indebidos a jubilados

Una investigación interna del PAMI encendió alarmas en el sistema de salud de los jubilados: una auditoría detectó un esquema extendido de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que incluye sobrefacturación, recetas sin sustento médico y cobros indebidos a afiliados en distintos puntos del país.
El relevamiento, basado en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, identificó patrones repetidos en provincias como Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y La Rioja. Según el informe, no se trata de hechos aislados sino de una modalidad sistemática que involucra a médicos, centros oftalmológicos y ópticas.
Entre las principales irregularidades detectadas aparece la sobrefacturación de anteojos. En muchos casos, los profesionales indicaban lentes de baja graduación —de menor costo— pero facturaban módulos de alta complejidad, hasta cinco veces más caros. Mientras el afiliado recibía un producto básico, el organismo abonaba valores muy superiores.
Otra práctica extendida es la de prestaciones fantasma: consultas, estudios o prácticas que nunca se realizaron o que no cuentan con historia clínica que las respalde. En algunos centros auditados, hasta la mitad de las órdenes carecía de documentación médica válida.
A esto se suma la manipulación de códigos para facturar consultas de mayor valor y la existencia de circuitos cerrados, donde médicos derivaban sistemáticamente a una única óptica, en algunos casos con vínculos personales o familiares.
Uno de los aspectos más sensibles es el impacto directo sobre los afiliados. La auditoría detectó situaciones en las que se ofrecían lentes “mejorados” por fuera de la cobertura, lo que llevaba a los jubilados a pagar cifras elevadas por prestaciones que debían ser gratuitas. En paralelo, esos mismos productos eran facturados al PAMI, generando un doble cobro.
Los casos relevados muestran la magnitud del problema. En Santiago del Estero se identificaron más de 600 episodios de sobrefacturación vinculados a un mismo circuito. En Entre Ríos, un profesional acumuló cientos de prácticas sin respaldo clínico, incluyendo recetas sin datos básicos como la graduación. También se detectaron irregularidades en Mar del Plata y Concordia, donde se concentraron cientos de prestaciones bajo patrones similares.
Estas maniobras se enmarcan en una serie de investigaciones más amplias que el organismo viene desarrollando sobre el uso del sistema OME. En ese contexto, ya existen al menos seis causas judiciales abiertas por presunta defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos y uso indebido de datos de afiliados.

Uno de los expedientes más avanzados se tramita en la Justicia Federal de Santa Fe, donde se investiga la emisión de cientos de recetas apócrifas a nombre de jubilados que no habían recibido esas prestaciones. La causa se apoya en pruebas técnicas, como el rastreo de direcciones IP desde donde se generaban las órdenes médicas.
El escenario se completa con auditorías que detectaron volúmenes de atención imposibles de sostener en términos reales. En algunos casos, se registraron cientos de prácticas en pocas horas, lo que evidencia la utilización del sistema para facturar servicios inexistentes.
Desde la actual conducción del PAMI, a cargo de Esteban Leguízamo, aseguran que estas investigaciones forman parte de un proceso de saneamiento del organismo. Según datos oficiales, ya se recortaron cerca de 90.000 millones de pesos en gastos considerados innecesarios y se avanzó en la reducción de estructuras administrativas.

Esteban Leguizamo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Además, se implementaron nuevos mecanismos de control: monitoreo permanente de prestaciones, validación digital de identidad, auditorías continuas y penalizaciones automáticas ante irregularidades. El objetivo, sostienen, es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados.
“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, señalaron fuentes del organismo.
Con múltiples causas en curso y un sistema bajo revisión, el PAMI enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente: desarticular una red de fraude que afectó tanto a las finanzas públicas como a millones de jubilados en todo el país.
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