POLITICA
El Gobierno reabrió la sala de prensa de la Casa Rosada, pero restringe los movimientos de los acreditados en el edificio
Los once días en los que la Casa Rosada estuvo vedada a los periodistas acreditados representaron el clímax del tenso vínculo entre el Gobierno y los medios de prensa. Finalmente, el acceso a la prensa a la sede de Balcarce 50 se permitió hoy, aunque las restricciones se endurecieron.
A partir de hoy, no se les permite a los acreditados circular por los pasillos ni permanecer en el patio central, el llamado “Patio de las Palmeras”, desde donde se observaba el movimiento de los funcionarios. Tampoco se habilita recorrer el pasillo que lleva al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, que conecta el primer piso con la planta baja del edificio.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará hoy a las 11 una conferencia de prensa, en teoría para explicar los cambios en la sala de prensa de la Casa Rosada.
Las nuevas condiciones pueden verse desde la entrada. Luego de ingresar por la reja que da a Plaza de Mayo, funcionarios de Casa Militar (distintos a los que solían verse hasta la semana pasada) revisan una lista para permitir el paso. Los periodistas ingresan por la esquina del edificio, y allí son palpados y revisados nuevamente, con scaner y detector de metales. Deben dejar sus credenciales de prensa al retirarse.
Ya en el primer piso, donde se encuentra la sala de prensa, un vidrio esmerilado impide la visión del balcón que da al Patio de las Palmeras. La puerta para acceder a ese balcón, y ver desde arriba a quienes entran y salen por el salón de los Bustos, también está cerrada. Incluso para ir al comedor, en el primer subsuelo, los periodistas deben dar una vuelta adicional, ya que la escalera que utilizaban (cercana al despacho de Caputo) está bloqueada.
La restricciones en la Casa Rosada no son, por cierto, una novedad para el gobierno libertario. Una de las primeras cuestiones que se modificaron con la llegada de La Libertad Avanza fue el acceso a determinados salones y despachos. El Salón de las Mujeres, en el primer piso, que solía estar abierto y donde se llevaban a cabo actos y conferencias, fue convertido en oficinas con las ventanas tapadas y mucho misterio.
Algún colega que, acostumbrado a antiguas libertades, quiso filmar dentro del salón, fue amonestado por Casa Militar, y pasó varios días sin poder ingresar a la sede oficial. Lo mismo ocurrió con el antiguo Salón de los Pueblos Originarios, en la planta baja, hoy renombrado como Salón Malvinas, sin acceso para la prensa. Nadie más pudo ingresar sin autorización, al Salón de los Científicos, que también en el primer piso conecta el ala donde está la sala de prensa con los salones Norte y sur.
Con el correr de los meses, las restricciones de paso y circulación para los periodistas se incrementaron. Por orden del Gobierno, los periodistas tienen desde hace meses prohibido acercarse al Patio de las Palmeras cuando el Presidente entra o sale de la Casa Rosada. Se adujeron cuestiones de “seguridad”, y ya no hay chances de ver al Presidente, salvo en contadas ocasiones, como aquella intempestiva salida a ese mismo patio para cantar, a voz en cuello, la marcha de San Lorenzo, junto a la fanfarria de los Granaderos. Esa imagen, con las nuevas medidas, será imposible de visualizar.
La nueva conducción de la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial y encabezada desde marzo de 2024 por el coronel Sebastián Ibañez, se caracterizó desde entonces por cumplir a rajatabla las instrucciones de la Secretaría General de la Presidencia, sin el mínimo diálogo informativo, diálogo que sí estaba vigente durante el mandato de su antecesor, Alejandro Guglielmi. Muchos despachos que solían estar abiertos durante los gobiernos anteriores, como el del Ministerio del Interior, se cerraron para los periodistas hasta nuevo aviso luego de la salida de Guillermo Francos. Más distantes, ni el actual ministro del Interior, Diego Santilli, ni el hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abren las puertas para los acreditados en la mayoría de sus horas de trabajo.
A diferencia de la gestión de Gabriela Cerruti, vocera durante el gobierno de Alberto Fernández, que solía tener conferencias de prensa semanales, Adorni se propuso hablar diariamente, para ser “la voz del Presidente”. Un Presidente que nunca concedería una rueda de prensa en sus más de dos años de mandato, y sí dos saludos breves: el primero, apenas llegado al poder, y el segundo en junio de 2024.
La saludable rutina de intercambios, con preguntas y respuestas muchas veces irónicas por parte del funcionario, se mantuvo por largos meses, hasta que Adorni comenzó su campaña como candidato a legislador porteño. Allí se espaciaron, a la espera de que el futuro jefe de Gabinete “siga siendo el vocero”, como prometían los funcionarios, antes y después de los problemas judiciales que comenzaría a tener a partir del 8 de marzo pasado.
En plena guerra con los medios, el Gobierno endureció en mayo de 2025 los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados. Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio. También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”. En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada, según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que, el jueves 23 del mes pasado, se extendió a todos los medios.
A principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa, contra Ucrania y su entonces aliado, el gobierno de Milei, derivó en la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de un puñado de medios, entre ellos A24.com, Ambito Financiero, El Destape y Tiempo Argentino.
La controversia se resolvió el viernes 17, con el reingreso de los periodistas, aunque dos días después la emisión del programa que Luciana Geuna conduce en TN derivó en la última escalada, con denuncia penal de Casa Militar contra TN y la prohibición general. Un cierre que mereció el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales.
El jueves por la noche, el Gobierno anunció que devolvería el acceso a la prensa para este lunes. Y prometió una conferencia de prensa a cargo del propio Adorni, y aunque la promesa fue relativizada con el correr de las horas, se confirmó esta mañana. Un vínculo conflictivo, que más allá de eventuales aperturas y cierres, seguirá con la tensión como denominador común.
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La vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, respondió este domingo a las críticas que despertaron sus polémicas declaraciones sobre la identidad de género y la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina. Luego de que varios funcionarios de la Legislatura porteña la instaran a retractarse, la funcionaria defendió sus dichos, negó haber cometido un error y volvió a cuestionar el enfoque sobre el tema.
“Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos”, comenzó en el posteo que publicó en su cuenta de X.
Y respecto de una de las frases que más repudio generó, Muzzio sostuvo: “No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología. Sin embargo, la magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado».
“En esa violencia me parece ver, además de la intención de atacarme, la búsqueda de una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para todos los demás. El propósito es blindar sus ideas y dejar en claro que no hay espacio para cuestionar a los ideólogos de género ni los principios que defienden”, escribió.
La semana pasada, durante la presentación del informe del jefe de Gabinete del distrito, Gabriel Sánchez Zinny, siete de 26 legisladores centraron sus intervenciones en los dichos de la funcionaria, o al menos los mencionaron. Se trata de diputados locales que integran cinco de los siete bloques que componen el cuerpo, lo que forzó a Gabriel Sánchez Zinny a brindar explicaciones sobre la implementación de la normativa.
Incluso el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) envió una carta documento a la vicejefa intimándola a que se retracte en 72 horas, plazo que se cumplió el sábado. En caso de que Muzzio no ratifique o rectifique sus dichos en este lapso y por cualquier medio, Paulón avanzaría la semana próxima con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación.
“A esta altura, sólo quiero aclarar que las ideas que sustentan las políticas identitarias constituyen un dogma más: un conjunto de principios que pretende imponerse como una verdad incuestionable, aunque, según sus propios términos, no sea más que una construcción social. Y si realmente es una construcción, entonces puede debatirse, cuestionarse, corregirse e incluso ser reemplazada por otra“, ratificó Muzzio, sin retractarse.
En la entrevista publicada el sábado, Muzzio sostuvo que la ESI es una “trampa mortal”. “Estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada”, comentó. Además, tildó de “idea monstruosa” e “ideología siniestra” el hecho de que una institución educativa le señale a un niño “que tal vez nació en un cuerpo equivocado”.
“Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso”, afirmó, y convocó a revisar la normativa, que considera que “destruyó la cabeza de los niños”.
En el posteo de este domingo, siguió: “Es en ese sentido que, en mis respuestas, también cuestiono los contenidos de la ESI que fueron permeados por doctrinas identitarias, cuyas categorías y presupuestos pasaron a formar parte de muchos de sus programas”.
“Una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica. Los datos muestran, además, que no logró mejorar los indicadores de prevención de las infecciones de transmisión sexual”, afirmó y ejemplificó: “La sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV aumentaron en lugar de reducirse, mientras se multiplican los discursos de jóvenes que jactan no usar preservativo”.
Muzzio redobló la apuesta y se refirió a quienes están a favor de la normativa: “Cuando hablo de esto, me recuerdan los efectos positivos que la ESI tuvo en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores. Considero esos datos muy importantes y de enorme valor. Creo que la prevención, la detección temprana y la denuncia de situaciones de abuso deben seguir siendo una prioridad, y que debemos profundizar los mecanismos que faciliten esa detección».
“También estoy convencida de que es posible diseñar programas específicos para que la escuela siga detectando situaciones de abuso, como hoy detecta casos de violencia familiar o de abandono sanitario, sin que para ello sea necesario incorporar los contenidos ideológicos de la ESI. Sin embargo, para sus defensores, eliminar el adoctrinamiento ideológico de la ESI resultaría inadmisible”, apuntó.
La vicejefa también enumeró las medidas que tomó el Gobierno en el último tiempo para “combatir” la normativa. “Algunas consecuencias de la doctrina identitaria se pudieron cambiar, como acabar por el decreto presidencial con los tratamientos de hormonización a menores y las operaciones quirúrgicas mutilantes en adolescentes, que se hacían por ley en hospitales públicos sin autorización obligatoria de los padres”, dijo y sumó: “También desde el Gobierno de la Ciudad se pudo terminar en el año 2025 con el cambio de sexo en los DNI de mayores de 16 años, una disposición de 2021 que permitía modificar al instante el sexo sin la autorización de la familia, pero que, ante un arrepentimiento del adolescente, lo obligaba a tramitar una causa judicial en un proceso moroso con consecuencias psicológicas y civiles irreparables».
Para cerrar, consideró que hablar de estos temas “no debería ser traumático”, ya que es algo “bueno para la sociedad”. Resaltó la importancia de “plantear dudas sobre los dogmas, observar en detalle los programas de la ESI, cuestionar el aborto y reclamar incansablemente su fin, sostener que los padres no deben ser reemplazados por el Estado en la crianza de sus hijos».
Y finalizó: “A veces, para insultarme, me dicen conservadora, como si yo prefiriera la inmovilidad del pasado. No. Creo que estamos en un tiempo vertiginoso de cambio ideas. Esa libertad nos permite decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos y defender la vida humana. En eso estoy”.
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Tras el paso al costado de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con varios proyectos pendientes a los que buscará darle prioridad. La Cámara alta -que fue la que le fijó un ultimátum a Javier Milei respecto del futuro del hoy ex funcionario- recuperará protagonismo.
El Gobierno busca convertir en ley la reforma a la Ley de zonas frías, la inviolabilidad de la propiedad privada (que modifica la Ley de Tierras) y asimismo aspira a una reforma política que elimine las PASO.
Hasta ahora, el Senado tuvo ocho sesiones en la primera mitad del año y hubo 80 votaciones en total. Se aprobaron siete proyectos de ley, entre los cuales están el de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares, y la Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
También, el Acuerdo de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; los Tratados Internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino referidos a ese Acuerdo; y el acuerdo con dos fondos buitres que reclamaban por bonos argentinos en default desde 2001.
Además, en esta mitad de año se aprobaron varias decenas de pliegos judiciales, así como de ascenso de militares, designación de embajadores, y de los miembros de la Auditoría General de la Nación en representación del Senado.
Pero el denominador común de todos ellos es que todos fueron promovidos por el Ejecutivo. Ninguno, hasta ahora, de los votados afirmativamente fue un proyecto de autoría de uno de los integrantes del cuerpo.
Infobae relevó, al igual que hizo hace dos semanas con los diputados, la cantidad de proyectos presentados por los senadores los primeros seis meses del 2026, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.
Del procesamiento de la información públicada por la web del Senado surge que 69 legisladores presentaron en el Senado 523 proyectos de ley originados en esa cámara. Solo tres de los 72 senadores que integran el cuerpo no impulsaron ninguno. Infobae también analizó la distribución por bloques y por senador, distinguiendo los de ley, de los de declaración o comunicación o resolución.
Por bloque político
El bloque con mayor producción legislativa fue el Justicialista, de 21 miembros, con 251 proyectos de ley, casi la mitad del total (48%). Los legisladores de la oposición, históricamente, son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.
Le sigue la UCR – que tiene 10 senadores – con 74 iniciativas de ese tipo (el 14%), ya sea como autores o coautores.
Luego aparece el bloque Independencia, de la tucumana Beatriz Avila, con 44 proyectos de ley firmados (8%); Moveré Santa Cruz – que integran José María Carambia y Natalia Gadano – quienes presentaron o rubricaron 26 propuestas de ley (5%); el de Convicción Federal – que conforman Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada – con 24 iniciativas de su autoría (el 5%); y el PRO, cuyos tres integrantes (Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina) estamparon sus firmas en 21 proyectos (4%).
Los 21 senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) fueron autores o coautores de 19 proyectos de ley (el 4% del total), el mismo número que el monobloque de Despierta Chubut, que conforma Edith Terenzi. Primero los Salteños, cuya única integrante es Flavia Royón, impulsó 16 iniciativas de este tipo (3%)
Con menos de 10 proyectos de ley en el primer semestre figuran los bloques Frente Cívico Por Santiago (8 iniciativas), Encuentro Misionero (8), Provincias Unidas (7) y Justicia Social Federal (5), todos de dos senadores cada uno; y el monobloque de La Neuquinidad, que integra Julieta Corroza, con un solo proyecto de ley presentado.
Los senadores más prolíficos
De los 10 senadores que presentaron 20 o más proyectos de ley en estos seis meses, considerando aquellos en los que fueron autores o coautores (no co-firmantes), 9 son del bloque Justicialista, en línea con la mayor cantidad de iniciativas presentadas por esta bancada opositora.
El ranking lo encabeza – por lejos -el peronista Jorge Capitanich, de Chaco, con 104 iniciativas de este tipo en los primeros seis meses de 2026. Le siguen el entrerriano Adán Bahl, de Entre Ríos, que presentó 55 proyectos de ley; la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, que rubricó 44 como autora o coautora; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que presentó 40.
Luego aparece Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz, con 28 iniciativas de este tipo presentadas; Sergio Uñac, ex mandatario de San Juan, con 25; el rionegrino Martín Soria, ex ministro de Justicia, con 23.
El top ten lo cierran Carlos Linares, de Chubut, con 22; el pampeano Daniel Bensusán, de La Pampa, con 21; y Ana Inés Marks, de Río Negro, con 20 iniciativas de ley que llevan su firma como autora.
Los legisladores con menos proyectos
En el otro extremo del ranking, hay tres senadores que no aparecen como autores o coautores de ningún proyecto de ley en el primer semestre del año. Los tres son de LLA: Nadia Márquez, de Neuquén; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; y Vilma Bedia, de Jujuy.
A su vez, hay otros 8, de los cuales 7 son también del oficialismo, que sólo impulsaron uno: el senador porteño y economista Agustín Monteverde; el riojano Juan Carlos Pagotto; la salteña Emilia Orozco, que busca establecer nuevas incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública para jueces, fiscales y defensores; Francisco Paoltroni, que promueve la intervención federal de Formosa; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y la fueguina Belén Montes de Oca.
La otra senadora que presentó un solo proyecto de ley es Julieta Corroza, del bloque La Neuquinidad, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.
En cuanto a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, aparece como autora del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional. Y como coautora en un proyecto presentado por el senador libertario Enzo Fullone, de Río Negro, destinado a establecer un régimen excepcional para la regulacion de la obra publica nacional.
Entre los más relevantes impulsados por el bloque oficialista, también aparece el que presentó el cordobés Luis Juez para la Protección Digital de Niños; el de coterránea Carmen Álvarez Rivero para el Reempadronamiento partidario y la afiliación digital libre; y el de Bartolomé Abdala que busca agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados a los incendios.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
Infografías: Felipe González
proyectos senadores
POLITICA
El Gobierno negocia la redacción final de la reforma del Código Penal y demora el envío del proyecto de juicio por jurados
El Gobierno negocia la última versión de la reforma del Código Penal y frenó el envío del proyecto de juicio por jurados al Congreso. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le envió hace dos semanas una nueva contrapropuesta a Santiago Caputo y las partes negocian un texto intermedio entre la reforma original de más de 900 páginas y una versión más reducida.
La nueva propuesta fue enviada desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Legal y Técnica, que coordina María Ibarzabal y tiene a cargo la revisión jurídica de los proyectos antes de su eventual remisión al Congreso. En Balcarce 50 sostienen que la discusión sigue abierta, pero remarcan que las partes acercaron posiciones después de meses de desencuentros internos.
La reforma penal quedó atravesada por la pelea por el control del área de Justicia. La tensión se profundizó tras el desplazamiento de Sebastián Amerio y la pérdida de influencia de Caputo en el ministerio, que ahora está a cargo de Mahiques, un funcionario alineado con Karina Milei.
Legal y Técnica, en cambio, sigue bajo la órbita de Ibarzabal, una de las funcionarias de mayor confianza del asesor presidencial.
La discusión central pasa por el alcance del texto. El borrador original que se trabajó durante la gestión anterior superaba las 900 páginas e incluía una modificación muy amplia del Código Penal vigente y de leyes penales especiales. Mahiques impulsa ahora una versión más acotada, con el argumento de que una reforma demasiado extensa puede trabarse en el Congreso por su complejidad técnica y por el volumen de temas sensibles.
En el entorno de Caputo sostienen que el último borrador que recibieron reduce de forma significativa la reforma inicial. Cerca de Mahiques rechazan esa lectura y remarcan que el texto enviado desde Justicia abarca más del 35% del Código Penal, por lo que niegan que se trate de una versión mínima. En ambas partes, sin embargo, admiten que buscan “ponerse de acuerdo”.
Una de las alternativas que circula en la Casa Rosada es cerrar un punto intermedio: una reforma cercana a la mitad del texto original o de alrededor de dos tercios de la propuesta que se venía trabajando. La intención es evitar tanto un paquete demasiado chico, que pueda ser leído como una señal de retroceso, como una reforma integral que obligue al Gobierno a abrir discusiones difíciles de sostener en el Congreso.
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El Gobierno quiere preservar los capítulos con mayor consenso político. Entre ellos aparecen el endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas, entre otros. En la Casa Rosada ya habían descartado incluir cambios sobre aborto y tampoco querían abrir una discusión de fondo sobre la figura de femicidio, pese a que sectores del oficialismo habían deslizado en distintos momentos la intención de revisar ese agravante.
En paralelo, el Ejecutivo puso en pausa el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba listo para ser enviado desde Legal y Técnica. “Se decidió frenarlo hasta que haya un nuevo código procesal”, expresan en Nación. La decisión responde a una lectura técnica y política: el Gobierno considera que no conviene avanzar con el sistema de jurados sin antes ordenar el marco procesal que definiría cómo se aplicará en la práctica.
La decisión modifica la agenda judicial que el oficialismo venía preparando para el Congreso. El proyecto de juicio por jurados había sido presentado internamente como una de las reformas posibles para el segundo semestre, pero ahora quedó postergado mientras se ordena la discusión penal y procesal.
La próxima reunión de la mesa política será clave para definir la secuencia de envíos al Congreso. El encuentro se realizará la semana que viene y estará encabezado por Karina Milei, con la participación de Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.
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En la Casa Rosada quieren usar esa instancia para ordenar prioridades legislativas después de la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. La reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, propiedad privada y el paquete judicial forman parte del tablero que deberá administrar el nuevo esquema político.
“Al Código Penal lo vamos a terminar mandando este año, pero lo complejo va a ser conseguir los votos”, agregan en el Ejecutivo. La intención del Gobierno es que el proyecto ingrese por Diputados, donde Martín Menem encabezará las negociaciones.
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