POLITICA
La reinvención de Milei
La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso dejó una serie de imágenes emblemáticas, explicaciones pobres sobre su patrimonio y una sensación de puesta en escena donde cada uno de los actores tenía un rol, que cumplió sin desvíos. El funcionario se ciñó al guion que había diseñado con su equipo y el de Karina Milei, más el aporte del ala de Santiago Caputo y su extensión en Legal y Técnica. Martín Menem, junto con los referentes del bloque libertario, se ocuparon de que los diputados no exacerbaran los ánimos y que la militancia en los palcos no entrara en la riña y el griterío.
El Presidente arrastró a todo el gabinete para darle su apoyo político. Incluso la oposición peronista se mostró mayoritariamente moderada, en un evidente intento por esquivar la actitud sediciosa que mostró en otras sesiones sensibles. Hay unanimidad en el oficialismo en que el objetivo se logró: Adorni no sufrió sobresaltos en una sesión en la que no había nada para ganar, y la prioridad era evitar un traspié que agravara su situación. Hacía mucho tiempo que no estaban todos tan ordenados en el oficialismo detrás del mismo objetivo.
Sin embargo, detrás de la escenografía montada, quedaron en evidencia dos realidades que explican las tensiones que invadieron al poder libertario en el fatídico bimestre marzo-abril. La primera de ellas estuvo simbolizada en el hecho de que por primera vez el Gobierno, con Milei al frente, concurre al Congreso a dar explicaciones, no a exigirlas. El mismo Presidente que evitó hablar en su recinto al asumir y prefirió darle la espalda, ahora fue voluntariamente a respaldar a su funcionario frente a lo que él había definido como “nido de ratas”.
Y en este cambio de papeles aparece una dificultad natural, porque Milei irrumpió en la escena política para interpelar, para señalar a la casta, para encarnar el profundo descontento social con una dirigencia incapaz de trazar un horizonte de progreso. No es una figura preparada para explicar, para convencer, para hacer docencia. El grito y el insulto son instrumentos ofensivos; si se utilizan para la defensa son menos eficaces.
Esa mutación de roles surge de las dificultades que enfrenta el Gobierno en los dos mandatos principales que recibió al asumir el poder: recomponer la economía y sanear moralmente la política. El repunte inflacionario y Adorni pusieron en peligro esa narrativa. Pero fundamentalmente colocaron a la gestión libertaria en el centro de la agenda, en el foco de la discusión.
Pierde fuerza el debate sobre el desastre económico heredado del último gobierno peronista y cobran más relevancia los interrogantes sobre el plan de Milei y Luis Caputo. La astronómica corrupción kirchnerista con las obras públicas y las valijas de dólares ya parece sorprender menos, y le cede protagonismo a las pequeñas manualidades contables con departamentos en Caballito y créditos hipotecarios del Banco Nación. El eje empieza a rotar del pasado al presente. El Gobierno había sido exitoso hasta la elección de octubre en mantener el concepto “seguir para adelante o volver para atrás” como la consigna que definía el voto. El pasado actuaba como vector ordenador. Ahora esa lógica está cambiando porque hay que explicar el presente.
Estos giros mantienen tensionado a un Gobierno que ha hecho de la inestabilidad un modo de gestión. Vive en una montaña rusa constante que cambia de sentido cada dos o tres meses, y oscila todo el tiempo entre momentos de éxitos y gratificaciones, y períodos de turbulencia y desconcierto.
El ministro Caputo fue quien expuso la necesidad de un rápido acuerdo político que galvanizara el plan económico y mostrara una señal de contundencia que convenciera al mercado de que el rumbo no sólo es correcto, sino que es compartido con un grupo de gobernadores y una mayoría del Congreso. Lo hizo en una reunión de la mesa política de hace un mes, pero después, enojado porque reveló su contenido, comunicó a sus pares que no concurriría más por entender que el ámbito no era lo suficientemente reservado (curiosa reacción, porque en las redes había dicho que la información era falsa). De hecho no volvió a participar.
El día de esa reunión fue Karina Milei quien expresó su disidencia y dijo no estar dispuesta a ir a un acuerdo general con los gobernadores, sin candidaturas propias en las provincias. Es la postura que mantiene desde el armado electoral del año pasado. Ese contrapunto entre el ministro y la secretaria general no se resolvió. Incluso en las últimas semanas hubo versiones dentro de la propia Casa Rosada de que el vínculo entre ellos se había enfriado en forma más notoria desde entonces. El Presidente, como hace habitualmente frente a los rumores que afectan a los que aprecia, reforzó sus gestos públicos hacia Caputo.
Pero más allá del juego de las relaciones personales (que en este Gobierno son más gravitantes de lo recomendable), la conversación quedó obturada hace un mes y no tuvo ninguna evolución. “Toto buscó abrir un debate interno, pero el resultado fue que Karina se cerró inmediatamente. No está dispuesta a darle aire a esa discusión porque entiende que la definición de la política es su territorio”, resumió alguien que siguió de cerca esa interacción.
En el Gobierno germina un optimismo, cargado de deseo pero al mismo tiempo con cierto fundamento, de que a partir de mayo podrá recuperar el control de la agenda perdida. En parte porque piensan que tras la presentación en el Congreso Adorni va a poder regresar a la vida civil (aunque políticamente devaluado), y que eso les va a permitir retomar una dinámica más activa, tanto en la gestión diaria como en la visibilidad pública, por ejemplo para que los ministros vuelvan a la televisión, de la cual se apartaron para evitar hablar siempre del mismo tema.
En paralelo, las consultoras privadas prevén un claro descenso de la inflación en abril (según Equilibra estaría en 2,4%), lo que le permitiría al Gobierno retomar esa bandera desde un enfoque virtuoso. También se espera el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, con lo cual el panorama cambiario se mantendría bajo control. Y en el plano legislativo buscan dinamizar algunos proyectos en el Congreso, como la reforma electoral (admiten que no tienen número para la eliminación de las PASO, y está en duda si tienen los votos para modificarla y quitarle la obligatoriedad), el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” y los pliegos de los jueces. Acción y buenas noticias para dar vuelta la página del bimestre aciago.
La segunda realidad que quedó en evidencia en la sesión del último miércoles, muy vinculada con la primera, es que Milei atraviesa un momento de particular agitación. Desde hace semanas quienes más lo conocen admiten que tiene menor disposición al diálogo y a la escucha, que está más encerrado y también más irascible. Algunos personajes que compartían su afecto dejaron de frecuentarlo. “Javier de golpe está bien, y de pronto le agarra un enojo violento. No entiendo por qué se le enciende tanto odio, como si fuera una reacción de impotencia o de bronca muy fuerte”, lo describe una figura central del staff libertario que mantiene trato frecuente con él, y que detectó el cambio de humor presidencial.
Para algunos miembros del oficialismo responde precisamente a la imposibilidad de mostrar los resultados que desearía en materia económica. Otros, en cambio, lo atribuyen a la mutación de su entorno (la salida del componedor Guillermo Francos, el desgaste de Santiago Caputo), que ahora quedó determinado casi exclusivamente por su hermana Karina, sin otro contrapeso.
En público se vieron algunos retazos de ese Milei iracundo. Su breve pero violenta agresión a los periodistas cuando se retiraba el miércoles del Congreso fue una exhibición de la carga emocional que arrastra. Casi sin preámbulo los enfrentó con sus insultos preferidos: “chorros” y “corruptos”.
Pero el problema de fondo no es sólo que se expone más intolerante en cada mensaje público, sino que al mismo tiempo empieza a exteriorizar una falta de empatía social desaconsejable en un momento de creciente sensibilidad. Y esta semana hubo dos episodios en esa línea.
El primero, cuando en el discurso en la Fundación Libertad se ubicó él mismo como al que peor le fue en materia económica desde que asumió porque se congeló su propio sueldo. Es verdaderamente un ejemplo el de Milei, porque ningún presidente antes había adoptado semejante medida. Pero ese mensaje que fue un activo simbólico de austeridad en la primera etapa de su gestión, hoy puede lucir excesivamente autorreferencial frente a una sociedad que demanda que le presten atención a sus propios padecimientos y que le den respuestas a sus preocupaciones más cercanas.
El mismo razonamiento apareció detrás del video oficial por el Día del Trabajador, en donde a través de la animación de un Milei en modo Lego se hace un reconocimiento a su esfuerzo por reconstruir un mapa de la Argentina que estaba despedazada. Otra vez, el protagonista es él, pero no hay un reconocimiento a todos los trabajadores del país, que sienten que están haciendo un sacrificio muy grande. En su retórica, Milei habla siempre de la Argentina, no se dirige a los argentinos (excepto cuando quiere diferenciar a los “argentinos de bien”). No es una sólo una diferencia semántica, es un abismo empático.
Se trasluce una dificultad para interpretar el trasfondo más profundo de ciertos sentimientos impregnados en amplios sectores sociales, incluso entre votantes de Milei. En varios focus group surge con nitidez entre los consultados una demanda por ser comprendidos y reconocidos en su esfuerzo.
Aparece la idea de que Milei es el instrumento que despeja las restricciones (salida del cepo, apertura comercial, desregulaciones), pero que el sujeto central del cambio no es él, sino cada persona. El Presidente transmite un empoderamiento de la individualidad que la sociedad valora, pero que interpreta en clave personal. Milei dejó de ser un ciudadano más, que encarna el enojo de los desencantados. Ahora es quien debe dar las respuestas.
El 9 de abril pasado, Milei escribió un tuit en el que reconocía dificultades en el proceso de recuperación económica y, con cierta humildad, pedía paciencia para sostener el rumbo porque “cambiarlo sería dinamitar lo logrado”. Fue un mensaje que parecía sintonizar mejor el ánimo social que reflejan las encuestas, especialmente en los estratos más desfavorecidos.
En el trabajo de la consultora Atlas Intel que se conoció esta semana, que reflejó una desaprobación de casi dos tercios de la gestión del Gobierno, hay un dato muy significativo: el rechazo crece a medida que se desciende en la escala de ingresos. Mientras entre los que ganan más de $3 millones mensuales la imagen mala o muy mala es de 39,9%, entre los que perciben de $1 millón a $1,5 millón es de 59,3%, y entre los que están debajo de $630.000 es de 77,1%. Hay una narrativa del sufrimiento que se construye desde abajo y que no llega a ser encarnada ni por los movimientos sociales, ni por los gremios ni por la dirigencia política.
Si se comparan estos números con los de la elección de 2023, en términos generales podría decirse que hay un tercio de la población que siempre rechazó el proyecto libertario, un tercio que siempre lo apoyó y un tercio que se está desplazando del acompañamiento al Gobierno a la desilusión. Pero este tercio que se corre, no va al peronismo ni a otra fuerza opositora. Se amontona en un valle de desencanto. Carece de proyecto. Es una representación vacante.
Pablo Knopoff, de Isonomía, apunta a que ese tercio intermedio “acompaña el rumbo económico general, pero no está satisfecho con el Gobierno. Son argentinos que se ajustaron y están padeciendo, y que ahora le demandan resultados a Milei. Pero fundamentalmente no quieren volver para atrás. Hay más argentinos interpelados por el rumbo que por los nombres. El rumbo que tomó Milei es más grande que Milei mismo”.
Claro que después hay que determinar qué es el “rumbo”, porque es un término polisémico como “cambio”, que fue la palabra fetiche en la última elección presidencial. Puede expresar muchas cosas al mismo tiempo y generar confusiones. Pero ambas expresiones comparten una lógica en común: son términos refractarios al “pasado”. Es decir, hay dos tercios de los argentinos que expresamente están buscando una manera de verbalizar una idea de futuro, algunos que piensan que lo están logrando con Milei al frente, y otros a los que les resulta insuficiente. Quien interprete esa demanda vacante, habrá encontrado una sintonía perdida con un sector importante de la sociedad.
El propio líder libertario todavía está a tiempo de recuperarla, si logra reinventarse como una figura que interprete y que encarne ese sentimiento mayoritario, como hizo en 2023. Ya no como el outsider rupturista, excéntrico y disruptivo, sino como un presidente comprensivo y confiable que sabe marcar el camino aún en momentos de incertidumbre. Sería la reinvención de Milei.
enojado porque La Nacion reveló su contenido,El 9 de abril pasado, Milei escribió un tuit,Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Denuncian 220 despidos en una empresa de transporte en la que el hijo menor de Hugo Moyano era delegado gremial
Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución para la cervecería Quilmes, entró en cesación de pagos y cerró sus puertas. Por este motivo, el Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió sobre 220 despidos, entre ellos, el de Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero y quien oficiaba de delegado gremial en la compañía con un sueldo mensual de 2,2 millones de pesos a noviembre del año pasado.
El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales. En cada paritaria, es un clásico el apretón de manos entre ellos. Aguilar no respondió a la consulta de , pero desde su entorno confirmaron que la empresa ingresó en cesación de pagos.
La empresa no habría podido hacer frente al último incremento salarial y adeudaría también el pago del medio aguinaldo, según informaron fuentes gremiales. El último acuerdo salarial sellado del Sindicato de los Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector fue de 10,1% en seis tramos mensuales: marzo, 2%; abril, 1,8%; mayo, 1,7%; junio, 1,6%; julio, 1,5%, y agosto, 1,5%. Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000.
El Sindicato de Camioneros denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo. Según informó el sindicato en un comunicado, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.
El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, exigió hoy a través de las redes sociales que la Cervecería y Maltería Quilmes “garantice el pago de las indemnizaciones correspondientes y disponga la inmediata reubicación de los trabajadores afectados en las empresas que continúan prestando servicios para la compañía”.
Jerónimo Moyano, de 27 años, fue contratado en 2023 en la empresa Express Beer. En paralelo a su tarea en la compañía como delegado gremial, el menor del clan hace de secretario privado de su padre, ocupa un cargo en la Federación Nacional de Camioneros por el que viaja por el país y además está contratado a sueldo en las empresas que tiene su madre, Liliana Zulet, y que prestan servicios al sindicato.
“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa en noviembre del año pasado, cuando dio detalles sobre los vínculos de Aguilar, el empleador, y el sindicato.
Jerónimo Moyano,Hugo Moyano,Conflicto gremial,Conforme a,Hugo Moyano,,En caída. Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social de los camioneros,,Operación millonaria. Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Massa,,Deuda millonaria. Hugo Moyano convoca a una reunión por la crisis financiera de la obra social de los camioneros
POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros
El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.
El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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POLITICA
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros
El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.
La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.
Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.
El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.
Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal
Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.
Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.
Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.
Impacto sobre el consumo y percepciones sociales
La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.
La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.
COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.
Propuestas de la industria y alternativas regionales
COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.
La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.
Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.
Escenario legislativo y transición normativa
La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.
El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.
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