POLITICA
La fiscal que investigó la muerte de Nisman pidió que la sobresean de la acusación de encubrimiento
La fiscal Fabiana Fein, ya jubilada, quien fue la primera que investigó la muerte del fiscal Alberto Nisman, reclamó a la Justicia ser sobreseída de las acusaciones de encubrimiento que pesan en su contra, por no haber preservado la escena donde apareció el cuerpo del funcionario judicial.
Fein está acusada por el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal fue quien llegó la noche del 18 de enero de 2015 al departamento de la torre Le Parc, en Puerto Madero, donde el cuerpo del fiscal estaba en el baño, recostado sobre un arma y con un tiro en la cabeza.
La Justicia considera la muerte de Nisman un asesinato por su trabajo, que en esos días era investigar a Cristina Kirchner por la firma de un tratado secreto con Irán, que iba a provocar la caída de los pedidos de captura contra funcionarios iraníes acusados del atentado contra la AMIA.
Fein rechazó la acusación de “encubrimiento agravado” por absurda y descartó las acusaciones acerca de un “deficiente accionar”, al no tomar los recaudos elementales en la escena del crimen.
Para Taiano no hubo equivocaciones, sino “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”, lo que habría generado la pérdida irreparable de evidencias trascendentales.
La defensa de Fein, encabezada por el abogado Lucio Simonetti, presentó un escrito solicitando el sobreseimiento definitivo de su clienta o, en su defecto, que se declare la falta de mérito y se habiliten nuevas medidas de prueba.
En la presentación legal, la defensa calificó el dictamen de Taiano de “absurdo” y dijo que no tiene un “razonamiento coherente”. Fein señaló que no hay pruebas concretas del ocultamiento, pues el delito de encubrimiento exige alterar o hacer desaparecer rastros específicos.
Sin embargo, la fiscal dijo que no logró señalar qué cosas se habrían perdido o alterado aquella noche. El escrito sostiene que la acusación se limita a hablar de una “supuesta contaminación” basándose únicamente en “cuestiones metodológicas” del procedimiento, sin identificar los rastros o instrumentos destruidos.
Señaló que no hubo dolo o intención, pues para que exista el delito de encubrimiento, el autor debe tener el conocimiento certero y previo de que está frente a un delito que busca tapar. La defensa subrayó la contradicción de la fiscalía al acusar a Fein de acciones deliberadas mientras que, a lo largo del dictamen, se refieren a su accionar en términos de “errores”, “equivocaciones” y “no tomar recaudos”.
Además, destacó que no hay pruebas de que Fein supiera desde un inicio que se encontraba ante la comisión de un homicidio. Sostuvo el abogado que no hay vínculo con los autores. Argumentó que “es ridículo suponer que alguien va a encubrir a un desconocido”, como si fuera un “acto de altruismo -ilícito- sobre el que no existen antecedentes”.
La defensa de Fein indica, sobre su rol en la escena del crimen, que pretenden que ella misma hubiera tomado la temperatura del cadáver, custodiado los ingresos al estacionamiento o impartido directivas a los altos mandos policiales antes de llegar al lugar, algo que calificó de “absurdo”.
Según la Simonetti, el proceso en contra de Fein es, en el fondo, “una crítica metodológica que se realiza sobre la base de la falta de obtención de los resultados pretendidos” por la fiscalía. Por lo que pidió que se desestimen las acusaciones o, de lo contrario, se reconstruya lo actuado a través de las pruebas propuestas para despejar toda duda sobre el operativo de aquella noche.
Taiano solicitó al juez Julián Ercolini que indague y procese a la exfiscal Viviana Fein. Junto con Fein, en el departamento había jefes policiales, el exsecretario de Seguridad Sergio Berni y el juez Manuel De Campos. Nisman fue encontrado sin vida y con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento la noche del domingo 18 de enero de 2015.
Para la Justicia fue asesinado por su trabajo, pues cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma de un pacto con Irán para encubrir a los terroristas responsables de la voladura de la AMIA en 1994. Taiano ya imputó por estos mismos motivos al exsecretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni y a su entonces colaborador Darío Ruiz.
El juez federal Ercolini ya notificó de una medida similar al exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y al exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler, que están imputados en esa causa penal donde se investiga la manipulación en la escena.
El comisario general retirado Di Santo, en ocasión de presentarse en el juzgado, dejó un escrito en el que señaló que ese día acudió al departamento de Nisman siguiendo instrucciones del secretario de seguridad Sergio Berni y Darío Ruiz y que se puso a disposición de la fiscal Viviana Fein, la primera funcionaria judicial que intervino en el caso.
Esta causa se inició por una denuncia de la entonces diputada Lilita Carrió y se investiga si existió una maniobra de encubrimiento para alterar la escena del crimen.
En su escrito, Di Santo acompañó declaraciones del entonces ministro Aníbal Fernández y de la propia fiscal Fein, donde señalaban que no había existido un desmanejo de la escena y que no se había alterado con la intervención de los policías.
La causa por la muerte de Nisman es considerada por la justicia un homicidio. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. Están procesados los excustodios del fiscal.
El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban tras el crimen.
El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre ellos entre el 18 y 19 de enero de 2015 en una actividad intensa, atípica para un fin de semana. Además, investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.
procese a la exfiscal Viviana Fein,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Clara Muzzio denunció agresiones tras sus críticas a la ”ideología de género» y pidió revisar los contenidos de la ESI
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, lamentó las “reacciones agresivas” que causaron sus declaraciones de la última semana sobre la Educación Sexual Integral (ESI) y la identidad sexual, y defendió abrir una discusión pública sobre contenidos escolares, políticas de género y aborto. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, sostuvo que la reacción incluyó insultos a la vez que algunas personas, dijo, deseaban la muerte suya y de su familia después de afirmar que “hay dos sexos, masculino y femenino”.
Muzzio vinculó esa respuesta con un intento de disciplinamiento político. “La magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado”, escribió, al presentar la controversia no solo como una disputa conceptual sino como una pelea por los límites del debate público.
La funcionaria también llevó la discusión al terreno normativo y sanitario. Afirmó que en la Ciudad se terminó en 2025 con la posibilidad de cambio de sexo en el DNI para mayores de 16 años sin autorización familiar, y cuestionó que un eventual arrepentimiento obligara al adolescente a iniciar “una causa judicial en un proceso moroso con consecuencias psicológicas y civiles irreparables”.
La reacción de la vicejefa respondió a la repercusión de sus declaraciones previas en las que había dicho que la ESI “fue otra trampa mortal”, que introdujo “una fuerte ideología de género” y que los argentinos se deben “una revisión” de esa normativa. En esa misma línea, insistió en que la enseñanza sobre sexualidad debe estar “basada en biología” y no en contenidos que, a su juicio, desorientan a los niños y adolescentes.
Muzzio dijo que la reacción buscó “una sanción ejemplar”
En su texto, difundido hoy, Muzzio planteó que el rechazo a sus palabras excedió la crítica política y adoptó la forma de intimidación. “Esta semana mi declaración ‘hay dos sexos, masculino y femenino’ despertó un pequeño apocalipsis de reacciones agresivas en mi contra, protagonizadas por algunos periodistas, legisladores y usuarios de redes sociales que llegaron a decir, entre innumerables insultos, que me deseaban la muerte a mí y a mi familia”.
La vicejefa sostuvo que su planteo no implicó un cuestionamiento a la orientación sexual de las personas. “Afirmar que solo hay dos sexos no niega ni cuestiona la orientación sexual de nadie. No opino sobre preferencias de las personas y defiendo la igualdad ante la ley”, señaló.
A partir de esa aclaración, ubicó el núcleo del conflicto en la relación entre sexo biológico e identidad. Según escribió, asumir una definición biológica “sí pone un límite al paradigma de las políticas identitarias basadas en el género, según el cual la identidad se disocia del sexo biológico”.
Muzzio afirmó que detrás de las críticas opera una lógica de cierre del debate. “En esa violencia me parece ver, además de la intención de atacarme, la búsqueda de una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para todos los demás”, escribió. Y agregó: “El propósito es blindar sus ideas y dejar en claro que no hay espacio para cuestionar a los ideólogos de género ni los principios que defienden”.
La ESI y los contenidos que responden a una formación ideológica
El otro eje de su mensaje fue la ESI. La funcionaria sostuvo que una parte de esos programas quedó atravesada por lo que definió como “doctrinas identitarias”, y que esa incorporación modificó su sentido original.
“Es en ese sentido que, en mis respuestas, también cuestiono los contenidos de la ESI que fueron permeados por doctrinas identitarias, cuyas categorías y presupuestos pasaron a formar parte de muchos de sus programas”, afirmó. Luego profundizó esa crítica: “Una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica”.
Muzzio acompañó esa objeción con un argumento sobre resultados. “Los datos muestran, además, que no logró mejorar los indicadores de prevención de las infecciones de transmisión sexual. La sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV aumentaron en lugar de reducirse, mientras se multiplican los discursos de jóvenes que jactan no usar preservativo”, escribió.
La vicejefa reconoció, a la vez, un aspecto que consideró valioso dentro de la aplicación de la ESI. “Cuando hablo de esto, me recuerdan los efectos positivos que la ESI tuvo en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores. Considero esos datos muy importantes y de enorme valor”, señaló.
Sobre ese punto, propuso separar funciones. Dijo que la prevención, detección temprana y denuncia de abusos “deben seguir siendo una prioridad”, y agregó que “es posible diseñar programas específicos para que la escuela siga detectando situaciones de abuso, como hoy detecta casos de violencia familiar o de abandono sanitario, sin que para ello sea necesario incorporar los contenidos ideológicos de la ESI”.
Una revisión de las políticas identitarias
Muzzio incluyó en su mensaje una defensa de medidas recientes que, según sostuvo, corrigieron efectos de la “doctrina identitaria”. En ese tramo celebró el fin, por decreto presidencial, de tratamientos de hormonización a menores y de “operaciones quirúrgicas mutilantes en adolescentes” en hospitales públicos.
También señaló una modificación adoptada por la administración porteña sobre el DNI. “Desde el Gobierno de la Ciudad se pudo terminar en el año 2025 con el cambio de sexo en los DNI de mayores de 16 años, una disposición de 2021 que permitía modificar al instante el sexo sin la autorización de la familia”, sostuvo.
La funcionaria describió esa regulación previa como un esquema que dejaba al adolescente expuesto a una salida judicial compleja si luego quería revertir la decisión. Ese señalamiento formó parte de un argumento más amplio: la idea de que el Estado avanzó sobre decisiones que, a su entender, corresponden a las familias.
“Hablar de estos temas no debería ser traumático”, escribió. En la misma frase, reclamó “cuestionar el aborto” y “reclamar incansablemente su fin”, además de sostener que “los padres no deben ser reemplazados por el Estado en la crianza de sus hijos, porque ese es un derecho de las familias, no de los burócratas ni de los activistas”.
La vicejefa extendió su crítica al aborto y a la caída de la natalidad
Antes de esta serie de puntualizaciones, Muzzio ya había conectado su cuestionamiento a la ESI con una lectura más amplia sobre sexualidad, familia y natalidad en la Argentina. En esas declaraciones previas sostuvo que “el proyecto de formar una familia, de tener hijos, ya no es un proyecto de vida, ya no existe” para muchos jóvenes en el país.
También había asociado ese fenómeno con cambios culturales y legislativos. “Muchas cuestiones se fueron asociando; la implementación del aborto en los países, que se fueron asociando al tema de la caída de la natalidad”, dijo, al afirmar que esa discusión no puede reducirse a incentivos económicos.
Su rechazo al aborto apareció de forma explícita en ese mismo bloque. “Me parece muy triste. Es un país que al final termina valorizando la cultura de la muerte”, afirmó. Luego agregó: “No es ni más ni menos que niños que son asesinados”.
En el cierre de su mensaje en X, Muzzio retomó el sentido político que quiso darle a toda la controversia. “A veces, para insultarme, me dicen conservadora, como si yo prefiriera la inmovilidad del pasado. No. Creo que estamos en un tiempo vertiginoso de cambio ideas. Esa libertad nos permite decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos y defender la vida humana”.
La vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, respondió este domingo a las críticas que despertaron sus polémicas declaraciones sobre la identidad de género y la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina. Luego de que varios funcionarios de la Legislatura porteña la instaran a retractarse, la funcionaria defendió sus dichos, negó haber cometido un error y volvió a cuestionar el enfoque sobre el tema.
“Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos”, comenzó en el posteo que publicó en su cuenta de X.
Y respecto de una de las frases que más repudio generó, Muzzio sostuvo: “No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología. Sin embargo, la magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado».
“En esa violencia me parece ver, además de la intención de atacarme, la búsqueda de una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para todos los demás. El propósito es blindar sus ideas y dejar en claro que no hay espacio para cuestionar a los ideólogos de género ni los principios que defienden”, escribió.
La semana pasada, durante la presentación del informe del jefe de Gabinete del distrito, Gabriel Sánchez Zinny, siete de 26 legisladores centraron sus intervenciones en los dichos de la funcionaria, o al menos los mencionaron. Se trata de diputados locales que integran cinco de los siete bloques que componen el cuerpo, lo que forzó a Gabriel Sánchez Zinny a brindar explicaciones sobre la implementación de la normativa.
Incluso el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) envió una carta documento a la vicejefa intimándola a que se retracte en 72 horas, plazo que se cumplió el sábado. En caso de que Muzzio no ratifique o rectifique sus dichos en este lapso y por cualquier medio, Paulón avanzaría la semana próxima con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación.
“A esta altura, sólo quiero aclarar que las ideas que sustentan las políticas identitarias constituyen un dogma más: un conjunto de principios que pretende imponerse como una verdad incuestionable, aunque, según sus propios términos, no sea más que una construcción social. Y si realmente es una construcción, entonces puede debatirse, cuestionarse, corregirse e incluso ser reemplazada por otra“, ratificó Muzzio, sin retractarse.
En la entrevista publicada el sábado, Muzzio sostuvo que la ESI es una “trampa mortal”. “Estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada”, comentó. Además, tildó de “idea monstruosa” e “ideología siniestra” el hecho de que una institución educativa le señale a un niño “que tal vez nació en un cuerpo equivocado”.
“Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso”, afirmó, y convocó a revisar la normativa, que considera que “destruyó la cabeza de los niños”.
En el posteo de este domingo, siguió: “Es en ese sentido que, en mis respuestas, también cuestiono los contenidos de la ESI que fueron permeados por doctrinas identitarias, cuyas categorías y presupuestos pasaron a formar parte de muchos de sus programas”.
“Una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica. Los datos muestran, además, que no logró mejorar los indicadores de prevención de las infecciones de transmisión sexual”, afirmó y ejemplificó: “La sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV aumentaron en lugar de reducirse, mientras se multiplican los discursos de jóvenes que jactan no usar preservativo”.
Muzzio redobló la apuesta y se refirió a quienes están a favor de la normativa: “Cuando hablo de esto, me recuerdan los efectos positivos que la ESI tuvo en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores. Considero esos datos muy importantes y de enorme valor. Creo que la prevención, la detección temprana y la denuncia de situaciones de abuso deben seguir siendo una prioridad, y que debemos profundizar los mecanismos que faciliten esa detección».
“También estoy convencida de que es posible diseñar programas específicos para que la escuela siga detectando situaciones de abuso, como hoy detecta casos de violencia familiar o de abandono sanitario, sin que para ello sea necesario incorporar los contenidos ideológicos de la ESI. Sin embargo, para sus defensores, eliminar el adoctrinamiento ideológico de la ESI resultaría inadmisible”, apuntó.
La vicejefa también enumeró las medidas que tomó el Gobierno en el último tiempo para “combatir” la normativa. “Algunas consecuencias de la doctrina identitaria se pudieron cambiar, como acabar por el decreto presidencial con los tratamientos de hormonización a menores y las operaciones quirúrgicas mutilantes en adolescentes, que se hacían por ley en hospitales públicos sin autorización obligatoria de los padres”, dijo y sumó: “También desde el Gobierno de la Ciudad se pudo terminar en el año 2025 con el cambio de sexo en los DNI de mayores de 16 años, una disposición de 2021 que permitía modificar al instante el sexo sin la autorización de la familia, pero que, ante un arrepentimiento del adolescente, lo obligaba a tramitar una causa judicial en un proceso moroso con consecuencias psicológicas y civiles irreparables».
Para cerrar, consideró que hablar de estos temas “no debería ser traumático”, ya que es algo “bueno para la sociedad”. Resaltó la importancia de “plantear dudas sobre los dogmas, observar en detalle los programas de la ESI, cuestionar el aborto y reclamar incansablemente su fin, sostener que los padres no deben ser reemplazados por el Estado en la crianza de sus hijos».
Y finalizó: “A veces, para insultarme, me dicen conservadora, como si yo prefiriera la inmovilidad del pasado. No. Creo que estamos en un tiempo vertiginoso de cambio ideas. Esa libertad nos permite decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos y defender la vida humana. En eso estoy”.
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Tras el paso al costado de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con varios proyectos pendientes a los que buscará darle prioridad. La Cámara alta -que fue la que le fijó un ultimátum a Javier Milei respecto del futuro del hoy ex funcionario- recuperará protagonismo.
El Gobierno busca convertir en ley la reforma a la Ley de zonas frías, la inviolabilidad de la propiedad privada (que modifica la Ley de Tierras) y asimismo aspira a una reforma política que elimine las PASO.
Hasta ahora, el Senado tuvo ocho sesiones en la primera mitad del año y hubo 80 votaciones en total. Se aprobaron siete proyectos de ley, entre los cuales están el de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares, y la Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
También, el Acuerdo de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; los Tratados Internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino referidos a ese Acuerdo; y el acuerdo con dos fondos buitres que reclamaban por bonos argentinos en default desde 2001.
Además, en esta mitad de año se aprobaron varias decenas de pliegos judiciales, así como de ascenso de militares, designación de embajadores, y de los miembros de la Auditoría General de la Nación en representación del Senado.
Pero el denominador común de todos ellos es que todos fueron promovidos por el Ejecutivo. Ninguno, hasta ahora, de los votados afirmativamente fue un proyecto de autoría de uno de los integrantes del cuerpo.
Infobae relevó, al igual que hizo hace dos semanas con los diputados, la cantidad de proyectos presentados por los senadores los primeros seis meses del 2026, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.
Del procesamiento de la información públicada por la web del Senado surge que 69 legisladores presentaron en el Senado 523 proyectos de ley originados en esa cámara. Solo tres de los 72 senadores que integran el cuerpo no impulsaron ninguno. Infobae también analizó la distribución por bloques y por senador, distinguiendo los de ley, de los de declaración o comunicación o resolución.
Por bloque político
El bloque con mayor producción legislativa fue el Justicialista, de 21 miembros, con 251 proyectos de ley, casi la mitad del total (48%). Los legisladores de la oposición, históricamente, son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.
Le sigue la UCR – que tiene 10 senadores – con 74 iniciativas de ese tipo (el 14%), ya sea como autores o coautores.
Luego aparece el bloque Independencia, de la tucumana Beatriz Avila, con 44 proyectos de ley firmados (8%); Moveré Santa Cruz – que integran José María Carambia y Natalia Gadano – quienes presentaron o rubricaron 26 propuestas de ley (5%); el de Convicción Federal – que conforman Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada – con 24 iniciativas de su autoría (el 5%); y el PRO, cuyos tres integrantes (Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina) estamparon sus firmas en 21 proyectos (4%).
Los 21 senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) fueron autores o coautores de 19 proyectos de ley (el 4% del total), el mismo número que el monobloque de Despierta Chubut, que conforma Edith Terenzi. Primero los Salteños, cuya única integrante es Flavia Royón, impulsó 16 iniciativas de este tipo (3%)
Con menos de 10 proyectos de ley en el primer semestre figuran los bloques Frente Cívico Por Santiago (8 iniciativas), Encuentro Misionero (8), Provincias Unidas (7) y Justicia Social Federal (5), todos de dos senadores cada uno; y el monobloque de La Neuquinidad, que integra Julieta Corroza, con un solo proyecto de ley presentado.
Los senadores más prolíficos
De los 10 senadores que presentaron 20 o más proyectos de ley en estos seis meses, considerando aquellos en los que fueron autores o coautores (no co-firmantes), 9 son del bloque Justicialista, en línea con la mayor cantidad de iniciativas presentadas por esta bancada opositora.
El ranking lo encabeza – por lejos -el peronista Jorge Capitanich, de Chaco, con 104 iniciativas de este tipo en los primeros seis meses de 2026. Le siguen el entrerriano Adán Bahl, de Entre Ríos, que presentó 55 proyectos de ley; la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, que rubricó 44 como autora o coautora; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que presentó 40.
Luego aparece Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz, con 28 iniciativas de este tipo presentadas; Sergio Uñac, ex mandatario de San Juan, con 25; el rionegrino Martín Soria, ex ministro de Justicia, con 23.
El top ten lo cierran Carlos Linares, de Chubut, con 22; el pampeano Daniel Bensusán, de La Pampa, con 21; y Ana Inés Marks, de Río Negro, con 20 iniciativas de ley que llevan su firma como autora.
Los legisladores con menos proyectos
En el otro extremo del ranking, hay tres senadores que no aparecen como autores o coautores de ningún proyecto de ley en el primer semestre del año. Los tres son de LLA: Nadia Márquez, de Neuquén; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; y Vilma Bedia, de Jujuy.
A su vez, hay otros 8, de los cuales 7 son también del oficialismo, que sólo impulsaron uno: el senador porteño y economista Agustín Monteverde; el riojano Juan Carlos Pagotto; la salteña Emilia Orozco, que busca establecer nuevas incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública para jueces, fiscales y defensores; Francisco Paoltroni, que promueve la intervención federal de Formosa; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y la fueguina Belén Montes de Oca.
La otra senadora que presentó un solo proyecto de ley es Julieta Corroza, del bloque La Neuquinidad, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.
En cuanto a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, aparece como autora del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional. Y como coautora en un proyecto presentado por el senador libertario Enzo Fullone, de Río Negro, destinado a establecer un régimen excepcional para la regulacion de la obra publica nacional.
Entre los más relevantes impulsados por el bloque oficialista, también aparece el que presentó el cordobés Luis Juez para la Protección Digital de Niños; el de coterránea Carmen Álvarez Rivero para el Reempadronamiento partidario y la afiliación digital libre; y el de Bartolomé Abdala que busca agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados a los incendios.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
Infografías: Felipe González
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