El Banco Central volvió a intervenir con saldo positivo en el mercado cambiario y profundizó su estrategia de acumulación de reservas. Este lunes compró u$s71 millones y ya suma más de u$s7.200 millones en lo que va de 2026, superando el 70% de la meta fijada para todo el año.

De esta manera, la autoridad monetaria encadenó 79 jornadas consecutivas con resultado comprador, en un esquema que combina intervenciones directas con acuerdos con empresas y organismos del sector público para reforzar la oferta de divisas.

El Banco Central registra compras récord: la meta en la mira

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló compras por u$s7.226 millones, lo que equivale a más del 72% del objetivo anual. Solo en abril, las adquisiciones alcanzaron u$s2.769 millones, convirtiéndose en el mejor mes del año.

Sin embargo, el impacto sobre las reservas fue más moderado durante el primer trimestre debido a los pagos de deuda del Tesoro, que utilizó dólares comprados al propio Banco Central, lo que limitó la acumulación neta.

Las proyecciones oficiales estiman que el saldo final de compras en 2026 se ubicará entre u$s10.000 y u$s17.000 millones, dependiendo del ingreso de divisas y la demanda de pesos en la economía.

Reservas: se sostiene la estrategia y superan los u$s45.000 millones

Para mantener el ritmo de compras, el Banco Central viene emitiendo pesos sin recurrir a mecanismos tradicionales de absorción de liquidez. En paralelo, el Tesoro coloca deuda en moneda local para retirar excedentes del mercado y evitar presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Este esquema busca sostener la estabilidad cambiaria sin frenar la acumulación de reservas, en un contexto donde el flujo de dólares resulta clave para consolidar el programa económico.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en u$s45.683 millones, tras un fuerte incremento diario de u$s1.200 millones.

Este salto respondió a movimientos técnicos habituales de fin de mes, cuando los bancos retiran depósitos en dólares del Banco Central y los reingresan en los primeros días hábiles siguientes.

El nivel más alto de reservas bajo la actual gestión se registró en febrero, cuando alcanzaron los u$s46.905 millones, el mayor stock desde 2018. La posterior caída se explicó por pagos de deuda y la volatilidad internacional que afectó activos como el oro y los bonos.

Más dólares en camino

Hacia adelante, el Gobierno apuesta a reforzar la acumulación de reservas con la liquidación de la cosecha gruesa, que suele incrementar la oferta de divisas en el segundo trimestre.

A esto se sumará el ingreso de fondos provenientes de emisiones de deuda corporativa en el exterior, que podrían aportar más de u$s3.200 millones en las próximas semanas.

Subió el dólar en todos los segmentos

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió $11,50 (0,8%) y cerró en $1.402,50, en una jornada con un volumen operado de u$s632 millones, impulsado por una mayor liquidación de exportadores.

La suba reflejó una demanda sostenida, vinculada tanto a la dolarización de ahorristas tras el cobro de salarios como a la propia intervención del Banco Central.

En este contexto, el tipo de cambio oficial se mantiene todavía 23% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.710,59.

En línea con el mayorista, el dólar minorista avanzó $15 (1,1%) hasta los $1.425 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió $5 (0,4%) y cerró en $1.405.

Con este escenario, el Banco Central avanza con rapidez en el cumplimiento de su meta de acumulación de reservas, apoyado en un mayor flujo de divisas y una estrategia coordinada con el Tesoro para evitar tensiones cambiarias.

Peter Thiel, el magnate tecnológico que recientemente se compró una mansión de USD 12 millones en Buenos Aires y visitó dos veces al presidente Javier Milei, impulsa un proyecto que busca transformar la infraestructura digital global a través de una innovadora apuesta por la energía oceánica.

Según informó el Financial Times, Thiel lidera una inversión de 140 millones de dólares en Panthalassa, una start-up que desarrolla centros de datos flotantes alimentados por la fuerza de las olas. La compañía apunta a financiar con mil millones de dólares la construcción y despliegue de estas plataformas en aguas abiertas, en un contexto donde la demanda energética de la inteligencia artificial supera la oferta de los métodos convencionales.

El plan de Panthalassa, de acuerdo a lo que detalló el medio británico, consiste en emplear el movimiento de las olas para generar electricidad a través de turbinas, que alimentarán directamente servidores de inteligencia artificial. Este enfoque permite instalar enormes centros de datos lejos de la costa, sin necesidad de conexión a la red eléctrica continental.

Garth Sheldon-Coulson, cofundador y CEO de la empresa, declaró al mencionado periódico que el nuevo capital permitirá escalar la planta piloto de fabricación, con el objetivo de iniciar las operaciones comerciales durante el próximo año. “El futuro exige más capacidad de cómputo de la que podemos imaginar. Las soluciones extraterrestres ya no son ciencia ficción. Panthalassa ha abierto la frontera oceánica”, afirmó Thiel en declaraciones recogidas por el Financial Times.

Las plataformas, denominadas “nodos”, alcanzan una altura comparable a la del Big Ben de Londres o el Flatiron Building de Nueva York, con 85 metros de estructura de acero, la mayor parte sumergida bajo la superficie. Cada nodo contiene un contenedor hermético para albergar el servidor de inteligencia artificial, que se refrigera con agua de mar. El diseño permite que las plataformas se desplacen de manera autónoma, utilizando la forma del casco para propulsarse sobre las olas sin motor, lo que reduce el mantenimiento y facilita su despliegue en zonas remotas.

La iniciativa busca responder al déficit energético que enfrenta la industria tecnológica para el procesamiento de datos de inteligencia artificial. “La energía de las olas en mar abierto es de bajo costo, sostenible y abundante, y ahora tenemos la tecnología para hacerla accesible a las personas”, sostuvo Sheldon-Coulson al diario británico. El ejecutivo, que antes trabajó en inteligencia artificial y energía en el fondo Bridgewater, considera que la energía de las olas y el viento, junto con la solar y la nuclear, representan las alternativas limpias con mayor potencial para generar decenas de teravatios de electricidad.

La atracción de inversores de alto perfil refuerza la proyección del proyecto. Además de Thiel, participan en la ronda de financiamiento Marc Benioff (CEO de Salesforce), Max Levchin (cofundador de PayPal y Affirm) y John Doerr, inversor temprano en empresas como Google, Amazon y Uber.

El equipo de Panthalassa está integrado por exingenieros de firmas emblemáticas como SpaceX, Tesla, Apple y Disney Imagineering. Entre ellos, el cofundador Brian Moffat y el director de ingeniería Dan Place, quien participó en el desarrollo de la “drone ship” de SpaceX para recuperar cohetes reutilizables. El sistema se conecta a través de la red satelital Starlink para recibir y transmitir las consultas de los usuarios a las plataformas de inteligencia artificial.

De acuerdo con el Financial Times, cada nodo de Panthalassa se remolca horizontalmente mar adentro y, una vez en la ubicación elegida, se posiciona de manera vertical para operar de forma autónoma. La empresa no ha especificado las regiones donde planea desplegar las primeras flotas, pero priorizará áreas con buenas condiciones de oleaje y alejadas de rutas marítimas. Los nodos se diseñan para minimizar el impacto ambiental: no tienen motores ni emiten contaminantes, y recirculan agua interna para alimentar los generadores.

El modelo se diferencia de otros intentos de captación de energía oceánica al evitar la transmisión de electricidad a tierra firme. “Uno de los aprendizajes clave fue la importancia de utilizar la electricidad en el mismo lugar donde se genera. Nunca transmitiremos electricidad de vuelta a la costa. Eso nos diferencia de todos los proyectos de energía oceánica anteriores”, subrayó Sheldon-Coulson. La empresa argumenta que este enfoque elimina la necesidad de costosas infraestructuras de transmisión, lo que facilita la escalabilidad y reduce el riesgo técnico.

La manufactura de los nodos utiliza materiales abundantes como el acero, lo que refuerza la robustez de la cadena de suministro y permite una producción a gran escala. “El sistema es extremadamente rápido de fabricar y las cadenas de suministro son muy robustas para esta tecnología energética”, indicó Sheldon-Coulson. La start-up, con sede en Oregón, prevé construir la planta piloto de fabricación en Estados Unidos, aunque podría expandirse internacionalmente según la localización de futuras flotas.

En medio de una agenda económica marcada por reformas estructurales y un mercado laboral tensionado por altos niveles de informalidad, un capítulo clave de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 comienza a ganar relevancia, aunque todavía sin el protagonismo mediático de otros instrumentos: el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER).

Mientras gran parte del debate público se concentra en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado a promover nuevas contrataciones, el PER propone un enfoque distinto y complementario: ordenar el pasado. En términos prácticos, funciona como un mecanismo de «sinceramiento» que busca regularizar relaciones laborales ya existentes, muchas de ellas atravesadas por la informalidad o por registraciones incompletas.

La apuesta oficial es clara: reducir la litigiosidad, ampliar la base contributiva y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio concreto a las empresas que arrastran pasivos laborales difíciles de afrontar en el contexto actual.

Regularizar el pasado: el eje central del PER

El régimen permite a empleadores del sector privado declarar y formalizar vínculos laborales iniciados con anterioridad a la promulgación de la ley. Esto incluye tanto a trabajadores completamente no registrados como a aquellos que se encuentran parcialmente declarados -por ejemplo, con jornadas o salarios inferiores a los reales-.

Se trata de una herramienta de amplio alcance que reconoce una realidad extendida en la economía argentina: la informalidad no es un fenómeno marginal, sino estructural. En ese contexto, el PER intenta generar un puente entre la economía informal y el sistema formal, sin recurrir exclusivamente a sanciones, sino ofreciendo incentivos concretos.

Condonación de deudas y alivio financiero

Uno de los pilares del régimen es el tratamiento de la deuda previsional. La normativa establece una condonación que no podrá ser inferior al 70% del total adeudado por aportes y contribuciones, incluyendo capital e intereses.

Este beneficio alcanza a múltiples subsistemas de la seguridad social, entre ellos:

• El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
• El PAMI
• El Fondo Nacional de Empleo
• El régimen de asignaciones familiares

Para el saldo restante -que no superará el 30%-, el esquema prevé condiciones de pago altamente favorables: planes de hasta 72 cuotas, con una tasa nominal anual máxima del 12% y un anticipo inicial de apenas el 5%.

Además, se contempla un incentivo adicional para quienes puedan cancelar de contado, con descuentos de hasta el 10% sobre la deuda consolidada.

En un escenario de alta inflación y restricciones financieras, estas condiciones buscan otorgar previsibilidad y viabilidad económica a las empresas, especialmente a las MiPyMEs, que concentran la mayor parte del empleo en el país.

Fin de sanciones y alivio judicial

El PER también introduce beneficios de fuerte impacto en el plano legal. La adhesión al régimen implica la extinción de la acción penal prevista en el Régimen Penal Tributario vinculada a la falta de registración laboral.

A esto se suma la condonación total de multas, infracciones y sanciones administrativas pendientes, siempre que se encuentren impagas al momento de la adhesión.

Otro aspecto clave es la posibilidad de salir del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una base que en la práctica limita severamente la operatoria de las empresas, al impedirles acceder a financiamiento, beneficios estatales o contratos con el sector público.

Asimismo, el régimen permite incluir deudas que se encuentren en discusión judicial o administrativa. Para acceder a este beneficio, el empleador deberá desistir de las acciones legales en curso y asumir las costas del proceso.

Impacto en los trabajadores: reconocimiento de aportes

A diferencia de otros procesos de regularización, el PER incorpora un componente relevante para los trabajadores: el reconocimiento retroactivo de aportes previsionales.

El esquema permite computar hasta 60 meses de servicios con aportes -equivalentes a cinco años- para los trabajadores regularizados. Este reconocimiento se calcula sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil o sobre la remuneración declarada, si esta fuera mayor.

El impacto no es menor: esos períodos serán válidos para acceder a la jubilación, así como a pensiones por invalidez o fallecimiento, y a prestaciones por desempleo.

Si bien la normativa aclara que estos aportes no incidirán en todos los componentes del haber previsional, el hecho de recuperar años de aportes perdidos representa una mejora sustancial para trabajadores históricamente excluidos del sistema.

Seguridad jurídica y garantías para la adhesión

Uno de los puntos críticos en este tipo de regímenes es la confianza del sector privado. En ese sentido, el PER incorpora una cláusula de «blindaje» que busca garantizar seguridad jurídica: los organismos fiscales no podrán realizar determinaciones de deuda, ajustes ni sanciones sobre los períodos regularizados.

Esta previsión apunta a evitar que el blanqueo se convierta en una puerta de entrada a futuras fiscalizaciones o conflictos, una de las principales preocupaciones empresarias.

La implementación estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá reglamentar el régimen sin introducir restricciones arbitrarias que limiten el acceso.

Un plazo limitado y una oportunidad estratégica

El régimen no estará disponible de manera indefinida. Las empresas tendrán un plazo de 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación para adherirse.

Este límite temporal introduce un factor de urgencia que podría acelerar decisiones empresarias, especialmente en un contexto donde la informalidad representa un riesgo creciente en términos legales y financieros.

Una herramienta clave para ordenar el mercado laboral

En perspectiva, el PER se posiciona como una de las herramientas más ambiciosas para abordar la informalidad en Argentina desde un enfoque pragmático.

Lejos de centrarse exclusivamente en sanciones, el régimen combina incentivos económicos, alivio fiscal y reconocimiento de derechos laborales, con el objetivo de generar un cambio estructural en la relación entre empleadores, trabajadores y Estado.

El desafío, sin embargo, no será menor. El éxito del programa dependerá de la capacidad del Gobierno para generar confianza, de la rapidez en la reglamentación y, sobre todo, de la decisión del sector privado de abandonar la informalidad.

En un mercado laboral fragmentado y con alta litigiosidad, el PER aparece como una apuesta de equilibrio: un intento de cerrar heridas del pasado para construir un escenario más previsible hacia el futuro.