POLITICA
Los movimientos sociales admiten su retroceso bajo el gobierno de Milei, pero buscan un resurgimiento en las calles

Combatidos por el Gobierno, los movimientos sociales admiten que perdieron militantes y capacidad de movilización durante la era de Javier Milei. No obstante, sostienen que su presencia en todo el país se mantiene y, en algunos casos, se arriesgan a vaticinar un crecimiento de sus filas al calor de las dificultades económicas que le endilgan al programa oficialista. Es la mirada que surge en las principales agrupaciones, como el Polo Obrero, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
En el Polo Obrero, se combinan la aceptación de una merma en su poder de movilización con una certeza sobre su crecimiento futuro. “Calculamos que podemos estar siendo alrededor de 15.000 a 17.000 compañeros. Fuimos muchos más. Todas las organizaciones sufrimos un retroceso, producto de la política criminalizadora, judicializadora y represora del gobierno de Milei”, afirma Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, a .
“En cuanto a comedores, estamos en alrededor de 1300. Llegamos a tener casi 3000. Hubo un retroceso, al haber sacado los alimentos definitivamente, en contra de un fallo judicial que tuvo la señora [ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello y no cumplió. Sacaron todos los alimentos y muchos comedores dejaron de estar abiertos porque no tenían qué ofrecerle a la gente que va. Ha subido la cantidad de gente que va a comer, aunque haya menos comedores”, señala Belliboni.
A pesar de la retracción que admite, el líder del Polo Obrero (brazo piquetero del Partido Obrero) subraya que “el movimiento piquetero empieza otra vez a organizarse fuertemente, como ya ocurrió el último 7 de abril, cuando miles de personas salieron a la calle, con casi 80 organizaciones piqueteras que retomaron una unidad fundamental y cortaron en 100 puntos del país”.
“El discurso oficial sobre el combate a los movimientos piqueteros está muy claro y eso es lo que muestra que el Gobierno, en las causas que nos sigue, tiene un argumento político, no jurídico”, resalta Belliboni. El dirigente del Polo Obrero está procesado en un expediente que ya fue elevado a juicio oral, en el que se lo acusa, junto a otros dirigentes sociales, por un presunto desvío de fondos destinados a la ayuda social y extorsión a beneficiarios de planes.
Según indica una fuente de la administración libertaria a , en el Gobierno no cuentan con registros sobre la cantidad de militantes por organización ni de comedores pertenecientes a cada movimiento social.
El presidente Milei se refirió en numerosas ocasiones a los movimientos sociales. En su discurso del 1º de marzo, para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, subrayó que, en su gestión “la AUH [Asignación Universal por Hijo] aumentó un 492,9% respecto al valor heredado en 2023”, que se incorporó a la AUH a “600.000 chicos”, que se incrementó en “137,5% la Prestación Alimentar”, y que se elevaron “más de 500% las becas Primera Infancia y más de 1100% la prestación primeros Mil Días”. También subrayó que los piquetes “pasaron de 9000 por año a cero”.
En el Movimiento Evita, organización social clave dentro del peronismo, también admiten una reducción de su influencia. “La militancia sigue en todos lados. Lo que bajó bastante es la cantidad de gente que se moviliza, pero se sostienen el trabajo social, el apoyo escolar, los comedores. Lo que se retiró es lo que aportaba el Estado”, afirma Patricia Cubria, referente del Movimiento Evita y exdiputada provincial bonaerense.
Distribuidos en numerosas ramas, los militantes del Movimiento Evita son alrededor de 16.700. Desde la organización, aportan un desglose de esa cantidad aproximada a . Puntualizan que unos 5000 de sus integrantes se desempeñan como trabajadores de espacios públicos (feriantes, vendedores ambulantes en el transporte público, artistas callejeros, cuidacoches, parrilleros, entre otras ocupaciones); otros 1500 pertenecen al área de liberados (un grupo de personas que cumplieron una condena penal y hoy se desempeñan en cooperativas); son cerca de 3000 las mujeres que realizan tareas de cuidado de adultos mayores; cuentan con unos 300 productores de agricultura familiar y 200 de producción textil.
Otra pata del movimiento social peronista es la de sus frentes. Según informó la organización, este sector lo integran el frente estudiantil, en el que contabiliza unos 1500 estudiantes secundarios y universitarios; el Frente de a Mujeres Evita, con una cantidad similar de integrantes; el de juventud, con aproximadamente 3000 integrantes; los técnicos y profesionales, unos 200; el área de educación, también con alrededor de 200, y el Frente de Igualdad, que conforman unas 300 mujeres.
Desde el Movimiento Evita calculan, además, que funcionan unos 2000 comedores pertenecientes a la organización, que lo hacen “de forma intermitente”. Explican que “la demanda en estos centros siempre es mayor en la cantidad de gente que se acerca a pedir comida y menor en la capacidad de mantener el funcionamiento y dar de comer todos los días”.
Emilio Pérsico lidera el Movimiento Evita, una organización que tiene referentes como el actual secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, o Gildo Onorato, funcionario del gobierno de Axel Kicillof (está al frente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa).
La CCC, en tanto, admite la caída de la movilización y, en sintonía con otras agrupaciones, identifica un mayor flujo de personas que concurren a sus comedores. “En movilización, bajamos la cantidad. A los comedores viene un 30% más de gente”, aseveran desde la organización que tiene como referente al exdiputado nacional Juan Carlos Alderete y está vinculada políticamente el Partido Comunista Revolucionario (PCR). “Hay una baja en el grado de movilización debido a que la mayoría necesita hacer changas para subsistir”, argumentan.
dificultades económicas,Javier Fuego Simondet,Eduardo Belliboni,Movimiento Evita,Movimientos sociales,Conforme a,Eduardo Belliboni,,Extorsión y fraude. Cómo funcionaba el esquema de Belliboni para desviar fondos estatales, según el expediente elevado a juicio,,»Sos un delincuente». Un militante libertario agredió a Belliboni en un streaming y Guillermo Moreno se metió a separar,,Acusados de extorsión y fraude. La fiscalía pidió que enfrenten un juicio oral Belliboni y otros 17 dirigentes sociales
POLITICA
La política barrabrava exige resultados concretos

La velocidad con la que se producen y reproducen acontecimientos en la Argentina permite pasar por alto situaciones significativas y, sobre todo olvidarlas o darlas por superadas demasiado rápido. Javier Milei y su gestión comprenden como pocos esa dinámica de la era de la instantaneidad y la simultaneidad. Y la explotan al máximo.
La contraindicación, como siempre, está en el abuso de esa receta. La acumulación deja huellas que, salvo que se produzcan mejoras estructurales, terminan dándole relevancia a las formas y convirtiéndolas en problemas de fondo. Eso es lo que está afectando al Gobierno, además de los problemas reales y los resultados concretos del programa económico, que genera una Argentina cada vez más heterogénea y desigual, con perspectivas de profundizarse en la disparidad.
Lo sucedido el miércoles pasado en la Cámara de Diputados durante el informe de gestión del jefe de gabinete, Manuel Adorni, es un buen ejemplo, que podría entrar en el sobrecargado estante de las lesiones autoinflingidas con secuelas de largo alcance y merece volver a mirar algunas escenas.
En primer lugar, el Presidente no sólo expuso su imagen (en baja en la mayoría de las encuestas) en defensa de un funcionario bajo sospecha, que no terminó de aclarar ninguno de los interrogantes que dominan la agenda pública desde hace más de un mes sobre sus gastos suntuarios y su incremento patrimonial concretados durante los dos primeros años de gestión. Milei hizo más que eso.
Después de prometer la moral como política de Estado en ese mismo recinto hace apenas dos meses, la semana pasada oficializó la política barrabrava como metodología de conducción del Estado.
La llegada y la permanencia del Presidente en el Congreso, acompañado de su séquito de ministros, y los airados agravios con gestos agresivos, incluidos, que le dedicó a los adversarios y a los periodistas presentes que intentaron interrogarlo, lo asemejó demasiado a las escenas protagonizadas por los jefes de las hinchadas de fútbol. Nada más parecido resultó un por momentos desencajado primer mandatario a los líderes de las barras bravas cuando llegan la cancha secundados por sus aduladores coroneles o cuando se instalan sobre el paraavalanchas en el centro de la tribuna para hostigar a los rivales. Y alentar a los propios, hasta cuando se equivocan.
Las palabras en reconocimiento a la división de poderes y de respeto a las investigaciones judiciales, que expresó enfáticamente Adorni en su autodefensa y para no ofrecer ninguna prueba sobre el origen del dinero con el que solventó sus gastos, quedaron, así, ensombrecidas y desmentidas en la práctica.
La presencia dominante e intimidante del jefe del Poder Ejecutivo, rodeado de sus fanáticos ubicados en las barras y en las bancas, con sus ataques hacia los diputados de la oposición en la sede del Poder Legislativo fue una anomalía, aún en tiempos de incorrección política extrema, que subrayó el momento irascible del Presidente así como el aislamiento y la intolerancia dominantes en el oficialismo.
“Aunque hay certeza de que la economía va a mostrar mejoras y ya está habiendo indicios de eso, la inflación sostenida por encima del 2% desde hace 10 meses, más la caída de la actividad y el malestar social creciente, sumado a las peleas internas y las acusaciones por supuesta corrupción han generado un cambio en la dinámica del Gobierno y en el ánimo presidencial, que es imposible de ocultar. Adentro todo es mucho más tenso y más cerrado. Sobra la desconfianza y el miedo. Si nunca hubo mucho espacio para disenso hoy no hay ni un resquicio para disentir. Yo prefiero callar antes que exponerme como alguna vez lo hice”, revela un destacado integrante del oficialismo.
El funcionario es uno, no el único, de los que ha reducido sus contactos externos, cuida las palabras como si fueran criptoactivos y solo habla con interlocutores que podrían ser observados por los hermanos Milei (como los periodistas no militantes) en absoluta reserva y, obviamente, cuando no está en dependencias públicas. No es de extrañar. En las redes sociales y en las reuniones de gabinete el síjavierismo y el síkarinismo compiten con la adulación al líder, sin temor al exceso ni al ridículo. Aún de parte de algunos funcionarios y dirigentes con trayectoria y prestigio previo.
Ese contexto explica tanto las actitudes presidenciales, como las características de la presentación de Adorni en el Congreso. Descalificar a los contradictores y críticos, no dar mayores explicaciones, machacar con los pronósticos optimistas, insistir con la prédica dogmática, blindarse ante los cuestionamientos y forzar indicadores y cifras para que muestren rasgos positivos es lo que manda. Hasta que lleguen mejores vientos.
La utilización de cuadros con cifras de una consultora privada por parte de Milei en su larga exposición en la cena de la Fundación Libertad y no de indicadores oficiales fue observada por varios economistas como un ejemplo del recorte narrativo y del uso de las mediciones en beneficio propio. También su nulo relacionamiento con los invitados en un ambiente favorable resaltó la percepción de aislamiento que domina.
Así, los pronósticos de varias consultoras privadas de una caída de casi un punto en el índice de inflación de abril, que estaría en torno del 2,5%, es una buena noticia, que entona al equipo gobernante y será sobreexplotada por la propaganda oficialista, aunque no suficiente para aventar malestares ni para cambiar el malhumor social.
Ese clima ha ido deteriorándose centralmente por el desempeño de la economía, que ha afectado el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de los asalariados públicos (especialmente) y privados, sean éstos formales o informales. También por la destrucción de empleo en los centros más poblados o por la perspectiva de su destrucción.
El regreso de los aumentos de precios a los primeros lugares de las encuestas sobre los principales problemas del país y de los individuos, así como el sostenimiento de la pobreza y el empleo como preocupaciones centrales, junto con la corrupción tocan el meollo de la evaluación sobre la gestión del gobierno y la imagen presidencial.
Tanto los problemas económicos como la corrupción que en los dos primeros años del mandato mileísta se licuaban en la herencia recibida, ahora ya son imputados a Milei y su gestión, excepto por su núcleo duro de votantes. Además de su presento turbulento, el Gobierno ya tiene su propio pasado sobre el que se lo evalúa y debe rendir cuentas. En materia económica y en cuestiones de transparencia Milei y su equipo pusieron la vara a una altura que ahora le está costando demasiado alcanzar y la opinión pública se lo factura.
En ese sentido cobra valor la caída de 12% que registró frente al mes anterior en el índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), no solo por la magnitud de la diminución sino por ser la quinta caída consecutiva después del triunfo electoral de octubre pasado.
“El problema no es el nivel en el que está en el tercer año de su mandato, ya que es un poquito más bajo que el que tenían Néstor Kirchner y Mauricio Macri, a esta altura, y bastante más que el que tenían Cristina Kirchner en sus mandatos y Alberto Fernández. Lo que preocupa es la tendencia ”, destacó Carlos Gervasoni, profesor de la UTDT y a cargo del ICG en la Departamento de Política y Gobierno.
En este punto, Gervasoni advirtió el impacto adverso que está teniendo para el Gobierno el caso Adorni, además de la marcha de la economía. “Sorprende la tenacidad del Gobierno en sostenerlo, cuando está claro que esto va a pura perdida. Cuanto más tiempo pasa Adorni en el candelero, peor para el Gobierno. Y me sorprende que no haya actuado como frente a otros casos como aquel famoso [escándalo] de José Luis Espert o ahora el del funcionario del Ministerio de Economía [Carlos Frugoni, por su propiedades en el exterior no declaradas]”, subraya el politólogo.
“El esfuerzo se le está haciendo demasiado largo a muchos que inicialmente apoyaban al gobierno, aunque su situación personal no fuera positiva. Ahora eso está cambiando y está afectando las expectativas”, explica Lara Gorburo, directora de la consultora Management & Fit. Y en ese punto coincide con Gervasoni sobre el impacto que está teniendo la realidad sobre uno de los grandes activos del Gobierno, que eran las expectativas positivas a futuro de la mayoría sociedad, aún entre quienes no la estaban pasando bien.
El impacto de esas realidades medibles ha sido retroalimentadas por el ejercicio de la política barrabrava presidencial, después del paréntesis electoral en el que Milei se autoimpuso un bozal (parcial) para el insulto y la descalificación.
Con motivo del día mundial de la libertad de expresión, celebrado ayer, varios reportes, como el monitoreo de la Libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y el ránking de Reporteros sin Fronteras dieron cuenta del deterioro que este derecho fundamental ha tenido en la Argentina de Milei en sus dos primeros años de gestión y, muy especialmente, durante el año pasado.
El monitoreo de Fopea muestra que en 2025 se alcanzó el récord de agresiones a la libertad de prensa desde que existe ese registro, hace 18 años, y que el autor de 42% de los ataques fue el Presidente.
De esa manera, superó la cifra de ataques alcanzada durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2013, cuando el sueño de re-reelección empezó a chocar con el malestar económico y se topó con las revelaciones periodísticas sobre la ruta del dinero K y otros hechos de corrupción.
Ahora no solo resalta el número récord de ataques registrados sino que, por ejemplo, también se superó el número de acciones judiciales contra periodistas.
Por otra parte, un análisis de las 113.000 publicaciones propias y republicaciones efectuadas por Milei en la red X, efectuado por Fopea (Mileiinsultaenx.fopea.org) demuestra que una de cada siete contiene insultos, lo que lleva a un promedio de 60 posteos por día con agravios. Las categorías dominantes de esos insultos son la descalificación, la estigmatización y la animalización de sus destinatarios.
El Presidente justifica sus agravios e insiste en que sus pronunciamientos no son ataques a la libertad de expresión, sino que por, el contrario, él está ejerciendo ese derecho y que hay una relación asimétrica de la que es objeto. Esa posición, sin embargo, va en contra de toda la literatura sobre comunicación y política, así como de pronunciamientos judiciales y de organismos internacionales.
Las evidencias demuestran que la intolerancia a la crítica y el insulto a los contradictores se ha consolidado como política de Estado mucho más rápido y más consistentemente que la moral.
Numerosos miembros del Gabinete son consecuentes con esa práctica, tanto como se erigen en defensores del Presidente cuando la ejerce, en otra expresión cada vez más frecuente de la condescendencia (u obsecuencia) que reina en el equipo gobernante. “Solo para aclarar, la guerra hoy es del periodismo contra el gobierno, no viceversa”, publicó en X el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los edecanes principales del Presidente en su rol de jefe de la barra brava.
En ese contexto y en ese sentido se dio la presentación de Adorni en el Congreso en la que no perdió más reputación de la que ya había perdido por la falta de aclaraciones suficientes de sus gastos y adquisiciones desde que ingreso al Gobierno, aunque tampoco le sirvió para recuperar al menos una porción de la imagen desgastada.
No obstante, el jefe de Gabinete, aplaudido por Milei y el resto del gabinete, recuperó muy pronto su estilo altanero y desafiante, tal vez demasiado confiado en que no tropezó más allá de su negativa a dar explicaciones y mostrar pruebas. También convencido de que lo benefició el presunto espionaje del que habría sido víctima su esposa, a juzgar por el minucioso detalle de sus actividades que hizo el servicial diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, para denunciar que Bettina Angeletti había usado en salidas particulares la custodia y los móviles estatales asignados al funcionario.
El problema para Adorni es que aún si la opinión púbica supiera los más que cuestionables antecedentes y prácticas de Tailhade vinculados con el mundo del espionaje y los condenara, como debiera, también podría preguntarse y preguntarle respecto de otra supuesta utilización irregular de bienes públicos. Sobre eso tampoco dio respuestas. Además, habría otros gastos inepxlicados y difíciles de explicar para sus ingresos que estarían por revelerse.
La reaparición prometida para hoy del jefe de Gabinete ante los periodistas, con motivo de la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada, tras una semana de injustificable cierre, será una oportunidad para aclarar lo que sigue siendo demasiado opaco o para reafirmar la descalificación como política de Estado.
De insistir en la metodología de confrontación, deberá tener en cuenta que la política barrabrava también exige resultados para sostenerse. Y en este momento no sobran los casos de éxito para la afición descontenta.
Claudio Jacquelin,Conforme a
POLITICA
El Gobierno dio precisiones sobre el radar y la base en Tierra del Fuego: estado, funciones y próximos pasos

El Gobierno brindó nuevas precisiones sobre dos expedientes sensibles para su política de defensa y su relación con Estados Unidos: el radar de LeoLabs en Tolhuin y la Base Naval Integrada de Ushuaia. Se trata, en el primer caso, de una antena instalada en Tierra del Fuego por una empresa estadounidense que la firma presenta como parte de una red global de monitoreo del espacio para seguir satélites y desechos orbitales. Y el segundo caso es un proyecto estratégico de la Armada para reforzar la logística antártica y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
En el informe de gestión ante Diputados que brindó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Ministerio de Defensa sostuvo que el radar sigue sin estar operativo y aseguró que cualquier cooperación futura con otros países sobre la base fueguina se limitará “a los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes”. Esa aclaración buscó responder a las sospechas políticas que desde hace dos años rodean a ambos expedientes por su cercanía con Malvinas y por el creciente alineamiento con Washington.
El Ejecutivo brindó detalles sobre las capacidades operativas del radar, dejó asentado que la evaluación sigue abierta y que Defensa formulará una recomendación a la Jefatura de Gabinete con criterios “estrictamente técnicos, jurídicos y de resguardo de la defensa y el interés nacional”. No convalidó todavía su rehabilitación, pero tampoco cerró el caso con un rechazo definitivo. Nación dejó planteado que todavía no tomó una decisión final sobre si habilita o no su uso.
En ese mismo tramo, la cartera endureció además su postura sobre el informe que habían elaborado en 2023 Jorge Taiana y Juan Martín Paleo. La actual gestión afirma que ese trabajo tuvo “graves deficiencias técnicas y metodológicas”, un alto grado de discrecionalidad y una fundamentación insuficiente. Al mismo tiempo, se apoya en informes de ENACOM y CONAE de octubre de 2024 para sostener que el radar no puede hacer vigilancia horizontal sobre blancos terrestres, aéreos o marítimos de baja altura y que su función está limitada al seguimiento de satélites y desechos orbitales.
Según la versión oficial actual, no se trata de un radar apto para monitorear movimientos sobre el territorio o el mar, sino de un sistema orientado al espacio. La respuesta oficial también busca desactivar el costado más sensible de la polémica: la eventual injerencia británica.
El informe sostiene que LeoLabs es de capitales estadounidenses, que la participación británica es mínima y pasiva y que no hay ciudadanos británicos en la conducción ni acceso del Reino Unido a los datos.
El informe agrega que el acuerdo previo entre LeoLabs Inc. y Londres expiró en marzo de 2025 y que no existe vinculación con Five Eyes, la alianza de inteligencia que integran Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es una forma de bajar, desde la documentación oficial, el argumento de que el radar podía operar como una plataforma de inteligencia asociada a intereses británicos cerca de Malvinas.
Sobre Ushuaia, el Gobierno ratifica que la Base Naval Integrada sigue siendo un eje prioritario de la política de defensa nacional y la vincula con la presencia soberana en el Atlántico Sur y la logística antártica. El informe enumera avances concretos en la obra: planimetría inicial, estudios, movimientos y nivelación de suelo, basamento, platea y traza parcial de la red sanitaria. Pero al mismo tiempo admite que la fase inicial, pautada para dos años, avanza de acuerdo con la disponibilidad financiera y que la ejecución está hoy supeditada a la programación y a la caja del Estado.
Leé también: El Gobierno busca concretar un encuentro entre Javier Milei y Donald Trump antes de las elecciones en EE.UU.
El Ejecutivo reconoce que el financiamiento principal de la base sigue proviniendo del FONDEF, aunque Defensa admite en otra respuesta que el fondo continúa operando sin asignación automática. También informa que la inversión en material y equipamiento estratégico representa alrededor del 11% del presupuesto total de Defensa. En otras palabras, la base mantiene prioridad estratégica, pero todavía no tiene resuelto un esquema financiero sólido ni un canal específico ya formalizado para acelerar la obra.
La trastienda, sin embargo, muestra una tensión con esa respuesta formal. Según pudo saber TN, en la Casa Rosada sigue en pie la idea de avanzar con Ushuaia a través de algún tipo de acuerdo técnico con los Estados Unidos, bajo una lógica similar a la que se aplicó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano en la Hidrovía. Esa hoja de ruta viene desde el inicio de la gestión y convive con la negativa oficial a reconocer instrumentos ya firmados. El informe, en los hechos, niega el acuerdo cerrado, no la intención política de seguir explorándolo.
Ese movimiento se inserta en una profundización más amplia del vínculo militar y de seguridad con Washington. El ministro Carlos Presti desarrolló actividades en Estados Unidos en marzo y el Ministerio de Seguridad ya puso en marcha el CRIACO con respaldo financiero estadounidense como parte de esa cooperación.
Gobierno, radares, Base militar
POLITICA
Pese a los pedidos de EE.UU., el Gobierno no intervendrá la base china en Neuquén para evitar tensionar el vínculo con Beijing

El Gobierno no avanzará finalmente contra la base china de Neuquén, pese a los planteos que viene haciendo Estados Unidos sobre la infraestructura espacial de Beijing en la región. En el Ejecutivo reconocen que estudiaron los informes y advertencias que llegaron desde Washington, pero aseguran que por ahora no tienen margen para abrir una disputa directa con China. “No estamos en condiciones políticas ni comerciales de hacerlo”, expresan cerca del Ejecutivo.
La decisión implica un cambio respecto de la etapa en la que la Casa Rosada evaluaba medidas para desarticular o restringir la operatoria de la estación. En Balcarce 50 sostienen que el costo diplomático y económico de avanzar supera cualquier beneficio inmediato. Admiten además que, aun cuando persisten sospechas internas sobre un posible uso dual de la información relevada en Neuquén, no cuentan con una vía política clara para ir más allá de la revisión técnica y del seguimiento del caso.
La trastienda de esa definición combina geopolítica y administración. Nación considera que escalar ahora un conflicto con Beijing implicaría desgastar capital político y abrir una negociación compleja porque la baja del acuerdo debería pasar por el Congreso. No quieren gastar acuerdos ni votos en una discusión de alta sensibilidad internacional mientras buscan concentrarse en su paquete de reformas y en sostener el vínculo comercial con China.
El acuerdo de cooperación de la estación fue aprobado por el Congreso a través de la Ley 27.123 y fijó una vigencia de 50 años. El texto también prevé que cualquiera de las partes puede terminarlo con “justa causa, debidamente acreditada” y con una notificación por escrito de al menos cinco años de anticipación. A eso se sumó en 2016 un protocolo adicional que estableció que el convenio debía implementarse exclusivamente con fines civiles y que la información obtenida no podía usarse con propósitos militares.
La presión de Washington tuvo incluso un planteo público de Scott Bessent. En la conferencia de prensa que compartieron el año pasado Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro aclaró que la asistencia de los Estados Unidos no estaba condicionada al cierre del swap con China, pero sí remarcó su preocupación por “puertos, bases militares y centros de observación” creados en la Argentina.
En una entrevista con Bloomberg durante su paso por Davos, el presidente defendió la continuidad del vínculo comercial con Beijing y buscó separar comercio de alineamiento estratégico. “El planteo que hizo Bessent está en perfecta línea con lo que es el pensamiento de los Estados Unidos”, dijo. Y cuando fue consultado de manera puntual por la estación china en Neuquén, respondió: “Eso no está probado”.
Leé también: El Gobierno relativiza el avance de las causas de Adorni y descarta sumar a otro vocero para las conferencias
La presión de los Estados Unidos, de todos modos, no se desactivó. El informe oficial del comité especial sobre China de la Cámara de Representantes -difundido el 26 de febrero de 2026- sostuvo que China desarrolló al menos once instalaciones espaciales vinculadas al país asiático en América Latina, incluidas tres en la Argentina, y recomendó como objetivo explícito frenar la expansión de esa infraestructura y buscar su retroceso en el hemisferio occidental.
Donde sí hubo una decisión concreta fue en San Juan. El Gobierno logró frenar la construcción de una antena china al impedir el ingreso de materiales por la Aduana y al no avanzar con definiciones administrativas pendientes para su continuidad. En Nación presentan ese movimiento como una señal de límite a nuevos desarrollos, más que como una ofensiva sobre estructuras ya instaladas y operativas.
Gobierno, China, Estados Unidos
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