POLITICA
La reinvención de Milei

La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso dejó una serie de imágenes emblemáticas, explicaciones pobres sobre su patrimonio y una sensación de puesta en escena donde cada uno de los actores tenía un rol, que cumplió sin desvíos. El funcionario se ciñó al guion que había diseñado con su equipo y el de Karina Milei, más el aporte del ala de Santiago Caputo y su extensión en Legal y Técnica. Martín Menem, junto con los referentes del bloque libertario, se ocuparon de que los diputados no exacerbaran los ánimos y que la militancia en los palcos no entrara en la riña y el griterío.
El Presidente arrastró a todo el gabinete para darle su apoyo político. Incluso la oposición peronista se mostró mayoritariamente moderada, en un evidente intento por esquivar la actitud sediciosa que mostró en otras sesiones sensibles. Hay unanimidad en el oficialismo en que el objetivo se logró: Adorni no sufrió sobresaltos en una sesión en la que no había nada para ganar, y la prioridad era evitar un traspié que agravara su situación. Hacía mucho tiempo que no estaban todos tan ordenados en el oficialismo detrás del mismo objetivo.
Sin embargo, detrás de la escenografía montada, quedaron en evidencia dos realidades que explican las tensiones que invadieron al poder libertario en el fatídico bimestre marzo-abril. La primera de ellas estuvo simbolizada en el hecho de que por primera vez el Gobierno, con Milei al frente, concurre al Congreso a dar explicaciones, no a exigirlas. El mismo Presidente que evitó hablar en su recinto al asumir y prefirió darle la espalda, ahora fue voluntariamente a respaldar a su funcionario frente a lo que él había definido como “nido de ratas”.
Y en este cambio de papeles aparece una dificultad natural, porque Milei irrumpió en la escena política para interpelar, para señalar a la casta, para encarnar el profundo descontento social con una dirigencia incapaz de trazar un horizonte de progreso. No es una figura preparada para explicar, para convencer, para hacer docencia. El grito y el insulto son instrumentos ofensivos; si se utilizan para la defensa son menos eficaces.
Esa mutación de roles surge de las dificultades que enfrenta el Gobierno en los dos mandatos principales que recibió al asumir el poder: recomponer la economía y sanear moralmente la política. El repunte inflacionario y Adorni pusieron en peligro esa narrativa. Pero fundamentalmente colocaron a la gestión libertaria en el centro de la agenda, en el foco de la discusión.
Pierde fuerza el debate sobre el desastre económico heredado del último gobierno peronista y cobran más relevancia los interrogantes sobre el plan de Milei y Luis Caputo. La astronómica corrupción kirchnerista con las obras públicas y las valijas de dólares ya parece sorprender menos, y le cede protagonismo a las pequeñas manualidades contables con departamentos en Caballito y créditos hipotecarios del Banco Nación. El eje empieza a rotar del pasado al presente. El Gobierno había sido exitoso hasta la elección de octubre en mantener el concepto “seguir para adelante o volver para atrás” como la consigna que definía el voto. El pasado actuaba como vector ordenador. Ahora esa lógica está cambiando porque hay que explicar el presente.
Estos giros mantienen tensionado a un Gobierno que ha hecho de la inestabilidad un modo de gestión. Vive en una montaña rusa constante que cambia de sentido cada dos o tres meses, y oscila todo el tiempo entre momentos de éxitos y gratificaciones, y períodos de turbulencia y desconcierto.
El ministro Caputo fue quien expuso la necesidad de un rápido acuerdo político que galvanizara el plan económico y mostrara una señal de contundencia que convenciera al mercado de que el rumbo no sólo es correcto, sino que es compartido con un grupo de gobernadores y una mayoría del Congreso. Lo hizo en una reunión de la mesa política de hace un mes, pero después, enojado porque reveló su contenido, comunicó a sus pares que no concurriría más por entender que el ámbito no era lo suficientemente reservado (curiosa reacción, porque en las redes había dicho que la información era falsa). De hecho no volvió a participar.
El día de esa reunión fue Karina Milei quien expresó su disidencia y dijo no estar dispuesta a ir a un acuerdo general con los gobernadores, sin candidaturas propias en las provincias. Es la postura que mantiene desde el armado electoral del año pasado. Ese contrapunto entre el ministro y la secretaria general no se resolvió. Incluso en las últimas semanas hubo versiones dentro de la propia Casa Rosada de que el vínculo entre ellos se había enfriado en forma más notoria desde entonces. El Presidente, como hace habitualmente frente a los rumores que afectan a los que aprecia, reforzó sus gestos públicos hacia Caputo.
Pero más allá del juego de las relaciones personales (que en este Gobierno son más gravitantes de lo recomendable), la conversación quedó obturada hace un mes y no tuvo ninguna evolución. “Toto buscó abrir un debate interno, pero el resultado fue que Karina se cerró inmediatamente. No está dispuesta a darle aire a esa discusión porque entiende que la definición de la política es su territorio”, resumió alguien que siguió de cerca esa interacción.
En el Gobierno germina un optimismo, cargado de deseo pero al mismo tiempo con cierto fundamento, de que a partir de mayo podrá recuperar el control de la agenda perdida. En parte porque piensan que tras la presentación en el Congreso Adorni va a poder regresar a la vida civil (aunque políticamente devaluado), y que eso les va a permitir retomar una dinámica más activa, tanto en la gestión diaria como en la visibilidad pública, por ejemplo para que los ministros vuelvan a la televisión, de la cual se apartaron para evitar hablar siempre del mismo tema.
En paralelo, las consultoras privadas prevén un claro descenso de la inflación en abril (según Equilibra estaría en 2,4%), lo que le permitiría al Gobierno retomar esa bandera desde un enfoque virtuoso. También se espera el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, con lo cual el panorama cambiario se mantendría bajo control. Y en el plano legislativo buscan dinamizar algunos proyectos en el Congreso, como la reforma electoral (admiten que no tienen número para la eliminación de las PASO, y está en duda si tienen los votos para modificarla y quitarle la obligatoriedad), el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” y los pliegos de los jueces. Acción y buenas noticias para dar vuelta la página del bimestre aciago.
La segunda realidad que quedó en evidencia en la sesión del último miércoles, muy vinculada con la primera, es que Milei atraviesa un momento de particular agitación. Desde hace semanas quienes más lo conocen admiten que tiene menor disposición al diálogo y a la escucha, que está más encerrado y también más irascible. Algunos personajes que compartían su afecto dejaron de frecuentarlo. “Javier de golpe está bien, y de pronto le agarra un enojo violento. No entiendo por qué se le enciende tanto odio, como si fuera una reacción de impotencia o de bronca muy fuerte”, lo describe una figura central del staff libertario que mantiene trato frecuente con él, y que detectó el cambio de humor presidencial.
Para algunos miembros del oficialismo responde precisamente a la imposibilidad de mostrar los resultados que desearía en materia económica. Otros, en cambio, lo atribuyen a la mutación de su entorno (la salida del componedor Guillermo Francos, el desgaste de Santiago Caputo), que ahora quedó determinado casi exclusivamente por su hermana Karina, sin otro contrapeso.
En público se vieron algunos retazos de ese Milei iracundo. Su breve pero violenta agresión a los periodistas cuando se retiraba el miércoles del Congreso fue una exhibición de la carga emocional que arrastra. Casi sin preámbulo los enfrentó con sus insultos preferidos: “chorros” y “corruptos”.

Pero el problema de fondo no es sólo que se expone más intolerante en cada mensaje público, sino que al mismo tiempo empieza a exteriorizar una falta de empatía social desaconsejable en un momento de creciente sensibilidad. Y esta semana hubo dos episodios en esa línea.
El primero, cuando en el discurso en la Fundación Libertad se ubicó él mismo como al que peor le fue en materia económica desde que asumió porque se congeló su propio sueldo. Es verdaderamente un ejemplo el de Milei, porque ningún presidente antes había adoptado semejante medida. Pero ese mensaje que fue un activo simbólico de austeridad en la primera etapa de su gestión, hoy puede lucir excesivamente autorreferencial frente a una sociedad que demanda que le presten atención a sus propios padecimientos y que le den respuestas a sus preocupaciones más cercanas.
El mismo razonamiento apareció detrás del video oficial por el Día del Trabajador, en donde a través de la animación de un Milei en modo Lego se hace un reconocimiento a su esfuerzo por reconstruir un mapa de la Argentina que estaba despedazada. Otra vez, el protagonista es él, pero no hay un reconocimiento a todos los trabajadores del país, que sienten que están haciendo un sacrificio muy grande. En su retórica, Milei habla siempre de la Argentina, no se dirige a los argentinos (excepto cuando quiere diferenciar a los “argentinos de bien”). No es una sólo una diferencia semántica, es un abismo empático.

Se trasluce una dificultad para interpretar el trasfondo más profundo de ciertos sentimientos impregnados en amplios sectores sociales, incluso entre votantes de Milei. En varios focus group surge con nitidez entre los consultados una demanda por ser comprendidos y reconocidos en su esfuerzo.
Aparece la idea de que Milei es el instrumento que despeja las restricciones (salida del cepo, apertura comercial, desregulaciones), pero que el sujeto central del cambio no es él, sino cada persona. El Presidente transmite un empoderamiento de la individualidad que la sociedad valora, pero que interpreta en clave personal. Milei dejó de ser un ciudadano más, que encarna el enojo de los desencantados. Ahora es quien debe dar las respuestas.
El 9 de abril pasado, Milei escribió un tuit en el que reconocía dificultades en el proceso de recuperación económica y, con cierta humildad, pedía paciencia para sostener el rumbo porque “cambiarlo sería dinamitar lo logrado”. Fue un mensaje que parecía sintonizar mejor el ánimo social que reflejan las encuestas, especialmente en los estratos más desfavorecidos.
En el trabajo de la consultora Atlas Intel que se conoció esta semana, que reflejó una desaprobación de casi dos tercios de la gestión del Gobierno, hay un dato muy significativo: el rechazo crece a medida que se desciende en la escala de ingresos. Mientras entre los que ganan más de $3 millones mensuales la imagen mala o muy mala es de 39,9%, entre los que perciben de $1 millón a $1,5 millón es de 59,3%, y entre los que están debajo de $630.000 es de 77,1%. Hay una narrativa del sufrimiento que se construye desde abajo y que no llega a ser encarnada ni por los movimientos sociales, ni por los gremios ni por la dirigencia política.
Si se comparan estos números con los de la elección de 2023, en términos generales podría decirse que hay un tercio de la población que siempre rechazó el proyecto libertario, un tercio que siempre lo apoyó y un tercio que se está desplazando del acompañamiento al Gobierno a la desilusión. Pero este tercio que se corre, no va al peronismo ni a otra fuerza opositora. Se amontona en un valle de desencanto. Carece de proyecto. Es una representación vacante.
Pablo Knopoff, de Isonomía, apunta a que ese tercio intermedio “acompaña el rumbo económico general, pero no está satisfecho con el Gobierno. Son argentinos que se ajustaron y están padeciendo, y que ahora le demandan resultados a Milei. Pero fundamentalmente no quieren volver para atrás. Hay más argentinos interpelados por el rumbo que por los nombres. El rumbo que tomó Milei es más grande que Milei mismo”.
Claro que después hay que determinar qué es el “rumbo”, porque es un término polisémico como “cambio”, que fue la palabra fetiche en la última elección presidencial. Puede expresar muchas cosas al mismo tiempo y generar confusiones. Pero ambas expresiones comparten una lógica en común: son términos refractarios al “pasado”. Es decir, hay dos tercios de los argentinos que expresamente están buscando una manera de verbalizar una idea de futuro, algunos que piensan que lo están logrando con Milei al frente, y otros a los que les resulta insuficiente. Quien interprete esa demanda vacante, habrá encontrado una sintonía perdida con un sector importante de la sociedad.
El propio líder libertario todavía está a tiempo de recuperarla, si logra reinventarse como una figura que interprete y que encarne ese sentimiento mayoritario, como hizo en 2023. Ya no como el outsider rupturista, excéntrico y disruptivo, sino como un presidente comprensivo y confiable que sabe marcar el camino aún en momentos de incertidumbre. Sería la reinvención de Milei.
enojado porque La Nacion reveló su contenido,El 9 de abril pasado, Milei escribió un tuit,Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
El Gobierno planea reducir los juzgados federales que investigan las causas de corrupción

El nuevo Poder Judicial que diseña el Gobierno de Javier Milei planea reducir de 12 a 8 los juzgados federales de Comodoro Py y no cubrir las cuatro vacantes que hay actualmente, según anticiparon a fuentes que están al tanto de las negociaciones en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura.
Esta idea es similar a la que tiene el Gobierno para la Cámara Federal de Casación Penal donde también hay cuatro vacantes, con concursos avanzados, pero la intención de la Casa Rosada es dejarlas sin cubrir y reducir el tribunal de 13 a 9 jueces.
Este cambio en la arquitectura del Poder Judicial va mucho más allá de los cálculos matemáticos y de las necesidades de optimizar los recursos, sino que es una modificación en la distribución del poder.
La primera razón para reducir la estructura de los juzgados federales de Comodoro Py es la disminución de la cantidad de causas en trámite.
Los jueces federales porteños intervienen en los casos que implican a funcionarios públicos nacionales en asuntos de corrupción, en narcotráfico, trata de personas, y asuntos de terrorismo y lavado de dinero.
Pero los expedientes disminuyeron. La estadística oficial de la Corte Suprema de Justicia señala que los expedientes que ingresan por año a la Cámara Federal son 1602. Es decir 800 por sala, unos 70 por mes por sala contando las vacaciones.
En primera instancia existen 12 juzgados federales. Por lo tanto, las causas en trámite, si bien algunas muy complejas y voluminosas, se reducen a un centenar por cada juzgado.
El contraste es mayor cuando estos juzgados tienen una dotación de empleados que, en algunos casos, es cuatro veces mayor que en otros tribunales, según dijeron fuentes judiciales.
La otra cuestión tiene que ver con cómo se distribuye el poder en la primera instancia de Comodoro Py. Los jueces federales eran seis hasta que, en los noventa, comenzaron las investigaciones de las causas de corrupción contra Carlos Menem. Allí se activó una reforma para diluir el poder de estos jueces.
Menem duplicó la cantidad de juzgados de 6 a 12, nombró nuevos jueces y fiscales, elegidos por su cercanía y confianza, y ascendió a los viejos jueces a camaristas, para que sean menos molestos.
Así surgieron los 12 juzgados federales de Comodoro Py y los jueces se convirtieron en poderosos magistrados que decidían sobre la libertad y la hacienda de los funcionarios, siempre con aceitados vínculos con el poder político y económico.
Se perpetuaron como los “jueces de la servilleta”, llamados así porque supuestamente el exministro menemista Carlos Corach decidió sus nombres anotándolos en una servilleta en un bar, según denunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
La mayoría de los jueces 4 X 4 de los noventa, conocidos así por su camionetas estacionadas en el playón de Comodoro Py, ya fueron removidos, renunciaron o se jubilaron. Sobrevivieron Claudio Bonadio -fallecido en 2020 ocupando su cargo- y María Servini.
En los 2000, los servicios de inteligencia comenzaron a tener incidencia sobre los jueces federales de primera instancia. Durante el kirchnerismo, el poder judicial de Comodoro Py circuló entre los canales que comunicaban al espionaje con los magistrados. Así fue hasta que el poderoso jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, rompió con Cristina Kirhchner.
Actualmente hay cuatro vacantes entre los juzgados federales. Permanecen en sus cargos María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.
Dejaron sus cargos en los últimos años Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, que se jubilaron; Sergio Torres, que fue designado en la Suprema Corte bonaerense, donde es presidente y Claudio Bonadio, que falleció.
A pesar de los concursos en marcha en el Consejo de la Magistratura para cubrir estas vacantes, hay ideas en el Gobierno, en el Consejo de la Magistratura y en el Congreso para dejar todo como está.
Se trataría de modificar la ley de organización de la justicia federal y cambiar la cantidad de juzgados, como se piensa que podría suceder con la Cámara Federal de Casación Penal, donde los camaristas prefieren quedarse como están, con nueve integrantes, sin cubrir las vacantes.
No todos están de acuerdo con esta solución, que sirve para concentrar poder entre los jueces que ya están y relegan a los que podrían ingresar.
“Hay cargos que son los mas importantes en términos institucionales en la justicia federal, que no se concursan porque ponen gente amiga: eso esta mal, es una deficiencia muy grande”, dijo a una fuente judicial, que no mira con buenos ojos la gestión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py se asimilan a singlistas, tenistas que hacen su juego, según la metáfora más elegante con la que uno de ellos se describió a sí mismo.
Con mayor grado de malevolencia, en la política prefieren hablar de jueces “guiados por el darwinismo”, donde cada uno lucha por sus objetivos, contratos, cargos, apadrina a algún candidato, o posiciona a sus allegados, como ocurrió con la esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de San Martín.
Los 8 jueces federales en funciones actúan de manera casi aislada. Quedaron atrás los años en que Ariel Lijo era quien nucleaba a la mayoría y su despacho se convertía en la sede de reuniones entrado el mediodía, donde se ponían de acuerdo.
Lijo, tras su fallido intento por ser juez de la Corte, regresó a su juzgado y al que subroga, donde concentra la mayor cantidad de causas de corrupción que afectan al Gobierno de Javier Milei.
No volvió a ser el delegado de los jueces federales, pero todos le reconocen su cintura política y su llegada con sector del caputismo en la interna del Gobierno coloca a todos de un lado o del otro de Karina Milei.
El juez más cercano a Lijo es Marcelo Martínez de Giorgi, sobre quien pesa la influencia de Antonio Stiuso.
Sebastián Ramos y Capuchetti hacen la suya, al igual que María Servini, que con sus 89 años sigue tomando decisiones en las causas que tramitan en su juzgado.
Lijo es el juez federal más cercano a la magistrada y Ramiro González, el fiscal federal en quien se confía.
Con el agravante de que el juez Daniel Rafecas tiene pensado dejar su cargo para ir a la Cámara Nacional de Casación Penal.
Concursó y salió primero, con lo que si avanzan ese concurso su anhelo es concluir su carrera como camarista, con un ascenso, colegas profesores universitarios como él, y regresando a la justicia ordinaria, donde hizo sus primeros pasos como pinche, dijeron a cerca del juez.
Se decía lo mismo de Julián Ercolini, pero el juez federal no está pensando en irse, dijo uno de sus colaboradores a . Solo presentó un recurso judicial para asegurarse poder jubilarse, cuando corresponda, con las mismas condiciones que regían antes de 2020, cuando cambió la ley.
“Hoy no hay jefes en Comodoro Py”, dice un magistrado que trabaja en ese edificio, y recordaba que hace cinco años, Ramos, Rodríguez y Martínez de Giorgi hacían tandem por un lado y Bonadío, Ercolini y Lijo por el otro.
Quien tenía ascendencia en las conversaciones de este segundo grupo era Martín Irurzun, histórico juez de la Cámara Federal y por encima de todos Ricardo Lorenzetti en la Corte.
Hoy todo cambió y el Gobierno está trabajando para reconfigurar también la Cámara federal. El Consejo de la Magistratura votó en la Comisión de Selección las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados hace 10 años. Ahora las debe votar el plenario y el Poder Ejecutivo debe enviar a un candidato de esas ternas al Senado para que le dé acuerdo.
El deseo del Gobierno es enviar el pliego de Pablo Yadarola, juez en lo penal económico cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y al propio Bertuzzi, que concursó para su cargo. Sus pliegos podrían estar en el Senado despues de las vacaciones de invierno.
El tercer hueco en la Cámara Federal es el que dejaría Martín Irurzun el 18 de julio cuando cumpla 75 años. El Poder Ejecutivo no envió su pliego al Senado para ampliar su acuerdo por cinco años, por lo que actualmente no darían los tiempos para revalidar su designación.
Así habría una tercera vacante en ese tribunal con la que el gobierno de Milei cuenta para reconfigurar el Poder Judicial.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El mapuche Jones Huala inició la tercera huelga de hambre desde que está detenido en Rawson

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala inició la tercera huelga de hambre desde que está detenido en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel y mejores condiciones de detención.
El mapuche está alojado desde junio de 2025 en esa unidad penitenciaria federal, bajo la figura de prisión preventiva, imputado en una causa por presunta asociación ilícita.
En octubre del año pasado inició una medida de fuerza similar, con los mismos planteos, aunque la abandonó poco después, como gesto de acompañamiento a Juan Pablo Colhuan, otro dirigente mapuche que fue detenido tras permanecer prófugo durante cinco años y fue alojado junto a Jones Huala, en la misma dependencia carcelaria.
En marzo de este año Colhuan, líder de la comunidad Lafken Winkul Mapu- que usurpó tierras públicas y privadas en Villa Mascardi hasta 2022- recuperó la libertad tras recibir una condena en suspenso de 2 años y medio por los delitos de usurpación e irrupción en un predio mediante el uso de un arma de fuego.
Tras su liberación, Jones Huala decidió retomar su reclamo para exigir su traslado a la U14 de Esquel, una cárcel de seguridad media que está a 250 kilómetros de Bariloche, donde reside su familia.

En octubre de 2025, cuando inició la última medida de fuerza similar, el juez Federal Gustavo Zapata le concedió esa derivación y solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que gestione un cupo para alojarlo en ese centro penitenciario. Sin embargo, funcionarios nacionales de esa cartera, que cumplen funciones en la Dirección General de Régimen Correccional – confrontaron al magistrado y rechazaron su traslado, atribuyendo razones de seguridad. El juez no insistió y la derivación quedó trunca.
El listado de planteos que elevó el mapuche contempla “condiciones laborales dignas, juicio justo y debido proceso y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuches”.
Solicitó también eliminar del listado de organizaciones terroristas que confeccionó el gobierno central a todas las lof y organizaciones mapuches.
Jones Huala denunció que sufre “pésimas condiciones de detención” y que las nuevas autoridades de ese centro penitenciario le impiden realizar sus prácticas y ceremonias tradicionales.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que ejerce la defensa del mapuche en el proceso actual, denunció que desde que “desde que inició la medida de fuerza, el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), comenzó a hostigarlo”.
“Es una medida de fuerza para reclamar por las distintas injusticias y vulneraciones de sus derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno Argentino”, denunciaron los letrados.
El escrito del mapuche, que fue elevado al Juzgado Federal de Bariloche para argumentar su decisión, “fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.
“Ni falta nos hace explicar que las comunicaciones de un detenido con un juzgado (particularmente aquel que lleva la causa por la que está detenido) son inviolables y su interferencia supone una grave violación del derecho de defensa en juicio”, denunciaron.
En junio, la Justicia Federal convocará a Jones Huala a una nueva audiencia para determinar si continúa detenido bajo el régimen de prisión preventiva o si le otorga libertad condicional, tal como solicitó su defensa en reiteradas ocasiones.
En las últimas audiencias trimestrales, la Fiscalía Federal rechazó que el mapuche sea liberado. En la parte inicial del proceso pidió encuadrar el caso como investigación compleja, por la que podría permanecer hasta 2 años detenido con preventiva, logrando el aval de Zapata.
La representante del Ministerio Público Fiscal admitió que la investigación para incriminar al mapuche tiene pocos avances y la recopilación de pruebas en su contra “es una tarea compleja”.
POLITICA
Marcha universitaria el 12 de mayo: reclaman actualización salarial y más presupuesto

Las universidades públicas nacionales de la Argentina atraviesan una nueva etapa de conflicto con el Gobierno nacional. El reclamo de fondos para gastos administrativos y la actualización salarial a tono con la inflación vuelve a estar en el centro del debate, con acciones y una marcha federal prevista para el 12 de mayo. La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), a través de su secretario general, Emiliano Cagnacci, planteó objeciones concretas al accionar del Ejecutivo.
El conflicto tiene como eje la demanda de fondos que los gremios universitarios consideran imprescindibles. Según precisó Cagnacci en Infobae en Vivo Al Amanecer, por un lado, exigen la actualización salarial de docentes y no docentes, quienes acusan una pérdida del 32% de su poder adquisitivo real.
Por otro, reclaman la actualización de las partidas de funcionamiento universitario para garantizar la continuidad de la actividad académica y becas estudiantiles. Cagnacci subrayó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea los rectores de las universidades públicas, advirtió en su plenario del 27 de marzo que se perdieron siete salarios comparando el último diciembre con la actualidad.
En el centro del reclamo se encuentra la denuncia de un incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la ley sancionada por el Congreso y respaldada por el Poder Judicial, que exige la actualización de salarios y gastos universitarios.
La reciente decisión de fijar el valor de la Beca Progresar en $35.000, equivalente al valor de diciembre de 2023, es otro punto de conflicto: “Yo quisiera saber quiénes de los que estamos acá, que tenemos hijos en edad de estar en la universidad, pueden sustentarse un mes con $35.000”, apuntó Cagnacci.

Salarios docentes y riesgo de vaciamiento académico
El impacto en los salarios docentes es uno de los focos clave de la problemática. Según Cagnacci, sólo en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, desde diciembre de 2023 hasta hoy, se perdieron 438 cargos docentes.
“Desde el inicio de diciembre de 2023, el inicio de la llegada del gobierno de Milei a hoy, sólo en esa facultad se perdieron 438 cargos docentes, docentes que decidieron renunciar en función de la baja salarial”, afirmó.

El máximo cargo jerárquico, el de profesor titular, sin antigüedad, apenas supera el $1.500.000 de bolsillo: “La canasta básica de pobreza para el mes de marzo, que el propio INDEC marcó, es de un $1.434.000 para una familia tipo. Yo quisiera saber ¿qué profesional con 1.500.000 dedicándose exclusivamente a la docencia puede subsistir investigando, generando extensión y estando al frente de las aulas?”, preguntó Cagnacci.
En el extremo opuesto, un ayudante de primera simple obtiene $270.000 de bolsillo y un ayudante de segunda, categoría para estudiantes avanzados, recibe $140.000. “¿Qué estudiante avanzado puede querer proyectarse en la docencia universitaria cuando el salario que hoy le estamos ofreciendo como sociedad para esa función es de $140.000? Seguramente ninguno”, sentenció.

La situación de los no docentes y el deterioro del sistema universitario
La brecha salarial también afecta a los trabajadores no docentes. “Si voy al salario no docente, el promedio en la Universidad de Buenos Aires, el salario no docente es la categoría cinco. En esa categoría cinco, por grilla salarial, no llega al $1.000.000 de bolsillo con la garantía salarial. La canasta básica, dije $1.434.000 medida por el INDEC”, precisó el secretario general de ADUBA. Cagnacci subrayó la diversidad de funciones abarcadas en la categoría: desde administrativos hasta personal de hospitales universitarios.
El conflicto se agrava por la ausencia de negociaciones formales: “El último llamado a paritaria, de este gobierno, tanto docente como no docente, fue en el segundo semestre del 2024. Ya vamos un año y medio sin un llamado formal incumpliendo los convenios colectivos”, alertó.

Las consecuencias no sólo se ven en la reducción de cargos docentes sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades y el deterioro general de su infraestructura y servicios, incluyendo becas, investigación y extensión universitaria.
La marcha federal universitaria está prevista para el 12 de mayo, con cita confirmada a las 17 horas en la Plaza de Mayo.
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