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POLITICA

El Gobierno reabrió la sala de prensa de la Casa Rosada, pero restringe los movimientos de los acreditados en el edificio

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Los once días en los que la Casa Rosada estuvo vedada a los periodistas acreditados representaron el clímax del tenso vínculo entre el Gobierno y los medios de prensa. Finalmente, el acceso a la prensa a la sede de Balcarce 50 se permitió hoy, aunque las restricciones se endurecieron.

A partir de hoy, no se les permite a los acreditados circular por los pasillos ni permanecer en el patio central, el llamado “Patio de las Palmeras”, desde donde se observaba el movimiento de los funcionarios. Tampoco se habilita recorrer el pasillo que lleva al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, que conecta el primer piso con la planta baja del edificio.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará hoy a las 11 una conferencia de prensa, en teoría para explicar los cambios en la sala de prensa de la Casa Rosada.

Las nuevas condiciones pueden verse desde la entrada. Luego de ingresar por la reja que da a Plaza de Mayo, funcionarios de Casa Militar (distintos a los que solían verse hasta la semana pasada) revisan una lista para permitir el paso. Los periodistas ingresan por la esquina del edificio, y allí son palpados y revisados nuevamente, con scaner y detector de metales. Deben dejar sus credenciales de prensa al retirarse.

Crónica de una semana sin preguntas en la Casa Rosada

Ya en el primer piso, donde se encuentra la sala de prensa, un vidrio esmerilado impide la visión del balcón que da al Patio de las Palmeras. La puerta para acceder a ese balcón, y ver desde arriba a quienes entran y salen por el salón de los Bustos, también está cerrada. Incluso para ir al comedor, en el primer subsuelo, los periodistas deben dar una vuelta adicional, ya que la escalera que utilizaban (cercana al despacho de Caputo) está bloqueada.

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La restricciones en la Casa Rosada no son, por cierto, una novedad para el gobierno libertario. Una de las primeras cuestiones que se modificaron con la llegada de La Libertad Avanza fue el acceso a determinados salones y despachos. El Salón de las Mujeres, en el primer piso, que solía estar abierto y donde se llevaban a cabo actos y conferencias, fue convertido en oficinas con las ventanas tapadas y mucho misterio.

Algún colega que, acostumbrado a antiguas libertades, quiso filmar dentro del salón, fue amonestado por Casa Militar, y pasó varios días sin poder ingresar a la sede oficial. Lo mismo ocurrió con el antiguo Salón de los Pueblos Originarios, en la planta baja, hoy renombrado como Salón Malvinas, sin acceso para la prensa. Nadie más pudo ingresar sin autorización, al Salón de los Científicos, que también en el primer piso conecta el ala donde está la sala de prensa con los salones Norte y sur.

Con el correr de los meses, las restricciones de paso y circulación para los periodistas se incrementaron. Por orden del Gobierno, los periodistas tienen desde hace meses prohibido acercarse al Patio de las Palmeras cuando el Presidente entra o sale de la Casa Rosada. Se adujeron cuestiones de “seguridad”, y ya no hay chances de ver al Presidente, salvo en contadas ocasiones, como aquella intempestiva salida a ese mismo patio para cantar, a voz en cuello, la marcha de San Lorenzo, junto a la fanfarria de los Granaderos. Esa imagen, con las nuevas medidas, será imposible de visualizar.

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La nueva conducción de la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial y encabezada desde marzo de 2024 por el coronel Sebastián Ibañez, se caracterizó desde entonces por cumplir a rajatabla las instrucciones de la Secretaría General de la Presidencia, sin el mínimo diálogo informativo, diálogo que sí estaba vigente durante el mandato de su antecesor, Alejandro Guglielmi. Muchos despachos que solían estar abiertos durante los gobiernos anteriores, como el del Ministerio del Interior, se cerraron para los periodistas hasta nuevo aviso luego de la salida de Guillermo Francos. Más distantes, ni el actual ministro del Interior, Diego Santilli, ni el hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abren las puertas para los acreditados en la mayoría de sus horas de trabajo.

A diferencia de la gestión de Gabriela Cerruti, vocera durante el gobierno de Alberto Fernández, que solía tener conferencias de prensa semanales, Adorni se propuso hablar diariamente, para ser “la voz del Presidente”. Un Presidente que nunca concedería una rueda de prensa en sus más de dos años de mandato, y sí dos saludos breves: el primero, apenas llegado al poder, y el segundo en junio de 2024.

La saludable rutina de intercambios, con preguntas y respuestas muchas veces irónicas por parte del funcionario, se mantuvo por largos meses, hasta que Adorni comenzó su campaña como candidato a legislador porteño. Allí se espaciaron, a la espera de que el futuro jefe de Gabinete “siga siendo el vocero”, como prometían los funcionarios, antes y después de los problemas judiciales que comenzaría a tener a partir del 8 de marzo pasado.

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En plena guerra con los medios, el Gobierno endureció en mayo de 2025 los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados. Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio. También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”. En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada, según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que, el jueves 23 del mes pasado, se extendió a todos los medios.

A principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa, contra Ucrania y su entonces aliado, el gobierno de Milei, derivó en la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de un puñado de medios, entre ellos A24.com, Ambito Financiero, El Destape y Tiempo Argentino.

La controversia se resolvió el viernes 17, con el reingreso de los periodistas, aunque dos días después la emisión del programa que Luciana Geuna conduce en TN derivó en la última escalada, con denuncia penal de Casa Militar contra TN y la prohibición general. Un cierre que mereció el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales.

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El jueves por la noche, el Gobierno anunció que devolvería el acceso a la prensa para este lunes. Y prometió una conferencia de prensa a cargo del propio Adorni, y aunque la promesa fue relativizada con el correr de las horas, se confirmó esta mañana. Un vínculo conflictivo, que más allá de eventuales aperturas y cierres, seguirá con la tensión como denominador común.




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El Gobierno analiza cambios en la reforma política: separaría ficha limpia y haría opcionales las elecciones PASO

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Alertado de las fuertes resistencias que generan algunos temas puntuales de la reforma política que impulsa el Gobierno, el oficialismo reconoce que el proyecto sufrirá severas modificaciones en el Senado como parte de la búsqueda de los votos que le permitan conseguir la mayoría absoluta que la Constitución Nacional exige para la aprobación de modificaciones al sistema electoral.

Una de las más relevantes sería la separación de la denominada “ficha limpia”, que en los próximos días pasaría a discutirse en comisión como un proyecto por separado, según lo admitió la jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), en diálogo con .

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“Por ahí hacemos por separado ficha limpia, puede ser esta semana o la otra”, afirmó Bullrich, quien agregó que baraja la posibilidad del adelantamiento del debate “como una idea para reivindicar al Senado”.

El concepto de ficha limpia, que ya es aplicado en varias provincias, implica la prohibición de postularse en elecciones o de ocupar cargos ejecutivos nacionales a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia.

Al hablar de una eventual reivindicación del Senado, la senadora Bullrich hizo referencia al proyecto de similares características que fracasó en la Cámara alta a principios de mayo del año pasado como consecuencia del sorpresivo rechazo de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta unos días antes de la sesión anticipaban su apoyo a la iniciativa que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados.

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El tratamiento por fuera de la reforma electoral es impulsado por el bloque Pro, que preside Martín Goerling (Misiones), que tiene presentado un proyecto propio la semana pasada. Con anterioridad ya había firmado una iniciativa de ficha limpia Julieta Corroza (La Neuquinidad); lo hizo en diciembre del año pasado, ni bien sumió su banca por Neuquén, provincia que ya tiene en vigencia la restricción a participar en elecciones de los condenados por delitos de corrupción. En Diputados, el interbloque Provincias Unidas anunció que impulsará el tratamiento incluso antes de que pueda llegar la reforma electoral en tratamiento en el Senado.

El otro tema que sufriría cambios es la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Como anticipó este diario, la intención del Gobierno de erradicar el sistema no cuenta con el apoyo necesario para poder avanzar, ya que no lo avalarían ni la UCR ni Pro, dos de los principales aliados dialoguistas con los que cuenta Bullrich en el Senado.

Al respecto, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza admitió que ya se trabaja en una alternativa a la eliminación que contempla el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo.

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“Para eliminarlas no nos dan los votos, pero por ahí podríamos hacer que no sean obligatorias, con inscripción previa”, sostuvo Bullrich, quien destacó que su intención es definir la fórmula alternativa a la eliminación de las PASO antes de abrir el debate de la reforma electoral.

La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, con el senador radical Eduardo Vischi Hernán Zenteno – La Nación

Una idea similar contempla un proyecto presentado por Eduardo Vischi (Corrientes), jefe del bloque radical, que mantiene el proceso de selección interno pero lo convierte en optativo para los ciudadanos y sin financiamiento oficial. La iniciativa interpreta el clima que impera en la bancada del centenario partido, donde referentes como Carolina Losada (Santa Fe) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya anunciaron que rechazan la eliminación de las primarias.

También podrían sufrir modificaciones, con relación al texto original, las restricciones al financiamiento de las campañas electorales. La eliminación del aporte estatal quedaría para otra oportunidad, aunque “sí se bajaría sustancialmente”, explicó Bullrich. Se mantendría la desaparición de los espacios cedidos a los partidos políticos en medios de comunicación.

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Por lo pronto, el impulso por avanzar con la reforma electoral parece haber quedado en pausa o relegada en el cronograma de tratamiento elaborado por la bancada oficialista.

La prioridad parece estar puesta, por estas horas, en avanzar con las audiencias públicas de los pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con la venia de la hermana presidencial, Karina Milei.

La semana pasada se realizó la primera de las cinco reuniones en la Comisión de Acuerdos del Senado, las que continuarán los jueves y miércoles de las próximas dos semanas hasta completar la presentación de los primeros 77 candidatos propuestos por el Gobierno.

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En simultáneo, el oficialismo pretende avanzar con el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que se viene debatiendo en plenario en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Al respecto, es un hecho que la iniciativa sufrirá la amputación del capítulo relacionado a la descentralización en las provincias del programa nacional de regularización dominial de barrios de emergencia y villas, que genera fuerte resistencia en el kirchnerismo y en boques aliados.

También se discute una fórmula intermedia a la prohibición de adquirir tierras por parte de ciudadanos extranjeros, norma que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propuso eliminar.

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El fiscal de Santiago del Estero apeló el fallo que desestimó su pedido de detención contra Tapia y Toviggino

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El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la decisión del juez Sebastián Argibay de desestimar el pedido de apertura de instrucción, rechazar medidas contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, y declararse incompetente para seguir interviniendo en la causa.

En su presentación, el representante del Ministerio Público cuestionó con dureza el fallo, al que calificó de “arbitrario”, y pidió además que se evalúe la conducta del magistrado en el Consejo de la Magistratura.

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La causa investiga presuntas maniobras de asociación ilícita agravada y lavado de activos, con un entramado de operaciones financieras, societarias e inmobiliarias que, según la fiscalía, involucra a dirigentes de la AFA y a su entorno familiar y empresarial. Simón sostuvo que su requerimiento de instrucción, de 181 páginas, contenía un detalle preciso de esas maniobras, y acusó al juez de ignorar deliberadamente esa información.

“La resolución recurrida se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir la profusa plataforma fáctica detallada por este Ministerio Público Fiscal”, afirmó en el recurso. Según el fiscal, allí se especificaban “con vasta precisión, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles funcionales específicos de cada imputado” .

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Uno de los ejes de la apelación apunta a la supuesta contradicción del juez. Por un lado, Argibay sostuvo que no había un hecho delictivo concreto ni actos de lavado identificables; por otro, se declaró incompetente y remitió el expediente a la justicia federal de Campana por la posible existencia de una defraudación contra la AFA. “¿Existe una defraudación o no?”, planteó el fiscal, al cuestionar la lógica de esa decisión.

Simón también rechazó el argumento de que su dictamen carecía de precisión. En el escrito, enumeró operaciones inmobiliarias y movimientos financieros con fechas, montos y participantes, incluyendo transferencias desde la AFA a distintas firmas. Entre ellas, detalló giros por millones de pesos a empresas como Servicios Neurus, Carbellos y Soma, además de operaciones en dólares. En total, señaló que la AFA transfirió más de $3633 millones a cuentas vinculadas a las sociedades investigadas, un volumen que, indicó, constituye un “indicador de riesgo” que obliga a investigar el origen de los fondos .

El fiscal sostuvo además que el juez elevó indebidamente el estándar de prueba exigido en una etapa inicial del proceso. Según su planteo, Argibay actuó como si estuviera evaluando una sentencia definitiva, cuando en realidad la instrucción requiere solo un grado de sospecha suficiente para avanzar. “El magistrado confunde el ‘objeto del proceso’ con el ‘objeto de la prueba’”, afirmó, y agregó que esa postura “suprime la etapa de instrucción” .

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Sebastián Argibay se declaró incompetente de intervenir en la causa. (Foto: Poder Judicial de Santiago del Estero)

En esa línea, también cuestionó que el juez descartara indicios como el crecimiento patrimonial de los imputados, la facturación entre empresas vinculadas o su inclusión en la base de contribuyentes apócrifos. Para la fiscalía, esos elementos deben analizarse de manera conjunta y son precisamente los que justifican abrir una investigación penal.

Otro punto central del recurso es la descripción del entramado societario y familiar que, según el Ministerio Público, estaría detrás de las maniobras. Allí se ubica a Toviggino como figura central, con vínculos directos con Tapia y con una red de empresas y personas interrelacionadas. El dictamen original, citado en la apelación, detalla cómo se cruzan sociedades, domicilios, cargos y movimientos de dinero para sostener la hipótesis de una estructura organizada.

El fiscal también respondió a las objeciones sobre el supuesto “ilícito precedente” del lavado. Recordó que en su requerimiento se mencionaron posibles delitos como defraudación a la AFA, evasión tributaria y maniobras cambiarias, y citó incluso un informe del Banco Central que involucra a Toviggino por falta de liquidación de divisas por más de 54 millones de dólares y 80 millones de euros en un período determinado . A su criterio, esos datos desmienten que se trate de referencias genéricas.

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Además de cuestionar el contenido del fallo, Simón apuntó contra la forma en que se dictó. En la apelación reconstruyó la secuencia de decisiones adoptadas por Argibay el mismo día en que retomó funciones tras una licencia. Según detalló, en poco más de una hora el juez rechazó planteos, habilitó el acceso al expediente a una defensa, recibió pedidos de sobreseimiento y finalmente desestimó el requerimiento fiscal.

“En tan solo una hora después de haber reasumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas”, señaló . También cuestionó que el magistrado haya enviado el expediente a otra jurisdicción sin esperar que la resolución quedara firme, lo que, según afirmó, vulneró el derecho de revisión del Ministerio Público.

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A partir de estas irregularidades, el fiscal pidió que se analice la conducta de Argibay. Sostuvo que hubo una “violación de la doctrina de los actos propios” y una intromisión en la autonomía del Ministerio Público, además de decisiones que calificó como “dogmáticas” y orientadas a impedir el avance de la investigación.

En su presentación, Simón solicitó que la Cámara declare la nulidad de la resolución, confirme la competencia de la justicia federal de Santiago del Estero y ordene la apertura de la instrucción. También requirió la intervención del Consejo de la Magistratura para evaluar el desempeño del juez.

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Pablo Toviggino, Chiqui Tapia, AFA, Santiago del Estero

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POLITICA

Manuel Adorni: “Que los principales funcionarios de un gobierno y su familiares tengan custodia es un tema de seguridad nacional”

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En medio de las denuncias y las dudas sobre su patrimonio, Manuel Adorni volvió a hablar en conferencia de prensa en Casa Rosada y lo hizo con un marcado tono protocolar, alejado de las respuestas ácidas y desafiantes.

En la primera parte de su presentación, el referente del gobierno de Javier Milei hizo un repaso de las últimas noticias de la gestión y luego respondió preguntas de los periodistas acreditados.

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Antes de iniciar la ronda de consultas, aclaró que no iba a evacuar dudas sobre cuestiones personales que puedan entorpecer la investigación judicial, pero volvió a negar irregularidades sobre sus viajes al exterior: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo y el Estado no registra pagos por mis viajes. Nunca existió ocultación alguna”, enfatizó al explicar el origen de los fondos utilizados en sus traslados familiares.

Sin embargo, una de las respuestas salientes de Adorni se dio sobre el final de la rueda de prensa, cuando respondió inquietudes sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, que incluiría recursos oficiales como autos o custodia, fuera de su horario laboral.

En ese sentido, el funcionario afirmó que estas medidas se ajustan estrictamente al marco legal y son prácticas habituales en el mundo: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.

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El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública.»

Al respecto, el jefe de Gabinete subrayó: “El miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado (por Rodolfo Tailhade) casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de Gabinete, que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del Gobierno”.

Por si quedaban dudas, Adorni negó que existan excepciones a lo dispuesto por la ley en estos aspectos. “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos”, enfatizó.

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Causas judiciales

En cuando a las denuncias por su patrimonio, Adorni aclaró también que, aunque ya dio detalles públicamente, está dispuesto a acudir ante los tribunales si así se requiere: “Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”, garantizó.

Sobre la información aún pendiente respecto del estado de sus bienes, el jefe de Gabinete precisó: “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”.

En el mismo sentido, Adorni dejó claro que va a cumplir los plazos previstos: “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”.

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Consultado en varias ocasiones sobre los cuestionamientos a su patrimonio y las denuncias judiciales, Adorni sostuvo que ya se había explayado de manera pública ante los representantes legislativos: “Todas las explicaciones fueron dadas el 29 de abril en mi exposición en la Cámara de Diputados”, subrayó.

En otro orden, afirmó que su presencia en la sala tenía que ver con reactivar el uso del espacio para la prensa. “Quise venir a dar la conferencia, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala. Cuando Casa Militar considere que no hay ningún riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”, especificó.

Al referirse a la dinámica de las conferencias, el jefe de Gabinete avanzó sobre la posibilidad de adoptar cambios en el método de preguntas para garantizar la participación de todos los periodistas presentes: “En este nuevo orden que estamos teniendo y para en algún momento poder ampliar las preguntas, respeten que sea una por periodista. Por ahí vamos a poder llegar al punto en que puedan preguntar todos”.

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