Las reservas internacionales netas de El Salvador cerraron el primer semestre de 2026 con un saldo acumulado de 5,167.43 millones, cifra que representa un crecimiento del 15.23% respecto al cierre de 2025, según datos oficiales divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado prolonga el alza iniciada el año anterior, tras un periodo de volatilidad en el flujo de divisas.

El informe publicado este miércoles por el BCR detalla que el incremento interanual de las reservas internacionales netas fue de USD 682.94 millones, al comparar los 4,484.49 millones registrados en diciembre de 2025 con el saldo alcanzado al cierre de junio de 2026. El comportamiento mensual de las reservas durante el primer semestre muestra fluctuaciones, aunque el saldo subió en cuatro de los seis meses del semestre.

En enero, el saldo descendió en USD 2.48 millones, mientras que en febrero se observó un alza de 50.07 millones y en marzo el incremento fue de 99.48 millones. Abril marcó el mayor salto mensual, con un aumento de 474.57 millones, seguido de una reducción de 87.17 millones en mayo. Finalmente, junio cerró con un repunte de 148.47 millones de dólares.

De la composición total de las reservas, 4,998.44 millones corresponden a moneda extranjera y 271.37 millones están representados en oro. El segmento en oro experimentó una caída del 8.41% respecto al cierre del año anterior, cuando sumaba 250.31 millones. De acuerdo con el BCR, las reservas buscan garantizar liquidez y capacidad de respuesta frente a presiones externas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que las reservas internacionales netas constituyen activos externos de disponibilidad inmediata, bajo control directo de la autoridad monetaria, cuyo propósito principal es cubrir necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, intervenir en los mercados cambiarios y respaldar la confianza en la economía. El organismo remarcó que el crecimiento sostenido de las reservas en 2026 refleja una mayor entrada de divisas y un contexto de recuperación económica, tras años de fluctuaciones y descensos pronunciados.

La evolución de las reservas internacionales de El Salvador en los años previos estuvo marcada por importantes vaivenes. Según las cifras oficiales, en 2020 el saldo pasó de USD 3,948.04 millones en enero a 2,915.20 millones en diciembre, evidenciando un periodo de contracción. En 2021, tras el impacto de la pandemia de COVID-19, se registró una recuperación parcial: el saldo inició el año en 2,522.97 millones en febrero, repuntó a 3,468.86 millones en noviembre y cerró en 3,342.39 millones.

El año 2022 se caracterizó por una de las caídas más abruptas, con una reducción cercana a USD 964 millones entre enero y diciembre. En 2023, la tendencia fue de fluctuaciones moderadas, con un inicio de 2,734.72 millones y un cierre en 2.,645.52 millones. Para 2024, el BCR reportó una recuperación progresiva, con un saldo de 2,761.43 millones en enero y un pico de 3,733.67 millones en septiembre, para terminar el año en 3,506.12 millones.

El punto de inflexión se dio a partir de 2025. El saldo de reservas en enero de ese año fue de 3,766.98 millones. A partir de febrero, se observó una subida hasta 4,275.13 millones. En julio, la cifra alcanzó 4,782.19 millones, uno de los niveles más altos hasta ese momento, y la segunda mitad de 2025 mantuvo los fondos disponibles por encima de los 4,400 millones, cerrando el año en 4,532.08 millones.

El fortalecimiento de las reservas internacionales se produce en un contexto en el que El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sellaron un acuerdo por USD 1,400 millones, orientado a reforzar la sostenibilidad fiscal y externa del país.

El FMI ha destacado que estos recursos buscan consolidar un plan de consolidación fiscal y medidas para fortalecer las reservas nacionales, aspecto vinculado con la estabilidad macroeconómica y la respuesta ante episodios de volatilidad.

A más de seis años de la última vez que la jubilación mínima alcanzó un poder adquisitivo aceptable, los haberes siguen sin cubrir ni la mitad de la canasta de un adulto mayor. En paralelo, la eliminación del impuesto PAÍS dejó al sistema previsional sin una fuente de financiamiento que llegó a representar más del 6% de la recaudación total.

Desde hace casi dos décadas, el sistema previsional argentino atraviesa una crisis profunda que combina fragilidad financiera y pérdida constante del poder adquisitivo. Entre 2008 y 2026 se sucedieron al menos diez cambios en el sistema y fórmula de ajuste previsional, que reconfiguraron sucesivamente el sistema de reparto, las moratorias para acceder a una jubilación y la fórmula de movilidad de los haberes, modificada en al menos cuatro oportunidades en ese período. Esta sucesión de cambios no sólo diluyó la previsibilidad del sistema, sino también la confianza ciudadana en que el Estado pueda garantizar una vejez digna.

A pesar de la urgencia, durante el primer semestre de 2026 el panorama político no mostró señales de una reforma estructural: el régimen continuó sosteniéndose con ajustes mensuales por inflación y bonos «extraordinarios», que vienen siendo aplicados desde fines de 2022, para complementar los haberes más bajos.

La jubilación mínima se derrumba: de u$s403 a u$s321 en seis años

La evolución del haber jubilatorio mínimo en nuestro país muestra con crudeza el deterioro de su valor, medido en dólares, a lo largo de la última década. Este fenómeno no solo refleja el impacto de la inflación interna y la devaluación, sino también el carácter errático de las políticas previsionales, muchas veces compensadas con bonos discrecionales que no modifican la base estructural del ingreso de los jubilados.

El gráfico a continuación muestra la trayectoria de la jubilación mínima (con bono) tanto en pesos corrientes como a valor del dólar paralelo promedio de cada período. El pico más alto de la serie se registra en septiembre de 2017, cuando el haber alcanzó los u$s403,77. El punto más bajo se dio en octubre de 2020, en pleno contexto de pandemia, cuando cayó a apenas u$s106,25. En junio de 2026, la jubilación mínima con bono se ubica en $473.318 (u$s321,99), todavía más de u$s80 por debajo del máximo histórico de hace casi una década.

El siguiente gráfico ilustra con claridad cómo, desde diciembre de 2019, la política previsional argentina profundizó una lógica paliativa, extendiendo el uso de bonos como herramienta central para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Desde marzo de 2022 el refuerzo se volvió prácticamente permanente, y desde febrero de 2024 se estabilizó en $70.000, un monto que no se actualizó desde entonces a pesar de la inflación acumulada.

Esto hizo que su peso relativo dentro del haber total fuera diluyéndose mes a mes: representaba cerca del 34% del ingreso total en febrero de 2024 y, hacia junio de 2026, ya equivale a apenas el 15%. La diferencia entre ambas curvas pone en evidencia la «bono-dependencia» del sistema previsional argentino, donde buena parte del ingreso del jubilado no está asegurado por ley ni es estructural, sino que depende de decisiones discrecionales del Ejecutivo de turno, sujetas además a la falta de actualización del propio bono.

El pico más alto de la serie se registra en septiembre de 2017, cuando el haber alcanzó los u$s403,77.

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La canasta básica que los jubilados no pueden pagar

Para entender el verdadero deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, es necesario ponerlo en relación con el costo real de vida. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires elabora una Canasta Básica de Adultos Mayores para una pareja de jubilados, que incluye alimentos, bienes y servicios personales, salud, mantenimiento del hogar y vivienda.

Según la última actualización, a mayo de 2026 esta canasta asciende a $1.970.171 mensuales si la pareja es propietaria de su vivienda, y a $2.393.079 si alquila. De ese total, los bienes y servicios básicos del hogar representan la mayor porción, seguidos por:

• Alimentos: $223.887
• Bienes y servicios personales: $223.887
• Salud: $169.376
• Mantenimiento del hogar: $66.135

En comparación, una jubilación mínima más bono en mayo de 2026 asciende a $463.174, lo que alcanza para cubrir apenas el 24% de la canasta si la pareja es propietaria, y el 19% si alquila. Incluso considerando los ingresos de dos jubilados con haber mínimo —es decir, $926.348—, la cobertura sube al 47% en el caso de vivienda propia y al 39% si se alquila, sin llegar a cubrir ni la mitad de los gastos esenciales estimados para una vejez digna.

A mayo de 2026 esta canasta asciende a $1.970.171 mensuales si la pareja de adultos mayores es propietaria de su vivienda

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Dos décadas sin alcanzar el 100% de cobertura

Lo siguiente que analizamos es cómo ha evolucionado, desde 2016 hasta hoy, la relación entre la jubilación mínima (con bono) y el valor de una canasta básica de adulto mayor, en este caso la elaborada por el GCBA en base al IPCBA. El resultado es contundente: en toda la serie, el haber mínimo nunca logró cubrir el 100% del costo estimado de vida de un jubilado, y desde 2024 la cobertura se estabilizó en una banda baja, de entre el 42% y el 48%.

El punto más alto se registró en diciembre de 2020, cuando un bono extraordinario llevó la cobertura al 81%, aunque de forma excepcional y transitoria. El piso se dio en febrero de 2024, con apenas el 42%, en el inicio de la gestión actual y antes de que el bono se estabilizara en $70.000. Para mayo de 2026, último dato disponible, la jubilación mínima con bono cubre el 45% de la canasta.

Para mayo de 2026, la jubilación mínima con bono cubre el 45% de la canasta.

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Desde enero de 2020, el haber mínimo nominal creció año tras año, pero muy por debajo del ritmo al que lo hizo la Canasta Básica del Adulto Mayor, que refleja el costo real de vida. Vale aclarar que tampoco en enero de 2020 la jubilación mínima sin bono era una panacea: ya entonces cubría apenas el 55% de la canasta básica de un adulto mayor.

El gráfico compara dos líneas: por un lado, la evolución del haber mínimo jubilatorio sin bonos para evitar la distorsión y, por el otro, el valor que debería haber alcanzado esa jubilación para mantener ese mismo nivel de cobertura, ya de por sí insuficiente.

Durante los más de seis años de la serie, el haber mínimo se mantuvo sistemáticamente por debajo del nivel necesario para sostener siquiera ese 55% de cobertura. En mayo de 2026, el haber mínimo asciende a $393.174 y cubre el 39% de la canasta, mientras que para mantener el poder adquisitivo de enero de 2020 debería ubicarse en $562.939, una diferencia de 43 puntos porcentuales entre ambos niveles de cobertura. Es decir, lejos de mejorar, la jubilación mínima hoy ofrece menos protección que un punto de partida que ya era insuficiente. Este deterioro estructural no se corrige con bonos compensatorios.

Desde enero de 2020, el haber mínimo nominal creció año tras año, pero muy por debajo del ritmo al que lo hizo la Canasta Básica del Adulto Mayor

El impacto fiscal de la eliminación del impuesto PAÍS

El impuesto PAÍS fue creado a fines de 2019 por la Ley 27.541 con un diseño de emergencia y una vigencia limitada a cinco períodos fiscales, con el objetivo declarado de desalentar la compra de divisas. Sin embargo, lejos de ser un tributo marginal, su peso en la recaudación total creció del 2% en 2020 al 6,4% en 2024, y a lo largo de sus cinco años de vigencia aportó más de u$s17.000 millones, equivalentes al 3% del PBI acumulado.

El 70% de lo recaudado tenía asignación específica a la seguridad social, con el 60% destinado a programas de ANSES y el 40% restante al INSSJP (PAMI). Su carácter no coparticipable y su fecha de vencimiento explícita —dejó de aplicarse el 23 de diciembre de 2024— generaron, con el tiempo, una dependencia fiscal cada vez más difícil de sostener: esa discontinuidad significó una pérdida de ingresos equivalente al 1,1% del PBI, y en el acumulado al tercer trimestre de 2025, por cada $100 de menor recaudación total, $88 se explicaron directamente por la eliminación del impuesto PAÍS.

El propio esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento de ANSES permite dimensionar el quiebre. El impuesto PAÍS pasó de aportarle $3.690.987 millones en 2023 a apenas $2.605 millones en 2025, una caída prácticamente a cero en sólo dos años. Pese a esa pérdida, los aportes y contribuciones a la seguridad social —la fuente genuina de financiamiento del sistema— treparon de $7.805.686 millones en 2023 a $38.955.793 millones en 2025, lo que llevó a que la cobertura de las prestaciones jubilatorias con recursos propios mejorara del 72% en 2023 al 80% en 2024 y 2025, muy por encima del 61% que se registraba en 2019.

El resultado financiero total de ANSES, que en 2023 había sido de apenas $1,2 billones, saltó a $3,1 billones en 2024 y $4,2 billones en 2025. A simple vista, estos números podrían leerse como un fortalecimiento genuino del sistema. Pero la mejora no se explica por un salto en el empleo formal ni en la recaudación, sino, en gran medida, por el congelamiento real de los haberes: mientras las prestaciones de la seguridad social crecieron de $10.871.776 millones en 2023 a $48.663.243 millones en 2025 (4,5 veces), la inflación acumulada en ese período fue muy superior, licuando el valor real de cada jubilación.

El superávit financiero de ANSES en 2025 convive, entonces, con un sistema que perdió por completo el impuesto PAÍS como fuente de financiamiento y que, según vimos antes, hoy ofrece una jubilación mínima que cubre apenas el 45% de la canasta de un adulto mayor. La salida del impuesto PAÍS dejó un agujero fiscal que el Estado logró tapar, pero a costa de una variable que rara vez se explicita: el congelamiento real de los haberes jubilatorios. Mientras no haya una reforma estructural que aborde tanto la sostenibilidad financiera como el poder adquisitivo de los jubilados, el ajuste seguirá recayendo, una vez más, sobre los mismos.

La construcción repuntó en mayo de 2026 y recuperó parte de la caída de abril: el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) subió 6,3% frente al mes anterior en la serie desestacionalizada, avanzó 4,1% interanual y acumuló una mejora de 2,5% en los primeros cinco meses del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El ISAC mide la evolución del sector a partir de los consumos aparentes de insumos para la construcción y mostró una recuperación respecto a la caída mensual de 4% de abril.

La apertura por rubros mostró en mayo un comportamiento heterogéneo, con alzas en algunos materiales y retrocesos en otros. Las mayores subas interanuales fueron las de pinturas para construcción, con 23,6%, y el agregado resto, con 18,3 por ciento.

También crecieron los mosaicos graníticos y calcáreos, con 11,1%; el hormigón elaborado, con 10,1%; y el hierro redondo y aceros para la construcción, con 9,6 por ciento. Según el organismo estadístico, ese grupo reunió los principales avances del mes.

Del lado de las bajas, el mayor retroceso correspondió a pisos y revestimientos cerámicos, con -19,6 por ciento. Luego se ubicaron asfalto, con -8,2%; ladrillos huecos, con -8,0%; placas de yeso, con -7,8%; y yeso, con -7,4 por ciento.

La lista de descensos también incluyó cales, con -6,8%; artículos sanitarios de cerámica, con -3,2%; y cemento portland, con -1,3 por ciento. El informe precisó que el rubro resto incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción, cuyos datos no se difunden por separado por secreto estadístico.

Si se toma el acumulado de enero a mayo, el comportamiento volvió a mostrar contrastes entre materiales. La mayor suba fue la del agregado resto, con 22,6%, seguida por pinturas para construcción, con 15 por ciento.

En el mismo período también subieron artículos sanitarios de cerámica e hierro redondo y aceros para la construcción, ambos con 6,2 por ciento. Más atrás quedaron hormigón elaborado, con 5,1%, y placas de yeso, con 0,7 por ciento.

Entre las caídas acumuladas en los primeros cinco meses del año sobresalieron yeso, con -11,7%, y pisos y revestimientos cerámicos, con -10,8 por ciento. A eso se sumaron bajas en mosaicos graníticos y calcáreos, con -7,3%; cales, con -5,8%; ladrillos huecos, con -5,7%; asfalto, con -3,4%; y cemento portland, con -2,9 por ciento.

Como indicador complementario, el Indec publicó los datos de puestos de trabajo registrados en la construcción privada correspondientes a abril de 2026. Ese universo alcanzó 379.459 puestos y mostró una suba interanual de 1,2%, pero una caída respecto a los 384.501 de marzo.

En el acumulado de enero a abril, el empleo registrado privado del sector también avanzó 1,2% frente al mismo período del año anterior. La serie releva los puestos sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional.

Los permisos de edificación también mostraron una mejora, aunque corresponden a abril y no a mayo. La superficie autorizada para obras privadas en una nómina representativa de 246 municipios llegó a 1.451.267 metros cuadrados y creció 16,6% interanual.

En el primer cuatrimestre de 2026, la superficie autorizada acumuló una suba de 7,6% frente al mismo tramo de 2025. El cuadro publicado por el organismo incluyó además 4.746 permisos otorgados en abril. El informe distingue entre superficie autorizada y cantidad de permisos. La variación destacada por el organismo corresponde a los metros cuadrados habilitados para construir, no al número de autorizaciones.

La encuesta cualitativa de la construcción, elaborada por la entidad estadística entre grandes empresas del sector, mostró expectativas desfavorables para junio-agosto de 2026. Predominaron las respuestas que anticipan estabilidad, pero las proporciones que prevén caídas superaron a las que esperan aumentos tanto en obra privada como en obra pública.

Entre las firmas que realizan principalmente obras privadas, 67,3% consideró que el nivel de actividad no cambiará en los próximos tres meses. Otro 18,3% estimó una disminución y 14,4% proyectó un aumento.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 60,2% opinó que la actividad no variará. A la vez, 23,7% previó una baja y 16,1% una suba.

Las compañías de obra privada que esperaban un aumento señalaron como principales motores el crecimiento de la actividad económica, con 28,9%, y la estabilidad de los precios, con 20,0 por ciento. En obra pública, quienes anticiparon una mejora apuntaron sobre todo a nuevos planes de obras públicas, con 24,3%, y al reinicio de obras públicas, con 22,6%.

Entre las empresas privadas que prevén una caída, las razones más mencionadas fueron la baja de la actividad económica, con 25,9%, y los altos costos de la construcción, con 19,4 por ciento. En las firmas ligadas a obra pública, las principales causas esperadas fueron la caída de la actividad económica, con 26,7%, y los atrasos en la cadena de pagos, con 23,3 por ciento.

Sobre los tipos de obras que podrían sostener el nivel de actividad durante el período, las empresas orientadas a obra privada ubicaron primero a edificios industriales, con 14,2%; luego a edificios comerciales, con 12,8%; y a montajes industriales, con 11,8 por ciento. Después aparecieron viviendas, con 10,9%, y otras obras de arquitectura, con 9,6 por ciento.

En obra pública, el sostén esperado se concentró en obras viales y de pavimentación, con 20,7 por ciento. Detrás quedaron otras obras de arquitectura, con 12,9%; distribución de agua y cloacas, con 12,7%; viviendas, con 10,5%; y edificios educacionales, con 8,3 por ciento.

Cuando se consultó qué obras ejecutan actualmente o prevén ejecutar en los próximos tres meses, las empresas privadas repartieron sus respuestas entre viviendas, con 16,8%; montajes industriales, con 16,5%; y edificios industriales, con 12,1 por ciento. También mencionaron otras obras de arquitectura, con 8,4%, y obras viales y de pavimentación, con 8,1 por ciento.

Las firmas centradas en obra pública ubicaron muy por delante a las obras viales y de pavimentación, con 37 por ciento. Luego mencionaron otras obras de arquitectura, con 15,7%; distribución de agua y cloacas, con 11,2%; viviendas, con 10,7%; y edificios educacionales, con 7,9 por ciento.

En materia de empleo, 72,6% de las empresas privadas respondió que no espera cambios en la cantidad de personal ocupado, permanente y contratado. Otro 19,6% prevé una baja y 7,8% un aumento.

Entre las empresas de obra pública, 58,7% también anticipó estabilidad en el empleo. A eso se sumó 26,1% que proyectó una disminución y 15,2% que previó un incremento.

Sobre las políticas que podrían incentivar al sector, las firmas privadas pusieron al frente las medidas vinculadas con cargas fiscales, con 23,9%, y créditos para la construcción, con 22,5 por ciento. En obra pública, las respuestas se inclinaron hacia políticas de estabilidad de precios, con 25,3%, y cargas fiscales, con 22,6 por ciento.

Las necesidades de crédito para junio-agosto también reflejaron cautela. Entre las empresas privadas, 49,6% sostuvo que no variarán, 32,0% indicó que no tomará créditos, 12,6% previó un aumento, 3,9% dijo que no hay acceso al crédito y 1,9% estimó una baja.

En las compañías vinculadas a obra pública, 46,1% respondió que sus necesidades de crédito no cambiarán. Otro 26,4% esperó un aumento, 22,0% dijo que no tomará créditos, 3,3% previó una disminución y 2,2% señaló falta de acceso.

En la cobertura de esas necesidades predominó el sistema bancario, según Indec. Entre las empresas de obra privada, las principales fuentes fueron bancos privados nacionales, con 31,5%; proveedores, con 21,5%; y bancos públicos, con 20,9%; en obra pública, se destacaron bancos privados nacionales, con 31,2%; bancos públicos, con 27,0%; y proveedores, con 26,3 por ciento.